Número 4 - Primer semestre 2019

Dosier - Políticas sociales y territorios. Fronteras e intersticios entre actores, políticas e instituciones

El territorio, la comunidad y la autonomía: ¿discursos mitológicos en los programas sociales destinados a jóvenes “en riesgo”?

  • Marina Medan

    Centro de estudios en desigualdades, sujetos e instituciones.
    Laboratorio de investigaciones en Ciencias Humanas (LICH-Conicet/Unsam)
    marinamedan@conicet.gov.ar

    Doctora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Ciencias Sociales e investigadora asistente del Conicet (Argentina) en el Cedesi del LICH (Conicet/Unsam). Docente de grado en UBA y UNSAM. Sus temas de investigación son las políticas estatales, sociales y penales, de regulación social de adolescencias y juventudes, con especial atención en la intersección entre el género, la edad y la clase social. Además, estudia formas de administración de justicia penal juvenil, incluyendo aquellas que utilizan herramientas alternativas o de justicia restaurativa.

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    Referencia electrónica
    Medan, Marina (2019). El territorio, la comunidad y la autonomía: ¿discursos mitológicos en los programas sociales destinados a jóvenes “en riesgo”? Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas N°4. Primer semestre 2019, pp. 139-170 [En línea]. Consultada el: 13-11-2019
    URL: http://ciudadanias.untref.edu.ar//n4_dossier_art6.php
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Resumen

Desde inicios del 2000 en la Argentina se implementan programas de inclusión social y prevención social del delito destinados a jóvenes “en riesgo”, en los cuales el abordaje territorial y comunitario es distintivo. Este artículo describe y analiza los sentidos y prácticas que tal enfoque supone, tanto desde la perspectiva de los agentes institucionales como desde la de los jóvenes. Los resultados se discuten a la luz de la literatura que aborda las relaciones entre el Estado, el territorio y la comunidad, y se resalta el potencial analítico de la noción de “margen” (Das y Poole, 2008) para problematizar el funcionamiento estatal. Finalmente, se coloca una nueva hipótesis a partir de los hallazgos: las definiciones institucionales sobre el territorio y la comunidad como epicentro de los riesgos que aquejan a los jóvenes, en articulación con la reivindicación de la autonomía juvenil para lidiar con ellos, podría generar un discurso mitológico (Haney, 2010) que provocara más desempoderamiento que emancipación. Los datos analizados provienen de investigaciones cualitativas desarrolladas entre 2008 y 2018, cuyas técnicas principales han sido la observación participante, entrevistas en profundidad y grupos focales. La referencia empírica está conformada por programas de prevención social del delito y programas de inclusión social juvenil implementados en barrios populares del AMBA.

Introducción

Más allá de lo que hayamos hecho en el programa, o la voluntad de los pibes, vuelven al barrio y vuelven a caer,1 sostuvo una funcionaria encargada de diseñar un programa de prevención social del delito en la provincia de Buenos Aires, en 2011. Este comentario, cargado de resignación e impotencia, toma la forma de incógnita y se refiere a la existencia, en los barrios populares en donde se implementan esta clase de programas, de condiciones amenazantes que estimularían la participación de los jóvenes en acciones riesgosas (prácticas delictivas, antisociales, pero también uso de fuerza física para relacionarse con otros y construir prestigio, consumo y venta de sustancias). Todas estas acciones contradicen las propias de aquel proyecto de vida2 que los programas proponen a los jóvenes vulnerables.

Desde inicios del 2000 en la Argentina se implementan programas de inclusión social y prevención social del delito destinados a jóvenes en riesgo.3 Una de las características centrales de estos dispositivos de gobierno –que aúnan objetivos de control social y cuidado– es su implementación en los territorios donde residen los jóvenes destinatarios. Este anclaje territorial está íntimamente ligado al abordaje comunitario que despliegan estos dispositivos, como parte de las explicaciones sociales del delito que sostienen estas intervenciones.4 La centralidad que ha adquirido la comunidad –en íntima ligazón con la idea de territorio– no es exclusiva de los programas de prevención o inclusión destinados a jóvenes que viven en barrios populares (Dammert, 2008; Shaw y Travers, 2007; Selmini, 2009; Sozzo, 2008). Al contrario, está tan presente en los debates sobre la regulación estatal que, en efecto, en la mayoría de las políticas públicas, sociales pero también en las vinculadas con la seguridad, se apela, de alguna forma, a la comunidad (O´Malley, 2011; De Marinis, 2012).

Ahora bien, en este punto empiezan a delinearse dos acepciones distintas sobre comunidad, ya sea porque la política interpela a sus miembros o porque se interviene en sus territorios y en sus dinámicas de socialización. Para decirlo esquemáticamente, una de las razones tiene una connotación positiva, en tanto hace referencia a las “buenas resonancias” de la comunidad, como la cosa pública, el espacio en donde se sustenta el lazo social (De Marinis, 2011) y a la que se invita a participar por sus potenciales aportes al fortalecimiento de las democracias; en el contexto actual, esta invitación a la participación también puede ser leída como cierto traspaso de la responsabilidad por la gestión de lo social desde el Estado hacia la comunidad, en el marco de procesos de economización de lo estatal. La otra razón tiene connotaciones negativas y alude a la comunidad como un espacio amenazador sobre el que el Estado debe intervenir para proteger a ciertos grupos de sus influencias dañinas. Estas dos lecturas sobre la comunidad no son necesariamente excluyentes y, de hecho, conviven en los programas que aquí se estudian.

En efecto, ese espacio social y físico (Bourdieu, 2002) donde se instalan las sedes de los programas coincide con el lugar de residencia de los jóvenes y se nombra, en el ámbito nativo, como barrio, territorio o comunidad, indistintamente. Estos términos intentan capturar el universo de sentidos, prácticas, relaciones, valoraciones morales, sentimientos de pertenencia que serían compartidos y propios de las personas y actores que viven en un determinado espacio geográfico que, por lo tanto, se construye como social y simbólico además de geográfico o físico.

Los lineamientos de los programas se esfuerzan en subrayar como una característica ventajosa de las intervenciones su enfoque comunitario. Se vinculan, así, a las caracterizaciones prototípicas que los especialistas han reconstruido sobre la idea de comunidad y a sus sentidos positivos.5 Además, la otra implicancia del uso de comunidad/territorio/barrio es distinguir y jerarquizar positivamente a las políticas que se despliegan en este espacio de aquellas que se implementan en oficinas de las sedes gubernamentales de donde dependen los programas.

No obstante, será preciso avanzar un poco más en la indagación empírica para discutir el alcance de esta caracterización en los casos estudiados y sus implementaciones concretas. Previamente, detengámonos un momento en el modo en el que se han puesto en juego los sentidos y usos de la comunidad en la implementación de políticas públicas.

El territorio, la comunidad y la intervención estatal
en los estudios sociales

Durante la década de 1990, en la Argentina, emergió en las ciencias sociales una línea de debates que vincula el territorio a la cuestión social de un modo que encuentra resonancias en el problema que aquí se aborda. Esta línea se centró en el estudio de las políticas sociales en el contexto del desempleo y la desindustrialización de los años noventa y, desde allí, contribuyó al tratamiento del barrio o el territorio como el escenario de la intervención estatal focalizada (Andrenacci, 2002; Cravino, Fournier, Neufeld, Soldano, 2002; Soldano, 2014). Por su parte, la focalización propia de estas intervenciones se acompañó con dinámicas de desconcentración y descentralización, con transferencia de la responsabilidad del gasto, la gestión y/o la ejecución de políticas asistenciales a niveles provinciales y municipales, incluso, a veces, a ONG. En tal sentido, la relación del Estado con el territorio en la década de 1990 vinculaba la “cercanía” con la desuniversalización.6

Desde una perspectiva más amplia, pero en franca resonancia con estas modalidades de gobierno desplazadas a lo territorial como parte de la economización del Estado, un trabajo clásico de Nikolas Rose (1996), siguiendo aportes foucaultianos, introdujo la pregunta por la muerte de lo social y el advenimiento de un tipo de gobierno a la distancia, para el cual la comunidad se constituiría como un nuevo método de regulación (De Marinis, 2002; Miller y Rose, 2008; Haney, 2010). El carácter distante del gobierno se configuraría de diferentes formas y direcciones, tanto vertical como horizontalmente. Por ejemplo, verticalmente, transfiriendo a las autoridades locales programas que previamente dependían del nivel central, con la consecuente carga y responsabilidad por formular sus lineamientos e implementarlos. Otra forma de distanciamiento se produciría mediante la diversificación de instituciones, actores y sus prácticas para la atención de un problema. Estos tipos de distanciamiento no implican un Estado ausente o retirado. Al contrario, la actividad de gobierno se optimiza y se economiza (De Marinis, 1999, 2011). En esta economización de la estatalidad, la reinvención de la “comunidad” es un elemento central (De Marinis, 2011, 2012); dentro de ella, se espera que los sujetos se autorregulen, que se responsabilicen por sus acciones y que se activen para la gestión de los riesgos que conlleva vivir en una sociedad compleja (Sozzo, 2000; Garland, 2005; Crawford, 1998). Lo que se registra en la forma contemporánea de gobierno es una tendencia a disminuir las estrategias universales de garantía de derechos y a acrecentar aquellas que instruyen una lógica responsabilizadora y meritocrática hacia las poblaciones sobre las que se interviene, como paso necesario para el acceso a derechos; algunos autores se han referido a este proceso como de transformación en la “moral de la cuestión social” (Kessler y Merklen, 2013). En efecto, el acceso a los derechos –configurados como beneficios– está organizado alrededor de una lógica condicional y meritocrática, que supone que la comunidad no solo está invitada a participar, sino que debe comprometerse con la actividad de gobierno. La narrativa de la responsabilidad, tanto individual como comunitaria, parece configurarse, así, como una tecnología de gobierno clave.

Otra línea de estudios que enlaza las políticas sociales con el territorio es fruto del giro en las relaciones entre los movimientos sociales con fuerte inscripción territorial y el Estado que sucedió en Argentina a partir de 2003. Fue entonces que amplios sectores de los movimientos de desocupados se integraron a la propia gestión social del Estado, llevando las necesidades del “territorio” al centro de la legitimación misma de la política social (Perelmiter, 2011). Soldano (2014) señala que a partir de 2003 hay una comprensión diferente del barrio como “fuente de poder social”. La política social ubica el accionar territorial en el centro del discurso político y se reacomoda como integral; es decir, no se reconoce como asistencial, sino que supone un compromiso “cercano” con las necesidades de la población y encuentra en los trabajadores estatales y sus capacidades y perfiles (vinculados con la “entrega” al servicio social, el afecto, etc.) un elemento central de las intervenciones (Perelmiter, 2011; Mancini, 2015). Desde esta perspectiva, la territorialización de las políticas sociales ha incluido una interpelación a la comunidad para que participe en los problemas que la aquejan, pero no solo en clave de responsabilización, sino en vínculo con el discurso de derechos. Así, la propuesta de cercanía no es resultado de una focalización desuniversalizadora, sino de un modelo de presencia estatal en el espacio geográfico y social de emergencia de las necesidades sociales, en el lugar donde la gente está. Esta territorialización de la cuestión social es un elemento distintivo de la institucionalización de las nuevas leyes de protección de la infancia y adolescencia. En efecto, los lineamientos para la intervención de la ley nacional 26.061 –de Promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes– señalan la importancia de la desconcentración y descentralización de los servicios para atender más adecuadamente a las necesidades de protección de derechos en “el centro de vida del niño” (Medan, Llobet, Gaitán, 2017).

Ahora bien, tal como he mostrado en un trabajo anterior (Medan, 2017), las estrategias sociales de prevención del delito e inclusión social destinadas a jóvenes reconocen influencias mucho más lejanas en el tiempo que las que pueden reconocerse en los párrafos anteriores. En efecto, en la década de 1930, sociólogos norteamericanos, más preocupados por la gestión que por la explicación del delito juvenil, sostuvieron la importancia de intervenir en los territorios donde residían los jóvenes para modificar las condiciones de hábitat, en donde se producía una socialización secundaria defectuosa que conducía a los comportamientos antisociales y delictivos. El delito era un problema vinculado a la debilidad del control social en la comunidad. De allí que reforzar los lazos comunitarios alrededor de ciertos valores y comportamientos sociales fuera una buena forma de prevenir el delito (Thrasher, 1933). Se propuso, entonces, que era mucho más importante enfocar en las relaciones sociales que se desplegaban en la comunidad que en las características de los delincuentes (como reacción a las lecturas biologicistas de la época); estudiar a los grupos en su propio hábitat, en vez de a los individuos (Anitúa, 2010); e intervenir los barrios empobrecidos con equipamientos culturales y de esparcimiento para que dejaran de ser áreas delincuenciales. Según Anitúa (2010:262), los proyectos de urbanización como medida de control social inaugurarían un cambio radical en las estrategias de prevención del delito que intentarían desde entonces insertar a trabajadores sociales, maestros y miembros de los mismos barrios para ocupar el tiempo y mejorar las condiciones de “control social”. En 1933, fomentando estas ideas, Thrasher publicó una suerte de decálogo llamado “La delincuencia juvenil y la prevención del delito”, en el que enfatizaba la importancia de implementar las estrategias local e interagencialmente en base a un programa que incorporara a todos los niños residentes en las áreas de delincuencia en actividades, grupos y organizaciones que proveyeran espacios para sus intereses relacionados con el tiempo libre, así como con todas sus otras necesidades. Es interesante revisar aquel decálogo para observar las múltiples similitudes con los programas de prevención social e inclusión que actualmente funcionan. Otra investigación pionera al respecto fue la de Shaw y Mc Kay, en 1942, llamada “Delincuencia Juvenil y áreas urbanas”. Los autores coincidían con Thrasher en que el trabajo en los barrios degradados era clave para la intervención sobre el fenómeno del delito juvenil. Era en ellos donde la movilidad y heterogeneidad social impactaban en la desorganización familiar y donde las estructuras comunitarias y de control social se mostraban más débiles para garantizar la cohesión y el orden. En base a hallazgos anteriores, podemos afirmar que las razones para actuar desde la comunidad en las estrategias vernáculas actuales no difieren mucho de estos diagnósticos centenarios.

En suma, los estudios antecedentes sobre las vinculaciones del territorio con las políticas sociales –ya sea orientadas a la inclusión o a la prevención del delito– permiten mostrar variaciones sobre lo que en cada caso se espera de la presencia del Estado en el territorio, la medida en la que implica mayor o menor responsabilidad de este en la gestión de los riesgos, las expectativas que hay respecto de la actuación de la comunidad y las personas que de ella forman parte y cómo la interpelación a la participación “comunitaria” se enlaza con estrategias mediadas por las condicionalidades o permeadas por un matiz más universalista.

Aporte y perspectiva teórica

Considerando esta construcción del problema, el artículo se propone indagar en las formas que adquiere este espacio físico, social y simbólico, el territorio/comunidad/barrio, tanto desde la perspectiva de los programas sociales –asumiendo variabilidad según se trate de los lineamientos institucionales o de las interpretaciones que los agentes estatales hacen en su trabajo cotidiano en el barrio– como desde la de los jóvenes beneficiarios de ellos. Me interesa sostener que en el trabajo de campo emergieron distintas representaciones sobre estas nociones, algunas de ellas contradictorias, pero otras concatenadas, las cuales a su vez orientan prácticas concretas y dan forma a las interacciones que configuran la implementación de las políticas. La multiplicidad de sentidos puestos en juego da cuenta de que, lejos de colaborar en la delimitación clara de los riesgos que aquejan a los jóvenes y que justificarían las intervenciones estatales, configuran un escenario de disputas. Para este objetivo, el artículo dialoga con las aproximaciones analíticas a los territorios que se señalaron más arriba, como con lo que el territorio engloba como espacio físico/espacio social (Bourdieu, 2002) y como red de relaciones sociales. Sin embargo, discute los límites de estos enfoques para visibilizar la existencia de sentidos alternos de la comunidad desde el punto de vista de estas estrategias y desde las perspectivas de los jóvenes que la componen, así como matices y adecuaciones de las prácticas estatales en los territorios, especialmente al regular población joven.

Para desplegar el argumento apelaré a la problematización que Veena Das y Debora Poole (2008) hacen sobre la noción de “margen” para pensar el Estado. Ellas exploran esta noción como constitutiva del Estado y no externa a él. Proponen que las formas de la ilegalidad, la presencia parcial y el desorden que parecen habitar los márgenes del Estado son en realidad formas que constituyen las condiciones necesarias para su concreción; en esos sitios, el Estado está continuamente redefiniendo sus modos de gobernar y legislar. La noción de margen como constitutiva del Estado permite entender el funcionamiento de la ley y la excepción no como oposiciones sino como elementos complementarios y necesarios de la regulación. Indagar en los márgenes nos permite comprender aquellas figuras representantes del Estado que pueden atravesar la separación, aparentemente clara, entre las formas de imposición y castigo legales y, por ejemplo, las extralegales; la policía sería la figura paradigmática en este caso. Pero también podrían serlo aquellos trabajadores del Estado que por distintas razones –ya sea por ser habitantes de los barrios en los que se implementan los programas o por afinidades diversas– conocen las transgresiones de los destinatarios, las toleran o incluso empatizan con ellos y las justifican. Según Das y Poole, las prácticas estatales en zonas de emergencia (y agregaríamos, en barrios populares) no pueden ser entendidas en términos de ley y transgresión, sino más bien en tanto prácticas que se encuentran simultáneamente dentro y fuera de la ley para, en última instancia, garantizar la vida. Las autoras (Das y Poole, 2008; Roitman, 2004) proponen, enlazada con esta idea, la existencia de un proceso de “colonización desde los márgenes” que sucedería cuando discursos y prácticas propios de los sectores populares o subalternos se traman y, de algún modo, modulan las prácticas estatales. Esta colonización podría deberse a la debilidad propia de las instituciones estatales, que deben reafirmarse en el terreno comunitario incorporando elementos propios de la cultura subalterna en su reafirmación hegemónica y ante la posibilidad del avance del desorden; además, esta colonización puede ser de utilidad al propio gobierno para dar la imagen de que defiende los intereses de los subalternos y reconoce sus demandas.

Por otro lado, aunque muy indicialmente y más como interrogante a indagar en futuras investigaciones que como una categoría sobre la cual anclar este análisis, propongo en la discusión retomar el planteo de Lynne Haney (2010) acerca del carácter mitológico que pueden revestir ciertos discursos. Este carácter, ficticio, generaría un efecto que, lejos de propiciar la ampliación de derechos o el empoderamiento de las personas, provocaría lo contrario. El discurso en torno a las bondades del enfoque comunitario de las intervenciones podría ser analizado con esta lente.

Preguntas, hipótesis y construcción de datos

Algunas de las preguntas que orientan este trabajo son: ¿Cuáles son los fundamentos en gobernar a través de la comunidad? ¿O más vale se trata de gobernar “en” la comunidad? ¿Qué sentidos sobre la comunidad se ponen en juego tanto en los diseños institucionales pero sobre todo en las implementaciones cotidianas en estos programas? ¿En qué medida el territorio y la comunidad viabilizan las estrategias de gobierno y cuánto las obstaculizan y las transforman? ¿Qué características imprimen estos espacios a la forma de gobierno? ¿Qué expectativas tienen las estrategias estatales sobre la comunidad y el territorio? ¿Cómo se vincula la presencia del Estado en el territorio con los procesos de ampliación de derechos? ¿En qué medida el discurso de la intervención en la comunidad podría volverse “mitológico” (Haney, 2010)?

Desde el punto de vista de los actores, tanto de agentes estatales como de jóvenes beneficiarios, procuraremos mostrar que el territorio y la comunidad son elementos políticos opacos, cuyos sentidos son múltiples y su eficacia como elemento de la gestión poblacional, compleja.

La hipótesis que orienta estas indagaciones es que mientras la comprensión que los programas tienen de la comunidad es lo suficientemente amplia para no idealizarla como vehículo para el gobierno, sobrestiman las condiciones de posibilidad que los jóvenes tienen para lidiar con sus aristas más riesgosas. Las consecuencias de esta sobrestimación se hacen evidentes en las controversias que se suscitan con los jóvenes alrededor de las discusiones sobre la comunidad. Estas obligan a las prácticas estatales a habilitar la excepción (Das, 2011) y, consecuentemente, esta habilitación, que es una marca de poder estatal, legitima al Estado.

Así, y retomando el testimonio colocado al inicio del artículo, lo que emerge de los datos producidos en mis investigaciones es que en la implementación cotidiana de las prácticas estatales, el territorio y la comunidad resultan ser espacios mucho más heterogéneos y complejos que lo que los dispositivos habían previsto al plantearse un abordaje “comunitario” y que ello dificulta el cumplimiento de sus objetivos y los desafía a gestionar asumiendo sentidos alternos y modulando la intervención según un haz de representaciones ambivalentes sobre la comunidad. Los datos que se analizan han sido construidos en investigaciones cualitativas desarrolladas entre 2008 y 2018,7 cuyos referentes empíricos fueron implementaciones de programas de prevención social del delito y de inclusión social destinados a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en el área metropolitana de Buenos Aires.8 Las técnicas de construcción de datos en estas investigaciones han sido la observación participante de espacios de interacción entre agentes estatales y jóvenes en los contextos de implementación de los programas, entrevistas en profundidad y conversaciones informales tanto a funcionarios encargados del diseño de los programas como a los agentes locales que los implementan y a jóvenes. Finalmente, algunos de los datos fueron producidos mediante grupos focales con jóvenes destinatarios de los programas.9 También se consideran documentos institucionales. El uso de estas técnicas permitió indagar empíricamente en la noción de “margen” y cómo se configuraba esa arena porosa de la regulación; principalmente lo hice analizando situaciones concretas de interacción entre operadores y jóvenes en las cuales se negociaba la legitimidad de interpretaciones y acciones, pero también a partir del material producido en las entrevistas donde se describían casos y criterios específicos para modular la intervención. De algunas manera, mis hallazgos alrededor de la tolerancia (Medan, 2014) son deudores de este análisis sobre la regulación en los márgenes.

El artículo procura inscribirse en la línea de estudios sobre las políticas sociales que trascienden los análisis normativos y procuran un estudio socioantropológico de las prácticas estatales. Siguiendo los desarrollos antes mencionados de Das y Poole, se consideran las advertencias de Chaves y Segura (2015) para problematizar el territorio. Concretamente, sugieren que es imperioso no pensar al espacio urbano como un mero contexto de localización de las prácticas sociales ni tampoco asumir que determina (o agota) las prácticas sociales que en él se desarrollan. En efecto, veremos cómo las políticas procuran intervenir en el territorio como espacio de gobierno, pero también que el territorio se les presenta como algo más complejo que incluye elementos que el gobierno excluye… o querría excluir.

En lo que sigue presento los resultados atendiendo a la construcción del riesgo que deviene de los diversos sentidos y finalidades que adquiere la intervención comunitaria para los agentes institucionales así como a las variadas percepciones que los jóvenes tienen sobre el espacio en el que viven. En el despliegue, se exponen las diferentes formas en las que los programas pretenden transformar a los jóvenes insertos en las dinámicas sociales del territorio, pero también cómo esas propias dinámicas, y especialmente las interpretaciones alternas de los jóvenes sobre ellas y sus efectos, modulan las políticas en un ejercicio de negociación en los márgenes.

Resultados

Las razones para intervenir en el barrio

Los lineamientos institucionales de los autodenominados programas de prevención social del delito juvenil así como los de inclusión social entienden que el abordaje territorial y comunitario es clave en la gestión de la “juventud en riesgo”, desde una perspectiva que promueva tanto los derechos humanos como la participación activa de la comunidad en la resolución de los problemas. Así, al iniciar la conversación con agentes institucionales sobre las razones del abordaje comunitario de los programas, estos procuran dar mayor participación a la comunidad en estrategias que privilegian la descentralización, la cercanía y la empatía. A su vez, los agentes entienden que el trabajo con la comunidad y en ella es un vehículo central para la inclusión social de los jóvenes. Sin embargo, al tiempo que la comunidad significa el territorio entendido como un espacio social y simbólico, pleno de relaciones sociales, también tiene resonancias ambiguas y efectos prácticos.

De hecho, a medida que la conversación sobre los orígenes de los programas avanza, surgen otras razones que indican que, en la decisión de dónde implementar los programas, los diagnósticos que pesan más se vinculan con las zonas de mayor participación juvenil en el delito, menor despliegue de instituciones de sociabilización positiva y exceso de presencia estatal negativa (especialmente policial). Así, las definiciones del riesgo que delinean las estrategias institucionales se vinculan con la presencia en el territorio de actores que hacen de los adolescentes y jóvenes los sujetos más vulnerables. Estos riesgos parecen encontrarse amalgamados en una figura particular: el barrio –en general se trata de asentamientos precarios ubicados en zonas más o menos urbanizadas y con una provisión deficitaria de recursos de infraestructura–. El barrio es, según agentes institucionales pero también beneficiarios, una fuente inagotable de riesgos: acá en el barrio tenés más probabilidades que en otro lugar de agarrar cosas malas que buenas, ¿me entendés?, señalaba un operador juvenil de uno de los programas de inclusión social. Por los peligros que alberga y por las tentaciones que se manifiestan en su interior, el tipo de testimonio con el que arranca este artículo se repetía: más allá de las voluntades individuales de los jóvenes y de los procesos que hubieran realizado, por ejemplo, al salir de un instituto de menores y cumplir una pena, volvían al barrio y volvían a caer. ¿Pero de qué se tratan concretamente estos riesgos que se alojan en el territorio?

Una de las dimensiones que hacen al barrio un lugar problemático, desde el punto de vista de los agentes institucionales –y que limita la inclusión social de los jóvenes– es la mirada estigmatizadora que la mayoría de los vecinos adultos tienen sobre ellos. Para muchos vecinos, estos jóvenes son ladrones, vagos, drogadictos y, en suma, amenazas a su tranquilidad. Los jóvenes, varones pero también mujeres, advierten esta mirada y, en cierto modo, la padecen. Sin embargo, no parecen interesados en ella ni preocupados por cambiarla. En efecto, en conversaciones con jóvenes que asisten a un programa de inclusión, ellos señalan que uno de los problemas que enfrentan en su vida cotidiana son los chismes. Según ellos, los vecinos, adultos, no tienen nada que hacer y se la pasan mirando lo que hacen los demás, inventan historias que no existen, que vinculan a los varones con el robo o las malas juntas y a las chicas con comportamientos sexuales licenciosos y corren a andar esas historias hasta que, al llegar a las casas de los jóvenes, ellos deben soportar los cuestionamientos de madres y padres. Las chicas y los chicos padecen con hastío la presencia habitual de estos chismes que les molestan y los enojan y, en última instancia, condicionan la libertad de sus movimientos y relaciones por la mera posibilidad de que algún vecino esté ahí chismoseando. La reacción de los jóvenes, en general, es tolerar estos rumores en la calle; en la casa, prefieren ni confrontar ni dar explicaciones, más vale encerrarse o irse y esperar a que a sus padres se les pase el enojo. En su mayoría, los chicos y las chicas no parecen interesados en que sus vecinos o demás actores de sus entornos transformen la mirada (negativa) que sobre ellos tienen.

Sin embargo, esta parece ser una de las principales misiones que tienen los programas al implementarse en los barrios. El Estado está allí para mediar en las relaciones entre los jóvenes y sus vecinos o los actores de las instituciones que existen en la comunidad. Los agentes institucionales sostienen que, si no se transforman esas relaciones de desconfianza, enemistad y hasta enfrentamiento que hay en los barrios, “no se puede hacer nada”.

Con esa finalidad, encaran dos tipos de acciones. Por un lado, planifican actividades que les permitan a los jóvenes posicionarse desde otro lugar y emprender acciones destinadas a la comunidad, como, por ejemplo, organizar un festejo del Día del Niño en algún espacio del barrio. La visibilidad que les proveen estas actividades permitiría que los vecinos los mirasen con otros ojos.

Otra línea de acciones se vincula con propiciar actividades en las cuales los jóvenes deban visitar instituciones del barrio o recibir en la sede del programa a agentes de otras instituciones, por ejemplo, efectores de salud, de la justicia o de áreas de gestión local de empleo o educación. Se estima que estas actividades tienen una doble finalidad: acercan a los chicos y chicas a estas otras instituciones al conocer a sus referentes y posibilitan que los actores de estos espacios los conozcan y eso permita recibirlos de modo más amigable en los lugares donde se desempeñan. En uno de los programas de prevención del delito, esa misión de acercar a los chicos y chicas a otros espacios comunitarios era tan medular que el programa funcionaba alternativamente en diferentes espacios del barrio (escuela, biblioteca popular, sala de salud, club deportivo) y, deliberadamente, no tenía sede propia. En función de arreglos que iba haciendo la referente local del programa, las actividades se hacían unos meses en una locación para luego cambiar a otra. En este caso, si bien no hay una apelación explícita a la participación de estos otros actores e instituciones en nombre de la corresponsabilidad en los procesos de inclusión social, sí se espera que accedan a los pedidos y necesidades de los programas. Así, la intervención procura operar no solo sobre las relaciones sino sobre las representaciones que sobre los jóvenes existen en el barrio.

Los vínculos indeseables

Ahora bien, mientras constituye una regularidad de estos programas el propiciar la restauración de ciertos vínculos, su otra principal misión es distanciar a los jóvenes de otros. Especialmente de algunos de ellos, como los que podrían conectarlos con el delito y el consumo problemático de drogas; en general, se trata de apartarlos de las inserciones indeseables.

Vos pensá que el pibe vuelve al mismo barrio, el barrio ya sabe, el mismo pibe ya sabe, el pibe está estigmatizado, el resto de los pibes que no cayeron porque, como decimos nosotros, corrieron más rápido, lo van a buscar, el pibe que salió de un instituto no puede ser un recuperado, todo lo contrario, lo van a buscar para que haga peor, entonces hay un montón de variables que ver ahora que el pibe está afuera y que también la familia está en un circuito delictivo y vos ves que el pibe hizo un proceso; mirá, yo trabajé en institutos, fui asistente de minoridad así que los conozco y vos te das cuenta cuando el pibe te dice “no, es la última, es la última”, y pone un pie afuera y vuelve a caer, y que realmente no es una cuestión de convicción, ni del proceso que hizo de darse cuenta de que no tiene que volver a delinquir, no, no... (Funcionaria provincial - programa de prevención del delito).

De otro programa, una agente institucional presentaba la situación de riesgo para estos jóvenes de la misma manera, como si fuera prácticamente una cruzada imposible el zafar10 de las tentaciones del barrio.

Un caso, que participó en el programa, rebien, uno lo vio en condiciones de egresar, egresó porque se lo propusimos, y porque empezó a tener un trabajo con mayor carga horaria, durante un año no lo vimos pero sabíamos que estaba bien. Tuvo un conflicto familiar, empezó de vuelta con consumo de sustancias, perdió el trabajo, volvió a juntarse con los pibes de la esquina y volvió a delinquir. Entonces, en esa persona incidió la cuestión emocional familiar, la cuestión de descuidar ese trabajo, sustancias y volvió al mismo circuito. Y yo creo, haciendo un análisis muy general, que todos esos espacios vulnerables para que el pibe vuelva a caer están muy cerca, todo el tiempo, en la esquina, en la puerta de la casa, dentro de la casa a veces, entonces el pibe tiene que estar muy fortalecido para decir no. Desde ese concepto están en riesgo todos todo el tiempo. (Agente institucional - programa de prevención del delito).

En tercer lugar, el vínculo con la familia es objeto central de debate. Estas constituyen, quizás, el elemento más delicado que rodea a la intervención. Desde que las transformaciones normativas de comienzos del 2000, relativas a la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, señalaron la necesidad de fortalecer el “centro de vida del niño” en oposición a las tendencias anteriores de apartarlo de hogares material y moralmente cuestionables, las familias que no existen o que es mejor perder que encontrar, les presentan dilemas intensos a los agentes institucionales.

Algunos insisten en que necesitan a las familias como socias, requieren que estas se comprometan con el cambio de ese joven y entonces solicitan la presencia de algún adulto para que preste conformidad a la participación del joven o se lo cita ante faltas en los comportamientos esperados. Otros agentes, incluso en disidencia dentro de los mismos programas, rinden menos culto a esta interpelación a la familia porque discuten que ese vínculo sea el más conveniente para el joven. Así, las familias oscilan entre ser consideradas factores de riesgo o de protección, según cómo se comporten. A veces, se trata de una familia que no está o es una familia que los manda a cartonear o conseguir plata como sea o que acepta parte del botín o que los incita a vender drogas; en otros casos, es una familia que no estimula las buenas prácticas como estudiar o trabajar legalmente. Finalmente, en otras oportunidades, justamente la inclusión del joven en el dispositivo se debe a que

No hay familia y el pibe no necesariamente cayó en situaciones vinculadas al delito, pero sí necesita un espacio donde referenciarse, y generar adultos referentes, tener un marco de contención porque en la casa no existe. (Funcionaria municipal - programa de inclusión social y programa de prevención del delito).

Así las cosas, las intervenciones de los programas procuran, además de intermediar en el vínculo entre actores e instituciones que estigmatizan a los jóvenes, proveerles a los chicos y las chicas un marco de referencia alternativo –considerado mejor que el disponible–, tanto para poder enfrentar las tentaciones del entorno provenientes de malas juntas como para compensar aquella carencia de referencia positiva que no tienen de los adultos que los rodean. Esa referencia alternativa alude tanto a que alguno de los agentes institucionales se constituya en una referencia adulta para quienes no la tienen dentro de sus familias y que el espacio del programa se configure como un lugar que aloje y contenga a los jóvenes a través de una propuesta basada en códigos y formas de relacionamiento distintas –y presumiblemente mejores desde la óptica institucional– a las del barrio. Sin duda, esta constituye una operación de poder dentro de la tensión cuidado-control que rodea a estas intervenciones.

La transformación subjetiva solo es posible
si hay un vínculo

Esta compensación a sus carencias, que ofrecen las estrategias estatales, no se realizará buscando aliados en el exterior de los programas y, en general, tampoco en las familias. La intervención que se procura realizar, en este caso, es sobre la subjetividad del joven para formarlo como un sujeto autónomo. Este proceso tendrá dos etapas: en primer lugar, el espacio de los programas tratará de constituirse en un “lugar–en términos de De Certeau, como espacio propio11– diferente del barrio y, en muchos casos, del hogar, en el que los jóvenes aprendan que un modo de relacionamiento distinto (y mejor) es posible y conveniente. Y que allí no solo hay que cumplir con ciertas reglas de conducta, acuerdos de convivencia y pautas de respeto y hay que evitar agresiones. También, y fundamentalmente, se trata de practicar un modo de vincularse basado en el afecto, la confianza y la atención al otro (saludarse con un beso, compartir la mesa del comedor sin tirarse comida ni estar mirando el celular sin interactuar con los presentes, etc.). Según los agentes de los programas, mostrarles otra forma de vincularse, desde el afecto y el respeto, permitiría el paso hacia la siguiente etapa. Los jóvenes aprenderían a no sobrerreaccionar ante provocaciones, a contener sus emociones más violentas, a configurar una trama de valores y emociones que les permita convivir con otros pero también distinguir las buenas y malas influencias; en suma, que los deje preparados a decir no. Este proceso constituye un mecanismo de moralización y de nuevo disciplinamiento, aunque los agentes institucionales insistan en que se trata de una construcción de subjetividad desde el afecto.

Transitar este proceso implicaría fomentar la autonomía, en el sentido de desarrollar su propio proyecto de vida de forma independiente, sobre todo, en relación a los riesgos del entorno. El mensaje de los programas es que los jóvenes tienen la oportunidad de aprovechar su paso por los dispositivos para cambiar y que, entonces, la responsabilidad de alterar el camino está en sus manos. Si bien –como ya profundicé en un trabajo anterior (Medan, 2017)– el incumplimiento de este mandato no supone la discontinuidad de la asistencia, sí prevalece una asignación de la responsabilidad sobre los jóvenes. No obstante, la desproporción que habitualmente toma esta expectativa se hace evidente en las discusiones entre agentes institucionales y jóvenes, que se mostrará en seguida.

Antes, parece menester detenernos en un aspecto clave de este dispositivo de intervención que pretende constituirse en un lugar de referencia para los chicos. Este elemento podría dar pistas de uno de los modos en que el territorio –mientras intenta ser transformado por la política– modifica su institucionalidad. Tal como hemos señalado en un trabajo anterior (Medan, Llobet, Gaitán, 2017), uno de los requerimientos que tienen estos dispositivos de abordaje territorial es un específico perfil de trabajadores. Es preciso que quienes encarnen las tareas cotidianas no sean trabajadores de escritorio y que estén dispuestos a lidiar con entornos laborales ríspidos, desde lo infraestructural –desempeñar sus tareas en espacios sin vías de comunicación telefónica ni internet, sin provisión de materiales didácticos, con deficiencias básicas en materia de energía eléctrica, agua, etc.–, lo relacional –lidiar con escenas de violencia e incluso ser víctimas de ella–, y, finalmente, lo relativo a sus condiciones de contratación –habitualmente informales, inestables y mal remuneradas–. En estas condiciones, solo trabajadores comprometidos y con vocación pueden llevar adelante estas tareas que requieren, como se reitera a menudo, poner el cuerpo. Y el cuerpo se pone ahí, en el barrio. Así, el acompañamiento que estos programas ofrecen a los jóvenes en el armado de su proyecto de vida solo se puede hacer cuerpo a cuerpo, cerca, ahí donde están, hacia allí donde tienen que ir. La cercanía debe ser física, pero también debe ser social; ambas son condiciones para poder hacer ese acompañamiento empático: si no establecés un vínculo con el pibe, no podés hacer nada. Desde el equipo de coordinación de uno de los programas de prevención del delito se sostenía:

Tratamos de trabajar con un operador que haga todo el acompañamiento territorial, con el armado de un proyecto de vida alternativo a lo que es el circuito delictivo y con objetivos a corto, mediano y largo plazo para tratar de llevar adelante ese proyecto de vida [...] ver qué deseos tiene el chico, qué quiere hacer, qué capacidades tiene para resolver en el aquí y ahora lo que desea. Eso es lo que uno tiene que ir acompañando. Por eso es un trabajo arduo, de mucho desafío, de un manejo muy importante de lo que significa la frustración tanto para el acompañante de ese joven, como para el joven.

Para poder hacer este acompañamiento a los chicos, para que puedan gestionar mejor las relaciones en el lugar en el que viven, es preciso estar en el territorio, pero no de cualquier modo: es preciso contar con habilidades específicas para atravesar las capas de desconfianza hacia las instituciones que los jóvenes fueron acumulando tras distintas experiencias de maltrato y desaprobación. Mirado desde el punto de vista de los jóvenes como parte de ese territorio/comunidad, parecería que no se aloja livianamente a cualquier trabajador, solo a aquellos que sean capaces de surcar con destreza sus aguas.

El lugar de la protección ante un entorno ambiguo

Los adolescentes y jóvenes, segregados por distintos grupos –incluso y sobre todo, por los adultos de los mismos barrios populares, pero también en sus propios hogares–, son fácilmente blanco de la violencia institucional y social. Estos programas de inclusión o de prevención del delito procuran constituirse como lugares donde los jóvenes puedan estar protegidos de las malas influencias, de las miradas que los juzgan, de los chismes que cercenan su libertad y les traen problemas con sus familias. A la vez, los programas son percibidos por los jóvenes como lugares donde son recibidos con atención y una sonrisa o retados con genuina preocupación y donde pueden encontrar con quién hablar de sus problemas. En este sentido, el espacio-tiempo de la intervención social interpone una protección, crea un lugar alternativo donde, tal como señaló una operadora, no estar regalados. Así, los programas no serían solo un escenario de inclusión, sino más bien una protección básica (en un extremo, ante abusos policiales o enfrentamientos entre bandas, sobre los que suele haber treguas en los espacios institucionales) ante el peligro de muerte que amenaza a los adolescentes de estos barrios.

Los datos sobre cómo los jóvenes experimentan la vida en el barrio surgieron en diferentes circunstancias. En algunos casos, en el marco de actividades previstas en la planificación de los programas para abordar el vínculo con la comunidad. En otros casos, se construyeron mediante la observación participante, cuando presenciamos diálogos entre agentes institucionales y jóvenes, en los que los últimos daban explicaciones a los primeros sobre sus comportamientos erráticos. También los obtuvimos a partir de conversaciones informales o entrevistas directas con ellos durante el trabajo de campo. Sin desconocer que las valoraciones y percepciones sobre la vida en el barrio estaban marcadas por estas diferentes circunstancias en las que eran expresadas, leídas en conjunto y en base a un corpus empírico abultado, dan cuenta de que el barrio –como trama de redes de relaciones sociales– es un escenario complejo e incluso tramposo para ellos, con el que lidian con diferente suerte. Si bien lo primero que marcan como un problema son las relaciones con la policía (porque los hostiga como parte de su rutina o los abandona a su suerte cuando la necesitan) y las escenas de violencia letal en el barrio (en general mediada por un uso cotidiano e imprevisible de armas de fuego a mano de actores no siempre identificados), al proseguir las descripciones, las situaciones riesgosas se vuelven más difusas y difíciles de evitar para ellos. Mientras que pueden esconderse de la policía, evitarla o negociar con ella, y de los tiroteos pueden protegerse encerrándose en sus casas, parecen tener menos estrategias eficaces para eludir la influencia de las relaciones cercanas “nocivas”.

Alicia era una joven de 22 años, beneficiaria del programa de prevención del delito, que padecía permanentes altibajos por su relación con el consumo problemático de drogas que no lograba, según ella, manejar. Tenía dos hijos. El primero, fruto de su relación con un muchacho que fue asesinado delante de ella en un enfrentamiento entre vecinos en el barrio. El segundo, producto de una relación que la convirtió en una víctima de violencia de género con un varón con el que ya no quería tener relación y que ahora estaba preso. Me contó estos detalles en dos instancias, en una conversación informal que iniciamos después de una de las actividades y, más extensamente, en una entrevista posterior. Entonces me dijo que el Programa era un lugar al que se podía ir sin el riesgo de cruzarse con las drogas. Si no, decía, se tenía que quedar encerrada en la casa de su mamá. Si iba a ver a sus amigos –a los que apreciaba mucho–, sabía que iba a terminar mal: nunca están con algo bueno, siempre gilada,12 nunca un sánguche, una coca, ellos siempre están con un porro. En ese tiempo, ella necesitaba despegarse de ese entorno, pero padecía que le faltaran sus amigos.

En otra escena emparentada, Juan, otro beneficiario del mismo programa, explicaba a la operadora, que se manifestaba preocupada por él, los motivos de su comportamiento esquivo y distante.

Tengo como un demonio adentro. Ayer soñé que estábamos con todos después de una joda y se armaba lío y venía la policía y mataba a mi hermano y a mí me pegaba un tiro acá y después me mataban. [Del sueño que lo angustiaba, pasaba a su realidad]. Estoy con una chica, pero tiene 15 y mi mamá no la quiere, ella está en la misma que yo, afana [...] Mis hermanos no sirven para nada, C. que no hace nada, N. que está dado vuelta [...] no te dan trabajo, porque tengo causas, todos hablan mal de nosotros [...] ayer casi hago cualquiera, nos agarró [a la novia y a él] algo acá, como un frío.

Mientras hablaba, Juan alternaba mirar por una ventana, con la vista perdida, y enfocar en la operadora y en mí, que lo escuchábamos. Pensaba internarse en una granja y decía que quería irse del barrio.

Ellos entienden sus entornos cotidianos como espacios que les imponen trampas permanentemente y, en ese sentido, coinciden con el diagnóstico institucional acerca de lo perjudicial de las malas juntas. Casi enarbolando el discurso del programa, Horacio me dijo una mañana: no me voy a morir acá, quiero conseguir trabajo, hoy me levanté a las 8 de la mañana para llevar los currículum. Acá podría significar el programa de prevención del delito, el barrio o la situación. Y morirse era morirse joven. Horacio ya tenía 19 años y desde los 12 entraba y salía del programa sin poder armar su proyecto de vida, y ya sabía muy bien que ese morirse acá no era un destino solo metafórico en su vida.

Con otros argumentos, jóvenes varones que asistían a un programa de inclusión social –pero que habían tenido incursiones en el delito– parecían poco dubitativos sobre su capacidad de lidiar con ese entorno que reconocían hostil. Encarnaban la propuesta del programa y el discurso de las elecciones racionales y sostenían, con un halo de superioridad frente a otros pares,: yo no le doy cabida a la gilada, la elección está en uno. La misma posición tenía el otro varón que participaba de la charla, en un grupo focal mixto que realizamos para conversar sobre las relaciones sociales que marcaban la vida cotidiana de los jóvenes en un barrio popular. Los varones parecían estar marcando una posición fuerte en relación al control racional que tenían de las relaciones en su entorno, frente a las chicas, que, mientras reconocían no ser tan hábiles para manejarlas, les discutían la veracidad de sus posiciones.

En unos u otros casos, la interpretación sobre los riesgos que acarreaba el barrio –en su despliegue territorial/comunitario– tenía muchos puntos de afinidad entre los programas y los jóvenes.

Sin embargo, cuando la instrucción institucional que orientaba a gestionar esos riesgos mediante un proceso de fortalecimiento de la autonomía era desbordada e invadida por la vida cotidiana, aquellas interpretaciones que operadores y jóvenes parecían compartir sobre los riesgos y las necesidades para gestionarlos se distanciaban y en su lugar surgían algunas controversias. Ello porque los jóvenes podían coincidir parcialmente en cuáles eran las carencias y riesgos que los aquejaban, pero no estaban tan de acuerdo en cómo satisfacerlas. Y allí, explicaciones asentadas de uno u otro modo en el aspecto territorial y comunitario marcaban el quiebre. Al respecto, entiendo que la noción de “margen” (Das y Poole, 2008) es útil para analizar estas situaciones, porque permite captar que la forma concreta en la que se desarrolla esa controversia, si bien puede implicar mayor disciplinamiento hacia los jóvenes, también puede provocar una transformación en la práctica estatal. En primer lugar, ellos procuraban imponer una interpretación distinta de los riesgos y de sus jerarquías, vinculadas con entendimientos morales particulares sobre las razones de sus comportamientos, que no eran simplemente personales, sino fruto de cierta idiosincrasia compartida en su entorno. Por otro lado, porque aun cuando pudieran coincidir con la definición de los riesgos, disentían acerca de las posibilidades disponibles de eludirlos o neutralizarlos.

Explicaciones alternas

Respecto del primer punto, vale reponer que las controversias giraban en torno a la pregunta de cómo ser alguien y cómo construir respeto. Así, una primera necesidad planteada por los jóvenes era el mantenimiento del estatus. Para satisfacer tal necesidad, el uso de la fuerza física para relacionarse con otros constituía una de las principales discusiones que se mantenían dentro de los programas. Las propuestas analizadas comparten el objetivo de inculcar en los jóvenes un modo distinto (y mejor) de relacionarse con otros: trocar el uso de la fuerza física por la palabra como estrategia central de sociabilidad. Mientras que en general los jóvenes adherían a las pautas institucionales y, en el seno de los programas, hablaban, lo hacían para, paradójicamente, sostener que el uso de la fuerza física para arreglar problemas en los barrios era parte de la lógica del lugar, donde determinados asuntos se resolvían así. Un mediodía, al terminar una actividad, Juan iba a enfrentarse a otro de los varones del grupo. La operadora logró retenerlo en la sala donde se habían desarrollado las actividades para evitar que se concretara la pelea y para charlar sobre el intento. Juan comenzó a justificarse: su familia estaba siendo insultada en el barrio y él debía mantener el prestigio del apellido. Para ello necesitaba salir a agarrarme a las piñas, para demostrar quiénes somos en el barrio, porque si no te pasan por encima. La de Juan no era una reacción irracional o meramente un comportamiento propio de la edad –tal como solía interpretar la operadora–, sino todo lo contrario. Estaba haciendo una evaluación de los riesgos y los jerarquizaba: las consecuencias que pudieran traer las piñas eran preferibles a la pérdida de prestigio. Juan estaba respondiendo a la exigencia de activación, de evaluación racional de riesgos, y de responsabilización por las elecciones hechas del modo en que eran necesarias para un proyecto de vida en su contexto –el barrio–, solo que ese proyecto no era el que este tipo de programas tiene en mente. Fueron varias las instancias que presencié durante el trabajo de campo en distintos barrios en que los jóvenes insistían en que ciertas situaciones no se resolvían por medio de la palabra. En una de ellas, uno de los beneficiarios le dijo a la operadora: vos no entendés, lo que pasa es que los códigos del barrio son otros. Sostenían que esos eran unos códigos diferentes de los de ella que no vivía ahí y que, por lo tanto, no tenía capacidad para entender las reglas locales. Estos comportamientos comunitarios podían ser incluso realzados en valor, desde la perspectiva de los jóvenes, al sostener que, mientras que en los barrios o las familias podía haber cierto espíritu individualista y de falta de atención al prójimo, en ciertas circunstancias, cuando tocan a uno, tocan a todos y entonces no sabés desde dónde, pero salen familiares como cucarachas de la tierra a defender a los suyos; se defendía al atacado y también al apellido de la familia. Según los jóvenes, lo mismo podía pasar a la noche en los bailes, cuando los grupos de amigos saltaban a defender a los propios aun cuando esto implicara un despliegue de golpes considerable. En algún sentido, estos comportamientos eran estrategias de cuidado que consideraban loables. En relación a estos pasajes es que me interesa subrayar el hecho de que son múltiples –y desde ciertas miradas institucionales, contradictorias– las representaciones que los propios jóvenes tienen sobre el barrio y la comunidad –por ejemplo, un lugar donde cuidar al otro por medio de la violencia legítima–.

Una segunda controversia giraba específicamente alrededor de las razones que explicaban la inserción en el delito. Los argumentos institucionales identificaban como uno de los factores de riesgo presentes en los territorios a los grupos de pares que tentaban, especialmente a los varones, a involucrarse en comportamientos ilegales. Mientras que los jóvenes reconocían que ciertas compañías habían influido en que participasen de delitos o que hubieran comenzado a consumir drogas, explicaban que esos vínculos eran casi inevitables en la medida en que, mediante ellos, se dotaban de referencias y aprendizajes que los hacían sentir a gusto. Humberto me explicó así su visión del grupo de pares:

—¿Y otra vez te pasó algo así de robar por necesidad, así sin dañar a nadie?

—No, más vale después fue porque yo quise, no por necesidad.

—¿Y porqué fue?

—No fue directamente, muchas veces fui con mi hermano Juan, calculo yo que fui por influencia de él […] porque más que nada yo lo que necesitaba era la compañía, el conocer, no, la calle, no así la vagancia, sino el conocer, pero más que nada por la compañía.

Humberto acompañaba a su hermano a robar porque así podía compartir tiempo con él; no tenía la noción o no colocaba como un elemento discutible el hecho de que esa actividad implicara complicidad en una acción ilegal. De sus palabras se desprendía que, si el hermano se hubiera dedicado a tareas legales, tal vez también lo habría acompañado.

En estos posicionamientos parece estar operando esa ética de la vida cotidiana que describe Das (2011), en la que, en diferentes situaciones concretas, las personas deciden qué es lo que es situacionalmente justo o injusto y, consecuentemente, habilita que coexistan y operen representaciones que podrían parecer contradictorias, como el hecho de que el barrio –y las relaciones sociales que allí se tejen– es al mismo tiempo fuente de riesgos y protecciones o afectividades. Una situación que fue paradigmática durante mi trabajo de campo en uno de los programas de prevención del delito se dio en la que llamé “la semana del cobre”.13 Allí se hizo evidente que, aunque los jóvenes se prestaran y respondieran a la instrucción institucional orientada a una apuesta en el futuro, en la vida cotidiana funcionaban complementariamente otras lógicas. En los encuentros de esa semana, la operadora estaba indignada porque había visto a varios beneficiarios –como a muchas otras personas del barrio– desenterrando de las calles los cables de cobre en desuso de un antiguo tendido eléctrico, entre montañas de barro y agua; la gente estaba metida en pozos para obtener el material vendible. En la reunión reprendió esa actitud de parte de los jóvenes y enfatizó que le parecía una barbaridad ver a todo el barrio ocupando todo su tiempo y su energía en una tarea que daría frutos coyunturales, transitorios y rápidamente consumibles. Ella, casi absorta por la frescura con la que los jóvenes comentaban la cantidad de cobre adquirido en la semana, en la actividad grupal les preguntó:

¿Qué pasa que todo el barrio pierde el día así? ¡Ahora esos cables están en desuso pero transportaban electricidad, pueden ser peligrosos... ustedes metidos en pozos, las mujeres con baldes sacando el agua! Hoy es el cobre, hace unos años era el culetear14 camiones, mañana va a ser otra cosa, ¿nunca la idea es proyectar a largo plazo, pensar un proyecto de vida, aprovechar este espacio para encontrar otras oportunidades, ir a la escuela o aprender un oficio?

En el mensaje de la operadora se fundían dos ideas. A sus ojos, quienes participaban de esta actividad de sacar el cobre para venderlo estaban defraudando doblemente el contrato de inserción que habían entablado con el Programa. Por un lado, porque no estaban invirtiendo su tiempo y energía en acciones vinculadas a ese proyecto de vida con el que se habían comprometido, relacionado con un modelo de ascenso social tradicional de la clase media asociado a la escuela y el trabajo formal. Pero, además, no estaban aplicando a la vida cotidiana lo que aprendían en el Programa, que era planificar y valorar el esfuerzo presente en pos de resultados mayores en el futuro. Es decir, no estaban aprovechando las oportunidades que el Programa les ofrecía para que, finalmente, pudieran distanciarse de esas lógicas barriales que les impedían mayor inclusión social.

Desafiando la lectura institucional, y para clarificar el orden de las cosas, uno de los beneficiarios, Mariano, le contestó: pero no entendés, te encontrás un pedazo así de cobre y de repente tenés $2000. La respuesta de Mariano descolocó a la operadora, porque el argumento se basaba en una evaluación de oportunidades, costos y beneficios. Ellos estaban aplicando las formas de activación que el modelo institucional les prometía como superador para tomar decisiones informadas, pero les imprimían un signo propio determinado por el contexto de su vida cotidiana. Además, volvían a desacreditarla señalando su extranjería. Esta situación vuelve a ilustrar cómo conviven, en tensión, distintas representaciones y efectos prácticos sobre las dinámicas cotidianas en el territorio y las estrategias de sus habitantes, por ejemplo, para hacer frente a constreñimientos materiales, pero, también, valoraciones morales sobre las acciones que son legítimas –y defendidas frente a miradas acusadoras de otros– en ciertos contextos. Podríamos asumir que este tipo de situaciones ubican al Estado en ese margen sobre el que debe actuar para mantener su legitimidad y su poder de intervención; en trabajos anteriores encuadré estas formas de gestión como “tolerantes”; siguiendo la idea de Das, podrían entenderse como esa capacidad del Estado para habilitar excepciones con el fin de, entre otras acciones, validar su modo de regulación.

Las decisiones no están solo en uno mismo

En otros casos, las controversias no expresaban simplemente alteridad en los entendimientos, sino una asumida vulnerabilidad de los jóvenes sobre su capacidad de eludir o neutralizar los riesgos existentes en sus entornos. Y quizás es este el punto crucial que pone en jaque el discurso central de este tipo de programas de prevención del delito y de inclusión social que encuentra en el fomento de la autonomía la llave de la felicidad.

El mismo Horacio, el que no se quería morir en el barrio, reapareció en las actividades que el programa ofrecía después de meses de ausencia, con un aspecto físico notablemente desmejorado; le dijo a la operadora, como inicio de la explicación: bardeé.15 Lo último que habíamos sabido de él antes de no verlo más era que había retomado la escuela. Nos contó que había ido solo dos días y que la dejó, que se juntó con M (otro joven beneficiario) y otros: esta villa es imposible, te agarra y te vas con la gilada. No hubo remate ni moraleja. Como siempre pasaba en esas circunstancias, advino a esa explicación un reto comprensivo pero cansado de la operadora, que ya había transitado varias veces esta secuencia con Horacio, y un nuevo pacto de Horacio, que sería incumplido a los meses. Pero esa imagen apremiante de la villa que te agarra y de la que no podés zafar fue imponente. Aun cuando la composición dramática hubiera sido parte de la estrategia de Horacio para pelear su vacante en ese espacio de protección, la saturación empírica de situaciones similares que me proveyó el trabajo de campo no me permite ponerla en discusión.16

Otra dificultad presente en el barrio, que en principio parece menos perjudicial, pero es igual de agobiante, es la mala onda que perciben las chicas jóvenes y que es emanada, principalmente, por otras mujeres, de su edad, que son pura envidia. Que te tiren la mala es una situación habitual que viven las chicas cuando comparten, incluso con amigas, los que consideran sus logros: tener un novio, haber retomado la escuela, pensar en un viaje. Si bien ellas cuentan que hacen su mayor esfuerzo para no dejarse influenciar por las malas caras que les ponen sus pares ante sus novedades, se muestran afectadas y afligidas. Incluso reconocen que parte de esas devoluciones mala onda calan hondo e incluso las desmotivan. Explican que un entorno en el que, por ejemplo, volver a estudiar solo produce envidia o deslegitimación, conduce a declinar la iniciativa y a enchancharse con eso y no hacer nada. Mientras acuerdan en que deberían hacer caso omiso de estos intercambios nocivos, reconocen que a veces les cuesta, porque provienen de amigas a las que les tienen aprecio y cuyas opiniones les importan. Los rumores falsos que los adultos del barrio echan a correr sobre ellas –y que, como dijimos, les traen problemas en sus casas y las sobreestigmatizan, en general, como promiscuas sexualmente– también les resultan difíciles de digerir o ignorar y lo peor de todo, dicen ellas: condicionan su libertad.

Finalmente, los jóvenes señalan que es la posición de clase y no la de edad –que los colocaría temporariamente como inmaduros– otra dificultad para encarnar a los sujetos autónomos que los programas imaginan. Para ellos es la clase, y no la edad, la que condiciona el carácter de su experiencia cotidiana y su capacidad de hacer “las elecciones correctas”.

La siguiente situación fue registrada en el trabajo de campo en uno de los programas de prevención del delito, pero su mención es habitual tanto por jóvenes como por agentes institucionales en el contexto de todos los demás programas de este tipo que procuran la inserción laboral de los chicos y las chicas. Al abordar la obtención de un empleo, los programas ofrecían distintos recursos para que los jóvenes se vincularan con espacios de capacitación y para que aprendieran habilidades para mejorar sus búsquedas. Mientras, en general, los jóvenes adherían a estas propuestas aunque sin mucho entusiasmo, solían mencionar como un problema el tema del dni. Si bien su falta de experiencia y formación y la eventual maternidad en el caso de las chicas eran las trabas más comunes para que les dieran trabajo, había un filtro inicial, que era la dirección de residencia. Hacete un documento que diga que vivís en Villa Los Árboles y después andá a conseguir trabajo, le propuso no sin ironía Andrés, uno de los beneficiarios, a una de las agentes institucionales, en una conversación que versaba sobre las ventajas del trabajo legal. Los jóvenes insisten en que sienten en carne propia que sus barrios son estigmatizados como el lugar donde se esconden los chorros; ante eso, ensayan estrategias para evitar la ligazón territorial y, los que pueden (la minoría), ponen un domicilio en Capital Federal, jurisdicción menos estigmatizada que el barrio donde habitan.

Discusión y reflexiones finales

Los datos presentados sobre la forma que toma el territorio y la comunidad en los discursos y en las prácticas relativas a la regulación estatal de jóvenes de sectores populares no nos permiten encuadrar dicho modo en las lecturas dominantes sobre el vínculo entre territorio y las políticas sociales. En la forma reconstruida hay elementos de la lógica neoliberal en los que prima un discurso de responsabilización individual por sobre la gestión solidaria de los riesgos y también se defiende la cercanía entre el Estado y la gente, supuesto fundacional de la territorialización de la política social como encarnación del reconocimiento del territorio como “poder social”. Sin embargo, la presencia de otros elementos me llevan a proponer que la intervención en el territorio y en la comunidad es menos una forma de delegar funciones de un Estado que pretende economizarse o un intento de “reorganizar la comunidad” que una apuesta por aumentar el control social sobre el territorio o, al menos, sobre una parte de él. Más vale se trata de una reorganización de individuos que forman parte de un barrio porque la dinámica de intervención se orienta, principalmente, a una activación individual de los sujetos. La “reorganización de la comunidad” (Sozzo, 2000) que planteaba el ideal de los sociólogos norteamericanos de la década de 1930, preveía –a pesar de su visión limitada de ciertas dinámicas sociales– dotar de recursos humanos e infraestructurales a las comunidades y transformar las formas de sociabilidad grupal. La versión local se sustenta más en la búsqueda de activación individual de los sujetos, aunque eso no supone que el Estado traslade a la comunidad la misión de prevenir el delito y se “retire” de la escena. Lo que se procura es enseñar a los jóvenes a lidiar con ese entorno riesgoso y no transformarlo, porque no pretenden hacerlo y, además, no parecen tener con qué. Esto no significa que en los barrios donde se implementan los programas analizados no existan otras intervenciones estatales para fortalecer a las comunidades; lo que quiero señalar es que estos programas orientan sus interpelaciones hacia la comunidad –me refiero mayormente a vecinos o figuras significativas dentro de la trama comunitaria, incluso pares– para procurar que cambien las valoraciones negativas que tienen sobre los jóvenes. En ese sentido, sostengo que no hay una transferencia de responsabilidad a la comunidad, porque, básicamente, la comunidad parece más un espacio para nutrirse de malas influencias o discriminación que de influencias beneficiosas. La principal expectativa que hay sobre la comunidad es que no sea un enemigo.

Así, el despliegue de estos programas territoriales presenta pocos indicios de revalorización de las formas de socialibilidad popular; en cambio, tal como señalamos, parece preocupado por transformar, dentro de esos contextos que parecen intocables, las personalidades individuales de los jóvenes, de modo de que puedan diferenciarse de dicho entorno y manejar sus aspectos nocivos, aun cuando no puedan alejarse de él. En ese sentido, en las formas encontradas de intervención en el territorio resuenan los objetivos centenarios de la prevención social del delito y el interés de modificar aspectos criminógenos del ambiente. Sin embargo, en la versión contemporánea y local, ese ambiente parece poco modulable y entonces la opción conveniente es instruir a los jóvenes a esquivarlo o lidiar estratégicamente con él, provistos de un recubrimiento delgado que les permita salir inmunes de las incidencias de familiares, vecinos y pares y, ante la duda, cobijarse en las protecciones institucionales. Lo que se espera es que los adolescentes puedan despegarse de esas tradiciones, como parte de un proceso de autonomía y crecimiento, y aprender a distinguir en qué espacios pueden y deben comportarse de una manera y de otra, en el sentido de aprender habilidades para la vida. Esta instrucción de los programas no es compulsiva pero sí condicional; además, es empática en función de la compasión que el momento adolescente genera en los agentes institucionales. En suma, se configura así una suerte de receta propia de elementos meritocráticos pero también rehabilitadores. En cierto modo, se articulan elementos de las dos perspectivas desde las cuales se ha estudiado la relación entre este par territorio y comunidad, y las prácticas estatales. El que retomen una formulación que combina elementos de ambas fundamentaciones sobre la importancia del territorio/comunidad conlleva efectos diversos. Los derechos se articulan complejamente con las responsabilidades y la reivindicación del saber popular que fundamenta el acercamiento del Estado a la vida cotidiana puede implicar una vigilancia mayor y una moralización mayor de la vida cotidiana de los sectores populares. O sea, podría haber más legitimación de las interpretaciones de las personas, pero a la vez más instancias para querer actuar sobre ellas.

Así, la intervención es en la comunidad y el territorio y no a través de ellos. Es decir, la comunidad y el territorio no son meramente un continente donde se asienta la intervención, sino que es una parte constitutiva de las políticas, en tanto el objetivo y la acción de transformarlos es parte de la muestra del poder del Estado. En este punto, la noción de “margen” (Das y Poole, 2004) resulta un pivote muy fructífero para señalar una relación entre el Estado y la comunidad que, en un punto, es indisoluble. Al definir a la comunidad, mayormente, como reunión de riesgos, y adscribir al papel de garante de derechos, el Estado legitima su intervención en los barrios y el despliegue de procesos de distinción. Y ahí construirá las sedes de los programas en el territorio como lugares –sociales– distintos y de mayor jerarquía que el barrio y sus hogares; y también distinguirá y jerarquizará a aquellos agentes institucionales que, al lograr la empatía con los jóvenes, se configurarán como la referencia adulta que no es posible encontrar en esas familias díscolas. El Estado tiene que trabajar en ese margen en el que habitan los jóvenes para hacer de las prácticas juveniles –y de las de sus entornos– terrenos inteligibles y modulables. Al encarar esa tarea, el Estado, a su vez, debe reformularse y por ello, tal como hemos sostenido en otros trabajos (Medan, Llobet y Gaitán, 2017), sostenemos que el territorio también transforma al Estado. Instalarse en el barrio, en tanto espacio geográfico donde viven los jóvenes, vehiculiza que ellos lleguen a los programas; el factor de distancia física es sin dudas central. Pero esa intervención territorial y no desde las oficinas procura además acortar la distancia social. Y ahí el territorio ha impuesto otras condiciones. Estar y actuar desde allí requiere una burocracia preparada para tal fin –no de escritorio–, empática y sensible, que condiciona el perfil de los trabajadores. En la práctica, los trabajadores que implementan los programas en los territorios tienen cercanía generacional y de clase con los jóvenes; incluso, algunos programas procuran tener específicamente trabajadores que residan en los barrios. Se estima que estas figuras resultarán de mayor confianza para los jóvenes. Esta estrategia estatal conlleva, no obstante, efectos de doble valencia, que podrían ser entendidos como potencialidades y obstáculos para los objetivos institucionales. Nuevamente, la descripción de las operaciones del Estado en los márgenes que realizan Das y Poole permite hacer visibles a estas figuras de “doble cara” y caracterizar lo central de su función. Por ejemplo, desde la perspectiva de los programas, los principales riesgos que se despliegan en el territorio son, antes que infraestructurales o de privaciones sociales, de orden relacional y moral, y en ese sentido sustentan sus prácticas en la estrategia del acompañamiento y el discurso de la activación individual. Desde la perspectiva de los jóvenes, mayoritariamente, se coincide con tal diagnóstico, pero ellos señalan discrepancias y colocan la privación económica y la estigmatización territorial como obstáculos difíciles de sortear con la sola provisión de la autoestima individual que los programas les fomentan. Y es allí, en esa tensión que pone en suspenso las intervenciones porque marca que la distancia social no se redujo tal como se esperaba, que estas figuras de “doble cara” resultan claves para manejar con sutileza y cuidado lo que Das caracteriza como un concomitante proceso al interior de las prácticas estatales, que es el de habilitar, al mismo tiempo, la ley y la excepción (Das, 2011). Mientras permanentemente en su misión instructiva los programas persiguen la transformación subjetiva de los jóvenes y su refinamiento moral, estos trabajadores de base, a veces por compasión y otras por franca empatía, toleran e incluso justifican las desobediencias o controversias planteadas por los jóvenes. La empatía podría explicarse como parte de la reivindicación de la comunidad como “fuente de poder social”. Sin embargo, parece vincularse más con una comprensión social de la desproporción entre las expectativas sobre los jóvenes y la oferta institucional que existe (Medan, Llobet, Gaitán, 2017) así como también con el factor etario. Desde la perspectiva de los programas basados en derechos humanos, la adolescencia es una etapa que requiere especial protección. Por la combinación de estas razones y posiblemente otras, sin estas figuras mediante las cuales el Estado puede instaurar la excepción en los márgenes, la estatalidad podría verse despojada de gran parte de su poder.

El proceso paralelo que el análisis de Das y Poole (2004) nos permite hacer es aquel que las autoras y Janet Roitman (2004) llaman de “colonización desde los márgenes”. Tomando en cuenta el caso de análisis, la empatía que se requiere de los trabajadores en el territorio y su posición de interpelación específica y estratégica en los márgenes pueden facilitar los canales para que los entendimientos de los subalternos entren en los repertorios de justificación de acciones posibles en el marco de la norma. Y, de esa forma, por ejemplo, que las explicaciones de Humberto sobre sus acciones delictivas en compañía de su hermano sean consideradas legítimas. Considerando estos movimientos en los márgenes es posible advertir que las prácticas estatales, mientras intentan transformar el territorio, son modificadas en su inserción territorial.

Ahora bien, asumiendo estas mutuas transformaciones entre el Estado y el territorio, una última pregunta general que interesa contestar es cómo se vincula la presencia del Estado en el territorio con los procesos de ampliación de derechos. Los datos permiten concluir que no sobresale el fomento de la participación de la comunidad ni tampoco el reconocimiento del poder social que se hallaría disponible en el territorio. Además, retomando las modalidades contemporáneas que se despliegan en el contexto argentino, estas intervenciones no parecen encuadradas en lo que piden las nuevas leyes de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes, de insertarse en el territorio para intervenir en el “centro de vida del niño”, porque dicho “centro” no está considerado como uno al que haya que proteger. Las intervenciones, al asumir que parte importante de los riesgos a los que están expuestos los jóvenes provienen de sus familias y sus entornos, no procuran restituir el derecho de los niños a estar en su seno familiar, aun cuando postulen que las instituciones de encierro sean todavía menos convenientes. Así, no construyen una imagen idealizada de la comunidad ni de la familia. Como contraoferta de estos lugares potencialmente riesgosos, los programas, sus sedes, sus trabajadores, sus propuestas vinculares y sus reglas de convivencia buscan ser adoptados por los jóvenes como un lugar propio, como espacio de protección, de distinción y de preparación y adquisición de habilidades para el desarrollo de la autonomía que les permita estar en ese territorio.

Es en esa precisa instancia de la intervención estatal en el territorio en la que se pretenden articular las condiciones de la comunidad con cierta inmunización que proveería la autonomía, en la que valdría colocar algunas preguntas.

Analizando programas estatales para el cumplimiento de medidas penales en la comunidad en California, Lynne Haney (2010) encontró que el discurso sobre la comunidad y su incuestionable conveniencia para las mujeres condenadas era un discurso mitológico. Ello porque en vez de promover la emancipación de las mujeres, las desempoderaba, en la medida en que el control social que se ejercía desde la comunidad podía llegar a ser mucho más incisivo y estigmatizador que el de otras formas de control. De allí que, como discurso liberador, fuera simplemente un mito.

Tal como se señaló, el discurso sobre la comunidad que sostienen estos programas parece bastante menos ideal que el que proponen ciertas lecturas disponibles y contiene una pluralidad de aristas. Por ello, sería injusto sostener que desconocen la heterogeneidad de tramas sociales, intereses, oportunidades y constreñimientos de lo que se encuentra en “la comunidad”.

Sin embargo, la figura del discurso mitológico resulta clave para problematizar el modo en el que los programas proponen a los jóvenes lidiar con esta comunidad tan poco idealizada, a través del discurso de la autonomía. A partir de los resultados expuestos, pueden inferirse algunas marcas de lo mitológico del discurso y sus efectos, por ejemplo, en las escenas sobre el modo en el que la dirección de residencia condiciona el acceso al trabajo. Si los lineamientos suponen que aprovechando las ayudas de los programas, los jóvenes pueden desarrollar capacidades autónomas para estar preparados a decir no y finalmente no lo logran, la responsabilidad de la falla recaerá en ellos. Y aunque los agentes, amparados en una mirada comprensiva de los adolescentes, no condenen férreamente estas fallas, los jóvenes, que en general adhieren al discurso de la autonomía, comenzarán a sentir que no sirven para nada y que la responsabilidad de no haber hecho las elecciones correctas es de ellos. No cabrá ponderación, entonces, para el hecho de que las relaciones sociales en las que las acciones propias se inscriben, potencian y limitan el arco de posibilidades. El señalamiento sobre el potencial desempoderamiento que puede acarrear la preeminencia de un discurso sobre las bondades del enfoque comunitario para intervenir, y de la comunidad en sí, no contradice el hecho de que al mismo tiempo los jóvenes puedan colocar como legítimas sus interpretaciones sobre su experiencia cotidiana. Estas, a su vez, son capaces de incidir en los modos en que institucionalmente se evalúan sus comportamientos.

En relación al peso de estas relaciones sociales, interesa, para finalizar, colocar una hipótesis de trabajo que merece ser desarrollada en el futuro. Cuando los programas proponen a los jóvenes que lleven adelante un proceso de autonomía que los fortalezca para decir no a las tentaciones del entorno, parecen estar asumiendo que las acciones de las personas siempre se basan en decisiones y que, a su vez, las decisiones se toman individualmente, en una suerte de aislamiento racional, capaz de deslindar valoraciones morales, vínculos afectivos y otras formas consuetudinarias de hacer las cosas. Las intervenciones parecen decididas a difundir el mantra de la libertad que todos tendríamos al alcance de la mano. A partir de datos producidos en conversaciones con jóvenes que asisten a un programa de inclusión es posible postular que el discurso de la autonomía –que los agentes institucionales traducen con marcas propias y ciertas recontextualizaciones– no considera adecuadamente lo densas que son las relaciones sociales en los barrios populares en la vida cotidiana. Especialmente lo son en lo que respecta a la cercanía física entre las viviendas, la falta de barreras que aíslen conversaciones o prácticas –con la consecuente carencia de anonimato– y la imposibilidad de circular de forma inadvertida por sus angostas y transitadas calles y pasillos. La información, los rumores, las miradas acusadoras, las fidelidades y resentimientos de larga data entre familias operan de un modo aparentemente más agudo de lo que sucede en otras configuraciones residenciales y de circulación como las habituales de los barrios de clase media o con mayor y mejor infraestructura. Asimismo, también las redes de afecto, apoyo, cuidado y oportunidades de trabajo están más circunscritas al propio barrio y a las relaciones sociales que allí se gestan que en los sectores medios u altos. Con lo cual, la dependencia de las personas de su entorno cercano y las influencias recíprocas son mucho mayores que las convenientes según el discurso de la autonomía. Las posibilidades de hacer la vida independientemente de la mirada de los otros, del apoyo de los otros, de las influencias de los otros es para muchos de los jóvenes, dificultosa, pero también, en ocasiones, indeseable. Desde las intervenciones estatales se estarían sobrestimando las capacidades de los jóvenes para repeler las influencias negativas del entorno, pero, también, sus deseos de hacerlo.

De allí que valga la pena explorar, en futuras indagaciones, el discurso estatal de la autonomía tan preeminente en los programas para jóvenes en relación con la gestión de los riesgos presentes en el territorio y la comunidad. ◙

Referencias bibliográficas

ANDRENACCI, Luciano, Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires. La Plata: Al Margen/UNGS, 2002.

ANITÚA, Gabriel, Historia de los Pensamientos criminológicos. Buenos Aires: Editorial del Puerto, 2010.

BOURDIEU, Pierre, La miseria del mundo. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

CHAVES, Mariana y Ramiro Segura (eds.), Hacerse un lugar: circuitos y trayectorias juveniles en ámbitos urbanos. Buenos Aires: Biblos, 2015.

CRAVINO, María Cristina, Marisa Fournier, María Rosa Neufeld y Daniela Soldano, “Sociabilidad y micropolítica en un barrio bajo planes”. En: Andrenacci, Luciano (comp.), Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires. La Plata: Al Margen/UNGS, 2002.

CRAWFORD, Adam, Crime Prevention & Community Safety. Politics, Policies and Practices. Essex: Longman, 1998.

DAMMERT, Lucía, A. Erik y F. Ruz, “Desafíos de la seguridad ciudadana en Iberoamérica”, II Foro Iberoamericano sobre Seguridad Ciudadana, Violencia y Políticas Públicas en el ámbito local. Santiago de Chile: Flacso Chile, 2008.

DAS, Veena, “State, citizenship and the urban poor”. En: Citizenship Studies, Vol.15, Nº 3-4, 2011.

DAS, Veena y Das Poole, “El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”. En: Cuadernos de antropología social, Nº 27, 2008.

DE CERTEAU, Michel, La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana, 2010.

DE MARINIS, Pablo, “Gobierno, gubernamentalidad, Foucault y los anglofoucaultianos (O: un ensayo sobre la racionalidad política del neoliberalismo)”. En: Ramos Torre, Ramón y Fernando García Selgas (comps.), Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de la teoría social contemporánea. Madrid: CIS, 1999.

-----, “Ciudad, cuestión criminal, y gobierno de poblaciones”. En: Política y sociedad, Vol. 39, Nº 2, 2002.

-----, “Derivas de la comunidad. Algunas reflexiones preliminares para una teoría sociológica en (y desde) América Latina”. En: Sinais, Vol.1, Nº 9, 2011.

----- (coord.), Comunidad: estudios de teoría sociológica. Buenos Aires: Prometeo, 2012.

GARLAND, David, La Cultura del Control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa, 2005.

HANEY, Lynne, “Introduction: gender, welfare and states of punishment”. En: Social Politics, Vol. 11, Nº 3, 2004.

-----, Offending Women. Berkeley: University of California Press, 2010.

KESSLER, Gabriel y Denis Merklen, “Una introducción cruzando el Atlántico”. En: Castel, Robert, Gabriel Kessler, Denis Merklen y Numa Murard, Individuación, precariedad, inseguridad ¿desintitucionalización del presente?. Buenos Aires: Paidós, 2013.

MANCINI, Inés, Prevención social del delito. Relaciones entre agentes estatales y jóvenes de sectores populares. Buenos Aires: Unsam edita, 2015.

MEDAN, Marina, “Distintos mensajes estatales en la regulación de la “juventud en riesgo”. En: Astrolabio, N°13, 313-343, 2014.

-----, Prevención social y delito juvenil. El gobierno de la juventud en riesgo en el AMBA: entre la seguridad y la inclusión. Buenos Aires: Teseopress Online, 2017.

MEDAN, Marina, Valeria Llobet y Cecilia Gaitán, Los sentidos de “la territorialización” en las políticas de promoción y protección de derechos de niños y jóvenes de Buenos Aires. Ponencia presentada ante el XXXI Congreso ALAS, Montevideo, Uruguay, 3-8, 2017.

MERKLEN, Denis, Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003). Buenos Aires: Gorla, 2005.

MILLER, Paul y Nikolas Rose, Governing the present. Cambridge: Polity Press, 2008.

O’MALLEY, Pat, “Posición 2: prevención del delito, riesgo y gobierno preventivo”. En: Nova Criminis, Nº 2, 2011.

PERELMITER, Luisina, “Saber asistir: técnica, política y sentimientos en la asistencia estatal. Argentina (2003-2008)”. En: Morresi, Sergio y Gabriel Vommaro (comps.), Saber lo que se hace. Expertos y política en Argentina. Buenos Aires: Prometeo/UNGS, 2011.

ROITMAN, Janet, “Productivity in the Margins. The reconstitution of the State Power in the Chad Basin”. En: Das, Veena y Deborah Poole (eds.), Anthropology in the margins of the State, School of American Research Press, 2004.

ROSE, Nikolas “¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de gobierno”. En: Revista argentina de sociología, Vol. 5, Nº 8, 1996.

SEGURA, Ramiro, Vivir afuera. Buenos Aires: Unsam edita, 2015.

SELMINI, Rosella, “La prevención: estrategias, modelos y definiciones en el contexto europeo”, Urvio, Nº 6, 2009.

SHAW, Margaret y Kathryn Travers, “Estrategias y mejores prácticas en prevención del delito con relación a áreas urbanas y juventud en riesgo”. Actas del Taller realizado en el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia penal, Montreal, Centro Internacional para la prevención de la criminalidad, 2007.

SOLDANO, Daniela, “El conurbano bonaerense como expansión, desigualdad, y promesa”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Sociales UBA, Nº 86, 2014.

SOZZO, Máximo, “Seguridad Urbana y Tácticas de Prevención del Delito”, Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal Nº 10. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000.

SOZZO, Máximo, Inseguridad, prevención, policía. Quito: Flacso Ecuador, 2008.

SVAMPA, Maristella y Sebastián Pereyra, Entre la ruta y el barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Biblos, 2003.

THASHER, Frederik, “La delincuencia juvenil y la prevención del delito”. En: Journal of Educational Sociology, Vol. 6, Nº 8, 1933.

1 Utilizaré la cursiva para señalar expresiones nativas o textuales de los actores sociales entrevistados u observados; pondré comillas para señalar términos específicos de la literatura o para referirme a nociones sobre las que quiero llamar la atención por su ambiguo significado.

2 Se refiere a una expresión nativa, muy utilizada por agentes institucionales en los programas sociales destinados a jóvenes. La elaboración de los proyectos de vida, proceso con el cual los programas pretenden orientar a los jóvenes, se vincula, principalmente, con la terminalidad educativa y la inserción laboral y, eventualmente, la formación de una familia propia e independencia económica. Además, encarar un proyecto de vida supone tener planes a mediano y largo plazo, incorporar los valores del esfuerzo, la perseverancia y el mérito y, en contraposición, alejarse del inmediatismo, la impulsividad y la falta de previsión que caracterizaría a los jóvenes en estos contextos.

3 Me refiero a políticas públicas, estatales, originadas en áreas de desarrollo social o, en algunos casos, de seguridad, que procuran contrarrestar consecuencias sociales y económicas de la pobreza y la exclusión de instituciones claves de integración social como la escuela y el trabajo. La mayoría de ellas incluyen un componente de transferencia de ingresos mensuales condicionada al cumplimiento de ciertas pautas generales, como asistir a la escuela, y específicas, como participar en espacios propuestos por los programas o realizar tratamientos de salud o resolver situaciones judiciales. Las denominaciones “inclusión social” o “prevención del delito” son institucionales; las de prevención suelen tener objetivos y destinatarios más específicamente vinculados con el delito juvenil y el sistema de responsabilidad penal juvenil.

4 Se trata de actuar sobre jóvenes que están fuera de la escuela y del trabajo formal y, en general, marginalizados de las instituciones tradicionales de inclusión social. Estos programas estatales se implementan en los barrios populares a diario, o dos veces a la semana, cuando se ofrecen actividades recreativas, educativas y de formación en oficios y otros tipos de apoyo material y simbólico para desarrollar habilidades para la vida, mejorar relaciones con sus familias, vecinos o pares. A cambio de esta asistencia, los jóvenes deben comprometerse con la gestación de un proyecto de vida.

5 Pablo de Marinis (2012) ha identificado que, a lo largo del centenario debate sobre la comunidad en los estudios sociológicos, pueden reconocerse cinco registros principales: como antecedente histórico de la sociedad moderna, como tipo ideal de relaciones sociales, como escenario utópico de un futuro venturoso, como artefacto tecnológico orientado a la reconstitución de los lazos desgarrados de la solidaridad social y como núcleo sustrato de la vida en comunidad (De Marinis, 2012).

6 Otra línea que vale mencionar, pero que se desvía de nuestro foco, se centra en las dinámicas sociales barriales, a partir de lo que se denominó la pérdida de la centralidad del trabajo en la organización social y política de los sectores populares. El foco del análisis en estos estudios estaba en la territorialización de las adscripciones e identidades sociopolíticas (Merklen, 2005) y de la propia acción política (Svampa y Pereyra, 2003).

7 Las investigaciones dentro de las cuales se produjeron los datos son: el PICT 2015 “La regulación social de las y los jóvenes en condiciones de desigualdad. Articulaciones inestables entre políticas de ´inclusión´ para prevenir el delito juvenil y otras prácticas estatales y formas de sociabilidad cercana” (Dir. Marina Medan); el PIP “El gobierno de la infancia/juventud en contextos de extrema pobreza urbana: derechos, sujetos y tramas institucionales” (Dir. Valeria Llobet); el PICT 2012 “La protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y las interpretaciones del ´bienestar de la infancia´: disputas e interacciones en la construcción de los Sistemas locales de protección de derechos” (Dir. Valeria Llobet); y la propia investigación doctoral financiada con becas del Conicet.

8 Los programas estudiados fueron el Comunidades Vulnerables, creado como estrategia extrapenal de prevención social del delito dentro del Plan Nacional de Prevención del Delito dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2001. Este programa tuvo una docena de implementaciones locales en barrio populares y calificados de vulnerables (por sus altas tasas de delitos y situación de privación socioeconómica) de distintas ciudades del país; aunque preveía alcanzar una cobertura mayor nunca llegó a ser más que un programa piloto. Sus destinatarios eran jóvenes de entre 16 y 30 años con prácticas delictivas, en conflicto con la ley penal o “en riesgo de estarlo” (sic) y su objetivo era que los jóvenes diseñaran un proyecto de vida alternativo al delito. Cada beneficiario recibía una módica transferencia de ingresos condicionada a la participación en actividades pautadas por el programa que se realizaban en el barrio de residencia del joven dos veces por semana, dos horas cada vez; además, debía cumplir con un compromiso personal vinculado a la elaboración del proyecto de vida. La implementación era conducida por trabajadores sociales, psicólogos y operadores barriales. El caso analizado fue la implementación en un barrio que llamé ficticiamente “Los Árboles”, ubicado en una localidad lindera a la Capital Federal. En dicha implementación había unos 20 participantes, mayoría varones. El otro dispositivo sobre el que se analizan datos es el programa de inclusión social de la provincia de Buenos Aires, Envión. Dirigido a personas de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad social, sus objetivos son integrar a los jóvenes al sistema educativo, enseñarles un oficio y procurarles un espacio de contención donde puedan realizar actividades deportivas, recreativas y culturales. Depende del Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires, pero es gestionado municipalmente. Comenzó a implementarse en 2009, continúa en vigencia, se implementa en los 134 distritos de dicha provincia y supo configurarse como el de mayor alcance y asignación presupuestaria del país. También incluye transferencias condicionadas de ingresos. Los datos se construyeron en base al trabajo de campo en dos de sus implementaciones, ambas en barrios populares con altos niveles de privación socioeconómica, uno en una localidad al noroeste y otro al norte del área metropolitana de Buenos Aires.

9 Estos grupos focales fueron diseñados y coordinados en conjunto con Valeria Llobet, Cecilia Gaitán y Florencia Paz, del Programa de Estudios en Género, Infancia y Juventud del Cedesi (LICH/Unsam).

10 Término local, sinónimo de evitar.

11 Vale aquí una referencia a estudios de la antropología local que han indagado en las relaciones entre el territorio y la desigualdad, sobre todo enfocadas en jóvenes (Segura, 2015; Chaves y Segura, 2015). Allí se retoma la diferencia que De Certeau señala entre espacio y lugar. El lugar significa el orden en el que los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia y allí impera la ley de “lo propio”; se vincula, entonces, con tener un lugar propio, distinto al de los otros, que supone una estabilidad (De Certeau, 2010: 129).

12 La “gilada” es un término que utilizan los jóvenes para referirse a otros grupos de pares de los que quieren distinguirse por alguna razón. Un “gil” puede ser un tonto. En este caso, la “gilada” se refiere a esos grupos de jóvenes que consumen drogas o delinquen, que representan una mala influencia para él, que está tratando de evitar esos comportamientos.

13 El cobre es, de los metales que pueden obtenerse en acciones de recolección informal, o reuso o recupero, el que a más alto precio se vende. Además, como suele ser utilizado para tendidos eléctricos, es frecuente encontrarlo disponible fácilmente en la vía pública y por eso es muy bienvenido por quienes se dedican a actividades de cartoneo, cirujeo o recuperación de residuos.

14 Es una referencia local a acciones ilegales de los jóvenes que consisten en colgarse de la parte trasera de los camiones con la finalidad de robarles parte de la mercadería que transportan.

15 Bardo: término para referirse a lío, desorden, disrupción. En este caso, el joven lo aplica para explicar que cometió una acción desafortunada en relación con los objetivos que tenía para alejarse del delito.

16 Ello no implica, no obstante, que esa villa que a veces los atrapa no sea el lugar en donde también estos jóvenes disfrutan, se divierten y donde también se sienten seguros, cuidados y queridos.

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Grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas: ejemplos de Argentina y Brasil.
Beatriz Cuenya

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO EN EL SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Hilda María Herzer

Este artículo examina la vinculación entre globalización, territorio y ciudad, focalizando el análisis en un aspecto de ese proceso que comienza a darse con cierto ímpetu en la ciudad de Buenos Aires desde fines de la década de 1990 hasta el presente. Se trata del proceso de gentrificación que en estos años se ha desarrollado en distintos barrios. Se hace hincapié en el proceso que, desde la década de 1990, tiene lugar en la zona sur de la ciudad.

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La cuestión de la vivienda en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (2003-2008).
María Cristina Cravino

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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La juventud en plural: desigualdades, temporalidades e intersecciones.
Ramiro Segura

En este texto de presentación del dosier se plantean los ejes que se desplegaron en la mesa de un seminario en la que participaron especialistas en la investigación sobre juventudes con miras a establecer y profundizar el diálogo y el intercambio a escala regional sobre la temática, no solo en lo relativo a los desarrollos estrictamente académicos, sino también en lo que respecta tanto a las formas en que la investigación sobre juventudes desde las ciencias sociales se vincula actualmente con las políticas públicas como a los desafíos que la investigación social y la política pública sobre juventudes en la región tendrán en el futuro.

Se da cuenta de las miradas convergentes sobre el campo de estudio en juventudes y de las claves de lectura de los especialistas para reconocer la juventud en plural. En esta introducción se destaca cómo la desigualdad, las temporalidades y las intersecciones se constituyen en vectores analíticos desde los cuales se desagregan las juventudes como objeto de estudio.

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Jóvenes entre el centro y la periferia de la ciudad, del Estado y de la academia.
Mariana Chaves

En este escrito se analizan someramente tres campos de producción de lo social desde la perspectiva de la dinámica centro-periferia. Estas categorías tienen cierto potencial creativo para pensar las relaciones de producción del espacio social, pero, además de la ayuda para espacializar relaciones entre diferentes potenciales de poder, estas nociones nos habilitan para estudiar el punto de vista del actor o la visión de mundo. Se trata de conocer quién o quiénes deciden nombrar y logran colocar algo como centro y otra cosa como periferia. Ofrezco como respuesta simplificada anticipada que es desde el lugar donde está posicionado el sujeto, desde donde ve y nombra el mundo. Con esta hipótesis buscaremos pistas para entender el juego de la producción social de: 1) la juventud urbana; 2) las políticas públicas y sociales, que “tocan” a los jóvenes, y fi nalmente; 3) la producción científica sobre juventudes.

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Sensibilidades, derechos y participación juvenil en el escenario político
Itinerarios de investigación y agendas de discusión.
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Este artículo aborda la discusión acerca de las formas de participación política juvenil en el periodo entre 2008 y el ciclo político que termina con las elecciones presidenciales de 2015 en la Argentina, aunque se realiza el ejercicio de pensar qué dinámicas adquirieron estos fenómenos en países vecinos. La intención es proponer algunas claves y ejes a considerar como parte de un programa de investigación en la relación entre juventud y política. Para ello se analizan diferentes aspectos de las prácticas políticas juveniles, señalando aquellas cuestiones innovadoras en las formas de militancia como las que replican modos más tradicionales de involucramiento político.

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Investigaciones sobre juventud en Brasil: género y diversidad.
Wivian Weller

El artículo recorre las formas y los momentos de la investigación sobre la juventud en Brasil desde el análisis del movimiento estudiantil durante la década de 1960 hasta los años 2000, cuando comenzaron a diversifi carse los estudios al introducir las dimensiones de género, sexualidad, raza y etnia, entre otras dimensiones de la diferencia y la desigualdad, para llegar a la inquietud en el presente sobre cómo superar cierta difi cultad de articulación de diferentes categorías de análisis en un análisis interseccional de la juventud.

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Distancias cercanas y diferencias encontradas en la Ciudad de Buenos Aires. El caso de los adultos y las adultas que viven en las calles. 1997-2011.
Martín Boy

En este artículo se trabajará sobre las limitaciones que se encuentran en el campo de la Sociología Urbana para pensar el encuentro de otredades de clase que reactualizan procesos de desigualdad social. Mucho se ha escrito sobre el proceso de segregación residencial que atravesó a la Ciudad de Buenos Aires desde la profundización del neoliberalismo en la década de 1990 pero poco se dice sobre cómo la crisis social, política y económica modificó el paisaje urbano y cómo diferentes grupos de pobres reocuparon áreas centrales de la ciudad para desarrollar en el espacio urbano estrategias de supervivencia. De esta forma, se intentará reproblematizar cómo los pobres también construyen usos y significaciones de un mismo espacio céntrico.

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Hacia un enfoque relacional del bienestar
Elementos para el diagnóstico y la orientación de políticas públicas
Rolando Cristao

En el presente trabajo se analiza críticamente el enfoque de pobreza y se propone el enfoque de los activos y estructura de oportunidades como herramienta para el diagnóstico social. A partir de este desarrollo, se discute en qué medida el concepto de desigualdad podría actuar como organizador del análisis de la situación social.

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Programas sociales y personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires
Un mapa conceptual de las intervenciones
Andrea Bascialla

El presente trabajo presenta un análisis resumido de las políticas sociales generadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para personas en situación de calle. A partir de la sistematización de la información ofi cial disponible, se confeccionó un cuadro de los programas y se señalaron los conceptos más sobresalientes en relación a: i. qué ejes de la vida en la calle se recortan como problema social a solucionar; ii. qué responsabilidades atañen a cada actor social en estas soluciones y iii. qué aspectos de los grupos poblacionales se delimitan con determinadas categorías (edad, género, etc.). Se consideró el eje temporal para contextualizar las categorizaciones y esquemas de intervención. El análisis incluyó, además, los aportes teóricos vigentes sobre el tema para entender que la focalización en la falta de vivienda y la invisibilización de las causas estructurales impiden soluciones de largo alcance.

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Entre prácticas instituidas, instituciones interpeladas y luchas distintivas:
la AUH frente a la ampliación del derecho a la educación (2009-2015).
Nora Gluz e Inés Rodríguez Moyano

El artículo propone analizar los sentidos que asumen las políticas de transferencias condicionadas de ingresos en el campo escolar, en el marco de las tendencias hacia la mayor integralidad de las intervenciones destinadas a garantizar el derecho a la educación durante el periodo 2009-2015 en Argentina. Nos interesa examinar el modo como estas son apropiadas en las escuelas a través de las mediaciones institucionales y de las tradiciones simbólicas propias del campo escolar así como de las lógicas de los actores que en ella intervienen. El trabajo toma como fuente los resultados de una investigación desarrollada entre 2013 y 2015 en la provincia de Buenos Aires sobre los procesos de implementación de la principal política de transferencias monetarias a nivel nacional: la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social.

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Las tensiones de las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo desde la perspectiva de los actores.
Laura Eugenia Garcés

Al analizar las políticas sociales, podemos posicionarnos en perspectivas teóricas que justifican el establecimiento de condicionalidades o, por el contrario, en perspectivas que se oponen a aquellas por considerar que contradicen la idea de derecho. En tanto, en el presente trabajo pretendemos problematizar esas respuestas dicotómicas y las tensiones conceptuales que están presentes en las percepciones de los actores involucrados en la Asignación Universal por Hijo de Argentina, analizando los sentidos otorgados a estos conceptos, ya no como correctos o incorrectos según una perspectiva teórica sobre las condicionalidades, sino complejizando el análisis, articulando con otros desarrollos teóricos que amplíen el horizonte explicativo de la condicionalidad y que, al mismo tiempo, den cuenta de las miradas de los sujetos involucrados en la práctica concreta de las condicionalidades.

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Las políticas de transferencias condicionadas en la Argentina posconvertibilidad:
¿una forma de mediación entre la cuestión social y el régimen social de acumulación?
Silvio Alejandro Crudo

En las últimas décadas se advierte la expansión que han tenido los programas de transferencias condicionadas (PTC) en los esquemas de protección social, así como sus mutaciones en términos de diseño. Si varios son los factores que ayudan a comprender los procesos de formulación de las políticas sociales, nos centraremos en uno: el régimen social de acumulación en el que se encuentran insertas. El interrogante que guiará este trabajo será: ¿qué relaciones se pueden establecer entre los PTCI y el régimen social de acumulación que contiene? Para responderlo, tomaremos los casos de dos programas argentinos: el Plan Familias por la Inclusión Social y la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. La hipótesis que sostendremos es que estos programas se actualizan como una forma de mediación entre la cuestión social y el incipiente régimen social de acumulación que se estaba definiendo tras la salida de la convertibilidad. Para ello, recurriremos a decretos y reglamentaciones de los programas tomados como casos, documentos institucionales y datos estadísticos.

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¿Cooperativismo como oportunidad perdida? Problemas estructurales y coyunturales del cooperativismo bajo programas
Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez

El artículo analiza el campo del cooperativismo de trabajo bajo programas a partir del caso del Programa “Ingreso Social con Trabajo” (Prist). Se abordan cuestiones estructurales y cambios de coyuntura apelando a la metáfora de bisagras de gestión. Se sostiene que las modificaciones impulsadas por el gobierno de Cambiemos se erigen y legitiman sobre un conjunto de supuestas “debilidades preexistentes” del programa, donde el esquema cooperativo comenzaba a perder centralidad. Hasta el momento, la nueva gestión brinda mayor preponderancia a las actividades de formación con una nueva versión de la teoría de capital humano y al componente de las transferencias de ingresos. Este trabajo deja abiertos interrogantes sobre las posibilidades futuras y disputas en torno al Prist y a la línea del cooperativismo de trabajo bajo programas entre posiciones más próximas al reconocimiento de nuevas formas de trabajo autogestivo-asociativo que persiguen sectores de la economía popular, por un lado, y propuestas gubernamentales de corte individual que tienden a descolectivizar el abordaje de la política pública.

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De la promoción del trabajo cooperativo al Salario Social Complementario. Transformaciones en la transferencia de ingresos por trabajo en la Argentina
Malena Victoria Hopp

A partir del trabajo de campo cualitativo y el análisis documental, el artículo reconstruye y analiza la estrategia de política social del Estado argentino ligada a las transferencias de ingresos en el marco de experiencias de trabajo cooperativo y en la economía popular, y las disputas en torno a los sentidos del trabajo y la organización colectiva que estas implican. En este recorrido, se indaga acerca de los fundamentos de la inclusión del trabajo cooperativo como marco de realización de las tareas laborales y como condición para el otorgamiento de una transferencia directa de ingresos, en el período 2003-2015, y la ruptura que plantea la nueva orientación de las políticas sociales que propone transferencias “sin cooperativas” y la creación de un Salario Social Complementario, impulsados por la nueva gestión de Gobierno, iniciada en diciembre de 2015.

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La lucha por un lugar en Buenos Aires.
Crisis de la vivienda y boom inmobiliario (1990-2010)
Marie-France Prévôt-Schapira

En el marco del programa Metraljeux de estudio sobre cuatro metrópolis de América Latina, este trabajo parte de la idea de que en Buenos Aires, como en otras ciudades de la región, los modelos de gobernanza son producto de las lógicas políticas e institucionales que caracterizaron las trayectorias de las metrópolis así como su inserción en la globalización. El análisis propuesto, elaborado como resultado de un trabajo de campo en las ciudades de México y de Buenos Aires en los años 2008-2010, permitirá entender los modos de la gobernanza de la vivienda en Buenos Aires, paradójica con respecto a las otras metrópolis de América Latina.

En primer lugar, se establecen, en una perspectiva histórica, las nuevas formas de precariedad y vulnerabilidad de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires en los años 2000. Luego se pone el foco en el desfasaje entre el derecho a la vivienda reconocido por la Constitución de la Ciudad Autónoma (CABA) y las políticas implementadas para responder a la apremiante demanda habitacional, privilegiando el análisis de las lógicas políticas e institucionales. Por último, se muestra cómo la concentración de programas de vivienda social, la mayor parte de ellos confinados en el sur de la ciudad, profundiza los procesos de segregación existentes, endurece las fronteras entre distintos barrios y exacerba las tensiones.

En fin, el artículo sostiene que la pregunta por quién se apropia del espacio es clave para hacer inteligible la dinámica y las posibilidades de la gobernanza metropolitana.

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Bienestar infantil y diversidad familiar.
Infancia, parentalidad y políticas públicas en España
Dolors Comas-d´Argemir

El reconocimiento de la diversidad familiar es un componente esencial para el bienestar de la infancia. Las familias han experimentado fuertes cambios en su composición y relaciones internas y esto es especialmente relevante en la España de los últimos cincuenta años, en que se ha pasado de un modelo familiar único (matrimonio heterosexual con hijos) a una diversidad de formas de convivencia y a una democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y entre generaciones. En este artículo presentamos las políticas públicas dirigidas a la infancia, con especial referencia a las relacionadas con el reconocimiento de las nuevas realidades familiares. Constatamos que las políticas de infancia y las políticas familiares han sido de poca entidad y de gran fragilidad en España y que los avances que se produjeron a finales del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo del Estado del bienestar, se han visto truncados con la gran depresión económica y las políticas neoliberales de austeridad, que limitan la responsabilidad del Estado y sitúan a la familia como garante del bienestar infantil, acentuando el riesgo de pobreza infantil. Es en este contexto en el que hay que interpretar la escasa sensibilidad pública hacia las nuevas necesidades de las nuevas familias.

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Los sistemas de registro de información como instrumentos para la gestión de políticas públicas para niñas, niños y adolescentes.
El caso de la Ciudad de Buenos Aires
Cristina Erbaro y Verónica Lewkowicz

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Autoritarismo, espacio urbano y sectores populares
A propósito de Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano, Oscar Oszlak (2017). Ciudad de Buenos Aires: Eduntref. Segunda edición ampliada
Fernando Ostuni

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Los desafíos de la justicia escolar.
François Dubet

El gran proyecto escolar moderno se fundó en la mayoría de los países entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando se construyeron los sistemas educativos públicos nacionales con la misión de escolarizar a todos los niños. En esos años de fuerte confianza en la educación, dos grandes proyectos se afirmaron: un proyecto de justicia social y un proyecto de emancipación. Uno se basa en la creencia en la capacidad de la escuela para promover una jerarquía social justa basada en el mérito de los individuos y no solo en los privilegios debidos a su nacimiento; el segundo postula que la escuela puede formar ciudadanos autónomos y solidarios en el marco de las sociedades nacionales democráticas. En este artículo se analizan esos dos proyectos, el de la justicia y el de la educación, para distinguir sus diversas dimensiones e intentar definir los desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Se sostiene, en líneas generales, que en tanto los sistemas educativos están insertos en las sociedades, cuanto más justa e igualitaria es una sociedad, más probabilidades tiene la escuela de ser ella misma justa e igualitaria. Porque si bien la escuela interviene sobre la sociedad, no está quizás en condiciones de “salvar el mundo”.

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Las continuas mejoras en la distribución del ingreso en Argentina entre 2003 y 2015.
Ana Laura Fernández y Mariana L. González

El período 2003-2015 puede caracterizarse en su conjunto en términos socioeconómicos por el crecimiento de la economía, la mejora en las condiciones laborales y la ampliación de las políticas sociales y de seguridad social. Entre estos años se produjo, a su vez, una mejora continua en la distribución del ingreso, que implicó una reversión respecto de la tendencia regresiva que se había verificado desde los años de la última dictadura militar. En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la distribución de los ingresos familiares e individuales durante esta etapa indagando en su asociación con diferentes factores tales como la dinámica del mercado de trabajo, los ingresos laborales y no laborales. El análisis se basa en una periodización fundamentada en la dinámica macroeconómica y de las variables analizadas, que distingue tres subetapas. La principal fuente de información es la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.


El estudio permite concluir que la menor desigualdad en los ingresos familiares no solo se relaciona positivamente con una mejora en la distribución de los ingresos laborales sino también con el efecto diferencial del aumento de la ocupación y las variaciones en la tasa de actividad, y la menor precariedad en el empleo. Del mismo modo, es fundamental en la explicación la ampliación del régimen previsional y el aumento real de los haberes jubilatorios, mientras que las políticas sociales de transferencias monetarias tienen un rol también positivo, pero de menor intensidad.

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La desigualdad regional de ingresos en la Argentina de las últimas décadas
Impacto redistributivo del Estado y contribución regional a la inequidad urbana
Gabriel Calvi y Elsa Cimillo

En este trabajo se aborda el fenómeno de la desigualdad de ingresos personales en los distintos agrupamientos urbanos (regiones y aglomerados) de la Argentina y su evolución en los últimos veinte años. El estudio se concentrará en dos aspectos: 1) la evolución de la desigualdad y del impacto redistributivo de las transferencias estatales (contributivas y no contributivas) a nivel regional; 2) el aporte de cada área a la desigualdad del total urbano.


Para el primer aspecto abordado se analizarán coeficientes de Gini de ingreso per cápita familiar (IPCF), antes y después de transferencias estatales. En este punto se procederá comparando ambos tipos de coeficientes, asumiendo que la diferencia es un buen indicador del efecto redistributivo de la intervención del Estado. La comparación será realizada para cada uno de los agrupamientos territoriales en los distintos años considerados.


El segundo aspecto, de mayor complejidad, es el relativo a la contribución de regiones y aglomerados a la inequidad del total urbano en el período analizado. La desigualdad de IPCF del total urbano resulta de incluir en un único ordenamiento jerárquico (distribución) los ingresos individuales (IPCF) de distintas áreas geográficas, que presentan heterogeneidades en términos de tamaño poblacional y nivel de ingresos. Esta mayor o menor heterogeneidad (entre regiones o aglomerados) origina contribuciones diferenciales a la desigualdad total. La metodología utilizada en este punto es una adaptación del procedimiento de descomposición del Gini por fuentes de ingreso elaborado por Lerman y Yitzhaki (1985) y difundido por CEPAL en 2008 (Medina y Galván, 2008). La adaptación aquí realizada consiste en considerar los ingresos de los residentes de cada región o aglomerado como fuentes distintas del ingreso total urbano.


En la definición de las áreas urbanas se sigue la clasificación de agrupamientos territoriales que emplea el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), fuente de información utilizada en este trabajo. Nos referimos a las seis regiones estadísticas definidas por el INDEC (Gran Buenos Aires, Cuyo, Noreste Argentino, Noroeste Argentino, Patagonia y Pampeana) y a los distintos aglomerados urbanos relevados por la encuesta (cuya cantidad ha variado desde los inicios de la EPH).


El estudio es precedido por una sección en la que se describe brevemente la evolución de la desigualdad de ingresos entre 1993 y 2013, y que nos permite identificar las etapas a partir de las cuales será estilizado el análisis. Un último punto queda dedicado a las conclusiones que se desprenden de las evidencias aportadas.

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Producción de bienestar y estructura social en perspectiva comparada:
Reino Unido, España y Argentina
Jésica Lorena Pla y Emilio Jorge Ayos

Este artículo analiza la composición de ingresos y su relación con la estructura social, a partir de una perspectiva comparativa, seleccionando los casos de Reino Unido, España y Argentina. Retomamos la discusión sobre las formas de articulación entre las diferentes instituciones que participan en la provisión del bienestar, Estado, Mercado y Familia, aprendiéndolas a partir de la desagregación de los ingresos por fuente (laboral, no laboral, y en este último caso, su composición), abordados comparativamente a partir de la unidad de análisis individuo y la unidad de análisis hogar.


Utilizamos los microdatos de las siguientes fuentes: la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina), la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (España - 2013 en cada caso) y su versión inglesa European Union Statistics on Income and Living Conditions (2009).


El instrumento de medición utilizado para analizar la evolución de la estructura de clases en relación al mercado de trabajo fue el esquema de clases de Erikson, Goldthorpe y Portocarero (Goldthorpe y Heath, 1992).

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Desigualdad de oportunidades de graduación universitaria en Argentina (1975-2015):
Efectos del territorio, la clase social de origen y el nivel educativo familiar
Pablo Dalle, Paula Boniolo, Bárbara Estévez Leston y Joaquín Carrascosa

El artículo analiza la incidencia del origen social familiar y el territorio en la desigualdad de oportunidades de graduación universitaria en Argentina y su evolución a través de cuatro cohortes nacidas entre 1945 y 1985. Se utiliza una metodología cuantitativa que combina el análisis de dos fuentes de datos secundarios: la Encuesta Nacional sobre Estructura Social de 2015 y el Censo Nacional de Personas, Hogares y Viviendas de 2010. Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas: tablas de contingencia, gráficos y mapas, e inferenciales: modelos log-lineales y de regresión logística multivariados. Las pautas observadas sugieren que la escasa expansión de la graduación del sistema universitario en las últimas décadas ha implicado, hasta el momento, una ampliación de la desigualdad de clase en el logro de credenciales universitarias en la cohorte más joven, esto es, mayores ventajas para quienes provienen de clases medias. El nivel educativo del hogar de origen es la variable que más influye en la graduación universitaria y su efecto sobre la desigualdad de oportunidades se mantiene constante a través de las cohortes. Asimismo, el estudio brinda evidencia en favor de que la región de nacimiento y de residencia actual contribuye a delinear la desigualdad de oportunidades educativas.

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Procesos de exclusión en las políticas sociales:
explorando los perfiles de la población no perceptora de la Asignación Universal por Hijo
Agustín Salvia, Santiago Poy y Ianina Tuñón

Está ampliamente probado que las instituciones laborales y de seguridad social asociadas a los mercados de trabajo formal constituyen el principal mecanismo de inclusión social sistémica en economías de mercado (OIT, 2017). No obstante, la reconfiguración productiva y sus efectos sobre el empleo y la exclusión a escala global condujeron a muchos gobiernos a desarrollar sistemas de protección paralelos a tales mecanismos (CEPAL, 2018). En América Latina, estos sistemas han adoptado la forma de programas de transferencias condicionadas de ingresos, orientados a la lucha contra la pobreza y concebidos como instrumentos transitorios hasta que los beneficiarios logren una mejor inserción en el mercado laboral. Si bien han tenido efectividad para paliar situaciones de pobreza extrema, en distintos países se ha constatado su insuficiencia para superar exclusiones o autoexclusiones sociales y promover formas más plenas de inclusión social sistémica.


A partir de 2009, el gobierno argentino implementó un sistema de transferencia condicionada de ingresos –la Asignación Universal por Hijo–, destinado a hogares con niños y adolescentes cuyos padres fueran trabajadores informales, desempleados o inactivos y no tuvieran acceso a otros mecanismos de protección social. La literatura ha abordado distintas aristas de esta política. Adoptando un enfoque crítico sobre el carácter universal, transitorio e inclusivo de esta iniciativa, este artículo aborda un aspecto poco explorado: el perfil socioeconómico, demográfico, laboral y residencial de aquellos potenciales beneficiarios excluidos o autoexcluidos del programa. Se parte de la hipótesis de que se trata de una población heterogénea, atravesada por diferentes clivajes y grados de marginalidad social, cuyas particulares condiciones constituyen el principal factor de exclusión.


La fuente de información son los microdatos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina correspondientes al período 2010-2015. Sobre las bases apiladas se aplican modelos de regresión, análisis factoriales y construcción de clústeres que permiten caracterizar y tipificar los diferentes procesos sociales de exclusión subyacentes a los perfiles socioeconómicos, demográficos, laborales y residenciales presentes en una población de niños y adolescentes elegibles no beneficiarios de la AUH.

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Políticas sociales y simbolismo del trabajo en Argentina
Desigualdad, apropiaciones y sentidos vividos en el espacio social de Córdoba
Gonzalo Assusa

El artículo aborda la relación entre políticas sociales y desigualdad en la Argentina contemporánea. Para ello, plantea su análisis en dos dimensiones paralelas e interconectadas. La primera refiere al lugar de las políticas sociales como instrumento de reproducción social y al modo en que se inserta en una serie de estrategias de reproducción social de las familias para sostener o mejorar su propia posición en el espacio de las clases sociales. La segunda refiere a cómo las políticas sociales (denominadas coloquialmente “planes sociales") pasan a formar parte de un acervo común de categorías simbólicas que se ponen en juego en la construcción de fronteras simbólicas que distinguen legitimidades, dignidades y prestigios diferenciales entre personas. Con este objetivo, el artículo propone una articulación de métodos, combinando procesamiento estadístico multifactorial de bases de datos como la ENES-PISAC, con un extenso trabajo de campo cualitativo que va desde entrevistas en profundidad hasta registros etnográficos.

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Las transformaciones en las prácticas de los sectores populares organizados a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo
Victoria D’Amico

En este artículo exploramos las reconfiguraciones de la relación entre sectores populares y Estado a partir del análisis del modo que adoptó la inscripción de la AUH en las redes de sociabilidad política local de una organización socioterritorial, el Movimiento Justicia y Libertad en la ciudad de La Plata, entre 2011 y 2015. Sostenemos que la implementación de la AUH conllevó dos transformaciones simultáneas en las prácticas de los sectores populares organizados. Por un lado, reprodujo el sentido oficial de que la política es gestionada directamente por el Estado nacional. Al hacerlo, las organizaciones se distanciaron del carácter disruptivo con que habían disputado previamente su papel protagónico como mediadoras en la gestión de políticas sociales y, como consecuencia, se produjeron procesos de individualización de los sectores populares.


Por otro, las organizaciones reconfiguraron su trabajo territorial a través de su participación en otros programas sociales. Las cooperativas del Programa de Ingreso Social con Trabajo, más conocido como “Argentina Trabaja”, operaron como núcleos de articulación de recursos, tareas y demandas al Estado en el entramado local. Reconstruimos empíricamente las tensiones irresueltas que ambos procesos generaron en las experiencias de ciudadanización y desigualdad, particularmente para las mujeres.

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Experiencias del bienestar
Para una comprensión de la política social desde el sentido común
Daniela Soldano

Conseguir trabajo, agua potable, una bolsa de alimentos, un turno médico, un lugar donde vivir, o un cupo en la mejor escuela pública del barrio, constituyen desafíos que enfrentan a diario los vecinos de las barriadas relegadas de las ciudades en nuestra región. Estos desafíos permiten advertir dos registros del orden socio-político: la estructura desigual que da forma a sus condiciones de vida y las prácticas efectivas de reproducción social. Entre ambos, se ubica el sentido común, un nivel de conocimiento experiencial, potente para orientar dichas rutinas cotidianas y con capacidad para “suturar” simbólicamente las fracturas de una sociedad atravesada por la desigualdad socioeconómica. Este artículo propone la comprensión de lo que se denominará “experiencias del bienestar” –del Estado y la política social–, en las que entran en escena un conjunto de razonamientos evaluativos que atañen a la calidad de los recursos públicos, a la efectividad y legitimidad de su mediación y al grado de justicia presente en su distribución en los diferentes territorios.

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Cuando la desigualdad y la pobreza pasaron a ser problemas de la gerencia social
Notas sobre el caso de los think tanks en los noventa
Adriana Clemente

Este artículo problematiza sobre la orientación y las características de las fuentes de conocimiento y el asesoramiento brindado para el diseño de los programas sociales y el tratamiento de la pobreza que se realizaron como parte de la cooperación técnica para el desarrollo en la década de los noventa. El análisis focaliza el rol de los dispositivos institucionales que actúan en torno a procesos de vinculación tecnológica y social con la vocación de incidir en la agenda pública (think tanks), particularmente los asociados al ámbito académico inscriptos en el campo de las políticas sociales y el desarrollo.

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¿Es el territorio un “accidente” para las políticas de salud? Aproximación conceptual y reflexiones desde la investigación social.
Magdalena Chiara

El trabajo se propone introducir la perspectiva territorial para pensar las políticas de salud. Sin pretender negar la complejidad inherente al sector, busca identificar otros pliegues en los que la política se de-construye y vuelve a construirse en territorios determinados. Partiendo de entender la salud como “campo abierto” y pasando revista a distintas contribuciones del enfoque territorial, el trabajo busca colocar el territorio más allá del escenario en el que las políticas se despliegan. En este movimiento, se detectan nuevas preguntas, aparecen otros problemas y se develan nuevos actores.

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El escenario participativo de base popular en el Gran Buenos Aires en tiempos neoliberales: huellas de la historia reciente y cambios emergentes.
Adriana Rofman

El artículo busca reconstruir la historia reciente de los modelos de participación de la sociedad civil de base popular en las políticas públicas, en Argentina. El objetivo es identificar las huellas de las experiencias previas y los cambios emergentes, en el escenario participativo popular actual. Esto es, rastrear las características principales de las formas históricas de organización de la sociedad civil popular, sus agendas y sus modos de relacionamiento con el Estado, con el fin de identificar persistencias y cambios a lo largo del recorrido. Para ello, se analizan tres períodos históricos: la etapa de surgimiento y desarrollo de las articulaciones entre la sociedad civil popular y el Estado durante el siglo XX; las profundas transformaciones producidas por la implantación del neoliberalismo y la consecuente crisis de fin de siglo; y el momento de recuperación del protagonismo estatal, junto con la expansión e institucionalización de estos espacios. Por último, se describe el panorama actual, de los primeros años de gobierno de Cambiemos, enfocando en los rasgos persistentes y las novedades emergentes.

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Los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia: institucionalizando la participación de la sociedad civil en la producción de la política pública de infancia a nivel local en el Conurbano Bonaerense.
Carolina Foglia

En este trabajo nos concentraremos en el abordaje de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, dispositivos locales del sistema de promoción y protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de la participación ciudadana. Consideramos que estos dispositivos institucionalizan territorialmente la participación de las organizaciones sociales locales en la política de infancia de un modo diferente al observado durante la década de 1990, el cual se centraba en la provisión de bienes y servicios y la ejecución de tareas en el marco de programas estatales. Si bien este es un rol que las organizaciones sociales continúan desempeñando, la conformación de los Consejos Locales jerarquiza un papel ligado al diagnóstico de los problemas locales y a la planificación de iniciativas.

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¿Cómo es posible que una toma de tierras se convierta en un barrio popular planificado? Condiciones y actores intervinientes en un caso de la periferia de la ciudad de La Plata.
Florencia Musante

El presente artículo analiza las condiciones de posibilidad de una toma de tierras en la periferia de la ciudad de La Plata y se pregunta por el modo en que la intervención y articulación de distintos actores configuró en el territorio un escenario particular, que lo llevó a convertirse en un barrio popular planificado. La toma tuvo lugar en el año 2015 en Abasto, localidad del oeste de la ciudad de La Plata, y se volvió emblemática por una serie de condiciones que la particularizaron: su masividad –se trata de una toma de 56 hectáreas que nuclea a más de mil familias– y la velocidad con que se logró iniciar un proceso expropiatorio, que dio lugar a distintas intervenciones estatales. Sostenemos que existe una serie de condiciones de posibilidad –la coyuntura política, la intervención estatal y la dinámica de la organización colectiva– que permiten entender la singularidad del proceso.

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Territorios móviles, políticas sociales y prácticas de organización de trabajadores de la economía popular.
María Inés Fernández Álvarez

Este artículo sintetiza resultados de una investigación etnográfica en curso con una cooperativa de vendedores ambulantes del Ferrocarril San Martín que integran la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Aun cuando la cooperativa se conformó en el año 2015, los vendedores del tren han mantenido, a través de generaciones, “códigos de vida” que organizan su actividad, dentro de las que cobran centralidad las relaciones de parentesco, incluyendo la forma en que la idea de familia es empleada para hablar de los vínculos que se tejen en “el fierro”, tal como prefieren denominar al tren. Este proceso de formalización como cooperativa se vuelve inteligibile a la luz de un proceso más amplio de producción y disputa de formas de reconocimiento, protección, bienestares y derechos colectivos como trabajadores en el marco de la CTEP, dentro del que se destaca la implementación del Salario Social Complementario. En este artículo, me propongo analizar la dinámica de este proceso de organización y la implementación de esta política en un territorio particular marcado por la movilidad de las personas, los vínculos, las prácticas y los espacios que lo producen. Por una parte, esta condición desafía las formas modales de hacer política que caracterizan las organizaciones marco en las cuales la cooperativa se inserta. Por otro, la implementación de esta política desborda los límites del espacio del tren como territorio para proyectar y construir vínculos desde y hacia los barrios donde habitan los vendedores. Atendiendo a estas dos dimensiones, me propongo reflexionar sobre la heterogeneidad de los territorios en los que se despliegan las formas de organización de la economía popular con relación a las políticas públicas destinadas a esta población.

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El territorio, la comunidad y la autonomía: ¿discursos mitológicos en los programas sociales destinados a jóvenes “en riesgo”?
Marina Medan

Desde inicios del 2000 en la Argentina se implementan programas de inclusión social y prevención social del delito destinados a jóvenes “en riesgo”, en los cuales el abordaje territorial y comunitario es distintivo. Este artículo describe y analiza los sentidos y prácticas que tal enfoque supone, tanto desde la perspectiva de los agentes institucionales como desde la de los jóvenes. Los resultados se discuten a la luz de la literatura que aborda las relaciones entre el Estado, el territorio y la comunidad, y se resalta el potencial analítico de la noción de “margen” (Das y Poole, 2008) para problematizar el funcionamiento estatal. Finalmente, se coloca una nueva hipótesis a partir de los hallazgos: las definiciones institucionales sobre el territorio y la comunidad como epicentro de los riesgos que aquejan a los jóvenes, en articulación con la reivindicación de la autonomía juvenil para lidiar con ellos, podría generar un discurso mitológico (Haney, 2010) que provocara más desempoderamiento que emancipación. Los datos analizados provienen de investigaciones cualitativas desarrolladas entre 2008 y 2018, cuyas técnicas principales han sido la observación participante, entrevistas en profundidad y grupos focales. La referencia empírica está conformada por programas de prevención social del delito y programas de inclusión social juvenil implementados en barrios populares del AMBA.

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Educación y Territorio: una experiencia de implementación del Plan Fines en la Provincia de Buenos Aires.
Laura Beatríz Casals

A partir de un estudio de caso en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, nos proponemos comprender el modo en que las trayectorias educativas de jóvenes y adultos estudiantes del Plan Fines en territorios socialmente críticos se vinculan con el entramado de organizaciones sociales y comunitarias. Esto a partir del análisis del contexto territorial y la dinámica local de implementación del Plan; la reconstrucción de la trama de organizaciones sociales y comunitarias en que la sede del Plan está inserta y el abordaje de trayectorias educativas de estudiantes y referentes comunitarios.

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Territorio, política social e implementación. Una mirada desde los espacios locales de gestión del “Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo” en el distrito de La Matanza.
Cynthia Gisselle Ferrari Mango

El objetivo general que perseguimos a través de este artículo es caracterizar la territorialidad que adquiere el Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo en los espacios locales de gestión denominados Obradores en el distrito de La Matanza (2009-2016), ubicado en la provincia de Buenos Aires. Dicho programa tiene un alto componente territorial, por lo cual una mirada a nivel local permite captar diferencias de la implementación del programa y recuperar la noción de centralidad del territorio como espacio de implementación de programas sociales.

Para abordar el objetivo planteado trabajamos en los Obradores entendidos como los espacios locales de gestión y lugares estratégicos de transformación de los programas. Se trató de una investigación cualitativa en la cual el corpus de análisis quedó conformado por la Resolución 3182/09 que le dio origen, el documento “Distribuidor Nacional Programa de Ingreso Social con Trabajo” elaborado por el MDSN, las transcripciones de las notas de campo y las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas.

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Acoples y desacoples del ´Argentina Trabaja´ con las políticas de economía social y solidaria en Argentina. Contribuciones a partir de las implementaciones locales en el Conurbano Bonaerense (2009-2018).
Ruth Muñoz

En base a un trabajo de identificación y análisis comparativo de las políticas de economía social y solidaria llevadas a cabo en los 24 partidos del Conurbano Bonaerense entre 2012-2018, el artículo plantea que el Programa Argentina Trabaja, a pesar de lo que sostiene su formulación inicial, fue identificado como una política relacionada con la ESS en solo 4 de los 22 partidos donde se implementó, siendo generalmente ubicado dentro de políticas de transferencias condicionadas por los funcionarios locales, sentido que fuera exacerbado en el actual contexto de restauración conservadora. Elaborado a partir del esfuerzo de reconstrucción de la escasa información disponible para esta escala, se presentan estadísticas del Programa desagregadas por partido, a lo que se suman testimonios de funcionarios nacionales y municipales. Se espera que el análisis constituya un aporte a la discusión sobre las políticas públicas, el territorio y sus relaciones.

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Erradicación de pobladores y recomposición identitaria: El caso de la villa Estrecho de Magallanes (Santiago de Chile).
Cristóbal Sebastián Palma Rojas

El presente artículo discute acerca de la generación de identidades colectivas surgidas en un marco de segregación espacial y homogenización intracomunal provocada a partir de las políticas de reforma urbana impulsadas por la dictadura militar chilena. La investigación realizada en la villa Estrecho de Magallanes, de la comuna de La Pintana, en Santiago, se llevó a cabo mediante técnicas de investigación cualitativas como la observación participante y la entrevista en profundidad. Se concluye que, a pesar de las políticas de erradicación y radicación de la dictadura militar y su manifiesto interés por desarticular las instancias de organización e identificación colectiva, los pobladores tienden a re-crear identidades asociadas a la simbolización del espacio habitado y las acciones conjuntas que despliegan en respuesta a la marginación social.

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Programas de transferencias monetarias condicionadas en la Argentina y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (2003 - 2009).
Vanesa P. Ciolli

El artículo analiza el principal programa de transferencias monetarias condicionadas de Argentina entre 2003 y 2009 –el Plan Familias por la Inclusión Social–, implementado mediante un ciclo de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Su propósito es comprender por qué las políticas sociales asumieron dicha modalidad en la etapa posterior a la crisis de 2001 y por qué fueron vehiculizadas mediante el financiamiento de instituciones financieras internacionales. Para alcanzar dicho objetivo, se desarrolla un análisis interpretativo basado en análisis documental. De ello se concluye que la participación de la mencionada institución propició, por un lado, la reingeniería del aparato estatal en el sector de las políticas sociales, orientada al conocimiento riguroso de la población para su focalización, y, por el otro, el cambio en el tipo de interpelación estatal hacia la población receptora, en virtud de su regulación.

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Diferenciación social y segregación educativa en el área metropolitana de Asunción.
Luis Ortiz, Kevin Goetz y Colin Gache

El artículo ofrece una propuesta analítica que considera el espacio urbano, con sus formas y estructuras, no como una simple plataforma de importancia secundaria, sino como un hecho social total. Desde la perspectiva de observación socioespacial que constituye la ciudad, se busca comprender las intensidades y los sentidos de dos fuerzas mayores que intervienen simultáneamente en el sistema educativo. La primera tiene que ver con las dinámicas sociales en curso y con la consiguiente configuración espacial que adquiere la ciudad (aumento de la clase media, trayectorias residenciales, valores asignados a las diferentes zonas y barrios de la ciudad, modificación de los modos de desplazamiento, entre otros), mientras que la segunda tiene que ver con las características y tendencias que discurren en el dispositivo educativo. Las evoluciones del conjunto dinámico que constituye el dispositivo educativo obedecen necesariamente a mecanismos colectivos e institucionales. El análisis apunta a dar cuenta de las relaciones entre los grupos sociales del territorio para moldear el sistema educativo en función de sus intereses diferentes y divergentes.

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Entre la integración subordinada y la relegación social-urbana. El caso del “Certificado de Vivienda Familiar” en la ciudad de Rosario.
Florencia Brizuela y Melisa Campana

Inspirado en el enfoque de la gubernamentalidad, el artículo analiza las racionalidades políticas que atraviesan el Certificado de Vivienda Familiar argentino. Con el objetivo de reconstruir las novedades que el Certificado supone en términos de política sociohabitacional y de estrategia de gobierno en villas y asentamientos informales de Rosario, el trabajo recorre la orientación de los programas implementados durante las últimas décadas en la ciudad, analiza los campos discursivos en que se asienta el Certificado (la lucha contra la pobreza, el combate al narcotráfico y la unión de los argentinos) y sistematiza los hallazgos parciales de la investigación. Estos señalan nuevas estrategias de gobierno que promueven la autogestión de los vecinos en la resolución de sus problemas, bajo una modalidad individual, y cuyos efectos suponen la confinación a territorios de relegación social-urbana.

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Rompiendo las barreras de la relegación: reflexiones sobre un programa de seguridad alimentaria aplicado desde INSSJP-PAMI​ en cogestión con un centro de jubilados y pensionados.
Juan Francisco Di Meglio

El presente escrito tiene la intención de componer un conjunto de reflexiones sobre la importancia que adquieren las organizaciones sociales de personas mayores, concretamente los Centros de Jubilados y Pensionados, en la implementación de políticas sociales, la aplicación efectiva de los derechos sociales en el territorio y la recreación de los lazos sociales. Para dicho objetivo se parte de la experiencia del inicio, en el año 2015, de la prestación “bolsón de alimentos”, perteneciente al Programa ProBienestar del INSSJP-PAMI, en el Centro de Jubilados y Pensionados “Mi segunda casa”, ubicado en Ciudad Oculta (Villa Lugano, CABA).