Número 4 - Primer semestre 2019

Dosier - Políticas sociales y territorios. Fronteras e intersticios entre actores, políticas e instituciones

Territorios móviles, políticas sociales y prácticas de organización de trabajadores de la economía popular

  • María Inés Fernández Álvarez

    Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires
    mfernandezalvarez@conicet.gov.ar

    Doctora en Antropología (UBA-EHESS), París. Investigadora independiente del Conicet-ICA, FfyL (UBA). Profesora adjunta interina de la Carrera de Ciencias Antropológicas (FFyL, UBA). Desde 2008 dirige proyectos de investigación financiados por UBA, Conicet y Foncyt sobre la relación entre modos de gobierno y procesos de organización colectiva del trabajo. Es autora de La política afectada. Experiencia, trabajo y vida cotidiana en Brukman recuperada (Prohistoria, 2017) y compiladora de Hacer juntos(as). Dinámicas, contornos y relieves de la política colectiva (Biblos, 2016).

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  • Para citar este artículo

    Referencia electrónica
    Fernández Álvarez, María Inés (2019). Territorios móviles, políticas sociales y prácticas de organización de trabajadores de la economía popular. Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas N°4. Primer semestre 2019, pp. 99-118 [En línea]. Consultada el: 17-09-2019
    URL: http://ciudadanias.untref.edu.ar//n4_dossier_art5.php
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Resumen

Este artículo sintetiza resultados de una investigación etnográfica en curso con una cooperativa de vendedores ambulantes del Ferrocarril San Martín que integran la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Aun cuando la cooperativa se conformó en el año 2015, los vendedores del tren han mantenido, a través de generaciones, “códigos de vida” que organizan su actividad, dentro de las que cobran centralidad las relaciones de parentesco, incluyendo la forma en que la idea de familia es empleada para hablar de los vínculos que se tejen en “el fierro”, tal como prefieren denominar al tren. Este proceso de formalización como cooperativa se vuelve inteligibile a la luz de un proceso más amplio de producción y disputa de formas de reconocimiento, protección, bienestares y derechos colectivos como trabajadores en el marco de la CTEP, dentro del que se destaca la implementación del Salario Social Complementario. En este artículo, me propongo analizar la dinámica de este proceso de organización y la implementación de esta política en un territorio particular marcado por la movilidad de las personas, los vínculos, las prácticas y los espacios que lo producen. Por una parte, esta condición desafía las formas modales de hacer política que caracterizan las organizaciones marco en las cuales la cooperativa se inserta. Por otro, la implementación de esta política desborda los límites del espacio del tren como territorio para proyectar y construir vínculos desde y hacia los barrios donde habitan los vendedores. Atendiendo a estas dos dimensiones, me propongo reflexionar sobre la heterogeneidad de los territorios en los que se despliegan las formas de organización de la economía popular con relación a las políticas públicas destinadas a esta población.

Introducción

Este artículo sintetiza resultados de una investigación etnográfica en curso con una cooperativa de vendedores ambulantes del Ferrocarril San Martín que integran la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una organización gremial formada recientemente en Argentina con el objetivo de representar a los trabajadores de la “economía popular”.1 Aun cuando la cooperativa se conformó en el año 2015, los vendedores del tren han mantenido a través de generaciones “códigos de vida” que organizan su actividad. Se trata de un conjunto de reglas asumidas y compartidas colectivamente que los vendedores fueron creando para hacer frente a situaciones de violencia sistemática (decomisos, persecuciones, detenciones), desarrollando prácticas de cuidado colectivas que incluyeron la conformación de la cooperativa en sí misma. Un dato sobresaliente es la centralidad que cobran, en estos “códigos de vida”, las relaciones de parentesco, incluyendo la forma en que la idea de familia es empleada para hablar de los vínculos que se tejen en “el fierro” –tal como prefieren denominar al tren–.

Este proceso de formalización como cooperativa cobra inteligibilidad a la luz de una dinámica más amplia de producción y disputa de formas de reconocimiento, protección, bienestares y derechos colectivos para los trabajadores no asalariados protagonizada por la CTEP. Conformada en el año 2011, esta organización se define como una herramienta gremial con el objetivo de representar a los trabajadores de la “economía popular”, entendiendo por ello a quienes, habiendo quedado fuera del mercado de trabajo, “se inventaron el trabajo para sobrevivir”. Como parte de esta dinámica, durante el año 2016 la CTEP llevó adelante, junto a otras organizaciones de base, un proceso de demanda por la Ley de emergencia social, alimentaria y de las organizaciones de la economía popular.2 Sancionada en diciembre de ese año, esta ley contempló la creación de un Salario Social Complementario (SSC) para trabajadores de la economía popular cuyos ingresos se encontraran por debajo del salario mínimo. Como su denominación lo señala, el SSC se considera un complemento salarial que se suma a los ingresos derivados de la actividad que realizan estos trabajadores.3

La sanción de la Ley de emergencia y la aplicación del SSC fueron objeto de reflexiones recientes en función de interrogar las transformaciones en las políticas sociales tras el cambio de gobiernos en 2015 (Hopp, 2017, 2018; Arcidiácono y Bermúdez, 2018) y su relación con las formas de institucionalidad de la economía popular (Maldovan Bonelli et al., 2017; Hindi, 2018; Muñoz, 2018). En este artículo, me propongo analizar la dinámica de la implementación de esta política en el territorio, como parte de un proceso más amplio de organización colectiva. En lugar de concentrarme en el contenido de la normativa y su aplicación, me interesa explorar la dinámica organizativa en la que esta política se materializa. Me detengo para ello en el caso de la Cooperativa Vendedores Unidos del Tren San Martín, interrogando las especificidades de esta dinámica en un territorio particular marcado por la movilidad. Por una parte, esta condición desafía las formas modales de hacer política que caracterizan las organizaciones marco en las cuales la cooperativa se inserta. Por otro, la implementación de esta política desborda los límites del espacio del tren como territorio para proyectar y construir vínculos desde y hacia los barrios donde habitan los vendedores y sus familias. Atendiendo a estas dos dimensiones, me propongo reflexionar sobre la heterogeneidad de los territorios en los que se despliegan las formas de organización de la economía popular en relación a las políticas públicas destinadas a esta población.

En función de este análisis, recupero aportes antropológicos recientes en torno a la noción de movilidad (Salazar y Smart, 2011; Salazar y Jayaram, 2016; Salazar, 2018) como un concepto fértil para capturar el sentido fluido de la vida social no solo en relación a las personas sino también a los objetivos, imágenes, informaciones, ideas, recursos, etc. Esto implica atender a la forma en que se materializa dicha movilidad a través de personas, objetos, palabras e imágenes en que la movilidad cobra forma. Las reflexiones antropológicas sobre la idea de movilidad se inscriben en un campo más amplio de estudios sobre la temática desarrollado en las ciencias sociales, en la que esta idea constituye a la vez objeto de estudio y lente analítico. Me refiero al denominado “giro de la movilidad”, una perspectiva que pone en primer plano las variadas formas de movimiento (y, más recientemente, los vínculos entre movilidad e inmovilidad) para comprender fenómenos y procesos sociales. De manera sintética, el punto de partida de este enfoque consiste en interrogar cómo las personas, ideas, objetos, etc. circulan reuniendo preocupaciones relativas a la construcción de desigualdades, jerarquías y relaciones de poder, a los vínculos entre espacialidad y temporalidad así como la constitución de sujetos, subjetividades y formas de significación (Sheller, 2014). Así, contempla no solo las formas de desplazamiento físico sino también los significados de estos desplazamientos y sus consecuencias en términos económicos, sociales y culturales y la forma en que las personas experimentan estos desplazamientos (Jirón Martínez, 2015). En Argentina, este enfoque fue recuperado, por ejemplo, en estudios recientes sobre los procesos de segregación espacial (Segura, 2012) y en términos más amplios para el análisis de la cuestión social urbana (Soldano, 2017). En este último caso, los viajes en el conurbano constituyen la puerta de entrada para abordar de manera articulada dimensiones estructurales del transporte y aspectos subjetivos de las prácticas de movilidad cotidiana en tanto experiencia, en función de interrogar las dinámicas de constitución de la ciudad.

En este artículo me propongo partir de la idea de movilidad para indagar la dinámica que cobra la implementación del SSC en el marco del proceso de organización de la Cooperativa Vendedores Unidos del Tren San Martín. En mi caso, la pregunta por la movilidad responde a una inquietud que fue volviéndose central a partir de mi trabajo de campo. En efecto, a diferencia de otros espacios organizativos con los que he desarrollado mis investigaciones previas, cuyas referencias podrían vincularse a una inscripción en un territorio fijo, la cooperativa es una organización deslocalizada que adquiere forma en prácticas, situaciones, vínculos y espacios variados enlazados por “el fierro” y a través de él.4

No menos significativo fue experimentar la potencia del tren en movimiento y comprender, al acompañar a los vendedores en sus recorridos diarios, que el movimiento es parte de la actividad y de sus vidas. Pero, sobre todo, que “el fierro” encarnado en el cuerpo (re)define relaciones de parentesco y familia sobre la base de las que se sostiene el proceso de organización colectivo que dio lugar a la formación de la cooperativa, como será desarrollado en este artículo. Partiendo de la centralidad adquirida por la movilidad tanto en mi trabajo de campo como en la dinámica de esta organización, en las páginas que siguen propongo una reflexión sobre el SSC a la luz del proceso más amplio que la cooperativa lleva adelante como parte de la CTEP. Con este objetivo, en la primera parte del artículo sintetizo la conceptualización de la economía popular que elabora la CTEP en el marco del que fue impulsada la sanción de la ley que le dio origen. Luego analizo el proceso de formación de la cooperativa, deteniéndome en la centralidad de las relaciones de parentesco y familia forjadas por “fierro” y a través de él. Finalmente, reflexiono sobre la manera en que el SSC redefine los contornos de la cooperativa al ampliar los alcances y las personas que la integran. Sobre la base de este análisis, propongo un abordaje del salario desde la perspectiva de la movilidad que permita centrar la mirada en lo que las personas producen en sus prácticas cotidianas a partir de la puesta en circulación de esta política en su transcurrir.

El Salario Social Complementario en la trama
del proceso de organización de la CTEP

La CTEP se formó en 2011 a partir de la confluencia de un heterogéneo conjunto de organizaciones sociales y políticas, algunas de las cuales tienen una prolongada trayectoria que se remonta al menos a la década de 1990, momento de apogeo de las llamadas políticas neoliberales.5 El proceso de formación de esta organización debe entenderse a la luz de las transformaciones sociales, económicas y políticas producidas en Argentina en las últimas décadas y su impacto en la recomposición de la clase trabajadora (Fernández Álvarez, 2018a). En efecto, los indicadores sociales y laborales fuertemente deteriorados desde la década de 1970 lograron una significativa recuperación entre 2003 y 2015 como resultado de la implementación de una serie de políticas de promoción del mercado interno, reactivación industrial y redistribución del ingreso. Sin embargo, un porcentaje significativo de la clase trabajadora, lejos de ser reabsorbido como parte del mercado de trabajo por medio de un empleo asalariado, pasó a engrosar las filas del denominado sector “informal” de la economía; se insertó en circuitos de tercerización, accediendo a empleos precarios, o bien pasó a integrar cooperativas de trabajo impulsadas desde el Estado. Estas últimas tuvieron un desarrollo significativo como política de generación de empleo e “inclusión social” definidas en oposición a los programas “asistencialistas” y “focalizados” de las décadas previas (Hintze, 2007; Hopp, 2011; Grassi, 2012,). La CTEP se conformó en este contexto con el propósito de representar a los trabajadores de la “economía popular”, demandando para ello al Estado su reconocimiento como entidad sindical. En esta dirección, a pocas horas de finalizar el gobierno de Cristina Kirchner, el Ministerio de Trabajo le otorgó la personería social el 9 de diciembre de 2015, creando así una nueva figura que reconoce el derecho a la representación a un sector de trabajadores que hasta el momento no estaban reconocidos como tales (Muñoz, 2019).6

De manera sintética, para esta organización la economía popular refiere a “un sector de la clase trabajadora sin derechos laborales ni patrón” que, lejos de definir “otra economía”, constituye “una expresión de una economía global de mercado con la que tiene múltiples puntos de conexión” (Pérsico y Grabois, 2014). Este posicionamiento debe ser entendido en relación con la centralidad que cobró el enfoque de la economía social y solidaria en Argentina en el contexto de la puesta en marcha de una serie de políticas de promoción de trabajo asociativo impulsadas desde el Estado entre 2003 y 2015, a las que hice referencia previamente. A diferencia de este enfoque, cuyo énfasis está puesto en el carácter alternativo respecto de la economía de mercado, desde la perspectiva de la CTEP, la “economía popular” es parte constitutiva de la dinámica de acumulación de capital. Desde esta perspectiva, puede ser leída como una expresión de la forma en que “el proletariado se multiplica” para garantizar dicha dinámica, “haciendo, deshaciendo y rehaciendo a la clase trabajadora” (Carbonella y Kasmir, 2015). Al mismo tiempo, esta conceptualización de la economía popular toma distancia de la forma en que esta idea fue definida en las décadas previas en América Latina, cuando su peso caía en las estrategias de supervivencia de los sectores populares para destacar en cambio el carácter productivo –aunque subordinado– de este sector de la economía (Chena, 2017).7 En este sentido, esta perspectiva reactualiza y al mismo tiempo amplía debates relativos a la idea de “marginalidad” en relación a la clase trabajadora desarrollados en esta región en la década de 1970. En particular, encuentra sintonía con las reflexiones desarrolladas por Aníbal Quijano (2014 [1977]) sobre “polo marginal” y “mano de obra marginal” respecto de los bienes o servicios que esta población provee y consume. Sin embargo, los alcances de la noción de economía popular en los términos en la conceptualización de la CTEP introducen elementos novedosos a los que hago referencia a continuación.

Vista desde esta óptica, la “economía popular” es para la CTEP una categoría que unifica, en tanto parte de la clase trabajadora, a una población heterogénea que algunos autores denominan “vidas sin salario” (Denning, 2011), compuesta por aquellos que habitualmente son clasificados como “informales”, “precarios”, “externalizados” o “de subsistencia”. En consecuencia, define una categoría política reivindicativa que implica procesar colectivamente en términos de clase a una amplia diversidad de trayectorias, experiencias, actividades y formas organizativas (Fernández Álvarez, 2018b). Estas incluyen tanto cooperativas formadas a partir de programas estatales como otras que se derivan de procesos inicialmente autogestionarios, como es el caso de las empresas recuperadas por sus trabajadores; experiencias de organización de recuperadores de residuos urbanos, conocidos en Argentina como “cartoneros”, o trabajadores textiles subcontratados, artesanos, feriantes, cuidachoches y vendedores ambulantes.

A partir de esta conceptualización de la economía popular, la CTEP coloca en primer plano dos atributos de esta población sobre la base de los cuales construye sus demandas y hace política: el reconocimiento de esta población como trabajadores y la ausencia de garantías sobre el conjunto de derechos que caracterizan el empleo “formal” o “en relación de dependencia”, tales como obra social, aportes previsionales, licencias, accidentes de trabajo, asignaciones familiares, etc., que en Argentina sentaron las bases de la “ciudadanía social” (James, 1990). En consecuencia, el objetivo transversal de la CTEP consiste en equiparar los derechos de este sector de la población con los del resto de la clase trabajadora. En tal sentido, podemos decir que la CTEP creó una demanda por derechos en el sentido que da a esta idea la antropóloga brasileña Lygia Sigaud (2005), es decir, en tanto demanda que no preexistía como tal a la formación de esta organización. En consecuencia, la categoría de derechos adquirió centralidad reforzando el valor político y simbólico de la identidad del trabajador, en articulación al mismo tiempo con un conjunto más amplio de condiciones vinculadas a aquello que se considera una vida digna (Señorans, 2017) desde las que se disputan y (re)inventan nociones de bienestar (Fernández Álvarez, 2016a).

En esta clave puede leerse el proceso de demanda y negociación por la Ley de emergencia social, alimentaria y de las organizaciones de la economía popular, anunciado públicamente en agosto de 2016 junto a otras organizaciones de base, con la realización de una “caravana de la dignidad”, una masiva movilización que recorrió 13 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y convocó más de 100 mil personas.8 La aprobación de la ley que contempló la creación del SSC cobró trascendencia en tanto fue aprobada a un año de la asunción a la presidencia de Mauricio Macri, en el marco de la implementación de una drástica política de ajuste. Esta política incluyó aumentos tarifarios, el desmantelamiento de diversas áreas del Estado, despidos masivos y la reformulación o discontinuidad de programas sociales destinados a poblaciones vulnerables con el consecuente aumento del desempleo, el incremento de la desigualdad social y el deterioro de las condiciones de vida de la población que la CTEP representa.

Al mismo tiempo, como analicé en un texto precedente, (Fernández Álvarez, 2018b) esta iniciativa forma parte de un proceso más amplio de construcción de derechos para los trabajadores de la economía popular, que puede ser analizado en tanto disputa por la participación legítima de estas poblaciones en la distribución de la riqueza. Valiéndonos de la reflexión propuesta por James Ferguson (2015) para el caso de Sudáfrica, el proceso de demanda que lleva adelante la CTEP se sostiene en el reconocimiento de que estas poblaciones –los negros y pobres sudafricanos en el caso de Sudáfrica, la economía popular en el caso de Argentina– son dueños legítimos de una vasta riqueza nacional producida colectivamente de la que han sido privados mediante procesos históricos de despojo. En el caso de la CTEP, esta disputa por las formas de redistribución de la riqueza se sostiene en una idea de participación cuyo principio de legitimidad se funda en el hecho de que quienes forman parte de la economía popular son aquellas personas que se vieron obligadas a “inventarse un trabajo para sobrevivir” como consecuencia de un proceso creciente de desposesión que las ha dejado fuera del empleo asalariado como posibilidad.

En este sentido, se trata de un proceso de construcción de derechos que incluye, pero sobrepasa y tensiona, la idea de exclusión, al señalar que esta población ha sido sistemáticamente expropiada de bienes, recursos y derechos. Así, tomando prestado el análisis de Alexandre Roig (2017) sobre la noción de deuda para comprender las dinámicas de la economía popular, podemos considerar que, más que excluidos, los trabajadores de la economía popular resultan acreedores en una situación de deuda histórica. Ahora bien, teniendo en cuenta que la conceptualización de la economía popular como categoría reivindicativa implica procesar colectivamente una heterogeneidad de trayectorias y experiencias organizativas, este proceso de construcción de derechos se actualiza en un conjunto de demandas específicas relativas a las diferentes ramas de actividad en torno a las que se organiza la CTEP con el propósito de unificar problemáticas, objetivos e intereses comunes a cada sector ocupacional. A continuación, me detendré en la dinámica de organización de la Cooperativa de Vendedores Unidos del Tren San Martin con el fin de abordar la especificidad que cobra este proceso para los vendedores ambulantes que desarrollan su actividad en el transporte ferroviario.

La Cooperativa como espacio de cuidado y producción
de bienestar(es)

Como mencionaba al inicio de este artículo, aun cuando la Cooperativa Vendedores Unidos del Tren San Martín se constituyó formalmente como agrupación en 2014 e inició los trámites para adquirir la personería jurídica un año después, los vendedores del tren han tenido desde hace décadas una organización bastante estructurada sobre la base de lo que denominan “códigos de vida”. Estos “códigos de vida” conforman un conjunto de reglas que organizan tanto el espacio como los ritmos, dinámicas y relaciones en el tren, que preexisten a este proceso de formalización y que desde la creación de la cooperativa tomaron la forma de una regulación escrita, reforzando su existencia y alcance.9 Se trata, en efecto, de un lenguaje social asumido y compartido colectivamente en el que adquieren relevancia las relaciones de parentesco. Son estos vínculos los que organizan desde la posibilidad misma de trabajar hasta la forma de utilizar el espacio y desarrollar la actividad (los productos vendidos o los trayectos realizados) así como la circulación de saberes respecto de la venta en sí misma (aprender a qué horas es mejor salir a vender, dónde comprar y guardar la mercadería, la forma de vincularse con los guardas y fuerzas de seguridad, etc.). En efecto, para “entrar” a trabajar en el tren hay que ser hijo o hija de un vendedor. La venta en el tren es, de hecho, una actividad que “se hereda” –incluyendo el producto que puede ser comercializado–, a tal punto que un vendedor suele transmitir la tranquilidad que siente de saber que sus hijos e hijas tienen asegurado a futuro al menos esta posibilidad para “ganarse la vida”. En mi trabajo de campo ha sido frecuente que en el encuentro con un vendedor a quien no conocía, este me fuera presentado como “el hijo de”, “el hermano de” o “el nieto de” e incluso que en una reunión me fuera señalada esta cadena de filiaciones indicándome las generaciones allí presentes. Vale como ilustración reparar en los apodos utilizados para llamarse entre ellos, en los que se sigue una cadena de diminutivos que se desprenden de aquel destinado al padre o hermano mayor.10

La centralidad que adquieren los vínculos de parentesco se proyecta en la forma en que la idea de familia es utilizada para hablar de las relaciones que se tejen entre los vendedores del tren San Martín en un sentido amplio. “Nosotros somos una familia” suelen enfatizar al hablar de sí mismos. Y esta afirmación tiene la intención de remarcar las relaciones de parentesco a las que hice referencia previamente y, a la vez, “los códigos de vida” que fueron creando para hacer frente a situaciones de violencia sistemática, por ejemplo con fuerzas de seguridad y funcionarios públicos (decomisos, persecuciones, detenciones), desarrollando prácticas colectivas de cuidado, que incluyeron la conformación de la cooperativa en sí misma. En esta clave de análisis, la cooperativa forma parte y redefine una serie de prácticas de cuidado tendientes a garantizar la sostenibilidad de la vida en un sentido amplio (Carrasco, 2013; Pérez Orozco, 2014), esto es, no solo necesidades estrictamente materiales, sino afectivas, incluyendo las posibilidades objetivas y subjetivas para proyectar una vida hacia el futuro, desde las que se desarrollan estrategias individuales y colectivas de bienestar para sí mismos y las generaciones venideras (Narotzky y Bersnier, 2014).

Así, tener una bandera propia, portar una remera con el logo de la organización y de la CTEP, llevar consigo una identificación con el nombre de la cooperativa, etc. constituyen prácticas de cuidado que los protege frente a situaciones potenciales de violencia frente a las fuerzas de seguridad. Situaciones que en los últimos años se han ido intensificado, particularmente en el caso de quienes ejercen su actividad en la vía pública, como resultado de una política de ordenamiento del espacio público que afecta particularmente a los vendedores ambulantes y que exacerbó formas de control policial (por otra parte, existentes históricamente) sobre esta población. Al mismo tiempo, estas prácticas de cuidado configuran un clivaje desde el que producir formas de bienestar, como la realización de festejos y entrega de regalos en momentos como el Día del Niño o el reparto de cajas navideñas para las familias. Formas de bienestar que los vendedores han venido creando a partir de la conformación de su organización, fortalecidas con el acceso a una obra social a través de la Mutual Senderos11 –mediante la inscripción en el Monotributo Social– y, más recientemente, al Salario Social Complementario en tanto integrantes de la CTEP.

A la importancia que cobran las relaciones de parentesco y la referencia a la idea de familia hay que agregar otro aspecto sumamente relevante que define las relaciones entre los vendedores y se vincula sin duda a esta cuestión, relativo a la distinción entre vendedores “jóvenes” o “nuevos” versus “viejos” o “de toda la vida”. Esta diferencia define una clasificación sumamente significativa dentro del universo de los vendedores del tren, que se repite en el caso de otras líneas férreas, tal como ha sido también señalado en otros estudios (Perelman, 2017). Me llevó de hecho tiempo comprender que “viejos” y “jóvenes” no respondía necesariamente a una diferencia etaria –sin excluirla–, sino principalmente a una distinción relativa a quienes sufrieron detenciones, tuvieron que ingresar a la cárcel o enfrentar a la policía o las fuerzas de seguridad, diferenciándolos de aquellos que nunca habían pasado por esa experiencia.

Este es el caso, por ejemplo, de Silvia Palmieri, militante del Movimiento Evita y referente de la cooperativa, quien ingresó a trabajar como vendedora a los 7 años de edad y con sus 39 años forma parte de “los viejos”, al igual que su marido y su hermana, todas personas que, como ella, experimentaron períodos de detención o tuvieron que resistir a las fuerzas de seguridad para permanecer en el tren. Esta diferenciación resulta sumamente compleja de procesar colectivamente y da por tierra con una idea de familia como sinónimo de relaciones armónicas, tal como suele ser referido en un uso retórico de dicho término naturalizando relaciones de jerarquía o producción de relaciones asimétricas. En efecto, la importancia de que los “jóvenes” o “nuevos” respeten “los códigos” resulta una preocupación permanente en la medida en que el respeto de estos códigos (que incluyen cuestiones como las formas de comportamiento en el tren y el modo en que deben cuidar a los pasajeros) resultan pilares en los que se sostiene el proceso de demanda por el reconocimiento como trabajadores, donde se erige la idea de su actividad como un “servicio”.12

La trayectoria de vida de Silvia, cuyo ingreso al tren como vendedora data de muy temprana edad, lejos de ser una excepción es una característica común que se repite en gran parte de los vendedores más “viejos”. En particular, en los intercambios que mantuve durante mi trabajo de campo con quienes se definen como más “viejos” o “de toda la vida”, resultó frecuente el modo en el que reconstruyeron su vida desde experiencias marcadas por una infancia de privaciones materiales que los obligó a salir a trabajar desde edades muy tempranas. Sin embargo, lejos de narraciones caracterizadas por un relato patético o miserable, estas referencias combinan momentos de sufrimiento y carencia con un relato en el que el tren es descrito como un espacio lúdico y, sobre todo, de gran libertad. Particularmente impactante en este sentido fue para mí la forma en que mis interlocutores relataron accidentes en el tren que dejaron marcas corporales o dieron muerte a un compañero. Narraciones incluidas como parte de un relato en el que describían cómo cuando chicos se divertían saltando de un tren a otro, hacían apuestas respecto de la capacidad para subir al tren cuando ya estaba en movimiento o jugaban a ver quién lograba subir más tarde cuando ya había arrancado. “El fierro que se lleva en las venas”, como una tarde lo transmitió la hija mayor de Silvia, que hoy trabaja vendiendo golosinas, al hablar de su madre. Estas narraciones me invitaron a pensar en el tren, o más bien “el fierro”, como materia o sustancia del parentesco, retomando la formulación propuesta por Janet Carsen (2014): un espacio (relacional) que forja, crea y (re)define vínculos de parentesco y familia y permite pensar no solo quiénes somos sino quiénes podemos ser a futuro.13 El fierro como materia que define un vínculo de continuidad corporizado en la producción de relaciones familiares que tiene presencia en los cuerpos mutilados o las muertes de los que ya no están, pero que también renueva prácticas de cuidado y organización colectiva.

Los contornos móviles de la Cooperativa:
deslocalizando el Salario Social Complementario

Esta experiencia de la precariedad que se prolonga a través de generaciones forjadas en “el fierro” incluye una historia personal y colectiva de disputa de larga data por seguir siendo “buscas”.14 En efecto, la reconstrucción de trayectorias marcadas por condiciones de vida precarias también incluye referencias recurrentes a situaciones de violencia sistemática a las que cuando chicos o muy jóvenes tuvieron que hacer frente para poder trabajar. En estos casos, suelen enfatizarse situaciones de persecución y detenciones durante los años ochenta en los que las fuerzas de seguridad les “armaban causas” y los mantenían privados de su libertad durante varios días –que llegaban a extenderse en ocasiones a semanas y se repetían de manera sistemática y periódica–. La década del noventa, durante el proceso de privatización de los ferrocarriles, constituye un período de la vida que suele relatarse como un momento particularmente difícil.15 Muchos incluso señalan que durante esos años fue cuando se hizo más difícil resistir para “no desaparecer del tren”, a partir del cambio en el sistema de seguridad.

Pero, además, se trata de una experiencia de la precariedad y de trayectorias de vida en las que es posible reconstruir una profundidad temporal que se remonta al menos a dos o tres generaciones. En términos analíticos, es posible hablar de una producción de subjetividades forjadas en esa historia que es la propia y la de sus madres, padres o abuelos, entre otros, en la que “el fierro” como sustancia, a la vez material y relacional, los produce como personas. Menos como individuos y más como parte de.

Este reconocimiento de genealogías como parte de “el fierro”, de una forma de vida que se transmite de padres a hijos y hace parte de las expectativas a futuro, de cómo se ven y proyectan en los que vienen, ha sido recurrente en los intercambios que mantuve en estos años con los vendedores del tren. Una proyección a futuro que se prolonga también en el pasado, los padres que abrieron el camino para que hoy puedan seguir estando en el tren, tal como suelen afirmarlo en asambleas interferroviarias o reuniones con otros vendedores ambulantes. Instancias de encuentro desarrolladas con el propósito de articular acciones entre las agrupaciones que en los últimos años se fueron constituyendo, con el objetivo de lograr el reconocimiento por parte de las empresas ferroviarias como trabajadores del tren. En estos espacios, los vendedores destacan la importancia de estar unidos para lograr trabajar “más tranquilos”, enfatizando la importancia de organizarse para pelear por sus derechos y “sembrar una semilla para las generaciones futuras”.

Fueron numerosas las intervenciones que en estas instancias tuve la oportunidad de escuchar en las que vendedores “de toda la vida” revivían momentos de detención cuando jóvenes o recordaban situaciones de encarcelamiento a las que se vieron sometidos por vender en el tren. Declaraciones que, en todos los casos, finalizaban afirmando el deseo de evitar ese mismo destino para quienes van a ocupar sus lugares en la posteridad o habían “heredado” su puesto de trabajo. Entre otras, vale la pena mencionar las palabras con las que un trabajador de otra línea finalizó su intervención durante la clausura de la primera asamblea interferroviaria, en junio de 2017. “Nosotros no queremos lo mismo para nuestros hijos” afirmó, luego de rememorar las noches en que, de pequeño, esperaba a su padre cuando era detenido por ganarse la vida como “busca” en el tren. En la misma dirección, más de un año después, durante un encuentro realizado en la sede de la CTEP con el propósito de articular acciones entre vendedores ambulantes, un trabajador del ferrocarril Mitre, con los ojos llenos de lágrimas, cerró su intervención mostrando a los cientos de compañeros allí presentes el carnet de la obra social que había recibido esa tarde. Luego de señalar que era la primera vez que obtenía ese derecho, relató la importancia que para él y su familia tenía ese momento, ya que su esposa se encontraba enferma y debía ser intervenida con urgencia. Como en el caso precedente, cerró su intervención enfatizando la importancia de que sus hijos puedan obtener ese derecho del que él había estado privado toda su vida.

En síntesis, sembrar una semilla para las generaciones futuras implica, por un lado, conquistar el derecho a trabajar en el espacio público a partir del reconocimiento de la actividad que realizan como un servicio y, por otro, garantizar formas de bienestar, como el acceso a la salud o la jubilación, vinculadas a la obtención de derechos laborales de los que estuvieron desposeídos históricamente.

Es en el marco de este proceso de organización colectiva y disputa por derechos para sí mismos y las generaciones futuras que cobra sentido el Salario Social Complementario. En efecto, para quienes forman parte de la Cooperativa Vendedores Unidos del Tren San Martín, el Salario es una conquista obtenida como parte de este proceso de lucha por derechos que permitió ampliar los alcances y acciones realizados. Con el SSC se incorporaron integrantes a la cooperativa y se multiplicaron merenderos y espacios de formación deportiva, se realizaron refacciones de viviendas de los trabajadores y, más recientemente, se logró la construcción de un espacio propio o la realización de productos para ser comercializados en el tren. Así, el SSC se integró en una dinámica de organización colectiva que expandió los contornos de la Cooperativa en dos sentidos. Por un lado, al incluir como parte integrante a nuevos familiares y vecinos del barrio que llevan adelante en el territorio algunas de estas acciones. Por el otro, en tanto se trata de actividades que se desarrollan desde el barrio y para él. Visto desde esta óptica, el salario adquiere en la dinámica cotidiana de la cooperativa un sentido de movilidad que amplía las fronteras y alcances de este espacio organizativo. En la misma dirección, otros estudios etnográficos desarrollados en el marco del equipo de investigación muestran cómo, en el caso de la Cooperativa “Jóvenes en Progreso”, que integra la Federación de Cartoneros, Carreros y Recuperados (Faccyr) de la CTEP, la implementación del salario permitió incrementar la base de las cooperativas, poner en práctica un servicio de recolección puerta a puerta como herramienta política y construir gremialidad incorporando a los carreros y ampliando la consideración de los cartoneros como trabajadores (Sorroche, 2017).

Este sentido de movilidad se actualiza en las intervenciones que los referentes hacen sobre esta política como herramienta organizativa. Así, en instancias de formación o reuniones internas se enfatiza la idea del salario como resultado de la lucha que en tanto trabajadores de la economía popular han venido dando en la calle, al tiempo que se señala la importancia de continuar en este camino para “que pueda llegarle cada vez a más compañeros” y “seguir organizándose”. Esta última idea, “seguir organizándose”, no se refiere exclusivamente a la posibilidad de participar de movilizaciones o acciones de lucha en la calle para reclamar por sus derechos. Incluye también –y sobre todo– un trabajo cotidiano en el territorio que se realiza por otros y para otros pero también la posibilidad de elaborar productos propios que puedan ser comercializados en el tren. El SSC es, desde esta óptica, una conquista producto de la lucha que como vendedores ambulantes protagonizaron y, al mismo tiempo, una herramienta para profundizar ese proceso organizativo de disputa por derechos y producción de bienestares. Sin perder el carácter de salario complementario –y, como tal, de ingreso individual–, el sentido que adquiere esta política se reescribe en la práctica enfatizando su dimensión colectiva.

Moviendo el Salario Social Complementario:
a modo de conclusión

Con la asunción de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015, se introdujeron modificaciones sustantivas en la orientación de las políticas sociales que, con el objetivo de generar empleo a través de la creación de cooperativas de trabajo, se habían venido implementando desde el año 2003. Potenciadas a partir de la puesta en marcha del Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST) en 2009, una de las características destacadas de estas políticas fue el impulso de dinámicas asociativas de trabajo de carácter colectivo. A diferencia de esta estrategia programática, la lógica individual y emprendedora definió los principales cambios introducidos en la materia por la gestión de Cambiemos (Arcidiácono y Bermúdez, 2018; Hopp, 2017, 2018; Ferrari Mango y Campana, 2018).16 Este cambio se sintetizó en el reemplazo de la línea “Argentina Trabaja” por “Hacemos Futuro”, que elimina la palabra “trabajo”, y en la letra del programa puso énfasis en la terminalidad educativa y la capacitación a futuros emprendedores.17 Este desplazamiento estuvo acompañado de un discurso público ampliamente difundido en medios masivos, tendiente a deslegitimar las cooperativas formadas durante los años previos en el marco de estos programas, que puso en duda su autenticidad, asimilándolas a meros “planes”. Un cuestionamiento que en su práctica cotidiana las organizaciones se han preocupado por impugnar visibilizando el trabajo realizado en el día a día (Pacífico, 2018).

Es justamente ese trabajo cotidiano en su transcurrir lo que el enfoque etnográfico nos permite aprender, dejándonos guiar por aquello que las personas hacen juntas en el marco de los límites que las relaciones de hegemonía habilitan, como señalamos en trabajos previos (Fernández Álvarez, 2016a). Y nos muestra cómo en ese hacer, aun en contextos sumamente desfavorables (que no solo implicaron un deterioro notable de las condiciones materiales de vida sino un significativo aumento de las acciones represivas), es posible conquistar derechos que, aunque fragmentarios, parciales, imperfectos, inacabados, permiten ampliar el horizonte de posibilidades. Es en esta dinámica que resulta necesario leer el reconocimiento de la economía popular como producción y acción de un sector de la clase trabajadora y la implementación de una transferencia monetaria en forma de salario destinado a esta población.

La definición de esta transferencia como salario no constituye una mera cuestión discursiva. Sintetiza una conceptualización política sobre la economía popular como alternativa digna a la precarización, el desempleo y la informalidad que la CTEP impulsa y sostiene en su práctica cotidiana. Y esto implica pensar el Salario como un punto de partida, una herramienta que permite conquistar derechos colectivos y en la práctica cotidiana de las organizaciones apuntala ese proceso de construcción política. En su movilidad, entendida como la circulación de personas, vínculos, prácticas y espacios, el salario deja de ser una mera transferencia monetaria de carácter individual para fortalecer una dinámica colectiva. Es en el transcurrir de ese hacer juntos que el salario social se colectiviza habilitando un proceso de disputa por derechos para una población que ha estado históricamente desposeída. Inscribir el análisis de esta política en el marco del proceso más amplio en el que cobra forma a través de los lentes de su movilidad permite así ir más allá de la normativa para interrogar lo que en su práctica cotidiana las personas producen haciendo. Y cómo, en ese hacer, se renuevan las formas de hacer política y construir modalidades de agremiación. ◙

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1 Este trabajo de investigación se desarrolla en el marco de los proyectos PICT-2015-0659 “Prácticas políticas colectivas, modos de gobierno y vida cotidiana: etnografía de la producción” (2015-2018) y Ubacyt 20020130200013BA “Prácticas políticas colectivas, modos de agremiación y experiencia cotidiana: etnografía de prácticas de organización de trabajadores de sectores populares” (2018-2020), ambos bajo mi dirección. De manera sintética, estas investigaciones se proponen analizar las formas en que los denominados “sectores populares” desarrollan prácticas creativas para atender a la producción y reproducción de la vida desde experiencias variadas de precariedad.

2 Ley 27345, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2016. Ver https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11514825/null.

3 El monto asignado como transferencia monetaria en calidad de Salario Social Complementario constituye la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil.

4 En estudios previos (Fernández Álvarez, 2016b) hemos señalado la productividad de una perspectiva de nociones como cooperativa en tanto categoría de la práctica. Esta perspectiva desplaza la mirada de la organización a las relaciones, vínculos y acciones cotidianas que la producen. Partiendo de esta misma perspectiva, el carácter deslocalizado de esta experiencia organizativa cobra interés en pos de una reflexión desde la idea de movilidad y busca ampliar los alcances de dichas investigaciones.

5 Entre las organizaciones que participaron del acto por su fundación y siguen formando parte de la CTEP se encuentran el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Posteriormente se sumaron otras organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, la Organización Social los Pibes y Política, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y más recientemente Seamos Libres o La Garganta Poderosa, entre otras.

6 La personería social quedó formalmente reconocida mediante la firma de la resolución 1727/15 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicada en el Boletín Oficial con modificaciones tras la asunción del nuevo gobierno, en la resolución 32/16. A través de esta resolución se creó el “Registro de organizaciones sociales de la economía popular y empresas autogestionadas”, que reconoce a las organizaciones inscriptas en él, otorgando representación a los trabajadores de la economía popular y las empresas recuperadas o autogestionadas (Grabois, 2017).

7 La noción de economía popular cobró fuerza durante la década de 1980 en América Latina en el marco de las críticas a la idea de informalidad para enfatizar los límites de una definición cuyo énfasis estaba puesto en las formas jurídicas o burocráticas (Cortado, 2014).

8 En este proceso confluyeron la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, organizaciones conformadas en demanda de fuentes de trabajo a mediados de la década de 1990 y principios del 2000, respectivamente.

9 Al momento de formalizar su organización, los vendedores elaboraron un reglamento interno que puso en papel gran parte de los códigos y reglas a los que hago referencia.

10 Estos vínculos de parentesco se extienden en ocasiones entre las diferentes líneas del tren, aun cuando en la mayoría de los casos los vendedores suelen pertenecer y permanecer en una misma línea.

11 La Mutual Senderos es una de las principales apuestas en el proceso de construcción política de la CTEP en tanto sindicada en su lucha por equiparar derechos de los trabajadores de la economía popular con aquellos que se encuentran bajo relación de dependencia. Actualmente cuenta con 42063 afiliados y centros de atención propios en todo el país, que ofrecen una prestación integral de salud y convenios con otros centros de mayor complejidad u obras sociales como la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL). Para un análisis de la Mutual en tanto innovación organizacional cf. Bruno, Coelho y Palumbo (2018).

12 Como he desarrollado en otro trabajo (Fernández Álvarez, 2018b), la idea de servicio constituye un anclaje sumamente significativo en el que se sostiene el proceso de construcción de demandas de los vendedores del espacio público de la CTEP. Esto es así, en tanto la actividad que realizan consiste en “la venta de productos populares a precios populares”, garantizando el acceso al consumo masivo de bienes a los que esta población no tendría alcance por otros medios. Pero, en un sentido más amplio, se trata de un servicio en tanto asegura prácticas y formas de cuidado a vecinos, pasajeros, peatones o “el barrio”. Por ejemplo, volviendo seguras zonas de la ciudad de otro modo dominadas por “la delincuencia”; proveyendo a los pasajeros del tren una bebida o alimento cuando regresan a sus casas luego de una jornada de trabajo; manteniendo en el circuido comercial productos cuya fecha de vencimiento es demasiado próxima para que pueda ser ofrecida en los comercios, de modo tal que se minimiza la cantidad de alimentos que finalizan en los rellenos sanitarios; o incluso en algunos casos generando un mercado para productos locales que no tienen posibilidad de ser comercializados en los circuitos de venta masiva.

13 Siguiendo a la autora, el término sustancia resulta productivo para analizar las relaciones de parentesco al dar flexibilidad e integrar la ambigüedad que esta noción envuelve –en la medida en que tiene múltiples significados– para destacar la importancia de los procesos corporales en la comprensión de estos vínculos. Este término supone flujo e intercambio a la vez, como “esencia y contenido”, como “cosas corporales” (sangre, gametas, leche materna, etc.), pero también otros tipos de “cosas” como la comida, la tierra, las casas, fotos, genealogías o documentos a los que suma otras sustancias menos materiales, como, por ejemplo, los espíritus que indican la presencia de parientes (Cartsen, 2014: 107)

14 “Busca” define una categoría de autoadscripción que prefieren utilizar los vendedores ambulantes para hacer referencia a la forma de ganarse la vida y se contrapone a la idea de “mantero”, que suele utilizarse en los medios masivos y porta una carga sumamente peyorativa.

15 La línea San Martín fue inaugurada en el año 1888 por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, una compañía de capitales británicos que operó en la Argentina durante la última parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El sistema ferroviario fue nacionalizado en 1948, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando pasó a ser operado por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. En 1991, los ferrocarriles fueron privatizados en el marco de las reformas neoliberales puestas en marcha por Carlos Menem, entonces presidente de la República Argentina, que concedió la administración a manos privadas. Más de 10 años después, en 2004, el Estado nacional rescindió la concesión y creó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), una empresa mixta formada por el Estado nacional y operadoras privadas disuelta en 2014. El 1° de marzo de 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un proyecto de ley para crear Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (Trenes Argentinos), que desde entonces opera la línea del San Martín. Para un estudio sobre el proceso de privatización y posterior nacionalización cf. Pérez, 2014.

16 Aunque no es objeto de este artículo, es importante mencionar que, para algunas autoras (Arcidiácono y Bermúdez, 2018), a diferencia de otras áreas del Estado donde se dieron transformaciones más disruptivas y se descontinuaron de forma más drástica líneas programáticas, en el caso de los programas sociales pueden encontrarse también continuidades que refieren a una “bisagra de gestión”.

17 En las formulaciones previas estas instancias se contemplaban como parte de una dinámica de trabajo cooperativo.

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Grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas: ejemplos de Argentina y Brasil.
Beatriz Cuenya

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO EN EL SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Hilda María Herzer

Este artículo examina la vinculación entre globalización, territorio y ciudad, focalizando el análisis en un aspecto de ese proceso que comienza a darse con cierto ímpetu en la ciudad de Buenos Aires desde fines de la década de 1990 hasta el presente. Se trata del proceso de gentrificación que en estos años se ha desarrollado en distintos barrios. Se hace hincapié en el proceso que, desde la década de 1990, tiene lugar en la zona sur de la ciudad.

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La cuestión de la vivienda en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (2003-2008).
María Cristina Cravino

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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La juventud en plural: desigualdades, temporalidades e intersecciones.
Ramiro Segura

En este texto de presentación del dosier se plantean los ejes que se desplegaron en la mesa de un seminario en la que participaron especialistas en la investigación sobre juventudes con miras a establecer y profundizar el diálogo y el intercambio a escala regional sobre la temática, no solo en lo relativo a los desarrollos estrictamente académicos, sino también en lo que respecta tanto a las formas en que la investigación sobre juventudes desde las ciencias sociales se vincula actualmente con las políticas públicas como a los desafíos que la investigación social y la política pública sobre juventudes en la región tendrán en el futuro.

Se da cuenta de las miradas convergentes sobre el campo de estudio en juventudes y de las claves de lectura de los especialistas para reconocer la juventud en plural. En esta introducción se destaca cómo la desigualdad, las temporalidades y las intersecciones se constituyen en vectores analíticos desde los cuales se desagregan las juventudes como objeto de estudio.

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Jóvenes entre el centro y la periferia de la ciudad, del Estado y de la academia.
Mariana Chaves

En este escrito se analizan someramente tres campos de producción de lo social desde la perspectiva de la dinámica centro-periferia. Estas categorías tienen cierto potencial creativo para pensar las relaciones de producción del espacio social, pero, además de la ayuda para espacializar relaciones entre diferentes potenciales de poder, estas nociones nos habilitan para estudiar el punto de vista del actor o la visión de mundo. Se trata de conocer quién o quiénes deciden nombrar y logran colocar algo como centro y otra cosa como periferia. Ofrezco como respuesta simplificada anticipada que es desde el lugar donde está posicionado el sujeto, desde donde ve y nombra el mundo. Con esta hipótesis buscaremos pistas para entender el juego de la producción social de: 1) la juventud urbana; 2) las políticas públicas y sociales, que “tocan” a los jóvenes, y fi nalmente; 3) la producción científica sobre juventudes.

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Sensibilidades, derechos y participación juvenil en el escenario político
Itinerarios de investigación y agendas de discusión.
Pedro Núñez

Este artículo aborda la discusión acerca de las formas de participación política juvenil en el periodo entre 2008 y el ciclo político que termina con las elecciones presidenciales de 2015 en la Argentina, aunque se realiza el ejercicio de pensar qué dinámicas adquirieron estos fenómenos en países vecinos. La intención es proponer algunas claves y ejes a considerar como parte de un programa de investigación en la relación entre juventud y política. Para ello se analizan diferentes aspectos de las prácticas políticas juveniles, señalando aquellas cuestiones innovadoras en las formas de militancia como las que replican modos más tradicionales de involucramiento político.

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Investigaciones sobre juventud en Brasil: género y diversidad.
Wivian Weller

El artículo recorre las formas y los momentos de la investigación sobre la juventud en Brasil desde el análisis del movimiento estudiantil durante la década de 1960 hasta los años 2000, cuando comenzaron a diversifi carse los estudios al introducir las dimensiones de género, sexualidad, raza y etnia, entre otras dimensiones de la diferencia y la desigualdad, para llegar a la inquietud en el presente sobre cómo superar cierta difi cultad de articulación de diferentes categorías de análisis en un análisis interseccional de la juventud.

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Distancias cercanas y diferencias encontradas en la Ciudad de Buenos Aires. El caso de los adultos y las adultas que viven en las calles. 1997-2011.
Martín Boy

En este artículo se trabajará sobre las limitaciones que se encuentran en el campo de la Sociología Urbana para pensar el encuentro de otredades de clase que reactualizan procesos de desigualdad social. Mucho se ha escrito sobre el proceso de segregación residencial que atravesó a la Ciudad de Buenos Aires desde la profundización del neoliberalismo en la década de 1990 pero poco se dice sobre cómo la crisis social, política y económica modificó el paisaje urbano y cómo diferentes grupos de pobres reocuparon áreas centrales de la ciudad para desarrollar en el espacio urbano estrategias de supervivencia. De esta forma, se intentará reproblematizar cómo los pobres también construyen usos y significaciones de un mismo espacio céntrico.

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Hacia un enfoque relacional del bienestar
Elementos para el diagnóstico y la orientación de políticas públicas
Rolando Cristao

En el presente trabajo se analiza críticamente el enfoque de pobreza y se propone el enfoque de los activos y estructura de oportunidades como herramienta para el diagnóstico social. A partir de este desarrollo, se discute en qué medida el concepto de desigualdad podría actuar como organizador del análisis de la situación social.

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Programas sociales y personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires
Un mapa conceptual de las intervenciones
Andrea Bascialla

El presente trabajo presenta un análisis resumido de las políticas sociales generadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para personas en situación de calle. A partir de la sistematización de la información ofi cial disponible, se confeccionó un cuadro de los programas y se señalaron los conceptos más sobresalientes en relación a: i. qué ejes de la vida en la calle se recortan como problema social a solucionar; ii. qué responsabilidades atañen a cada actor social en estas soluciones y iii. qué aspectos de los grupos poblacionales se delimitan con determinadas categorías (edad, género, etc.). Se consideró el eje temporal para contextualizar las categorizaciones y esquemas de intervención. El análisis incluyó, además, los aportes teóricos vigentes sobre el tema para entender que la focalización en la falta de vivienda y la invisibilización de las causas estructurales impiden soluciones de largo alcance.

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Entre prácticas instituidas, instituciones interpeladas y luchas distintivas:
la AUH frente a la ampliación del derecho a la educación (2009-2015).
Nora Gluz e Inés Rodríguez Moyano

El artículo propone analizar los sentidos que asumen las políticas de transferencias condicionadas de ingresos en el campo escolar, en el marco de las tendencias hacia la mayor integralidad de las intervenciones destinadas a garantizar el derecho a la educación durante el periodo 2009-2015 en Argentina. Nos interesa examinar el modo como estas son apropiadas en las escuelas a través de las mediaciones institucionales y de las tradiciones simbólicas propias del campo escolar así como de las lógicas de los actores que en ella intervienen. El trabajo toma como fuente los resultados de una investigación desarrollada entre 2013 y 2015 en la provincia de Buenos Aires sobre los procesos de implementación de la principal política de transferencias monetarias a nivel nacional: la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social.

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Las tensiones de las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo desde la perspectiva de los actores.
Laura Eugenia Garcés

Al analizar las políticas sociales, podemos posicionarnos en perspectivas teóricas que justifican el establecimiento de condicionalidades o, por el contrario, en perspectivas que se oponen a aquellas por considerar que contradicen la idea de derecho. En tanto, en el presente trabajo pretendemos problematizar esas respuestas dicotómicas y las tensiones conceptuales que están presentes en las percepciones de los actores involucrados en la Asignación Universal por Hijo de Argentina, analizando los sentidos otorgados a estos conceptos, ya no como correctos o incorrectos según una perspectiva teórica sobre las condicionalidades, sino complejizando el análisis, articulando con otros desarrollos teóricos que amplíen el horizonte explicativo de la condicionalidad y que, al mismo tiempo, den cuenta de las miradas de los sujetos involucrados en la práctica concreta de las condicionalidades.

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Las políticas de transferencias condicionadas en la Argentina posconvertibilidad:
¿una forma de mediación entre la cuestión social y el régimen social de acumulación?
Silvio Alejandro Crudo

En las últimas décadas se advierte la expansión que han tenido los programas de transferencias condicionadas (PTC) en los esquemas de protección social, así como sus mutaciones en términos de diseño. Si varios son los factores que ayudan a comprender los procesos de formulación de las políticas sociales, nos centraremos en uno: el régimen social de acumulación en el que se encuentran insertas. El interrogante que guiará este trabajo será: ¿qué relaciones se pueden establecer entre los PTCI y el régimen social de acumulación que contiene? Para responderlo, tomaremos los casos de dos programas argentinos: el Plan Familias por la Inclusión Social y la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. La hipótesis que sostendremos es que estos programas se actualizan como una forma de mediación entre la cuestión social y el incipiente régimen social de acumulación que se estaba definiendo tras la salida de la convertibilidad. Para ello, recurriremos a decretos y reglamentaciones de los programas tomados como casos, documentos institucionales y datos estadísticos.

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¿Cooperativismo como oportunidad perdida? Problemas estructurales y coyunturales del cooperativismo bajo programas
Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez

El artículo analiza el campo del cooperativismo de trabajo bajo programas a partir del caso del Programa “Ingreso Social con Trabajo” (Prist). Se abordan cuestiones estructurales y cambios de coyuntura apelando a la metáfora de bisagras de gestión. Se sostiene que las modificaciones impulsadas por el gobierno de Cambiemos se erigen y legitiman sobre un conjunto de supuestas “debilidades preexistentes” del programa, donde el esquema cooperativo comenzaba a perder centralidad. Hasta el momento, la nueva gestión brinda mayor preponderancia a las actividades de formación con una nueva versión de la teoría de capital humano y al componente de las transferencias de ingresos. Este trabajo deja abiertos interrogantes sobre las posibilidades futuras y disputas en torno al Prist y a la línea del cooperativismo de trabajo bajo programas entre posiciones más próximas al reconocimiento de nuevas formas de trabajo autogestivo-asociativo que persiguen sectores de la economía popular, por un lado, y propuestas gubernamentales de corte individual que tienden a descolectivizar el abordaje de la política pública.

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De la promoción del trabajo cooperativo al Salario Social Complementario. Transformaciones en la transferencia de ingresos por trabajo en la Argentina
Malena Victoria Hopp

A partir del trabajo de campo cualitativo y el análisis documental, el artículo reconstruye y analiza la estrategia de política social del Estado argentino ligada a las transferencias de ingresos en el marco de experiencias de trabajo cooperativo y en la economía popular, y las disputas en torno a los sentidos del trabajo y la organización colectiva que estas implican. En este recorrido, se indaga acerca de los fundamentos de la inclusión del trabajo cooperativo como marco de realización de las tareas laborales y como condición para el otorgamiento de una transferencia directa de ingresos, en el período 2003-2015, y la ruptura que plantea la nueva orientación de las políticas sociales que propone transferencias “sin cooperativas” y la creación de un Salario Social Complementario, impulsados por la nueva gestión de Gobierno, iniciada en diciembre de 2015.

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La lucha por un lugar en Buenos Aires.
Crisis de la vivienda y boom inmobiliario (1990-2010)
Marie-France Prévôt-Schapira

En el marco del programa Metraljeux de estudio sobre cuatro metrópolis de América Latina, este trabajo parte de la idea de que en Buenos Aires, como en otras ciudades de la región, los modelos de gobernanza son producto de las lógicas políticas e institucionales que caracterizaron las trayectorias de las metrópolis así como su inserción en la globalización. El análisis propuesto, elaborado como resultado de un trabajo de campo en las ciudades de México y de Buenos Aires en los años 2008-2010, permitirá entender los modos de la gobernanza de la vivienda en Buenos Aires, paradójica con respecto a las otras metrópolis de América Latina.

En primer lugar, se establecen, en una perspectiva histórica, las nuevas formas de precariedad y vulnerabilidad de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires en los años 2000. Luego se pone el foco en el desfasaje entre el derecho a la vivienda reconocido por la Constitución de la Ciudad Autónoma (CABA) y las políticas implementadas para responder a la apremiante demanda habitacional, privilegiando el análisis de las lógicas políticas e institucionales. Por último, se muestra cómo la concentración de programas de vivienda social, la mayor parte de ellos confinados en el sur de la ciudad, profundiza los procesos de segregación existentes, endurece las fronteras entre distintos barrios y exacerba las tensiones.

En fin, el artículo sostiene que la pregunta por quién se apropia del espacio es clave para hacer inteligible la dinámica y las posibilidades de la gobernanza metropolitana.

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Bienestar infantil y diversidad familiar.
Infancia, parentalidad y políticas públicas en España
Dolors Comas-d´Argemir

El reconocimiento de la diversidad familiar es un componente esencial para el bienestar de la infancia. Las familias han experimentado fuertes cambios en su composición y relaciones internas y esto es especialmente relevante en la España de los últimos cincuenta años, en que se ha pasado de un modelo familiar único (matrimonio heterosexual con hijos) a una diversidad de formas de convivencia y a una democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y entre generaciones. En este artículo presentamos las políticas públicas dirigidas a la infancia, con especial referencia a las relacionadas con el reconocimiento de las nuevas realidades familiares. Constatamos que las políticas de infancia y las políticas familiares han sido de poca entidad y de gran fragilidad en España y que los avances que se produjeron a finales del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo del Estado del bienestar, se han visto truncados con la gran depresión económica y las políticas neoliberales de austeridad, que limitan la responsabilidad del Estado y sitúan a la familia como garante del bienestar infantil, acentuando el riesgo de pobreza infantil. Es en este contexto en el que hay que interpretar la escasa sensibilidad pública hacia las nuevas necesidades de las nuevas familias.

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Los sistemas de registro de información como instrumentos para la gestión de políticas públicas para niñas, niños y adolescentes.
El caso de la Ciudad de Buenos Aires
Cristina Erbaro y Verónica Lewkowicz

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Autoritarismo, espacio urbano y sectores populares
A propósito de Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano, Oscar Oszlak (2017). Ciudad de Buenos Aires: Eduntref. Segunda edición ampliada
Fernando Ostuni

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Los desafíos de la justicia escolar.
François Dubet

El gran proyecto escolar moderno se fundó en la mayoría de los países entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando se construyeron los sistemas educativos públicos nacionales con la misión de escolarizar a todos los niños. En esos años de fuerte confianza en la educación, dos grandes proyectos se afirmaron: un proyecto de justicia social y un proyecto de emancipación. Uno se basa en la creencia en la capacidad de la escuela para promover una jerarquía social justa basada en el mérito de los individuos y no solo en los privilegios debidos a su nacimiento; el segundo postula que la escuela puede formar ciudadanos autónomos y solidarios en el marco de las sociedades nacionales democráticas. En este artículo se analizan esos dos proyectos, el de la justicia y el de la educación, para distinguir sus diversas dimensiones e intentar definir los desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Se sostiene, en líneas generales, que en tanto los sistemas educativos están insertos en las sociedades, cuanto más justa e igualitaria es una sociedad, más probabilidades tiene la escuela de ser ella misma justa e igualitaria. Porque si bien la escuela interviene sobre la sociedad, no está quizás en condiciones de “salvar el mundo”.

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Las continuas mejoras en la distribución del ingreso en Argentina entre 2003 y 2015.
Ana Laura Fernández y Mariana L. González

El período 2003-2015 puede caracterizarse en su conjunto en términos socioeconómicos por el crecimiento de la economía, la mejora en las condiciones laborales y la ampliación de las políticas sociales y de seguridad social. Entre estos años se produjo, a su vez, una mejora continua en la distribución del ingreso, que implicó una reversión respecto de la tendencia regresiva que se había verificado desde los años de la última dictadura militar. En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la distribución de los ingresos familiares e individuales durante esta etapa indagando en su asociación con diferentes factores tales como la dinámica del mercado de trabajo, los ingresos laborales y no laborales. El análisis se basa en una periodización fundamentada en la dinámica macroeconómica y de las variables analizadas, que distingue tres subetapas. La principal fuente de información es la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.


El estudio permite concluir que la menor desigualdad en los ingresos familiares no solo se relaciona positivamente con una mejora en la distribución de los ingresos laborales sino también con el efecto diferencial del aumento de la ocupación y las variaciones en la tasa de actividad, y la menor precariedad en el empleo. Del mismo modo, es fundamental en la explicación la ampliación del régimen previsional y el aumento real de los haberes jubilatorios, mientras que las políticas sociales de transferencias monetarias tienen un rol también positivo, pero de menor intensidad.

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La desigualdad regional de ingresos en la Argentina de las últimas décadas
Impacto redistributivo del Estado y contribución regional a la inequidad urbana
Gabriel Calvi y Elsa Cimillo

En este trabajo se aborda el fenómeno de la desigualdad de ingresos personales en los distintos agrupamientos urbanos (regiones y aglomerados) de la Argentina y su evolución en los últimos veinte años. El estudio se concentrará en dos aspectos: 1) la evolución de la desigualdad y del impacto redistributivo de las transferencias estatales (contributivas y no contributivas) a nivel regional; 2) el aporte de cada área a la desigualdad del total urbano.


Para el primer aspecto abordado se analizarán coeficientes de Gini de ingreso per cápita familiar (IPCF), antes y después de transferencias estatales. En este punto se procederá comparando ambos tipos de coeficientes, asumiendo que la diferencia es un buen indicador del efecto redistributivo de la intervención del Estado. La comparación será realizada para cada uno de los agrupamientos territoriales en los distintos años considerados.


El segundo aspecto, de mayor complejidad, es el relativo a la contribución de regiones y aglomerados a la inequidad del total urbano en el período analizado. La desigualdad de IPCF del total urbano resulta de incluir en un único ordenamiento jerárquico (distribución) los ingresos individuales (IPCF) de distintas áreas geográficas, que presentan heterogeneidades en términos de tamaño poblacional y nivel de ingresos. Esta mayor o menor heterogeneidad (entre regiones o aglomerados) origina contribuciones diferenciales a la desigualdad total. La metodología utilizada en este punto es una adaptación del procedimiento de descomposición del Gini por fuentes de ingreso elaborado por Lerman y Yitzhaki (1985) y difundido por CEPAL en 2008 (Medina y Galván, 2008). La adaptación aquí realizada consiste en considerar los ingresos de los residentes de cada región o aglomerado como fuentes distintas del ingreso total urbano.


En la definición de las áreas urbanas se sigue la clasificación de agrupamientos territoriales que emplea el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), fuente de información utilizada en este trabajo. Nos referimos a las seis regiones estadísticas definidas por el INDEC (Gran Buenos Aires, Cuyo, Noreste Argentino, Noroeste Argentino, Patagonia y Pampeana) y a los distintos aglomerados urbanos relevados por la encuesta (cuya cantidad ha variado desde los inicios de la EPH).


El estudio es precedido por una sección en la que se describe brevemente la evolución de la desigualdad de ingresos entre 1993 y 2013, y que nos permite identificar las etapas a partir de las cuales será estilizado el análisis. Un último punto queda dedicado a las conclusiones que se desprenden de las evidencias aportadas.

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Producción de bienestar y estructura social en perspectiva comparada:
Reino Unido, España y Argentina
Jésica Lorena Pla y Emilio Jorge Ayos

Este artículo analiza la composición de ingresos y su relación con la estructura social, a partir de una perspectiva comparativa, seleccionando los casos de Reino Unido, España y Argentina. Retomamos la discusión sobre las formas de articulación entre las diferentes instituciones que participan en la provisión del bienestar, Estado, Mercado y Familia, aprendiéndolas a partir de la desagregación de los ingresos por fuente (laboral, no laboral, y en este último caso, su composición), abordados comparativamente a partir de la unidad de análisis individuo y la unidad de análisis hogar.


Utilizamos los microdatos de las siguientes fuentes: la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina), la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (España - 2013 en cada caso) y su versión inglesa European Union Statistics on Income and Living Conditions (2009).


El instrumento de medición utilizado para analizar la evolución de la estructura de clases en relación al mercado de trabajo fue el esquema de clases de Erikson, Goldthorpe y Portocarero (Goldthorpe y Heath, 1992).

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Desigualdad de oportunidades de graduación universitaria en Argentina (1975-2015):
Efectos del territorio, la clase social de origen y el nivel educativo familiar
Pablo Dalle, Paula Boniolo, Bárbara Estévez Leston y Joaquín Carrascosa

El artículo analiza la incidencia del origen social familiar y el territorio en la desigualdad de oportunidades de graduación universitaria en Argentina y su evolución a través de cuatro cohortes nacidas entre 1945 y 1985. Se utiliza una metodología cuantitativa que combina el análisis de dos fuentes de datos secundarios: la Encuesta Nacional sobre Estructura Social de 2015 y el Censo Nacional de Personas, Hogares y Viviendas de 2010. Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas: tablas de contingencia, gráficos y mapas, e inferenciales: modelos log-lineales y de regresión logística multivariados. Las pautas observadas sugieren que la escasa expansión de la graduación del sistema universitario en las últimas décadas ha implicado, hasta el momento, una ampliación de la desigualdad de clase en el logro de credenciales universitarias en la cohorte más joven, esto es, mayores ventajas para quienes provienen de clases medias. El nivel educativo del hogar de origen es la variable que más influye en la graduación universitaria y su efecto sobre la desigualdad de oportunidades se mantiene constante a través de las cohortes. Asimismo, el estudio brinda evidencia en favor de que la región de nacimiento y de residencia actual contribuye a delinear la desigualdad de oportunidades educativas.

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Procesos de exclusión en las políticas sociales:
explorando los perfiles de la población no perceptora de la Asignación Universal por Hijo
Agustín Salvia, Santiago Poy y Ianina Tuñón

Está ampliamente probado que las instituciones laborales y de seguridad social asociadas a los mercados de trabajo formal constituyen el principal mecanismo de inclusión social sistémica en economías de mercado (OIT, 2017). No obstante, la reconfiguración productiva y sus efectos sobre el empleo y la exclusión a escala global condujeron a muchos gobiernos a desarrollar sistemas de protección paralelos a tales mecanismos (CEPAL, 2018). En América Latina, estos sistemas han adoptado la forma de programas de transferencias condicionadas de ingresos, orientados a la lucha contra la pobreza y concebidos como instrumentos transitorios hasta que los beneficiarios logren una mejor inserción en el mercado laboral. Si bien han tenido efectividad para paliar situaciones de pobreza extrema, en distintos países se ha constatado su insuficiencia para superar exclusiones o autoexclusiones sociales y promover formas más plenas de inclusión social sistémica.


A partir de 2009, el gobierno argentino implementó un sistema de transferencia condicionada de ingresos –la Asignación Universal por Hijo–, destinado a hogares con niños y adolescentes cuyos padres fueran trabajadores informales, desempleados o inactivos y no tuvieran acceso a otros mecanismos de protección social. La literatura ha abordado distintas aristas de esta política. Adoptando un enfoque crítico sobre el carácter universal, transitorio e inclusivo de esta iniciativa, este artículo aborda un aspecto poco explorado: el perfil socioeconómico, demográfico, laboral y residencial de aquellos potenciales beneficiarios excluidos o autoexcluidos del programa. Se parte de la hipótesis de que se trata de una población heterogénea, atravesada por diferentes clivajes y grados de marginalidad social, cuyas particulares condiciones constituyen el principal factor de exclusión.


La fuente de información son los microdatos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina correspondientes al período 2010-2015. Sobre las bases apiladas se aplican modelos de regresión, análisis factoriales y construcción de clústeres que permiten caracterizar y tipificar los diferentes procesos sociales de exclusión subyacentes a los perfiles socioeconómicos, demográficos, laborales y residenciales presentes en una población de niños y adolescentes elegibles no beneficiarios de la AUH.

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Políticas sociales y simbolismo del trabajo en Argentina
Desigualdad, apropiaciones y sentidos vividos en el espacio social de Córdoba
Gonzalo Assusa

El artículo aborda la relación entre políticas sociales y desigualdad en la Argentina contemporánea. Para ello, plantea su análisis en dos dimensiones paralelas e interconectadas. La primera refiere al lugar de las políticas sociales como instrumento de reproducción social y al modo en que se inserta en una serie de estrategias de reproducción social de las familias para sostener o mejorar su propia posición en el espacio de las clases sociales. La segunda refiere a cómo las políticas sociales (denominadas coloquialmente “planes sociales") pasan a formar parte de un acervo común de categorías simbólicas que se ponen en juego en la construcción de fronteras simbólicas que distinguen legitimidades, dignidades y prestigios diferenciales entre personas. Con este objetivo, el artículo propone una articulación de métodos, combinando procesamiento estadístico multifactorial de bases de datos como la ENES-PISAC, con un extenso trabajo de campo cualitativo que va desde entrevistas en profundidad hasta registros etnográficos.

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Las transformaciones en las prácticas de los sectores populares organizados a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo
Victoria D’Amico

En este artículo exploramos las reconfiguraciones de la relación entre sectores populares y Estado a partir del análisis del modo que adoptó la inscripción de la AUH en las redes de sociabilidad política local de una organización socioterritorial, el Movimiento Justicia y Libertad en la ciudad de La Plata, entre 2011 y 2015. Sostenemos que la implementación de la AUH conllevó dos transformaciones simultáneas en las prácticas de los sectores populares organizados. Por un lado, reprodujo el sentido oficial de que la política es gestionada directamente por el Estado nacional. Al hacerlo, las organizaciones se distanciaron del carácter disruptivo con que habían disputado previamente su papel protagónico como mediadoras en la gestión de políticas sociales y, como consecuencia, se produjeron procesos de individualización de los sectores populares.


Por otro, las organizaciones reconfiguraron su trabajo territorial a través de su participación en otros programas sociales. Las cooperativas del Programa de Ingreso Social con Trabajo, más conocido como “Argentina Trabaja”, operaron como núcleos de articulación de recursos, tareas y demandas al Estado en el entramado local. Reconstruimos empíricamente las tensiones irresueltas que ambos procesos generaron en las experiencias de ciudadanización y desigualdad, particularmente para las mujeres.

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Experiencias del bienestar
Para una comprensión de la política social desde el sentido común
Daniela Soldano

Conseguir trabajo, agua potable, una bolsa de alimentos, un turno médico, un lugar donde vivir, o un cupo en la mejor escuela pública del barrio, constituyen desafíos que enfrentan a diario los vecinos de las barriadas relegadas de las ciudades en nuestra región. Estos desafíos permiten advertir dos registros del orden socio-político: la estructura desigual que da forma a sus condiciones de vida y las prácticas efectivas de reproducción social. Entre ambos, se ubica el sentido común, un nivel de conocimiento experiencial, potente para orientar dichas rutinas cotidianas y con capacidad para “suturar” simbólicamente las fracturas de una sociedad atravesada por la desigualdad socioeconómica. Este artículo propone la comprensión de lo que se denominará “experiencias del bienestar” –del Estado y la política social–, en las que entran en escena un conjunto de razonamientos evaluativos que atañen a la calidad de los recursos públicos, a la efectividad y legitimidad de su mediación y al grado de justicia presente en su distribución en los diferentes territorios.

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Cuando la desigualdad y la pobreza pasaron a ser problemas de la gerencia social
Notas sobre el caso de los think tanks en los noventa
Adriana Clemente

Este artículo problematiza sobre la orientación y las características de las fuentes de conocimiento y el asesoramiento brindado para el diseño de los programas sociales y el tratamiento de la pobreza que se realizaron como parte de la cooperación técnica para el desarrollo en la década de los noventa. El análisis focaliza el rol de los dispositivos institucionales que actúan en torno a procesos de vinculación tecnológica y social con la vocación de incidir en la agenda pública (think tanks), particularmente los asociados al ámbito académico inscriptos en el campo de las políticas sociales y el desarrollo.

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¿Es el territorio un “accidente” para las políticas de salud? Aproximación conceptual y reflexiones desde la investigación social.
Magdalena Chiara

El trabajo se propone introducir la perspectiva territorial para pensar las políticas de salud. Sin pretender negar la complejidad inherente al sector, busca identificar otros pliegues en los que la política se de-construye y vuelve a construirse en territorios determinados. Partiendo de entender la salud como “campo abierto” y pasando revista a distintas contribuciones del enfoque territorial, el trabajo busca colocar el territorio más allá del escenario en el que las políticas se despliegan. En este movimiento, se detectan nuevas preguntas, aparecen otros problemas y se develan nuevos actores.

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El escenario participativo de base popular en el Gran Buenos Aires en tiempos neoliberales: huellas de la historia reciente y cambios emergentes.
Adriana Rofman

El artículo busca reconstruir la historia reciente de los modelos de participación de la sociedad civil de base popular en las políticas públicas, en Argentina. El objetivo es identificar las huellas de las experiencias previas y los cambios emergentes, en el escenario participativo popular actual. Esto es, rastrear las características principales de las formas históricas de organización de la sociedad civil popular, sus agendas y sus modos de relacionamiento con el Estado, con el fin de identificar persistencias y cambios a lo largo del recorrido. Para ello, se analizan tres períodos históricos: la etapa de surgimiento y desarrollo de las articulaciones entre la sociedad civil popular y el Estado durante el siglo XX; las profundas transformaciones producidas por la implantación del neoliberalismo y la consecuente crisis de fin de siglo; y el momento de recuperación del protagonismo estatal, junto con la expansión e institucionalización de estos espacios. Por último, se describe el panorama actual, de los primeros años de gobierno de Cambiemos, enfocando en los rasgos persistentes y las novedades emergentes.

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Los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia: institucionalizando la participación de la sociedad civil en la producción de la política pública de infancia a nivel local en el Conurbano Bonaerense.
Carolina Foglia

En este trabajo nos concentraremos en el abordaje de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, dispositivos locales del sistema de promoción y protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de la participación ciudadana. Consideramos que estos dispositivos institucionalizan territorialmente la participación de las organizaciones sociales locales en la política de infancia de un modo diferente al observado durante la década de 1990, el cual se centraba en la provisión de bienes y servicios y la ejecución de tareas en el marco de programas estatales. Si bien este es un rol que las organizaciones sociales continúan desempeñando, la conformación de los Consejos Locales jerarquiza un papel ligado al diagnóstico de los problemas locales y a la planificación de iniciativas.

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¿Cómo es posible que una toma de tierras se convierta en un barrio popular planificado? Condiciones y actores intervinientes en un caso de la periferia de la ciudad de La Plata.
Florencia Musante

El presente artículo analiza las condiciones de posibilidad de una toma de tierras en la periferia de la ciudad de La Plata y se pregunta por el modo en que la intervención y articulación de distintos actores configuró en el territorio un escenario particular, que lo llevó a convertirse en un barrio popular planificado. La toma tuvo lugar en el año 2015 en Abasto, localidad del oeste de la ciudad de La Plata, y se volvió emblemática por una serie de condiciones que la particularizaron: su masividad –se trata de una toma de 56 hectáreas que nuclea a más de mil familias– y la velocidad con que se logró iniciar un proceso expropiatorio, que dio lugar a distintas intervenciones estatales. Sostenemos que existe una serie de condiciones de posibilidad –la coyuntura política, la intervención estatal y la dinámica de la organización colectiva– que permiten entender la singularidad del proceso.

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Territorios móviles, políticas sociales y prácticas de organización de trabajadores de la economía popular.
María Inés Fernández Álvarez

Este artículo sintetiza resultados de una investigación etnográfica en curso con una cooperativa de vendedores ambulantes del Ferrocarril San Martín que integran la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Aun cuando la cooperativa se conformó en el año 2015, los vendedores del tren han mantenido, a través de generaciones, “códigos de vida” que organizan su actividad, dentro de las que cobran centralidad las relaciones de parentesco, incluyendo la forma en que la idea de familia es empleada para hablar de los vínculos que se tejen en “el fierro”, tal como prefieren denominar al tren. Este proceso de formalización como cooperativa se vuelve inteligibile a la luz de un proceso más amplio de producción y disputa de formas de reconocimiento, protección, bienestares y derechos colectivos como trabajadores en el marco de la CTEP, dentro del que se destaca la implementación del Salario Social Complementario. En este artículo, me propongo analizar la dinámica de este proceso de organización y la implementación de esta política en un territorio particular marcado por la movilidad de las personas, los vínculos, las prácticas y los espacios que lo producen. Por una parte, esta condición desafía las formas modales de hacer política que caracterizan las organizaciones marco en las cuales la cooperativa se inserta. Por otro, la implementación de esta política desborda los límites del espacio del tren como territorio para proyectar y construir vínculos desde y hacia los barrios donde habitan los vendedores. Atendiendo a estas dos dimensiones, me propongo reflexionar sobre la heterogeneidad de los territorios en los que se despliegan las formas de organización de la economía popular con relación a las políticas públicas destinadas a esta población.

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El territorio, la comunidad y la autonomía: ¿discursos mitológicos en los programas sociales destinados a jóvenes “en riesgo”?
Marina Medan

Desde inicios del 2000 en la Argentina se implementan programas de inclusión social y prevención social del delito destinados a jóvenes “en riesgo”, en los cuales el abordaje territorial y comunitario es distintivo. Este artículo describe y analiza los sentidos y prácticas que tal enfoque supone, tanto desde la perspectiva de los agentes institucionales como desde la de los jóvenes. Los resultados se discuten a la luz de la literatura que aborda las relaciones entre el Estado, el territorio y la comunidad, y se resalta el potencial analítico de la noción de “margen” (Das y Poole, 2008) para problematizar el funcionamiento estatal. Finalmente, se coloca una nueva hipótesis a partir de los hallazgos: las definiciones institucionales sobre el territorio y la comunidad como epicentro de los riesgos que aquejan a los jóvenes, en articulación con la reivindicación de la autonomía juvenil para lidiar con ellos, podría generar un discurso mitológico (Haney, 2010) que provocara más desempoderamiento que emancipación. Los datos analizados provienen de investigaciones cualitativas desarrolladas entre 2008 y 2018, cuyas técnicas principales han sido la observación participante, entrevistas en profundidad y grupos focales. La referencia empírica está conformada por programas de prevención social del delito y programas de inclusión social juvenil implementados en barrios populares del AMBA.

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Educación y Territorio: una experiencia de implementación del Plan Fines en la Provincia de Buenos Aires.
Laura Beatríz Casals

A partir de un estudio de caso en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, nos proponemos comprender el modo en que las trayectorias educativas de jóvenes y adultos estudiantes del Plan Fines en territorios socialmente críticos se vinculan con el entramado de organizaciones sociales y comunitarias. Esto a partir del análisis del contexto territorial y la dinámica local de implementación del Plan; la reconstrucción de la trama de organizaciones sociales y comunitarias en que la sede del Plan está inserta y el abordaje de trayectorias educativas de estudiantes y referentes comunitarios.

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Territorio, política social e implementación. Una mirada desde los espacios locales de gestión del “Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo” en el distrito de La Matanza.
Cynthia Gisselle Ferrari Mango

El objetivo general que perseguimos a través de este artículo es caracterizar la territorialidad que adquiere el Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo en los espacios locales de gestión denominados Obradores en el distrito de La Matanza (2009-2016), ubicado en la provincia de Buenos Aires. Dicho programa tiene un alto componente territorial, por lo cual una mirada a nivel local permite captar diferencias de la implementación del programa y recuperar la noción de centralidad del territorio como espacio de implementación de programas sociales.

Para abordar el objetivo planteado trabajamos en los Obradores entendidos como los espacios locales de gestión y lugares estratégicos de transformación de los programas. Se trató de una investigación cualitativa en la cual el corpus de análisis quedó conformado por la Resolución 3182/09 que le dio origen, el documento “Distribuidor Nacional Programa de Ingreso Social con Trabajo” elaborado por el MDSN, las transcripciones de las notas de campo y las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas.

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Acoples y desacoples del ´Argentina Trabaja´ con las políticas de economía social y solidaria en Argentina. Contribuciones a partir de las implementaciones locales en el Conurbano Bonaerense (2009-2018).
Ruth Muñoz

En base a un trabajo de identificación y análisis comparativo de las políticas de economía social y solidaria llevadas a cabo en los 24 partidos del Conurbano Bonaerense entre 2012-2018, el artículo plantea que el Programa Argentina Trabaja, a pesar de lo que sostiene su formulación inicial, fue identificado como una política relacionada con la ESS en solo 4 de los 22 partidos donde se implementó, siendo generalmente ubicado dentro de políticas de transferencias condicionadas por los funcionarios locales, sentido que fuera exacerbado en el actual contexto de restauración conservadora. Elaborado a partir del esfuerzo de reconstrucción de la escasa información disponible para esta escala, se presentan estadísticas del Programa desagregadas por partido, a lo que se suman testimonios de funcionarios nacionales y municipales. Se espera que el análisis constituya un aporte a la discusión sobre las políticas públicas, el territorio y sus relaciones.

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Erradicación de pobladores y recomposición identitaria: El caso de la villa Estrecho de Magallanes (Santiago de Chile).
Cristóbal Sebastián Palma Rojas

El presente artículo discute acerca de la generación de identidades colectivas surgidas en un marco de segregación espacial y homogenización intracomunal provocada a partir de las políticas de reforma urbana impulsadas por la dictadura militar chilena. La investigación realizada en la villa Estrecho de Magallanes, de la comuna de La Pintana, en Santiago, se llevó a cabo mediante técnicas de investigación cualitativas como la observación participante y la entrevista en profundidad. Se concluye que, a pesar de las políticas de erradicación y radicación de la dictadura militar y su manifiesto interés por desarticular las instancias de organización e identificación colectiva, los pobladores tienden a re-crear identidades asociadas a la simbolización del espacio habitado y las acciones conjuntas que despliegan en respuesta a la marginación social.

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Programas de transferencias monetarias condicionadas en la Argentina y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (2003 - 2009).
Vanesa P. Ciolli

El artículo analiza el principal programa de transferencias monetarias condicionadas de Argentina entre 2003 y 2009 –el Plan Familias por la Inclusión Social–, implementado mediante un ciclo de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Su propósito es comprender por qué las políticas sociales asumieron dicha modalidad en la etapa posterior a la crisis de 2001 y por qué fueron vehiculizadas mediante el financiamiento de instituciones financieras internacionales. Para alcanzar dicho objetivo, se desarrolla un análisis interpretativo basado en análisis documental. De ello se concluye que la participación de la mencionada institución propició, por un lado, la reingeniería del aparato estatal en el sector de las políticas sociales, orientada al conocimiento riguroso de la población para su focalización, y, por el otro, el cambio en el tipo de interpelación estatal hacia la población receptora, en virtud de su regulación.

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Diferenciación social y segregación educativa en el área metropolitana de Asunción.
Luis Ortiz, Kevin Goetz y Colin Gache

El artículo ofrece una propuesta analítica que considera el espacio urbano, con sus formas y estructuras, no como una simple plataforma de importancia secundaria, sino como un hecho social total. Desde la perspectiva de observación socioespacial que constituye la ciudad, se busca comprender las intensidades y los sentidos de dos fuerzas mayores que intervienen simultáneamente en el sistema educativo. La primera tiene que ver con las dinámicas sociales en curso y con la consiguiente configuración espacial que adquiere la ciudad (aumento de la clase media, trayectorias residenciales, valores asignados a las diferentes zonas y barrios de la ciudad, modificación de los modos de desplazamiento, entre otros), mientras que la segunda tiene que ver con las características y tendencias que discurren en el dispositivo educativo. Las evoluciones del conjunto dinámico que constituye el dispositivo educativo obedecen necesariamente a mecanismos colectivos e institucionales. El análisis apunta a dar cuenta de las relaciones entre los grupos sociales del territorio para moldear el sistema educativo en función de sus intereses diferentes y divergentes.

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Entre la integración subordinada y la relegación social-urbana. El caso del “Certificado de Vivienda Familiar” en la ciudad de Rosario.
Florencia Brizuela y Melisa Campana

Inspirado en el enfoque de la gubernamentalidad, el artículo analiza las racionalidades políticas que atraviesan el Certificado de Vivienda Familiar argentino. Con el objetivo de reconstruir las novedades que el Certificado supone en términos de política sociohabitacional y de estrategia de gobierno en villas y asentamientos informales de Rosario, el trabajo recorre la orientación de los programas implementados durante las últimas décadas en la ciudad, analiza los campos discursivos en que se asienta el Certificado (la lucha contra la pobreza, el combate al narcotráfico y la unión de los argentinos) y sistematiza los hallazgos parciales de la investigación. Estos señalan nuevas estrategias de gobierno que promueven la autogestión de los vecinos en la resolución de sus problemas, bajo una modalidad individual, y cuyos efectos suponen la confinación a territorios de relegación social-urbana.

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Rompiendo las barreras de la relegación: reflexiones sobre un programa de seguridad alimentaria aplicado desde INSSJP-PAMI​ en cogestión con un centro de jubilados y pensionados.
Juan Francisco Di Meglio

El presente escrito tiene la intención de componer un conjunto de reflexiones sobre la importancia que adquieren las organizaciones sociales de personas mayores, concretamente los Centros de Jubilados y Pensionados, en la implementación de políticas sociales, la aplicación efectiva de los derechos sociales en el territorio y la recreación de los lazos sociales. Para dicho objetivo se parte de la experiencia del inicio, en el año 2015, de la prestación “bolsón de alimentos”, perteneciente al Programa ProBienestar del INSSJP-PAMI, en el Centro de Jubilados y Pensionados “Mi segunda casa”, ubicado en Ciudad Oculta (Villa Lugano, CABA).