Número 4 - Primer semestre 2019

Dosier - Políticas sociales y territorios. Fronteras e intersticios entre actores, políticas e instituciones

Los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia: institucionalizando la participación de la sociedad civil en la producción de la política pública de infancia a nivel local en el Conurbano Bonaerense

  • Carolina Foglia

    Instituto del Conurbano - Universidad Nacional de General Sarmiento
    cfoglia@ungs.edu.ar

    Licenciada en Ciencia Política (UBA). Magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales (Flacso Argentina). Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora docente del Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento. Docente de grado de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y de Posgrado (Flacso, Untref). Investiga sobre procesos de formulación e implementación de políticas sociales en los niveles subnacionales de gobierno, particularmente en la provincia de Buenos Aires.

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    Referencia electrónica
    Foglia, Carolina (2019). Los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia: institucionalizando la participación de la sociedad civil en la producción de la política pública de infancia a nivel local en el Conurbano Bonaerense. Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas N°4. Primer semestre 2019, pp. 71-97 [En línea]. Consultada el: 17-09-2019
    URL: http://ciudadanias.untref.edu.ar//n4_dossier_art3.php
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Resumen

En este trabajo nos concentraremos en el abordaje de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, dispositivos locales del sistema de promoción y protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de la participación ciudadana. Consideramos que estos dispositivos institucionalizan territorialmente la participación de las organizaciones sociales locales en la política de infancia de un modo diferente al observado durante la década de 1990, el cual se centraba en la provisión de bienes y servicios y la ejecución de tareas en el marco de programas estatales. Si bien este es un rol que las organizaciones sociales continúan desempeñando, la conformación de los Consejos Locales jerarquiza un papel ligado al diagnóstico de los problemas locales y a la planificación de iniciativas.

Introducción

La ley N° 13.298, sancionada en el año 2005 y puesta en vigencia en el año 2007, organiza el sistema de promoción y protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante SPPD) en la provincia de Buenos Aires. Este incluye a los organismos, entidades y servicios, tanto públicos como privados, en el ámbito provincial y municipal que “formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones […] destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños…” (Ley, 13.298, art. 14). Esta normativa, junto a la Ley 13.634 que regula los procesos judiciales familiares y penales de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNyA) y reforma el poder judicial bonaerense al crear los fueros de familia y de responsabilidad penal juvenil, conforman las dos leyes principales dentro del marco jurídico provincial para NNyA.

El diseño de la nueva organización institucional coloca el énfasis en las áreas sociales del nivel provincial y municipal, a las cuales asigna diversas competencias en tanto instancias administrativas garantes del acceso, ejercicio efectivo y/o la restitución de derechos de NNyA.

Como parte de la nueva estructura se crearon dispositivos de atención y protección a nivel territorial, los cuales representan un diseño novedoso, en oposición al tradicional centralismo que organizó este campo de política. Entre ellos se destacan los Servicios Locales y Zonales de promoción y protección de derechos, cuya función es intervenir ante casos de vulneración de derechos de NNYA en el distrito/zona, y los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, cuya tarea es formular el plan de acción territorial para la protección y promoción de los derechos de NNYA. De estos últimos participan representantes de diferentes áreas municipales, organizaciones sociales del territorio vinculadas con la temática, efectores de educación, salud y de otras políticas sociales provinciales con presencia en el municipio y representantes de universidades, colegios profesionales y del poder judicial.

El objetivo de este trabajo es analizar los Consejos Locales desde la perspectiva de los cambios y continuidades en las modalidades de participación ciudadana en Argentina. Nuestra hipótesis sostiene que ellos representan dispositivos que institucionalizan territorialmente la participación de las organizaciones sociales locales en la política de infancia de un modo diferente al observado a comienzos de la década de 1990, que se centraba en la provisión de bienes y servicios y en la ejecución de tareas en el marco de programas estatales. Si bien este es un rol que las organizaciones sociales continúan desempeñando, la conformación de los Consejos Locales jerarquiza un papel ligado al diagnóstico de los problemas locales y a la planificación de iniciativas para darles respuesta.

Este trabajo se inscribe en el marco de un proyecto de investigación que busca relevar, caracterizar y analizar las políticas que gestionan1 los municipios del Conurbano Bonaerense en el campo económico y social, entre las cuales se encuentran las políticas de niñez y adolescencia. Con este propósito primeramente se diseñó una guía de análisis de iniciativas que buscaba capturar diferentes dimensiones. Específicamente en lo que refiere a los Consejos Locales se buscó conocer: año de creación, forma de institucionalización, áreas municipales involucradas, actores no estatales participantes y las principales actividades desarrolladas para identificar el momento del ciclo de la política pública cuando estos centralmente intervienen. Con posterioridad, se desarrolló un relevamiento propio (entre mediados de 2017 y mediados de 2018) consistente en: a) la realización de entrevistas semiestructuradas a funcionarios locales a cargo de la temática de niñez y adolescencia y/o de las áreas vinculadas a la participación ciudadana de cada uno de los 24 municipios que conforman el aglomerado y a referentes de organizaciones integrantes de los Consejos, b) la recopilación y análisis de fuentes periodísticas y documentales (específicamente con relación a los Consejos locales se relevaron decretos y ordenanzas de creación, reglamentos de su funcionamiento, actas de reuniones y sitios web y, c) la revisión de literatura específica sobre articulaciones entre sociedad civil y Estado en el campo de la infancia.

En este artículo presentaremos primeramente un breve desarrollo conceptual articulando los aportes provenientes del estudio de políticas públicas con aquellos propios del campo de análisis de la sociedad civil, recuperando la noción de participación ciudadana, perspectiva que remite al universo de prácticas de intervención de la sociedad en la decisión y la gestión de asuntos públicos y articulándola con los análisis sobre territorialización de las políticas sociales. En segundo lugar, realizaremos un breve recorrido histórico para subrayar la profusa trama asociativa que se observa en la resolución de los problemas sociales de la infancia. Específicamente pondremos énfasis en el momento de ruptura/apertura que se produce a partir de la crisis de la matriz Estadocéntrica en los años noventa entendiendo que habilita una intervención más sistemática de la ciudadanía en los procesos de producción de la política pública. El tercer apartado se concentrará en describir y analizar una experiencia concreta de participación ciudadana: los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, espacios conformados en la provincia de Buenos Aires con el fin de incorporar a la sociedad civil en la definición de la política pública de infancia en el nivel local. Por último, presentaremos algunas reflexiones finales en las que evidenciaremos el proceso de institucionalización y consolidación de estas instancias participativas y su particularidad en términos de construcción de una forma de intervención de la ciudadanía, en el campo de política estudiado, centrada en la incidencia en la agenda local y en la formulación de iniciativas, diferente de la que se observa a lo largo de la historia.

Políticas públicas y participación ciudadana

Partiendo de la conceptualización de Subirats, Knopfler, Larrue y Varonne (2008: 55), consideramos que “el espacio de una política pública es el marco más o menos estructurado, formalizado y poblado por actores públicos que interactúan con diversos grados de intensidad con actores no públicos, posibilitando estrategias de acción alternativas”. Una lógica similar de análisis postulan Oszlak y O´Donnell en un trabajo pionero sobre políticas estatales en América Latina del año 1976. Los autores sostienen que las políticas permiten ver al Estado en acción, desagregado y descongelado como estructura global y “puesto” en un proceso social en el que se entrecruza con otras fuerzas sociales.

Siguiendo esta perspectiva de análisis, es importante entonces considerar las distintas formas de articulación entre Estado y sociedad civil o entre la esfera estatal y la relacional2 de la estructura social,3 en términos de Adelantado, Noguera, Rambla y Sáez (1998). Los mencionados autores sostienen que estas dos esferas, junto con la mercantil (de producción e intercambio material) y la doméstico-familiar (prestación de cuidados al interior de los hogares sin remuneración monetaria) son proveedoras de bienestar social a la población y que es la política pública social la que opera como principio organizativo entre ellas, asignando a cada una responsabilidad en el suministro de recursos de bienestar.

La sociedad civil fue caracterizada, centralmente durante los años noventa, como un tercer sector,4 no gubernamental y no lucrativo, lo que Nun denomina visión topográfica (Roitter, 2004). Si bien es posible distinguir analíticamente algunos atributos comunes para definir el universo asociativo,5 hay dos señalamientos que recupera críticamente Roitter que cuestionan la representatividad de esta figura. Por un lado, el paraguas de sector transforma en un sujeto político unitario a organizaciones con muy diversos objetivos, prácticas y lógicas de funcionamiento y, por el otro, la identificación de una tercera esfera separada del mercado y del Estado es una simplificación que omite subrayar la porosidad existente entre las fronteras de los referidos sectores y, por tanto, las interrelaciones y mutuas imbricaciones.

En este punto es importante recuperar críticamente la separación tajante entre el espacio público/estatal y el espacio privado.6 Los problemas, demandas, necesidades que movilizan a la sociedad civil tienen su origen en el mundo privado, en las situaciones particulares de los diferentes grupos sociales. Sin embargo, estas se organizan para encontrar vías públicas de atención de sus realidades particulares. La sociedad civil como “esfera organizada de la vida social en la que actores colectivos expresan, dentro de un marco legal, intereses y valores y efectúan demandas al Estado, definidas estas como fines públicos” (Portantiero, 2000: 74) vehiculiza necesidades y problemas del ámbito de lo particular hacia el espacio público, portando intereses universalizables (Rofman, Carvajal y Anzoategui, 2010).

En este sentido, la noción de ámbito público no estatal, como lo denomina Cunill Grau (1997), nos permite recuperar el espacio de acción de la sociedad civil en torno a cuestiones de interés público. La autora sostiene que lo público no se circunscribe a la esfera estatal y, siguiendo a Lechner, lo define como “el lugar de la deliberación colectiva de los ciudadanos y la modalidad en que la preocupación ciudadana por el orden social puede actualizar lo político en la política” (Cunill Grau, 1995:3). Asimismo, remarca que lo público no está dado, sino que es un proceso de construcción que tiene como un actor central a la sociedad civil y que requiere la creación de mecanismos de participación de esta, tanto en el proceso de formulación de políticas y decisiones públicas como en la gestión privada de servicios o programas públicos.

Podemos pensar ese ámbito público no estatal como espacio de interfaz donde se encuentran actores sociales y estatales, interfaz socioestatal, determinado estructuralmente tanto por la política pública como por los proyectos sociopolíticos de los actores estatales y sociales (Hevia e Isunza Vera, 2010).

Tanto la noción de espacio público no estatal como la de interfaz se articulan con el concepto de participación ciudadana, que remite al universo de prácticas de intervención de la sociedad en la decisión y la gestión de asuntos públicos, poniendo en evidencia que las decisiones y acciones públicas no son monopolio estatal. Este concepto, asimismo, nos permite adoptar una mirada articulada que no solo pone el foco en las diferentes experiencias que tienen lugar dentro del ámbito asociativo (el de las organizaciones sociales o de la sociedad civil), sino que ubica a estas en relación con el Estado, que es el que establece el marco normativo para organizar esta participación. “Se trata de un tipo de participación institucionalizada, regulada a través de reglas concretas, específicas y más o menos estables…” (Magistris, 2013:13).

El concepto de participación ciudadana considera la intervención de la ciudadanía en los procesos de políticas públicas en diferentes momentos del ciclo (decisión, formulación, implementación, evaluación y/o control) y en una variedad de campos (política social, económica, de seguridad, etc.). Esta noción coloca al Estado en una posición central ya que él es el representante de lo público y, al enfatizar el término ciudadanía, remite a los derechos y deberes de los sujetos políticos en relación con el Estado poniéndose el acento en las obligaciones en la gestión de lo público que exceden el compromiso electoral individual (Rofman, 2012).

El análisis de la intervención pública de la ciudadana no puede escindirse del estudio de los procesos de territorialización de la política social acontecidos a partir de la década del noventa que fueron trabajados por la literatura con diferentes lecturas. Desde quienes dan cuenta del corrimiento de la cuestión social hacia el territorio a medida que la conflictividad social deja de vincularse centralmente con los problemas relacionados con el mundo del trabajo (Castel, 1997 y 2010), incluyendo a aquellos que remarcan la potencialidad del territorio en términos de construcción de redes comunitarias (Álvarez Leguizamón, 2008) y como espacio de relación e interrelación social, fuente de capital cívico, social y cultural que proporciona los “soportes” necesarios para la integración de los individuos (Merklen, 2005); hasta los que refieren a las desventajas que se acumulan en esos sitios que operan como barrera para la acumulación de activos reforzando el aislamiento y la vulnerabilidad social (Bayon, 2005; Saravi 2004, 2006 y 2009; Katzman, 2009 y Groisman, 2008).

La territorialización también se expresa en la creación de espacios participativos interinstitucionales (Magistris, 2013) que pueden ser analizados a partir del concepto de democracia de proximidad trabajado por Annunziata (2013). Esta autora observa, retomando a Ronsavallon, que en las democracias contemporáneas emerge una nueva forma de legitimidad ligada a la proximidad que supone una atención a las particularidades, un descenso en la generalidad por parte de los gobernantes para implicarse más eficientemente en los problemas ciudadanos. Esta forma de legitimidad se manifiesta en la participación ciudadana, lo que explica la difusión que los dispositivos participativos “que invitan a los ciudadanos a expresarse sobre las cuestiones que los afectan –especialmente a escala local– por fuera de las elecciones” (p. 249) han cobrado en nuestros días.

En una propuesta de clasificación de estos dispositivos, la autora distingue cinco tipos: a) dispositivos de participación-experiencia, dentro de los cuales ubica a los presupuestos participativos, b) dispositivos de participación-presencia, que producen una presencia no habitual, como, por ejemplo, el Concejo Deliberante sesionando en el barrio, c) dispositivos de participación-denuncia, como las oficinas de anticorrupción locales, d) dispositivos de participación-inmediatez, que buscan ofrecer instancias para identificar problemas y proponer soluciones rápidas, como los Foros de Seguridad y, e) dispositivos de participación-reconocimiento, órganos consultivos donde se intercambian opiniones y se elaboran propuestas con el objetivo de promover políticas públicas específicas ligadas a ciertos grupos sociales (adultos mayores, personas con necesidades especiales, jóvenes, etc.) y sensibilizar respecto de problemáticas puntuales. La palabra reconocimiento hace alusión al acento de la diferencia, a la afirmación de las particularidades de las categorías poblacionales o de las culturas e identidades en la convocatoria a la participación. Los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, objeto de análisis de este trabajo, se inscriben en esta última categoría.

En esta línea, en este artículo buscamos describir y analizar instancias concretas de participación ciudadana que tienen lugar en contextos territoriales específicos, es decir, se encuentran ancladas en el lugar donde la gente vive (Santillán, 2013), en el campo de la política pública de niñez y adolescencia en el cual se observa históricamente un fértil entramado de intervenciones de actores estatales y sociales con protagonismos diferenciales.

En el próximo apartado realizaremos un breve recorrido histórico del referido entramado en la resolución de los problemas sociales de la infancia a fin de capturar rupturas y continuidades en la intervención de ciudadanía en los procesos de producción de la política pública en el campo mencionado.

Un breve derrotero del accionar de las organizaciones
sociales de infancia en nuestro país

Es posible rastrear una profusa trama asociativa en la resolución de los problemas sociales de la infancia aun desde años antes de la formación del Estado nacional argentino, en el marco del amplio despliegue de actividades de las organizaciones sociales privadas sin fines de lucro en el campo social, cultural y político (Thompson, 1995).

Primeramente, se identifica el desarrollo de tareas de carácter filantrópico, principalmente la asistencia y educación de niños pobres huérfanos a cargo de la Iglesia Católica, combinándose luego con la participación de organizaciones de carácter laico. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, al calor del modelo de desarrollo agroexportador y de las políticas de fomento de la inmigración, se consolidaron organizaciones sociales de distinto tipo, siendo las más significativas las sociedades de socorros mutuos. El control de las clases populares y de sus cuerpos y mentes comienza a organizar la cuestión social de la época, constituyéndose una “nueva forma filantrópica de operar” (González, 1984: 257) a partir de la creación de patronatos (como el Patronato de la Infancia), cuyo centro se coloca en la familia popular, dirigiendo hacia ella actividades de carácter terapéutico y otras de carácter moralizador (Thompson, 1994). En esta época, la responsabilidad estatal sobre la asistencia social se consideraba subsidiaria de la “acción filantrópica privada, ejercida individualmente o por medio de instituciones de beneficencia” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1934; en Golbert, 2008).

A partir de la década de 1930, en el marco del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, fue la trama sindical la que le otorgó la marca a la vida asociativa del período. Asimismo, en paralelo se constituyeron las asociaciones de vecinos o sociedades de fomento para suplir las carencias de infraestructura urbana y servicios públicos en la periferia urbana. Un hecho paradigmático de la época fue la creación de la Fundación Eva Perón, en 1948,7 asumiendo muchas de las funciones otrora a cargo de la Sociedad de Beneficencia como también generando novedosos dispositivos, tales como los hogares de tránsito, destinados a mujeres que atravesaran una situación crítica y necesitaran asistencia.

Sin embargo, en esta época fue el Estado el que “asume el monopolio del bien público, se ubica como el único garante y satisfactor del mismo” (Thompson, 1994: 46). La creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social en 1943 y, luego, la constitución de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que absorbió a todos los organismos vinculados con la caridad, vivienda y asistencia social dependientes de la primera, son cristalizaciones institucionales que muestran la decisión de que fuera el Estado y no los particulares quienes asistieran a los grupos vulnerables (niños/as, ancianos y desvalidos).

Esta centralidad estatal, que se mantuvo con matices8 hasta mediados de la década de 1970, explica, según Thompson (ob. cit.), el espacio perdido a partir de los años cuarenta por las organizaciones no gubernamentales. Con posterioridad, la última dictadura cívico-militar (1976-1983) clausuró la escena pública unilateralmente, siendo los individuos y grupos privatizados compulsivamente, es decir, obligados a concentrarse en asuntos de la esfera privada, observándose así un proceso de despolitización y privatización de la sociedad (Oszlak, 1983).

Fue la crisis de esta matriz Estadocéntrica, que había marcado el modelo de desarrollo industrialista y social durante buena parte del siglo XX, la que abrió las puertas a una intervención más sistemática de la ciudadanía en los procesos de política pública, en diferentes momentos del ciclo de la política y en diversos campos de la acción estatal.

El modelo de política social imperante en aquellos años supuso la desuniversalización de la intervención social del Estado (Andrenacci y Soldano, 2006) y se estructuró en base a una multiplicación de programas asistenciales –acotados en el tiempo, la cobertura y las prestaciones–, que tenían por objeto paliar, mediante el otorgamiento de servicios o ayuda material, los efectos más agudos, en términos de pobreza y desempleo, del modelo económico, concentrándose en poblaciones específicas como las mujeres, los niños y los ancianos.

Estos programas incluían a actores de la sociedad civil en el proceso de gestión, particularmente organizaciones sociales comunitarias de base territorial, conformadas para resolver las necesidades de sobrevivencia cotidiana de sus miembros, las que vehiculizaban hacia los destinatarios prestaciones previstas desde la dirección nacional de los programas o elaboraban proyectos acotados de acción en el territorio en el marco de estos programas.

Cobran relevancia en este período las iniciativas que atienden la demanda de cuidado9 de la primera infancia en contextos de alta vulnerabilidad y pobreza y funcionan en el espacio comunitario, centralmente a cargo de mujeres cuidadoras. La carencia de cobertura pública estatal adecuada es resuelta en el plano barrial por organizaciones comunitarias de base, las que han proliferado en las últimas décadas haciendo efectivo el derecho de los niños y niñas al cuidado10 y desfamiliarizando su provisión (Picchio, 2001). Se suman a estas propuestas dirigidas a la primera infancia merenderos, centros de apoyo escolar y centros culturales, que llevan adelante acciones para niños mayores de seis años y adolescentes.

La explosión de la crisis económica y social de fines de los años noventa y principios de los 2000, a la vez que desató una participación centrada en la protesta y el rechazo al poder político, también profundizó el rol de las organizaciones sociales en tanto proveedoras de bienes y servicios, constituyendo estas los últimos eslabones del proceso de gestión de los programas. La principal política social de la época la constituye el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), cobrando relevancia las acciones desarrolladas por organizaciones pertenecientes al movimiento de desocupados, que tuvieron un rol clave como promotoras de proyectos socio-productivos que ofrecían fuentes de ingreso a sus destinatarios (Rofman y Foglia, 2015). Asimismo, estos espacios asociativos promovían un conjunto de iniciativas con foco en los niños y adolescentes y sus grupos familiares, insertas en planes y programas compensatorios estatales (Santillán, 2011).

En el período posconvertibilidad comenzó un proceso de revalorización del papel del Estado en el plano económico y social, recuperando este funciones de regulación y producción económica e interviniendo en áreas que se habían desatendido. En el campo de las políticas sociales se produce una extensión de la cobertura de las prestaciones, que muestra una tendencia a la universalización de la intervención (centralmente la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social11 y la Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social,12 el Programa Conectar Igualdad13 y el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos –Progresar–14) y una reorientación hacia el enfoque de derechos. En este marco, la articulación con los actores no estatales también siguió expandiéndose, destacándose dos grandes campos de acción estatal: las políticas de promoción y protección de derechos de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, en particular niños, niñas y adolescentes, y los programas socioproductivos de promoción de la economía social que tienen por objeto la inclusión laboral en base a la potenciación de la capacidad de trabajo de los destinatarios.15 Si bien la mayoría de las políticas tiene su origen en el nivel de gobierno nacional y/o provincial, el ámbito local se posiciona como lugar de despliegue, habilitándose en los territorios específicos procesos de participación ciudadana.

Nos focalizaremos en el análisis de dispositivos participativos del primer campo de acción mencionado: los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia. Estos espacios fueron creados normativamente en la provincia de Buenos Aires en el año 2007 y se inscriben en las nuevas legislaciones que, tanto a nivel nacional como provincial, posicionan a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y reafirman la importancia de la participación, articulación y corresponsabilidad de diferentes actores en la protección, promoción y restitución de sus derechos. Si bien la noción de corresponsabilidad que señalan las normativas referidas pone foco en la articulación de representantes de los sistemas educativos, de salud y de justicia y de los responsables de las áreas de niñez y adolescencia, los Consejos locales se muestran como el espacio apropiado para la construcción de consensos, el trabajo integrado y la expresión de diversidad de actores involucrados.

Para su abordaje trabajaremos con los 24 municipios de la provincia de Buenos Aires contiguos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que conforman el Conurbano Bonaerense. En la próxima sección, describiremos y analizaremos estas figuras, que proponen incorporar a la ciudadanía en la definición de la política en el nivel local de gobierno, reafirmando así el sentido público de la cuestión de la infancia, a fin de identificar innovaciones y persistencias con los espacios participativos en el campo de la década anterior.

Los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia:
su institucionalización en el Conurbano Bonaerense

Los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia en la provincia de Buenos Aires se crean a partir de la sanción de la ley 13.298, puesta en vigencia en el año 2007, que organiza el sistema de promoción y protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la provincia de Buenos Aires.

El diseño de la nueva organización institucional coloca el énfasis en las áreas sociales del nivel provincial y municipal, a las cuales asigna diversas competencias, en tanto instancias administrativas garantes del acceso, ejercicio efectivo y/o la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. Como parte de la nueva estructura, se crearon dispositivos de atención y protección a nivel territorial, los Servicios Locales y Zonales de promoción y protección de derechos –cuya función es intervenir ante casos de vulneración de derechos de NNYA en el distrito/zona– y los Consejos locales, espacios intersectoriales y multiactorales de los que participan representantes de diferentes áreas municipales, organizaciones sociales del territorio vinculadas con la temática, efectores de educación, salud y de otras políticas sociales provinciales con presencia en el municipio y representantes de universidades, de colegios profesionales y del poder judicial.

Según el decreto reglamentario de la ley provincial (300/2005), estos tienen como misión realizar un diagnóstico de la situación de la infancia, adolescencia y familia y de los servicios y las prestaciones en el plano local, elaborar el plan de acción para la protección integral de los derechos de los NNyA a nivel territorial y también monitorear el cumplimiento de las acciones gubernamentales (art. 15).

Las municipalidades deben convocar estos Consejos, aunque también la normativa habilita al Ministerio de Desarrollo Social provincial a hacer efectiva la convocatoria si el ejecutivo local no mostrara voluntad de constituirlo y a que sean las propias organizaciones sociales y/o efectores de educación y salud del distrito las que lo promuevan. Dado que la ley deja abierta su adhesión por los municipios mediante la firma de un convenio, es posible observar una importante heterogeneidad a nivel municipal en la conformación de estos espacios.

A más de diez de años de sancionada y puesta en vigencia la ley, se evidencia un proceso de institucionalización en la constitución de estas instancias participativas.

Según el único relevamiento oficial disponible, realizado en el año 2014 por el Observatorio Social Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en 125 municipios de la Provincia, el 25% contaba con Consejo Local creado, es decir, alrededor de 31 municipios. De estos, 10 pertenecían al Conurbano Bonaerense: Almirante Brown, José C. Paz, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes, San Isidro, San Miguel y Tigre.

Ante la carencia de datos respecto de la cantidad y características de los Consejos Locales, el relevamiento propio efectuado nos ha permitido comenzar a cubrir esta vacancia. En el cuadro siguiente se presenta información sistematizada sobre algunas variables consideradas relevantes para su abordaje: año de creación, forma de institucionalización, áreas gubernamentales involucradas, actores no estatales participantes y las principales actividades desarrolladas en vistas a identificar la etapa del ciclo de la política pública en donde estos centralmente intervienen.16

La sistematización presentada nos permite observar que en 13 de los 24 municipios del Conurbano Bonaerense se encuentra funcionando el Consejo Local de Niñez y Adolescencia (Almirante Brown, Hurlingham, José C. Paz, La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Morón, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López) y que en dos opera una mesa multiactoral donde se abordan los temas de niñez (Esteban Echeverría y Merlo). En este punto es importante mencionar el caso del Consejo Local de Quilmes que, creado por decreto municipal, funcionó con regularidad desde el año 2010 hasta el 2015, con la participación de más de 60 organizaciones, pero que, a partir del cambio de administración municipal, fue perdiendo regularidad en su funcionamiento y no está siendo promovido desde el Poder Ejecutivo. Las organizaciones se encuentran en estado de alerta y demandan la presencia y activación estatal. También es relevante resaltar que en Esteban Echeverría se creó el Consejo Local en el año 2008, que contaba incluso con una ordenanza que lo institucionalizaba, pero luego se discontinuó su funcionamiento; se verifica una situación similar en Lanús, donde el Consejo funcionó activamente entre los años 2009 y 2013, con decreto de creación y reglamento de funcionamiento, mas luego se desactivó, existiendo actualmente intentos por parte de las organizaciones por reactivarlo.

El más antiguo de los Consejos es el Consejo Municipal del Niño y el Joven de la Matanza, cuyo origen data del año 2002, seguido por el de José C. Paz, conformado en el año 2007; el de Morón, del año 2008, y el de Tigre, del 2009, siendo los demás Consejos mayoritariamente conformados a partir de los años 2010-2011 al compás de las firmas de convenios de adhesión a la ley 13.298 entre los municipios y la provincia de Buenos Aires.

En esta línea, cabe considerar que estos espacios constituyen estructuras fluctuantes en el tiempo. Es decir, se crean, comienzan a funcionar y luego merman su actividad, a veces desaparecen y, en algunos casos, vuelven a reactivarse o lo intentan. Esto se debe a que en muchos casos son impulsados y funcionan a iniciativa de organizaciones específicas que luego pierden motivación o carecen de tiempo para sostener la participación; en otros, se crean a propuesta de funcionarios estatales municipales que luego dejan sus cargos y, en otros, el cambio de administración local debilita la iniciativa. Esta característica del objeto de estudio vuelve difícil contar con información precisa y confiable para su abordaje.

Es importante considerar que más de la mitad de estos Consejos (8/13) se encuentran institucionalizados formalmente mediante un decreto del ejecutivo municipal u ordenanza del Concejo Deliberante local. Asimismo, algunos también dictaron su propio reglamento o estatuto de funcionamiento (5). Si bien este reconocimiento estatal formal no impide la desarticulación del dispositivo, situación que se verifica en los casos de Lanús, Quilmes y Esteban Echeverría, sí muestra una jerarquización de estos espacios en el Estado local.

Una cuestión relevante para considerar en la consolidación de estos espacios es que se nuclearon en el año 2017 en una red provincial que integran 10 de los 13 consejos locales existentes en el Conurbano. Se organizaron para articular acciones conjuntas con miras a su fortalecimiento, dinamizar la constitución de nuevos Consejos, sistematizar información sobre su funcionamiento, construir diagnósticos comunes sobre problemáticas del campo y fortalecer la incidencia pública en la materia. En el contexto de esta red se desarrollan asimismo encuentros distritales donde confluyen Consejos de municipios cercanos para pensar en acciones conjuntas. Este espacio ha comenzado a generar un proceso de sistematización de información sobre la constitución de los Consejos, cuyos materiales fueron utilizados como fuente en la elaboración de este artículo.

Es relevante señalar que el proceso de conformación de los Consejos locales se produce en varios de estos municipios a partir de la movilización de las organizaciones sociales, siendo los casos de José C. Paz, Hurlingham, Lomas de Zamora, San Isidro, San Miguel y Vicente López los que presentan esta característica. Si bien los municipios en estos casos solo reaccionan ante la demanda presentada y no son promotores de la propuesta, luego participan con intensidad dispar en los dispositivos.

El tipo de organizaciones sociales participantes abarca un variado espectro, desde comedores, jardines comunitarios, hogares convivenciales y casas del niño, diversas asociaciones civiles y ONG territoriales, hasta actores de carácter corporativo, gremiales (ATE, Suteba y sindicatos municipales) y asociaciones profesionales (colegios de abogados y psicólogos y trabajadores sociales). También se observa en algunos casos la presencia de centros de estudiantes de escuelas públicas y organizaciones no gubernamentales con un alcance que excede el territorio local como Serpaj, Fundación Conin, Cáritas y Rotary Club, por citar algunos ejemplos que se repiten. Cabe remarcar el caso del municipio de Tres de Febrero, donde existe el Consejo, pero desde la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia local no se está convocando a las organizaciones sociales. Este caso se contrapone al del municipio de La Matanza, en el que del Consejo del Niño y del Joven solo participan organizaciones sociales, siendo las mesas territoriales de niñez los espacios para la articulación entre efectores estatales y organizaciones de la sociedad civil. Estas mesas están distribuidas en las diferentes localidades del partido, habiéndose constituido 21 en los tres cordones del distrito con el objetivo de generar líneas de acción en los temas de niñez, de manera territorial y comunitaria. Con este fin, desde cada mesa se realiza un diagnóstico de la situación específica de cada territorio, se mapean las organizaciones que participan, se genera un recursero y, en base a este panorama, se definen líneas de acción conjunta.

En lo que refiere a los actores estatales, como es de esperar, quienes centralmente participan son las Direcciones Municipales de Niñez y Adolescencia y los Servicios Locales de Promoción y Protección, siendo escasos los municipios en los que se observa la presencia de actores del nivel provincial y nacional. Los casos más destacados al respecto son Gral. San Martín y San Isidro, donde se verifica la participación significativa, entre otros, del Poder Judicial, de los Centros de Prevención de Adicciones, del Centro de Referencia Penal Juvenil y de inspectores de la Dirección General de Cultura y Educación, actores del nivel provincial de gobierno. Por otra parte, sobresale el caso Morón, donde actualmente no participan agentes municipales.

Por último, las actividades desplegadas han sido de diversa envergadura. Desde aquellas vinculadas a la capacitación en relación con problemáticas específicas del campo (presente en la mayoría de los casos), pasando por otras centradas en la producción de recursos compartidos para la acción (Moreno, San Miguel) hasta aquellas focalizadas en la discusión de situaciones puntuales y en la articulación con el ejecutivo local para su resolución (Hurlingham, José C. Paz, La Matanza, San Miguel, Tigre, Vicente López). Asimismo, en varios municipios el espacio se erige como un “observatorio”/monitor de la política municipal (San Martín y Morón), focalizándose en la tarea de control. En otros se trabaja en la elaboración de un diagnóstico de las principales problemáticas vinculadas con la niñez (Almirante Brown, Lomas de Zamora, Moreno, Vicente López), centrándose en la tarea de incidencia en los temas de agenda local y, en un caso (La Matanza), el espacio diseñó un programa, interviniendo en el momento de la formulación de la política.

El perfil de estas tareas desempeñadas nos permite delinear el particular lugar de los Consejos en la gestión de asuntos públicos locales. La creación de estos espacios de articulación entre actores sociales y estatales permite a las organizaciones desarrollar un papel en la producción de la política pública de infancia no solo centrado en la prestación de bienes y de servicios, tarea imprescindible para generar bienestar, que tradicionalmente, en Argentina, realizó la sociedad civil. Les otorga un espacio institucional en la discusión de problemas del campo, en la formulación de propuestas de acción, en la visibilización de recursos para la intervención y en el monitoreo de la actuación estatal municipal.

Algunas reflexiones finales

La participación ciudadana en la cuestión social de la infancia muestra, a lo largo de la historia de nuestro país, algunos rasgos que permiten trazar ciertas continuidades, así como también se observan algunos puntos de ruptura/novedad.

Como hemos referido a lo largo de este trabajo, previamente a la constitución de nuestro Estado nacional y hasta aproximadamente la década de 1940, fue principalmente el ámbito asociativo el que se encargó de dar respuesta a los problemas de la niñez pobre y abandonada, objeto de intervención de ese período, desde un abordaje filantrópico, siendo la responsabilidad estatal subsidiaria de la acción de las instituciones de beneficencia. Con posterioridad, se observa la decisión del Estado de ser quien centralizara la asistencia a los grupos vulnerables, a través de la creación de un conjunto de instituciones que abordan la cuestión, a la par del activo papel desplegado por la Fundación Eva Perón.

Las organizaciones sociales perdieron espacio frente a este activo papel gubernamental, lugar que fue recuperado recién a partir de la década de 1990, momento en el que se observa la principal ruptura respecto de la articulación entre sociedad civil y Estado en el campo de la infancia. Si bien los vínculos entre estas esferas mostraron fronteras difusas desde sus inicios, esta ausencia de nitidez se profundizó cuando la sociedad civil participó en la producción de la política pública de infancia y no solo en la resolución de problemas sociales vinculados a esta, permitiéndonos referirnos a ella como participación ciudadana y no solo como social o comunitaria.

A partir de los años noventa se puede observar una implicación de las organizaciones sociales en la implementación de políticas sociales asistenciales y focalizadas por medio de la prestación de bienes y servicios en el territorio. Este papel, que se profundizó en la crisis de los años 2000-2001, se instala como parte constitutiva del modelo de gestión de programas sociales que se sostiene en nuestros días.

Sin embargo, a este lugar –no menor–, colocado en el último eslabón del proceso de producción de la política, se le acopló un espacio vinculado al diagnóstico y a la planificación con la creación de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, dispositivos multiactorales donde se canaliza la participación ciudadana.

En relación con estos Consejos se observa en el Conurbano Bonaerense –espacio territorial elegido para el análisis– por un lado, un proceso de difusión en su conformación, constituyéndose estos en más de la mitad de los municipios del Conurbano y existiendo en otros espacios que se encaminan a ser Consejos o bien intentos por reactivar Consejos ya existentes. Por otra parte, se verifica una institucionalización de estas instancias participativas con la sanción a nivel local de ordenanzas o decretos que respaldan formalmente su constitución y comprometen al Estado municipal a involucrarse en estos. Asimismo, la conformación de la Red de Consejos Locales a nivel provincial es otro avance en el camino de la promoción y consolidación de estos espacios.

El trabajo desplegado por estos dispositivos nos permite observar una novedad respecto de los mecanismos participativos protagónicos de la década anterior, ya que constituyen un canal que habilita un papel para las organizaciones sociales ligado a la incidencia en los temas de agenda local, al diseño de la política pública municipal y al control del accionar estatal, tareas que contribuyen al logro de la integralidad y corresponsabilidad en el abordaje de las problemáticas. Este lugar, diferente del que se observa a lo largo de la historia de la participación ciudadana en el campo de la niñez y adolescencia, requiere sin duda ser aún fortalecido, para lo cual se necesita no solo del impulso del entramado asociativo local, sino de la presencia y compromiso estatal, promoviéndolos, participando activamente en la construcción de acuerdos con las organizaciones locales y elaborando y difundiendo información pública que permita el monitoreo de la política. ◙

Tabla 1

Un mapeo de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia en el Conurbano Bonaerense

Municipio

Existencia de Consejo Local de NyA
(SI/NO)

Año

de creación

Forma de institucionalización

Principales actividades efectuadas

Principales actores involucrados

Integración red de Consejos Locales
(SÍ/NO)

Observaciones

Almirante Brown

SÍ (Consejo Local de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes)

2011

Ordenanza (9382/11)

Se trabaja en comisiones (salud comunitaria, niñez y vulneración de derechos, entre otras). Diagnóstico de la situación local en torno a los niños y adolescentes. Organización de capacitaciones.

Organizaciones sociales: Casas del Niño,
Comedores, Jardines comunitarios,
Hogares, Cilsa, Sindicatos (ATE y municipales), entre otras. Organismos estatales: Dirección de niñez, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, concejales (municipales), centro de referencia penal juvenil, inspectores de educación provinciales.

Si bien surgió en 2011, estuvo unos años sin funcionar y volvió a constituirse como tal en 2017.

Avellaneda

NO

Berazategui

NO

Esteban Echeverría

NO (Existe la Mesa Local de Prevención de Violencia de Género y los temas de niñez se abordan allí)

Existió el Consejo Local, convocado por organizaciones sindicales (ATE, Suteba, CTA) y creado en 2008 por ordenanza municipal.

Ezeiza

NO

Existe una Mesa integral de familia que aborda temas de niñez y género, pero en la que no participan organizaciones de la sociedad civil

Florencio Varela

NO

Gral. San Martín

SÍ (Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes)

2012

Ordenanza

Municipal 11225/12.

Observatorio social del sistema de protección integral de derechos. Organización de encuentros y capacitaciones.

Organizaciones sociales: Casa del Niño María de Nazareth, Centro Barrial Gaucho Antonio Gil, Centro Infantil Belgrano, Centro Juvenil Casa de Elena y Salvador, Colegio de Psicólogos, Colegio de Trabajadores Sociales, Hogares (Asunción de la Virgen, M.A.M.A, María Luisa, Milagros, Escuela de Fe, Evita), Obispado de San Martín y Suteba. Organismos estatales: CIC – Senaf, Centro de Referencia Penal Juvenil, Centro de Prevención de Adicciones (CPA), Defensoría Penal Juvenil, Dirección Provincial General de Cultura y Educación – Insp. Psicología, Juzgado de Familia y de Responsabilidad Penal Juvenil, Universidad de San Martín. Municipales: Centro de Atención Primaria de la Salud (CAP), Coord. Gral. Servicios Locales, Políticas de Género, Dir. Gral. de Políticas de Niñez y Adolescencia, Dirección de Educación, Dirección de Foros Barriales, Dirección de Juventud, Dirección de Protección de Derechos y Desarrollo Familiar.

NO

Hurlingham

SÍ (Consejo Local de Niñez)

2011

No está institucionalizado

Organización de capacitaciones, abordaje de problemáticas y elaboración de propuestas de intervención, pero sin incidencia en el ejecutivo local.

Organizaciones sociales: Centro Cultural Kichari Huasi, Suteba-Cta, Movimiento Evita Hurlingham, entre otras. Organismos estatales: Dirección de Políticas de Niñez y Adolescencia, Equipo EDIA -provincial- de Hurlingham.

En 2006 surge como foro a partir de un grupo de organizaciones que, sin respaldo del municipio, trabajaban con la temática. En 2011 se conformó como Consejo local.

Ituzaingó

NO

José C. Paz

SÍ (Consejo local de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes)

2007

Reglamento de funcionamiento

Eventos, capacitaciones, discusión de situaciones específicas de vulneración de derechos y coordinación de acciones para su resolución.

Organizaciones sociales: Red de centros comunitarios “El Encuentro”, Mutual Primavera, Serpaj, Juntos Unidos por el Barrio, Florecer, Hogar Emanuel, Escuela de Psicología, Suteba, entre otras. Organismos estatales: Comisaría de la Mujer, Servicio Zonal de San Martín, Dirección de Niñez y Familia (no participan otros niveles de Gobierno ni Poder Judicial) y otras áreas municipales que participan esporádicamente (Dirección de Deportes o áreas de la Secretaría de Salud).

NO

Comienza funcionando con energía desde las organizaciones sociales, pero va dejando de ser operativo y se espacian las reuniones. Se hacen distintos intentos de retomar la iniciativa y en 2012, finalmente, se escribe el reglamento.

La Matanza

SÍ (Consejo Municipal del Niño y del Joven)

2002

Ordenanza Nº 12.183/12 y estatuto de funcionamiento

Incidencia en la agenda de gobierno, intervención en las políticas públicas relacionadas con niñez del municipio. Por ejemplo, a partir del trabajo del Consejo, se formuló y se implementa el Programa Primera Infancia, que depende del Consejo. Atención de demandas emergentes.

Organizaciones sociales: Jardines comunitarios, centros y hogares de día, merenderos, comedores, centros comunitarios, etc. Algunas de estas organizaciones han ido conformando redes (sin la intervención del Consejo), nucleándose en torno a afinidades y temáticas de trabajo, por ejemplo, la Red de Jardines Comunitarios de La Matanza. No participan organismos estatales.

Además, existen, desde 2016, las mesas territoriales de niñez, espacios que promueve el Servicio Local de Promoción y Protección de Niños y Adolescentes, en el que participan áreas municipales, instituciones educativas y organizaciones sociales y barriales. Se constituyeron 21 mesas en los tres cordones del distrito con el objetivo de generar criterios de trabajo compartidos e integralidad en las metodologías de abordaje a nivel territorial y comunitario.

Lomas de Zamora

SÍ (Consejo Local de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes)

2010

Ordenanza N° 13.384

Realización de campañas. A través del vínculo directo con los servicios locales de niñez y adolescencia, incide en la búsqueda de resolución y la puesta en agenda de problemáticas comunes, para avanzar en acciones y política pública.

Organizaciones sociales: Coyhaique, Che pibe de Fiorito, El Palomar, Chiquilín. Organismos estatales: Referentes de los Servicios Locales de Niñez y Adolescencia y funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia Municipal.

Surge a instancia de la Red de Infancia y Adolescencia de Instituciones de Lomas de Zamora.
Cuando entró en vigencia la ley provincial de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, la Red pidió al Municipio la creación del Consejo Local.

Lanús

NO

Funcionó activamente entre 2010-2013. Luego hubo intentos de reactivación por las organizaciones. Tenía un decreto de creación y habían formulado un reglamento de funcionamiento.

Malvinas Argentinas

NO

Merlo

NO (Hay una mesa local de niñez que se encamina a ser consejo)

Encuentros mensuales con el objetivo de elaborar estrategias para trabajar la protección y promoción de derechos de los niños y adolescentes

Participan funcionarios, trabajadores, y referentes sociales de los derechos de los niños.

Moreno

2016

Estatuto de funcionamiento

Diagnóstico de la situación de niñez y adolescencia a nivel local con el objetivo de llevar adelante políticas públicas relacionadas. Se busca armar una red y un recursero por zona.

Organizaciones sociales: Centros de estudiantes de escuelas públicas, hogares de niños, ONG, escuelas, comedores, entre otras. Organismos estatales: Dirección de Niñez y Dirección General de Servicios Locales, Dirección de Juventud, Subsecretaría de Promoción Social y Coordinaciones territoriales, participan esporádicamente Secretaría de Salud y Derechos Humanos.

En 2016 se retoma la actividad, pero existió previamente. El Consejo se encuentra organizado y funciona por zonas que abarcan las distintas localidades del municipio.

Morón

2008

Reglamento de funcionamiento

Realización de Jornadas de intercambio, discusión y capacitación. Monitoreo de políticas públicas que se implementan en el territorio.

Organizaciones sociales: Antilquito, Agora Ludus, El Transformador de Haedo, Abuela Naturaleza, Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, Cáritas Morón. Organismos estatales: Centro de Referencia Penal Juvenil de Morón, Defensoría del Pueblo de Morón, DIAT Morón - Sedronar, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Centro de Prevención de Adicciones (CPA). No participan actualmente las áreas municipales.

Quilmes

NO

Existió hasta 2015. Luego las reuniones se fueron haciendo más esporádicas hasta que se discontinuó. Las organizaciones miembros realizaron algunos encuentros para reactivar el funcionamiento. Contaba con decreto de creación y con una sistemática participación de más de más de 60 organizaciones e instituciones locales, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura y Educación.

San Fernando

NO

San Isidro

SÍ (Consejo Municipal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño-Comuni)

2011

Decreto 2.803/11

S/D

Organizaciones sociales: San Isidro Jr., Merendero Social Avancemos Juntos, Fundación Hogares, Instituto Abierto para el Desarrollo de Políticas Públicas, Cesun Mutual Comunitaria, Hogar María y José, Merendero Hernán Posse, Fundación Umbrales, Abrazando Sueños, Parroquia Ntra. Sra. de La Cava, Embarazadas en Riesgo, Biblioteca Popular La Cava Joven, Comedor Barrio San Cayetano, Asoc. Civil Sopa de Piedra, UASI, Asoc. Civil Engranajes, Fund. Santa Rafaela María, Asoc. Familia Esperanza, Proyecto Horizonte, Biblioteca Popular Barrio Sauce, ACER San Isidro (Fundación Conin), Equipo Juan de la Cruz, Colegio de Abogados de San Isidro, Fund. Cor, Fund. Miravais, Grávida, La Merced Vida, Cáritas San Isidro, Asoc. Civil Querubines y Rotary de Martínez. Organismos públicos: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Consejo Escolar de San Isidro, Juzgado de garantías de joven, Juzgado de responsabilidad penal juvenil, Juzgado de familia.

Se organizaron primeramente como autoconvocados y, con posterioridad, el Municipio reconoció el Consejo y lo formalizó mediante decreto.

San Miguel

2013

Decreto municipal y reglamento de funcionamiento

Están divididos en 3 comisiones de trabajo: asistencia, prevención y comunicación. Elaboración de un recursero. Articulación de acciones entre los actores ante casos puntuales de vulneración de derechos.

Organizaciones sociales: Cáritas, La Merced, Comunidad Terapéutica El Reparo, Asociación Civil Protagonistas, ONG El Vallecito de la Guadalupe, Cáritas, Serpaj, Colegio Profesional de Trabajo Social, ONG Para Todos Todo, entre otras. Organismos estatales: Subsecretaría de Salud y Bienestar Social, Dirección de Primera Infancia, Servicio local, Dirección de Políticas de Género, Hospital Larcade (municipales) Programa Provincial Envión, Comisaría de la Mujer.

Se formó a partir de la Red de organizaciones de Infancia creada en 2008.

Tigre

2009

Decreto 1837/2009

Discusión y análisis de situaciones de vulneración de derechos. Agenda de trabajo conjunta con el Municipio. (2018 cuando se reactivó)

Organizaciones sociales: La Lechería, Casa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario (CAFF), Fundación Nordelta, Equipo de Trabajo de Investigación Social (ETIS), Fundación Nuevos Caminos, Comedor Los Bajitos, Casa Abierta, Centro Educativo Complementario Champagnat y Bancalari, Asociación Civil el Renuevo, Cáritas San Isidro (23 centros comunitarios), Rotary Club, entre otros. Organismos estatales: todas las áreas municipales que se relacionan con la niñez y representantes del Concejo Deliberante.

Si bien surgió en el año 2009, estuvo un tiempo inactivo y volvió a ponerse en funcionamiento en el 2018.

Tres de Febrero

SI

2015

S/D

Articulación entre áreas municipales y organismos provinciales

Dirección de Niñez, Poder Judicial y todos los efectores municipales y provinciales que trabajan la temática en el municipio. No se están convocando organizaciones sociales.

NO

Vicente López

SI (Consejo Local de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes)

2013

Decreto 4617/15

Discusión y análisis de situaciones de vulneración de derechos. Elaboración de diagnóstico local para diseñar políticas públicas para niñez y adolescencia. Organización de capacitaciones

Organizaciones sociales: Rotary Club, Cáritas, Suteba, ONG Crecer con Derechos, Trazos Sociales, Centro Comunitario Renuevo, Foro por los Derechos de la Niñez Organismos estatales: Dirección de Niñez, Secretaría de Salud y Desarrollo Humano municipal (municipales), Centro de Prevención de Adicciones (CPA)

Comenzó a partir de la autoconvocatoria de las organizaciones locales, sin participación del ejecutivo local.


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Red de Consejos Locales, documentos explicativos sobre el Sistema de Promoción y Protección Integral de Niños y Adolescentes, publicados en el Facebook institucional https://www.facebook.com/ReddeConsejosLocalesdeNinez/.

1 Independientemente del nivel de gobierno en que se originan, diseñan o financian.

2 Si bien no profundizaremos sobre este punto, es relevante mencionar que para Adelantado et al. (1998), la esfera relacional incluye no solo a la sociedad civil organizada (subesfera asociativa) sino también a la subesfera comunitaria, es decir, las redes de reciprocidad y los vínculos de pertenencia que operan a un nivel más informal. Por tanto, la sociedad civil integra la esfera relacional pero no la agota.

3 Adelantado et al. (1998:127) han definido la estructura social desde una perspectiva mixta como “el conjunto de los modos en que las prácticas de grupos e individuos están organizadas (instituciones) y relacionadas entre sí (procesos sociales), de manera que se crean unos ejes de desigualdad que configuran la identidad de esos individuos y grupos, así como los cursos posibles de la acción social (individual y colectiva)”.

4 El término se acuñó en Estados Unidos, en los inicios del siglo XX, a partir de la división trisectorial de las fuentes de producción de servicios sociales identificables en una economía capitalista, en un contexto de oposición a la extensión de las potestades del Estado en materia social y de reivindicación del sector no lucrativo. Entre 1930 y 1980, la atención estuvo centrada en el Estado, mientras que la rejerarquización del tercer sector como alternativa a la acción estatal se produce en el marco de la ola conservadora en los años ochenta (Roitter, 2004).

5 Las organizaciones de la sociedad civil comparten los siguientes atributos: son no lucrativas, no gubernamentales, están institucionalizadas, la adhesión es voluntaria (libre afiliación), están autogobernadas y son independientes (Salamon et al., 1999).

6 Para una revisión de esta discusión ver Rabotnikof (2005).

7 Si bien la Fundación desarrolló actividades desde la asunción de Juan D. Perón a la Presidencia de la Nación en 1946, formalmente se constituyó como “Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón” en 1948.

8 Decimos con matices porque, a pesar de la garantía constitucional de ciertos derechos sociales y de la creación de diferentes organismos estatales que específicamente atendían la cuestión de la asistencia social, en diferentes momentos de este largo período se observa una lógica transferencia de recursos a entidades privadas de asistencia social en las que también recaía la atención de los grupos vulnerables (Golbert, 2008).

9 “El cuidado alude al conjunto de actividades, ya sean remuneradas o no remuneradas, destinadas al bienestar de las personas. Estas actividades implican un apoyo multidimensional: material, económico, moral y emocional a las personas con algún nivel de dependencia, pero también a toda persona, en tanto sujeto en situación de riesgo de pérdida de autonomía” (Marco y Rico, 2013:2).

10 Con relación a la conceptualización del cuidado como derecho ver Pautassi (2007).

11 La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), creada en el año 2009, amplía el régimen de asignaciones familiares destinado desde sus orígenes a trabajadores formales, al dirigirse a las NNyA hasta los 18 años (en el caso de NNyA con discapacidad este límite desaparece) cuyas madres y padres o tutores o curadores se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal con un salario menor al mínimo. Se suman posteriormente hijas e hijos del personal de casas particulares y de trabajadores temporarios registrados del sector agropecuario (Arcidiácono, 2016).

12 La Asignación Universal por Embarazo para la protección social está dirigida a las “mujeres embarazadas que cumplan con las mismas características sociolaborales estipuladas para los receptores de la AUH y que no tengan cobertura de obra social, a menos que la embarazada, su cónyuge o concubino sean monotributistas sociales, personal del servicio doméstico o trabajadores de temporada declarados con reserva de puesto de trabajo” (Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2013).

13 Este programa se creó en el año 2010 “con el fin de proporcionar una computadora a alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente, capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la incorporación de estas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (Art. 1, Decreto 459/10). Actualmente forma parte del Plan Aprender Conectados del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

14 El Progresar fue creado en el año 2014, destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad “que decidan iniciar o completar su formación, se encuentren ellos o sus grupos familiares desocupados o se desempeñen en la economía informal o formal, o sean titulares de una prestación provisional contributiva o pensión no contributiva o monotributistas sociales o trabajadores de temporada con reserva de puesto o trabajadores del Régimen de Casas Particulares” (Art. 2), siempre y cuando sus ingresos, o los del grupo familiar que integran, no sean superiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil (Decreto 84/2014). Actualmente, este programa integra la política de becas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

15 Nos referimos al Programa Nacional de Microcrédito y el Programa de Ingreso Social con Trabajo, en los que las organizaciones tienen un lugar importante, sea en el seguimiento de los créditos como en la selección y organización de los destinatarios.

16 Una cuestión que merece la pena ser indagada, pero que aún no ha podido ser analizada sistemáticamente, es la que refiere a la participación de niños, niñas y adolescentes en estos dispositivos. Queda esta dimensión vacante de ser abordada en próximos trabajos, lo cual permitirá profundizar la forma en que estos habilitan y visibilizan diferentes voces en la definición de la política.

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Grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas: ejemplos de Argentina y Brasil.
Beatriz Cuenya

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO EN EL SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Hilda María Herzer

Este artículo examina la vinculación entre globalización, territorio y ciudad, focalizando el análisis en un aspecto de ese proceso que comienza a darse con cierto ímpetu en la ciudad de Buenos Aires desde fines de la década de 1990 hasta el presente. Se trata del proceso de gentrificación que en estos años se ha desarrollado en distintos barrios. Se hace hincapié en el proceso que, desde la década de 1990, tiene lugar en la zona sur de la ciudad.

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La cuestión de la vivienda en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (2003-2008).
María Cristina Cravino

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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La juventud en plural: desigualdades, temporalidades e intersecciones.
Ramiro Segura

En este texto de presentación del dosier se plantean los ejes que se desplegaron en la mesa de un seminario en la que participaron especialistas en la investigación sobre juventudes con miras a establecer y profundizar el diálogo y el intercambio a escala regional sobre la temática, no solo en lo relativo a los desarrollos estrictamente académicos, sino también en lo que respecta tanto a las formas en que la investigación sobre juventudes desde las ciencias sociales se vincula actualmente con las políticas públicas como a los desafíos que la investigación social y la política pública sobre juventudes en la región tendrán en el futuro.

Se da cuenta de las miradas convergentes sobre el campo de estudio en juventudes y de las claves de lectura de los especialistas para reconocer la juventud en plural. En esta introducción se destaca cómo la desigualdad, las temporalidades y las intersecciones se constituyen en vectores analíticos desde los cuales se desagregan las juventudes como objeto de estudio.

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Jóvenes entre el centro y la periferia de la ciudad, del Estado y de la academia.
Mariana Chaves

En este escrito se analizan someramente tres campos de producción de lo social desde la perspectiva de la dinámica centro-periferia. Estas categorías tienen cierto potencial creativo para pensar las relaciones de producción del espacio social, pero, además de la ayuda para espacializar relaciones entre diferentes potenciales de poder, estas nociones nos habilitan para estudiar el punto de vista del actor o la visión de mundo. Se trata de conocer quién o quiénes deciden nombrar y logran colocar algo como centro y otra cosa como periferia. Ofrezco como respuesta simplificada anticipada que es desde el lugar donde está posicionado el sujeto, desde donde ve y nombra el mundo. Con esta hipótesis buscaremos pistas para entender el juego de la producción social de: 1) la juventud urbana; 2) las políticas públicas y sociales, que “tocan” a los jóvenes, y fi nalmente; 3) la producción científica sobre juventudes.

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Sensibilidades, derechos y participación juvenil en el escenario político
Itinerarios de investigación y agendas de discusión.
Pedro Núñez

Este artículo aborda la discusión acerca de las formas de participación política juvenil en el periodo entre 2008 y el ciclo político que termina con las elecciones presidenciales de 2015 en la Argentina, aunque se realiza el ejercicio de pensar qué dinámicas adquirieron estos fenómenos en países vecinos. La intención es proponer algunas claves y ejes a considerar como parte de un programa de investigación en la relación entre juventud y política. Para ello se analizan diferentes aspectos de las prácticas políticas juveniles, señalando aquellas cuestiones innovadoras en las formas de militancia como las que replican modos más tradicionales de involucramiento político.

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Investigaciones sobre juventud en Brasil: género y diversidad.
Wivian Weller

El artículo recorre las formas y los momentos de la investigación sobre la juventud en Brasil desde el análisis del movimiento estudiantil durante la década de 1960 hasta los años 2000, cuando comenzaron a diversifi carse los estudios al introducir las dimensiones de género, sexualidad, raza y etnia, entre otras dimensiones de la diferencia y la desigualdad, para llegar a la inquietud en el presente sobre cómo superar cierta difi cultad de articulación de diferentes categorías de análisis en un análisis interseccional de la juventud.

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Distancias cercanas y diferencias encontradas en la Ciudad de Buenos Aires. El caso de los adultos y las adultas que viven en las calles. 1997-2011.
Martín Boy

En este artículo se trabajará sobre las limitaciones que se encuentran en el campo de la Sociología Urbana para pensar el encuentro de otredades de clase que reactualizan procesos de desigualdad social. Mucho se ha escrito sobre el proceso de segregación residencial que atravesó a la Ciudad de Buenos Aires desde la profundización del neoliberalismo en la década de 1990 pero poco se dice sobre cómo la crisis social, política y económica modificó el paisaje urbano y cómo diferentes grupos de pobres reocuparon áreas centrales de la ciudad para desarrollar en el espacio urbano estrategias de supervivencia. De esta forma, se intentará reproblematizar cómo los pobres también construyen usos y significaciones de un mismo espacio céntrico.

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Hacia un enfoque relacional del bienestar
Elementos para el diagnóstico y la orientación de políticas públicas
Rolando Cristao

En el presente trabajo se analiza críticamente el enfoque de pobreza y se propone el enfoque de los activos y estructura de oportunidades como herramienta para el diagnóstico social. A partir de este desarrollo, se discute en qué medida el concepto de desigualdad podría actuar como organizador del análisis de la situación social.

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Programas sociales y personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires
Un mapa conceptual de las intervenciones
Andrea Bascialla

El presente trabajo presenta un análisis resumido de las políticas sociales generadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para personas en situación de calle. A partir de la sistematización de la información ofi cial disponible, se confeccionó un cuadro de los programas y se señalaron los conceptos más sobresalientes en relación a: i. qué ejes de la vida en la calle se recortan como problema social a solucionar; ii. qué responsabilidades atañen a cada actor social en estas soluciones y iii. qué aspectos de los grupos poblacionales se delimitan con determinadas categorías (edad, género, etc.). Se consideró el eje temporal para contextualizar las categorizaciones y esquemas de intervención. El análisis incluyó, además, los aportes teóricos vigentes sobre el tema para entender que la focalización en la falta de vivienda y la invisibilización de las causas estructurales impiden soluciones de largo alcance.

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Entre prácticas instituidas, instituciones interpeladas y luchas distintivas:
la AUH frente a la ampliación del derecho a la educación (2009-2015).
Nora Gluz e Inés Rodríguez Moyano

El artículo propone analizar los sentidos que asumen las políticas de transferencias condicionadas de ingresos en el campo escolar, en el marco de las tendencias hacia la mayor integralidad de las intervenciones destinadas a garantizar el derecho a la educación durante el periodo 2009-2015 en Argentina. Nos interesa examinar el modo como estas son apropiadas en las escuelas a través de las mediaciones institucionales y de las tradiciones simbólicas propias del campo escolar así como de las lógicas de los actores que en ella intervienen. El trabajo toma como fuente los resultados de una investigación desarrollada entre 2013 y 2015 en la provincia de Buenos Aires sobre los procesos de implementación de la principal política de transferencias monetarias a nivel nacional: la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social.

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Las tensiones de las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo desde la perspectiva de los actores.
Laura Eugenia Garcés

Al analizar las políticas sociales, podemos posicionarnos en perspectivas teóricas que justifican el establecimiento de condicionalidades o, por el contrario, en perspectivas que se oponen a aquellas por considerar que contradicen la idea de derecho. En tanto, en el presente trabajo pretendemos problematizar esas respuestas dicotómicas y las tensiones conceptuales que están presentes en las percepciones de los actores involucrados en la Asignación Universal por Hijo de Argentina, analizando los sentidos otorgados a estos conceptos, ya no como correctos o incorrectos según una perspectiva teórica sobre las condicionalidades, sino complejizando el análisis, articulando con otros desarrollos teóricos que amplíen el horizonte explicativo de la condicionalidad y que, al mismo tiempo, den cuenta de las miradas de los sujetos involucrados en la práctica concreta de las condicionalidades.

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Las políticas de transferencias condicionadas en la Argentina posconvertibilidad:
¿una forma de mediación entre la cuestión social y el régimen social de acumulación?
Silvio Alejandro Crudo

En las últimas décadas se advierte la expansión que han tenido los programas de transferencias condicionadas (PTC) en los esquemas de protección social, así como sus mutaciones en términos de diseño. Si varios son los factores que ayudan a comprender los procesos de formulación de las políticas sociales, nos centraremos en uno: el régimen social de acumulación en el que se encuentran insertas. El interrogante que guiará este trabajo será: ¿qué relaciones se pueden establecer entre los PTCI y el régimen social de acumulación que contiene? Para responderlo, tomaremos los casos de dos programas argentinos: el Plan Familias por la Inclusión Social y la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. La hipótesis que sostendremos es que estos programas se actualizan como una forma de mediación entre la cuestión social y el incipiente régimen social de acumulación que se estaba definiendo tras la salida de la convertibilidad. Para ello, recurriremos a decretos y reglamentaciones de los programas tomados como casos, documentos institucionales y datos estadísticos.

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¿Cooperativismo como oportunidad perdida? Problemas estructurales y coyunturales del cooperativismo bajo programas
Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez

El artículo analiza el campo del cooperativismo de trabajo bajo programas a partir del caso del Programa “Ingreso Social con Trabajo” (Prist). Se abordan cuestiones estructurales y cambios de coyuntura apelando a la metáfora de bisagras de gestión. Se sostiene que las modificaciones impulsadas por el gobierno de Cambiemos se erigen y legitiman sobre un conjunto de supuestas “debilidades preexistentes” del programa, donde el esquema cooperativo comenzaba a perder centralidad. Hasta el momento, la nueva gestión brinda mayor preponderancia a las actividades de formación con una nueva versión de la teoría de capital humano y al componente de las transferencias de ingresos. Este trabajo deja abiertos interrogantes sobre las posibilidades futuras y disputas en torno al Prist y a la línea del cooperativismo de trabajo bajo programas entre posiciones más próximas al reconocimiento de nuevas formas de trabajo autogestivo-asociativo que persiguen sectores de la economía popular, por un lado, y propuestas gubernamentales de corte individual que tienden a descolectivizar el abordaje de la política pública.

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De la promoción del trabajo cooperativo al Salario Social Complementario. Transformaciones en la transferencia de ingresos por trabajo en la Argentina
Malena Victoria Hopp

A partir del trabajo de campo cualitativo y el análisis documental, el artículo reconstruye y analiza la estrategia de política social del Estado argentino ligada a las transferencias de ingresos en el marco de experiencias de trabajo cooperativo y en la economía popular, y las disputas en torno a los sentidos del trabajo y la organización colectiva que estas implican. En este recorrido, se indaga acerca de los fundamentos de la inclusión del trabajo cooperativo como marco de realización de las tareas laborales y como condición para el otorgamiento de una transferencia directa de ingresos, en el período 2003-2015, y la ruptura que plantea la nueva orientación de las políticas sociales que propone transferencias “sin cooperativas” y la creación de un Salario Social Complementario, impulsados por la nueva gestión de Gobierno, iniciada en diciembre de 2015.

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La lucha por un lugar en Buenos Aires.
Crisis de la vivienda y boom inmobiliario (1990-2010)
Marie-France Prévôt-Schapira

En el marco del programa Metraljeux de estudio sobre cuatro metrópolis de América Latina, este trabajo parte de la idea de que en Buenos Aires, como en otras ciudades de la región, los modelos de gobernanza son producto de las lógicas políticas e institucionales que caracterizaron las trayectorias de las metrópolis así como su inserción en la globalización. El análisis propuesto, elaborado como resultado de un trabajo de campo en las ciudades de México y de Buenos Aires en los años 2008-2010, permitirá entender los modos de la gobernanza de la vivienda en Buenos Aires, paradójica con respecto a las otras metrópolis de América Latina.

En primer lugar, se establecen, en una perspectiva histórica, las nuevas formas de precariedad y vulnerabilidad de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires en los años 2000. Luego se pone el foco en el desfasaje entre el derecho a la vivienda reconocido por la Constitución de la Ciudad Autónoma (CABA) y las políticas implementadas para responder a la apremiante demanda habitacional, privilegiando el análisis de las lógicas políticas e institucionales. Por último, se muestra cómo la concentración de programas de vivienda social, la mayor parte de ellos confinados en el sur de la ciudad, profundiza los procesos de segregación existentes, endurece las fronteras entre distintos barrios y exacerba las tensiones.

En fin, el artículo sostiene que la pregunta por quién se apropia del espacio es clave para hacer inteligible la dinámica y las posibilidades de la gobernanza metropolitana.

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Bienestar infantil y diversidad familiar.
Infancia, parentalidad y políticas públicas en España
Dolors Comas-d´Argemir

El reconocimiento de la diversidad familiar es un componente esencial para el bienestar de la infancia. Las familias han experimentado fuertes cambios en su composición y relaciones internas y esto es especialmente relevante en la España de los últimos cincuenta años, en que se ha pasado de un modelo familiar único (matrimonio heterosexual con hijos) a una diversidad de formas de convivencia y a una democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y entre generaciones. En este artículo presentamos las políticas públicas dirigidas a la infancia, con especial referencia a las relacionadas con el reconocimiento de las nuevas realidades familiares. Constatamos que las políticas de infancia y las políticas familiares han sido de poca entidad y de gran fragilidad en España y que los avances que se produjeron a finales del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo del Estado del bienestar, se han visto truncados con la gran depresión económica y las políticas neoliberales de austeridad, que limitan la responsabilidad del Estado y sitúan a la familia como garante del bienestar infantil, acentuando el riesgo de pobreza infantil. Es en este contexto en el que hay que interpretar la escasa sensibilidad pública hacia las nuevas necesidades de las nuevas familias.

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Los sistemas de registro de información como instrumentos para la gestión de políticas públicas para niñas, niños y adolescentes.
El caso de la Ciudad de Buenos Aires
Cristina Erbaro y Verónica Lewkowicz

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Autoritarismo, espacio urbano y sectores populares
A propósito de Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano, Oscar Oszlak (2017). Ciudad de Buenos Aires: Eduntref. Segunda edición ampliada
Fernando Ostuni

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Los desafíos de la justicia escolar.
François Dubet

El gran proyecto escolar moderno se fundó en la mayoría de los países entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando se construyeron los sistemas educativos públicos nacionales con la misión de escolarizar a todos los niños. En esos años de fuerte confianza en la educación, dos grandes proyectos se afirmaron: un proyecto de justicia social y un proyecto de emancipación. Uno se basa en la creencia en la capacidad de la escuela para promover una jerarquía social justa basada en el mérito de los individuos y no solo en los privilegios debidos a su nacimiento; el segundo postula que la escuela puede formar ciudadanos autónomos y solidarios en el marco de las sociedades nacionales democráticas. En este artículo se analizan esos dos proyectos, el de la justicia y el de la educación, para distinguir sus diversas dimensiones e intentar definir los desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Se sostiene, en líneas generales, que en tanto los sistemas educativos están insertos en las sociedades, cuanto más justa e igualitaria es una sociedad, más probabilidades tiene la escuela de ser ella misma justa e igualitaria. Porque si bien la escuela interviene sobre la sociedad, no está quizás en condiciones de “salvar el mundo”.

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Las continuas mejoras en la distribución del ingreso en Argentina entre 2003 y 2015.
Ana Laura Fernández y Mariana L. González

El período 2003-2015 puede caracterizarse en su conjunto en términos socioeconómicos por el crecimiento de la economía, la mejora en las condiciones laborales y la ampliación de las políticas sociales y de seguridad social. Entre estos años se produjo, a su vez, una mejora continua en la distribución del ingreso, que implicó una reversión respecto de la tendencia regresiva que se había verificado desde los años de la última dictadura militar. En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la distribución de los ingresos familiares e individuales durante esta etapa indagando en su asociación con diferentes factores tales como la dinámica del mercado de trabajo, los ingresos laborales y no laborales. El análisis se basa en una periodización fundamentada en la dinámica macroeconómica y de las variables analizadas, que distingue tres subetapas. La principal fuente de información es la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.


El estudio permite concluir que la menor desigualdad en los ingresos familiares no solo se relaciona positivamente con una mejora en la distribución de los ingresos laborales sino también con el efecto diferencial del aumento de la ocupación y las variaciones en la tasa de actividad, y la menor precariedad en el empleo. Del mismo modo, es fundamental en la explicación la ampliación del régimen previsional y el aumento real de los haberes jubilatorios, mientras que las políticas sociales de transferencias monetarias tienen un rol también positivo, pero de menor intensidad.

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La desigualdad regional de ingresos en la Argentina de las últimas décadas
Impacto redistributivo del Estado y contribución regional a la inequidad urbana
Gabriel Calvi y Elsa Cimillo

En este trabajo se aborda el fenómeno de la desigualdad de ingresos personales en los distintos agrupamientos urbanos (regiones y aglomerados) de la Argentina y su evolución en los últimos veinte años. El estudio se concentrará en dos aspectos: 1) la evolución de la desigualdad y del impacto redistributivo de las transferencias estatales (contributivas y no contributivas) a nivel regional; 2) el aporte de cada área a la desigualdad del total urbano.


Para el primer aspecto abordado se analizarán coeficientes de Gini de ingreso per cápita familiar (IPCF), antes y después de transferencias estatales. En este punto se procederá comparando ambos tipos de coeficientes, asumiendo que la diferencia es un buen indicador del efecto redistributivo de la intervención del Estado. La comparación será realizada para cada uno de los agrupamientos territoriales en los distintos años considerados.


El segundo aspecto, de mayor complejidad, es el relativo a la contribución de regiones y aglomerados a la inequidad del total urbano en el período analizado. La desigualdad de IPCF del total urbano resulta de incluir en un único ordenamiento jerárquico (distribución) los ingresos individuales (IPCF) de distintas áreas geográficas, que presentan heterogeneidades en términos de tamaño poblacional y nivel de ingresos. Esta mayor o menor heterogeneidad (entre regiones o aglomerados) origina contribuciones diferenciales a la desigualdad total. La metodología utilizada en este punto es una adaptación del procedimiento de descomposición del Gini por fuentes de ingreso elaborado por Lerman y Yitzhaki (1985) y difundido por CEPAL en 2008 (Medina y Galván, 2008). La adaptación aquí realizada consiste en considerar los ingresos de los residentes de cada región o aglomerado como fuentes distintas del ingreso total urbano.


En la definición de las áreas urbanas se sigue la clasificación de agrupamientos territoriales que emplea el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), fuente de información utilizada en este trabajo. Nos referimos a las seis regiones estadísticas definidas por el INDEC (Gran Buenos Aires, Cuyo, Noreste Argentino, Noroeste Argentino, Patagonia y Pampeana) y a los distintos aglomerados urbanos relevados por la encuesta (cuya cantidad ha variado desde los inicios de la EPH).


El estudio es precedido por una sección en la que se describe brevemente la evolución de la desigualdad de ingresos entre 1993 y 2013, y que nos permite identificar las etapas a partir de las cuales será estilizado el análisis. Un último punto queda dedicado a las conclusiones que se desprenden de las evidencias aportadas.

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Producción de bienestar y estructura social en perspectiva comparada:
Reino Unido, España y Argentina
Jésica Lorena Pla y Emilio Jorge Ayos

Este artículo analiza la composición de ingresos y su relación con la estructura social, a partir de una perspectiva comparativa, seleccionando los casos de Reino Unido, España y Argentina. Retomamos la discusión sobre las formas de articulación entre las diferentes instituciones que participan en la provisión del bienestar, Estado, Mercado y Familia, aprendiéndolas a partir de la desagregación de los ingresos por fuente (laboral, no laboral, y en este último caso, su composición), abordados comparativamente a partir de la unidad de análisis individuo y la unidad de análisis hogar.


Utilizamos los microdatos de las siguientes fuentes: la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina), la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (España - 2013 en cada caso) y su versión inglesa European Union Statistics on Income and Living Conditions (2009).


El instrumento de medición utilizado para analizar la evolución de la estructura de clases en relación al mercado de trabajo fue el esquema de clases de Erikson, Goldthorpe y Portocarero (Goldthorpe y Heath, 1992).

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Desigualdad de oportunidades de graduación universitaria en Argentina (1975-2015):
Efectos del territorio, la clase social de origen y el nivel educativo familiar
Pablo Dalle, Paula Boniolo, Bárbara Estévez Leston y Joaquín Carrascosa

El artículo analiza la incidencia del origen social familiar y el territorio en la desigualdad de oportunidades de graduación universitaria en Argentina y su evolución a través de cuatro cohortes nacidas entre 1945 y 1985. Se utiliza una metodología cuantitativa que combina el análisis de dos fuentes de datos secundarios: la Encuesta Nacional sobre Estructura Social de 2015 y el Censo Nacional de Personas, Hogares y Viviendas de 2010. Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas: tablas de contingencia, gráficos y mapas, e inferenciales: modelos log-lineales y de regresión logística multivariados. Las pautas observadas sugieren que la escasa expansión de la graduación del sistema universitario en las últimas décadas ha implicado, hasta el momento, una ampliación de la desigualdad de clase en el logro de credenciales universitarias en la cohorte más joven, esto es, mayores ventajas para quienes provienen de clases medias. El nivel educativo del hogar de origen es la variable que más influye en la graduación universitaria y su efecto sobre la desigualdad de oportunidades se mantiene constante a través de las cohortes. Asimismo, el estudio brinda evidencia en favor de que la región de nacimiento y de residencia actual contribuye a delinear la desigualdad de oportunidades educativas.

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Procesos de exclusión en las políticas sociales:
explorando los perfiles de la población no perceptora de la Asignación Universal por Hijo
Agustín Salvia, Santiago Poy y Ianina Tuñón

Está ampliamente probado que las instituciones laborales y de seguridad social asociadas a los mercados de trabajo formal constituyen el principal mecanismo de inclusión social sistémica en economías de mercado (OIT, 2017). No obstante, la reconfiguración productiva y sus efectos sobre el empleo y la exclusión a escala global condujeron a muchos gobiernos a desarrollar sistemas de protección paralelos a tales mecanismos (CEPAL, 2018). En América Latina, estos sistemas han adoptado la forma de programas de transferencias condicionadas de ingresos, orientados a la lucha contra la pobreza y concebidos como instrumentos transitorios hasta que los beneficiarios logren una mejor inserción en el mercado laboral. Si bien han tenido efectividad para paliar situaciones de pobreza extrema, en distintos países se ha constatado su insuficiencia para superar exclusiones o autoexclusiones sociales y promover formas más plenas de inclusión social sistémica.


A partir de 2009, el gobierno argentino implementó un sistema de transferencia condicionada de ingresos –la Asignación Universal por Hijo–, destinado a hogares con niños y adolescentes cuyos padres fueran trabajadores informales, desempleados o inactivos y no tuvieran acceso a otros mecanismos de protección social. La literatura ha abordado distintas aristas de esta política. Adoptando un enfoque crítico sobre el carácter universal, transitorio e inclusivo de esta iniciativa, este artículo aborda un aspecto poco explorado: el perfil socioeconómico, demográfico, laboral y residencial de aquellos potenciales beneficiarios excluidos o autoexcluidos del programa. Se parte de la hipótesis de que se trata de una población heterogénea, atravesada por diferentes clivajes y grados de marginalidad social, cuyas particulares condiciones constituyen el principal factor de exclusión.


La fuente de información son los microdatos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina correspondientes al período 2010-2015. Sobre las bases apiladas se aplican modelos de regresión, análisis factoriales y construcción de clústeres que permiten caracterizar y tipificar los diferentes procesos sociales de exclusión subyacentes a los perfiles socioeconómicos, demográficos, laborales y residenciales presentes en una población de niños y adolescentes elegibles no beneficiarios de la AUH.

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Políticas sociales y simbolismo del trabajo en Argentina
Desigualdad, apropiaciones y sentidos vividos en el espacio social de Córdoba
Gonzalo Assusa

El artículo aborda la relación entre políticas sociales y desigualdad en la Argentina contemporánea. Para ello, plantea su análisis en dos dimensiones paralelas e interconectadas. La primera refiere al lugar de las políticas sociales como instrumento de reproducción social y al modo en que se inserta en una serie de estrategias de reproducción social de las familias para sostener o mejorar su propia posición en el espacio de las clases sociales. La segunda refiere a cómo las políticas sociales (denominadas coloquialmente “planes sociales") pasan a formar parte de un acervo común de categorías simbólicas que se ponen en juego en la construcción de fronteras simbólicas que distinguen legitimidades, dignidades y prestigios diferenciales entre personas. Con este objetivo, el artículo propone una articulación de métodos, combinando procesamiento estadístico multifactorial de bases de datos como la ENES-PISAC, con un extenso trabajo de campo cualitativo que va desde entrevistas en profundidad hasta registros etnográficos.

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Las transformaciones en las prácticas de los sectores populares organizados a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo
Victoria D’Amico

En este artículo exploramos las reconfiguraciones de la relación entre sectores populares y Estado a partir del análisis del modo que adoptó la inscripción de la AUH en las redes de sociabilidad política local de una organización socioterritorial, el Movimiento Justicia y Libertad en la ciudad de La Plata, entre 2011 y 2015. Sostenemos que la implementación de la AUH conllevó dos transformaciones simultáneas en las prácticas de los sectores populares organizados. Por un lado, reprodujo el sentido oficial de que la política es gestionada directamente por el Estado nacional. Al hacerlo, las organizaciones se distanciaron del carácter disruptivo con que habían disputado previamente su papel protagónico como mediadoras en la gestión de políticas sociales y, como consecuencia, se produjeron procesos de individualización de los sectores populares.


Por otro, las organizaciones reconfiguraron su trabajo territorial a través de su participación en otros programas sociales. Las cooperativas del Programa de Ingreso Social con Trabajo, más conocido como “Argentina Trabaja”, operaron como núcleos de articulación de recursos, tareas y demandas al Estado en el entramado local. Reconstruimos empíricamente las tensiones irresueltas que ambos procesos generaron en las experiencias de ciudadanización y desigualdad, particularmente para las mujeres.

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Experiencias del bienestar
Para una comprensión de la política social desde el sentido común
Daniela Soldano

Conseguir trabajo, agua potable, una bolsa de alimentos, un turno médico, un lugar donde vivir, o un cupo en la mejor escuela pública del barrio, constituyen desafíos que enfrentan a diario los vecinos de las barriadas relegadas de las ciudades en nuestra región. Estos desafíos permiten advertir dos registros del orden socio-político: la estructura desigual que da forma a sus condiciones de vida y las prácticas efectivas de reproducción social. Entre ambos, se ubica el sentido común, un nivel de conocimiento experiencial, potente para orientar dichas rutinas cotidianas y con capacidad para “suturar” simbólicamente las fracturas de una sociedad atravesada por la desigualdad socioeconómica. Este artículo propone la comprensión de lo que se denominará “experiencias del bienestar” –del Estado y la política social–, en las que entran en escena un conjunto de razonamientos evaluativos que atañen a la calidad de los recursos públicos, a la efectividad y legitimidad de su mediación y al grado de justicia presente en su distribución en los diferentes territorios.

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Cuando la desigualdad y la pobreza pasaron a ser problemas de la gerencia social
Notas sobre el caso de los think tanks en los noventa
Adriana Clemente

Este artículo problematiza sobre la orientación y las características de las fuentes de conocimiento y el asesoramiento brindado para el diseño de los programas sociales y el tratamiento de la pobreza que se realizaron como parte de la cooperación técnica para el desarrollo en la década de los noventa. El análisis focaliza el rol de los dispositivos institucionales que actúan en torno a procesos de vinculación tecnológica y social con la vocación de incidir en la agenda pública (think tanks), particularmente los asociados al ámbito académico inscriptos en el campo de las políticas sociales y el desarrollo.

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¿Es el territorio un “accidente” para las políticas de salud? Aproximación conceptual y reflexiones desde la investigación social.
Magdalena Chiara

El trabajo se propone introducir la perspectiva territorial para pensar las políticas de salud. Sin pretender negar la complejidad inherente al sector, busca identificar otros pliegues en los que la política se de-construye y vuelve a construirse en territorios determinados. Partiendo de entender la salud como “campo abierto” y pasando revista a distintas contribuciones del enfoque territorial, el trabajo busca colocar el territorio más allá del escenario en el que las políticas se despliegan. En este movimiento, se detectan nuevas preguntas, aparecen otros problemas y se develan nuevos actores.

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El escenario participativo de base popular en el Gran Buenos Aires en tiempos neoliberales: huellas de la historia reciente y cambios emergentes.
Adriana Rofman

El artículo busca reconstruir la historia reciente de los modelos de participación de la sociedad civil de base popular en las políticas públicas, en Argentina. El objetivo es identificar las huellas de las experiencias previas y los cambios emergentes, en el escenario participativo popular actual. Esto es, rastrear las características principales de las formas históricas de organización de la sociedad civil popular, sus agendas y sus modos de relacionamiento con el Estado, con el fin de identificar persistencias y cambios a lo largo del recorrido. Para ello, se analizan tres períodos históricos: la etapa de surgimiento y desarrollo de las articulaciones entre la sociedad civil popular y el Estado durante el siglo XX; las profundas transformaciones producidas por la implantación del neoliberalismo y la consecuente crisis de fin de siglo; y el momento de recuperación del protagonismo estatal, junto con la expansión e institucionalización de estos espacios. Por último, se describe el panorama actual, de los primeros años de gobierno de Cambiemos, enfocando en los rasgos persistentes y las novedades emergentes.

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Los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia: institucionalizando la participación de la sociedad civil en la producción de la política pública de infancia a nivel local en el Conurbano Bonaerense.
Carolina Foglia

En este trabajo nos concentraremos en el abordaje de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, dispositivos locales del sistema de promoción y protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de la participación ciudadana. Consideramos que estos dispositivos institucionalizan territorialmente la participación de las organizaciones sociales locales en la política de infancia de un modo diferente al observado durante la década de 1990, el cual se centraba en la provisión de bienes y servicios y la ejecución de tareas en el marco de programas estatales. Si bien este es un rol que las organizaciones sociales continúan desempeñando, la conformación de los Consejos Locales jerarquiza un papel ligado al diagnóstico de los problemas locales y a la planificación de iniciativas.

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¿Cómo es posible que una toma de tierras se convierta en un barrio popular planificado? Condiciones y actores intervinientes en un caso de la periferia de la ciudad de La Plata.
Florencia Musante

El presente artículo analiza las condiciones de posibilidad de una toma de tierras en la periferia de la ciudad de La Plata y se pregunta por el modo en que la intervención y articulación de distintos actores configuró en el territorio un escenario particular, que lo llevó a convertirse en un barrio popular planificado. La toma tuvo lugar en el año 2015 en Abasto, localidad del oeste de la ciudad de La Plata, y se volvió emblemática por una serie de condiciones que la particularizaron: su masividad –se trata de una toma de 56 hectáreas que nuclea a más de mil familias– y la velocidad con que se logró iniciar un proceso expropiatorio, que dio lugar a distintas intervenciones estatales. Sostenemos que existe una serie de condiciones de posibilidad –la coyuntura política, la intervención estatal y la dinámica de la organización colectiva– que permiten entender la singularidad del proceso.

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Territorios móviles, políticas sociales y prácticas de organización de trabajadores de la economía popular.
María Inés Fernández Álvarez

Este artículo sintetiza resultados de una investigación etnográfica en curso con una cooperativa de vendedores ambulantes del Ferrocarril San Martín que integran la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Aun cuando la cooperativa se conformó en el año 2015, los vendedores del tren han mantenido, a través de generaciones, “códigos de vida” que organizan su actividad, dentro de las que cobran centralidad las relaciones de parentesco, incluyendo la forma en que la idea de familia es empleada para hablar de los vínculos que se tejen en “el fierro”, tal como prefieren denominar al tren. Este proceso de formalización como cooperativa se vuelve inteligibile a la luz de un proceso más amplio de producción y disputa de formas de reconocimiento, protección, bienestares y derechos colectivos como trabajadores en el marco de la CTEP, dentro del que se destaca la implementación del Salario Social Complementario. En este artículo, me propongo analizar la dinámica de este proceso de organización y la implementación de esta política en un territorio particular marcado por la movilidad de las personas, los vínculos, las prácticas y los espacios que lo producen. Por una parte, esta condición desafía las formas modales de hacer política que caracterizan las organizaciones marco en las cuales la cooperativa se inserta. Por otro, la implementación de esta política desborda los límites del espacio del tren como territorio para proyectar y construir vínculos desde y hacia los barrios donde habitan los vendedores. Atendiendo a estas dos dimensiones, me propongo reflexionar sobre la heterogeneidad de los territorios en los que se despliegan las formas de organización de la economía popular con relación a las políticas públicas destinadas a esta población.

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El territorio, la comunidad y la autonomía: ¿discursos mitológicos en los programas sociales destinados a jóvenes “en riesgo”?
Marina Medan

Desde inicios del 2000 en la Argentina se implementan programas de inclusión social y prevención social del delito destinados a jóvenes “en riesgo”, en los cuales el abordaje territorial y comunitario es distintivo. Este artículo describe y analiza los sentidos y prácticas que tal enfoque supone, tanto desde la perspectiva de los agentes institucionales como desde la de los jóvenes. Los resultados se discuten a la luz de la literatura que aborda las relaciones entre el Estado, el territorio y la comunidad, y se resalta el potencial analítico de la noción de “margen” (Das y Poole, 2008) para problematizar el funcionamiento estatal. Finalmente, se coloca una nueva hipótesis a partir de los hallazgos: las definiciones institucionales sobre el territorio y la comunidad como epicentro de los riesgos que aquejan a los jóvenes, en articulación con la reivindicación de la autonomía juvenil para lidiar con ellos, podría generar un discurso mitológico (Haney, 2010) que provocara más desempoderamiento que emancipación. Los datos analizados provienen de investigaciones cualitativas desarrolladas entre 2008 y 2018, cuyas técnicas principales han sido la observación participante, entrevistas en profundidad y grupos focales. La referencia empírica está conformada por programas de prevención social del delito y programas de inclusión social juvenil implementados en barrios populares del AMBA.

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Educación y Territorio: una experiencia de implementación del Plan Fines en la Provincia de Buenos Aires.
Laura Beatríz Casals

A partir de un estudio de caso en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, nos proponemos comprender el modo en que las trayectorias educativas de jóvenes y adultos estudiantes del Plan Fines en territorios socialmente críticos se vinculan con el entramado de organizaciones sociales y comunitarias. Esto a partir del análisis del contexto territorial y la dinámica local de implementación del Plan; la reconstrucción de la trama de organizaciones sociales y comunitarias en que la sede del Plan está inserta y el abordaje de trayectorias educativas de estudiantes y referentes comunitarios.

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Territorio, política social e implementación. Una mirada desde los espacios locales de gestión del “Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo” en el distrito de La Matanza.
Cynthia Gisselle Ferrari Mango

El objetivo general que perseguimos a través de este artículo es caracterizar la territorialidad que adquiere el Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo en los espacios locales de gestión denominados Obradores en el distrito de La Matanza (2009-2016), ubicado en la provincia de Buenos Aires. Dicho programa tiene un alto componente territorial, por lo cual una mirada a nivel local permite captar diferencias de la implementación del programa y recuperar la noción de centralidad del territorio como espacio de implementación de programas sociales.

Para abordar el objetivo planteado trabajamos en los Obradores entendidos como los espacios locales de gestión y lugares estratégicos de transformación de los programas. Se trató de una investigación cualitativa en la cual el corpus de análisis quedó conformado por la Resolución 3182/09 que le dio origen, el documento “Distribuidor Nacional Programa de Ingreso Social con Trabajo” elaborado por el MDSN, las transcripciones de las notas de campo y las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas.

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Acoples y desacoples del ´Argentina Trabaja´ con las políticas de economía social y solidaria en Argentina. Contribuciones a partir de las implementaciones locales en el Conurbano Bonaerense (2009-2018).
Ruth Muñoz

En base a un trabajo de identificación y análisis comparativo de las políticas de economía social y solidaria llevadas a cabo en los 24 partidos del Conurbano Bonaerense entre 2012-2018, el artículo plantea que el Programa Argentina Trabaja, a pesar de lo que sostiene su formulación inicial, fue identificado como una política relacionada con la ESS en solo 4 de los 22 partidos donde se implementó, siendo generalmente ubicado dentro de políticas de transferencias condicionadas por los funcionarios locales, sentido que fuera exacerbado en el actual contexto de restauración conservadora. Elaborado a partir del esfuerzo de reconstrucción de la escasa información disponible para esta escala, se presentan estadísticas del Programa desagregadas por partido, a lo que se suman testimonios de funcionarios nacionales y municipales. Se espera que el análisis constituya un aporte a la discusión sobre las políticas públicas, el territorio y sus relaciones.

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Erradicación de pobladores y recomposición identitaria: El caso de la villa Estrecho de Magallanes (Santiago de Chile).
Cristóbal Sebastián Palma Rojas

El presente artículo discute acerca de la generación de identidades colectivas surgidas en un marco de segregación espacial y homogenización intracomunal provocada a partir de las políticas de reforma urbana impulsadas por la dictadura militar chilena. La investigación realizada en la villa Estrecho de Magallanes, de la comuna de La Pintana, en Santiago, se llevó a cabo mediante técnicas de investigación cualitativas como la observación participante y la entrevista en profundidad. Se concluye que, a pesar de las políticas de erradicación y radicación de la dictadura militar y su manifiesto interés por desarticular las instancias de organización e identificación colectiva, los pobladores tienden a re-crear identidades asociadas a la simbolización del espacio habitado y las acciones conjuntas que despliegan en respuesta a la marginación social.

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Programas de transferencias monetarias condicionadas en la Argentina y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (2003 - 2009).
Vanesa P. Ciolli

El artículo analiza el principal programa de transferencias monetarias condicionadas de Argentina entre 2003 y 2009 –el Plan Familias por la Inclusión Social–, implementado mediante un ciclo de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Su propósito es comprender por qué las políticas sociales asumieron dicha modalidad en la etapa posterior a la crisis de 2001 y por qué fueron vehiculizadas mediante el financiamiento de instituciones financieras internacionales. Para alcanzar dicho objetivo, se desarrolla un análisis interpretativo basado en análisis documental. De ello se concluye que la participación de la mencionada institución propició, por un lado, la reingeniería del aparato estatal en el sector de las políticas sociales, orientada al conocimiento riguroso de la población para su focalización, y, por el otro, el cambio en el tipo de interpelación estatal hacia la población receptora, en virtud de su regulación.

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Diferenciación social y segregación educativa en el área metropolitana de Asunción.
Luis Ortiz, Kevin Goetz y Colin Gache

El artículo ofrece una propuesta analítica que considera el espacio urbano, con sus formas y estructuras, no como una simple plataforma de importancia secundaria, sino como un hecho social total. Desde la perspectiva de observación socioespacial que constituye la ciudad, se busca comprender las intensidades y los sentidos de dos fuerzas mayores que intervienen simultáneamente en el sistema educativo. La primera tiene que ver con las dinámicas sociales en curso y con la consiguiente configuración espacial que adquiere la ciudad (aumento de la clase media, trayectorias residenciales, valores asignados a las diferentes zonas y barrios de la ciudad, modificación de los modos de desplazamiento, entre otros), mientras que la segunda tiene que ver con las características y tendencias que discurren en el dispositivo educativo. Las evoluciones del conjunto dinámico que constituye el dispositivo educativo obedecen necesariamente a mecanismos colectivos e institucionales. El análisis apunta a dar cuenta de las relaciones entre los grupos sociales del territorio para moldear el sistema educativo en función de sus intereses diferentes y divergentes.

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Entre la integración subordinada y la relegación social-urbana. El caso del “Certificado de Vivienda Familiar” en la ciudad de Rosario.
Florencia Brizuela y Melisa Campana

Inspirado en el enfoque de la gubernamentalidad, el artículo analiza las racionalidades políticas que atraviesan el Certificado de Vivienda Familiar argentino. Con el objetivo de reconstruir las novedades que el Certificado supone en términos de política sociohabitacional y de estrategia de gobierno en villas y asentamientos informales de Rosario, el trabajo recorre la orientación de los programas implementados durante las últimas décadas en la ciudad, analiza los campos discursivos en que se asienta el Certificado (la lucha contra la pobreza, el combate al narcotráfico y la unión de los argentinos) y sistematiza los hallazgos parciales de la investigación. Estos señalan nuevas estrategias de gobierno que promueven la autogestión de los vecinos en la resolución de sus problemas, bajo una modalidad individual, y cuyos efectos suponen la confinación a territorios de relegación social-urbana.

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Rompiendo las barreras de la relegación: reflexiones sobre un programa de seguridad alimentaria aplicado desde INSSJP-PAMI​ en cogestión con un centro de jubilados y pensionados.
Juan Francisco Di Meglio

El presente escrito tiene la intención de componer un conjunto de reflexiones sobre la importancia que adquieren las organizaciones sociales de personas mayores, concretamente los Centros de Jubilados y Pensionados, en la implementación de políticas sociales, la aplicación efectiva de los derechos sociales en el territorio y la recreación de los lazos sociales. Para dicho objetivo se parte de la experiencia del inicio, en el año 2015, de la prestación “bolsón de alimentos”, perteneciente al Programa ProBienestar del INSSJP-PAMI, en el Centro de Jubilados y Pensionados “Mi segunda casa”, ubicado en Ciudad Oculta (Villa Lugano, CABA).