Número 3 - Segundo semestre 2018

Dosier - DESIGUALDADES Y POLÍTICAS SOCIALES EN LA ARGENTINA - PARTE II

Las transformaciones en las prácticas de los sectores populares organizados a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo*

  • Victoria D’Amico

    Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de la Plata - CONICET
    victoriadamico@gmail.com

    Licenciada en Sociología y Magíster en Ciencias Sociales. Docente de Análisis de la sociedad argentina (FaHCE-UNLP) y de Introducción a la teoría social (FTS-UNLP). Integrante del proyecto “El Estado en movimiento y los movimientos del Estado. Prácticas militantes, organizaciones populares e identidades políticas en la Argentina contemporánea: perspectivas teóricas, enfoques analíticos y estudios de caso”. Ha investigado y publicado sobre temáticas vinculadas a políticas sociales, sectores populares y desigualdad.

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    D´Amico, Victoria (2018). Las transformaciones en las prácticas de los sectores populares organizados a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo. Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas N°3. Segundo semestre 2018, pp. 225-250 [En línea]. Consultada el: 18-11-2019
    URL: http://ciudadanias.untref.edu.ar/n3_dossier_art8.php
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Resumen

En este artículo exploramos las reconfiguraciones de la relación entre sectores populares y Estado a partir del análisis del modo que adoptó la inscripción de la AUH en las redes de sociabilidad política local de una organización socioterritorial, el Movimiento Justicia y Libertad en la ciudad de La Plata, entre 2011 y 2015. Sostenemos que la implementación de la AUH conllevó dos transformaciones simultáneas en las prácticas de los sectores populares organizados. Por un lado, reprodujo el sentido oficial de que la política es gestionada directamente por el Estado nacional. Al hacerlo, las organizaciones se distanciaron del carácter disruptivo con que habían disputado previamente su papel protagónico como mediadoras en la gestión de políticas sociales y, como consecuencia, se produjeron procesos de individualización de los sectores populares.

Por otro, las organizaciones reconfiguraron su trabajo territorial a través de su participación en otros programas sociales. Las cooperativas del Programa de Ingreso Social con Trabajo, más conocido como “Argentina Trabaja”, operaron como núcleos de articulación de recursos, tareas y demandas al Estado en el entramado local. Reconstruimos empíricamente las tensiones irresueltas que ambos procesos generaron en las experiencias de ciudadanización y desigualdad, particularmente para las mujeres.

Introducción

Desde hace más de una década, diversos estudios especificaron el modo en que la esfera estatal, en sus niveles desagregados de gestión pública, incide en la articulación de la sociabilidad de los sectores populares1 mediante decisiones políticas que marcan puntos de inflexión en las condiciones de lucha, disputa y resistencia. Estos trabajos iluminan un aspecto central de las relaciones que constituyen la estatalidad, a partir de las dinámicas sociales que posibilitaron la constitución de demandas hacia el Estado, y reconocen que los escenarios de disputa constituyen “un indicador de un proceso de producción conjunta de políticas estatales y modalidades de acción de los grupos subalternos” (Manzano, 2007b: 108). Contra todo diagnóstico liberal de desplazamiento de las instancias de intervención públicas hacia la esfera mercantil en la década del noventa, estos trabajos evidenciaron la presencia sostenida del Estado como actor con capacidad de trastocar condiciones estructurales de organización, y con ello, de rearticular relaciones sociales.2 En esta línea, las dinámicas de circulación de recursos vinculados a políticas sociales han tomado un peso propio como objeto de estudio en las ciencias sociales. Asimismo, permiten comprender los modos de “estar en política” a partir de la manera en que las personas y los recursos circulan en lógicas que –atravesadas primordialmente por la búsqueda de estabilidad– flexibilizan la entrada, salida y la participación en diferentes organizaciones colectivas. La circulación por diversas instituciones forma parte del “abanico” de espacios territoriales a los que concurren las personas para conseguir recursos (Vommaro, 2006: 170) y es posible de abordar si nos distanciamos de una noción institucionalista de la política.

Partiendo de allí, afirmamos el rol central que los programas sociales y su gestión tienen en las formas de producción conjunta entre Estado y sectores populares tanto por el modo en que moldean las sociabilidades locales como por el lugar que habilitan a las organizaciones socioterritoriales como mediadoras de la política. Desde esta perspectiva, el presente artículo se propone aportar a la comprensión de las implicancias que la implementación de la AUH tiene para las redes de sociabilidad política locales desde las experiencias de desigualdad y acceso a derechos de los/as receptores, a partir del análisis de los modos de gestión y disputa de los programas que llevan adelante las organizaciones socioterritoriales.

De la experiencia del JJH a la AUH

En las experiencias anteriores vinculadas al programa Jefes y Jefas de Hogar,3 ante los cupos limitados, la ausencia de garantía del ingreso y las pujas en los modos de distribución entre y con otros actores intermediarios, las organizaciones llevaban adelante mecanismos de presión para acceder a los programas. Acampes, cortes de calle, ollas populares y movilizaciones eran los repertorios que visibilizaban la disputa. Asimismo, una vez obtenidos, la movilización se sostenía aunque cambiaba sus objetivos: la disputa se focalizaba en los mecanismos administrativos engorrosos, las demoras en los pagos, los montos de cobro y la posibilidad de incorporar nuevos beneficiarios, todas oportunidades a partir de las cuales se colectivizaban reclamos y se aglutinaban identidades en torno a la organización. Aunque formalmente la obtención del plan no requería de mediaciones, en la práctica cotidiana los beneficiarios dependían de que las organizaciones pudieran solicitarlos. De esta manera, las organizaciones adoptaron un rol de mediación entre beneficiarios y Estado, más allá de que sus proyectos políticos se plantearan distanciados de la órbita estatal. Asimismo, tempranamente numerosos estudios reconocieron la presencia predominante de las mujeres entre los receptores y el rol de aquellas como principal sostén de las actividades de los entramados locales vinculadas a la presencia de recursos asistenciales.

En 2003 el gobierno kirchnerista propuso reemplazar progresivamente el JJH. En un principio, con la implementación del Programa Familias por la Inclusión Social y luego, en 2006, con la creación del Seguro de Capacitación y Empleo.4 Ambos programas eliminaron la obligatoriedad de la contraprestación laboral y modificaron las características de las tareas que debían hacerse a cambio del cobro: cumplimiento de requisitos de escolaridad y salud de los hijos en el primer caso, talleres de formación en el segundo. No obstante, no se produjo un traspaso significativo en tanto las receptoras –por incertidumbre, inconveniencia o imposibilidad– permanecieron mayormente en el JJH (D’Amico, 2013).

Desde fines de 2009, la lógica de las políticas de transferencia de ingresos hacia los sectores populares desplazó abruptamente a las organizaciones territoriales de aquel rol de intermediarias. Convergieron entonces la eliminación del JJH y la masificación de la Asignación Universal por Hijo,5 cuya dinámica administrativa y política buscaba ligar las políticas de transferencia condicionadas de ingreso a un paradigma de protección social. En el curso de nuestra indagación,6 tres características operativas de la AUH emergieron como punto de inflexión para la política social en aquella dirección: 1) la prestación es complementaria de las asignaciones familiares contributivas de los/as trabajadores/as formales y deja de ser incompatible con todo tipo de ingreso laboral lo cual rompe con la concepción de que los/as receptores/as están dentro/fuera del mercado de trabajo, 2) la condicionalidad refiere a requisitos de educación y salud de niños y niñas pero no implica una condicionalidad laboral, instancia que había sido central en la configuración de las redes territoriales de las organizaciones sociales y 3) depende directamente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), lo que generó mecanismos administrativos que involucraron a nuevos actores en la dinámica burocrática de la política social; promovió el vínculo directo de los/as receptores/as con el Estado y dinamizó los trámites de inscripción. Esta modalidad de funcionamiento y la masificación de la AUH en los vínculos donde antes existían otro tipo de políticas nos interpela entonces a revisar la relación entre Estado y sectores populares a partir del papel que cumplen las mediaciones y los mediadores en este nuevo contexto. Nos preguntamos: ¿Qué tipo de políticas siguieron gestionando las organizaciones y cuáles no? ¿Qué delegan y en quiénes? ¿Cuáles son sus implicancias para la sociabilidad política local? El caso analizado es el Movimiento Justicia y Libertad en un barrio de la ciudad de La Plata entre 2011 y 2015, en el que las cooperativas del Programa de Ingreso Social con Trabajo, conocido como “Argentina Trabaja”, operaron como núcleos de articulación de recursos, tareas y demandas al Estado en los espacios de sociabilidad política local.

El abordaje del Movimiento Justicia y Libertad

La perspectiva del análisis de campo que desarrollamos se fundamenta en los trabajos que analizaron los modos en que las políticas sociales fueron apropiadas por los beneficiarios y adquirieron sentidos en contextos específicos. Como afirmáramos previamente (D’Amico y Pinedo, 2015) de estos estudios pueden extraerse una serie de corolarios. En primer lugar, al poner el acento en los entramados sociales, la política es entendida a partir de lo que los propios sujetos definen como categorías de sus prácticas habituales sin quedar circunscriptas en una esfera funcional predefinida por los analistas. En segundo lugar, sostienen que más que un actor colectivo con una identidad unitaria, las organizaciones populares conforman una trama de interacciones recíprocas, donde se establecen pautas, deudas y compromisos, que conducen a las personas a actuar mancomunadamente en situaciones específicas. En tercer lugar, señalan la omnipresencia de las políticas sociales en el centro de las relaciones locales, particularmente, la centralidad de los planes sociales y su lógica de gestión en la vida y las relaciones cotidianas que entablan las personas en esos marcos asociativos, e indagan las complejas relaciones entre esas tramas asociativas, los agentes oficiales y los flujos estatales, probando la existencia de lábiles fronteras entre lo que se define como político, social y familiar, y entre lo que se entiende por antagonismo y negociación (D’Amico y Pinedo, 2015: 169).

La estrategia metodológica consistió en el abordaje de las redes de funcionamiento de la organización denominada Movimiento Justicia y Libertad (MJyL)7 en el barrio Los Álamos, situado en la periferia platense y cuya población se encuentra vulnerabilizada, mayormente en situación de pobreza. La organización surgió en el año 2005 como desprendimiento del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón8 y desde hace varios años tiene inserción en el barrio a partir de la gestión de planes sociales y cooperativas de empleo y el trabajo territorial con comedores y centros educativos. Integra la red de organizaciones de desocupados que rápidamente, ante la implementación del Programa Argentina Trabaja,9 instaló la demanda de “Cooperativas sin punteros” para disputarle al gobierno nacional el manejo de las cooperativas, en tanto recursos que podían incorporarse a la dinámica de las organizaciones.10 La elección deliberada de esta organización se orientó a echar luz sobre algunas dimensiones que la bibliografía reconoce como sociológicamente relevantes en las dinámicas de las organizaciones socioterritoriales: la participación en redes políticas de más amplia escala –una red de Movimientos–; la forma de acceso y el tipo de recursos que gestiona; el distanciamiento y cuestionamiento respecto del sistema político local y su inscripción en formas de sociabilidad local. El análisis del MJyL en la ciudad de La Plata desde 2011 es significativo porque permite reconstruir empíricamente cómo una organización transitó la implementación de la AUH mediante la reconfiguración de su presencia territorial en torno a otra política social, el programa Argentina Trabaja. De este modo, podremos comprender de qué manera la dinámica de la organización articuló la AUH con otras políticas sociales destinadas a grupos vulnerables en cuya gestión las organizaciones socio-territoriales sí conservaron un papel estratégico y visible. El trabajo de campo finalizó en 2015, año en el que se produjo el triunfo electoral de la Alianza Cambiemos y desde el gobierno nacional comenzaron a replantearse –entre otros– los sentidos de las políticas sociales.

La gestión en el trabajo territorial
del Movimiento Justicia y Libertad

Amanda es una de las referentes históricas del barrio Los Álamos. Es una mujer de más de 50 años y vive en su casa con su marido, en un terreno que comparte con las casillas de sus dos hijos mellizos, Julio y Karina de 23 años. Amanda tiene dos hijos más grandes que ya no viven en el barrio, Valeria y el Taco. Desde hace poco más de un año y medio (noviembre de 2011) trabaja en una cooperativa provincial encargada de limpieza de la ciudad. Junto a ella, Ana y Celia, dos vecinas del barrio, se trasladan todos los días al bosque,11 donde se encuentran con sus compañeros y coordinadora. Trabaja de lunes a sábado de 7:30 a 12 horas, con un control de horarios estrictos (le descuentan el día que no va). Cobraba (al momento de esta conversación) $1.800 por mes. El lugar en la cooperativa lo consiguió gracias a su participación en el “Movimiento”, en el que participa desde hace 3 años. A veces, también trabaja algunos domingos, cuando les toca ir a hacer “Operativa”,12 tarea por la cual les pagan horas extra. Amanda dice que la coordinadora (que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires) “es brava”, que está controlando bien y que gracias a eso “ahora vas al bosque y ves todo limpito, prolijito...si vos vieras lo que era cuando empezamos...

Antes de llegar al “Movimiento”, Amanda participó en el MTD Evita junto a Silvana Soria.13 En esa época, recibía el JJH, y con el plan, Amanda y otras vecinas cocinaban en el comedor del barrio. Ella realizaba esa tarea y además aportaba esa ayuda económica al hogar cuando su marido quedó desocupado. Finalmente, en 2004 su marido encontró trabajo y lograron tener un mejor ingreso.

Amanda participa en el “Movimiento” y desde allí va “consiguiendo” cosas para la gente del barrio: “Porque a mí no me gusta solo conseguir para mí, yo de a poco, despacito voy anotando a algunas vecinas. Así, a las escondiditas… tampoco decirle a todos juntos… yo hablo con este me dice necesito trabajo... por ejemplo, hablé con Ana, la anoté en la cooperativa. Cuando los del “Movimiento” me dicen que anote en la lista a los que conozco, yo los voy anotando.

A través de un trabajo de hormiga, en un año Amanda anotó a 7 mujeres del barrio para sumarlas al programa “Ellas hacen”. Así, Karina, Lilian, Mariana, Valeria, Celia (la suegra de Karina), Graciela y Ana (la nuera de Amanda), ingresaron a las cooperativas. Trabajan todas juntas en el galpón Olimpo, un lugar ubicado en 139 y 57 donde coinciden las más de 500 beneficiarias que, según cálculos de Amanda, participaban por ese entonces en el programa en la ciudad de La Plata. En la primera reunión que se hizo después de las inundaciones, participó como coordinadora con las chicas que ingresaban a la cooperativa. Nos cuenta que en total había 19 coordinadoras con “sus chicas”, provenientes de diferentes barrios de la ciudad. Los grupos comparten el espacio de trabajo, a través de un sistema rotativo de trabajo: se turnan dos veces por semana para llevar adelante la construcción de placas de cemento. Esas placas sirven para la construcción de viviendas. El acuerdo planteado es que, cuando finalicen, se sortearán dos mujeres por barrio para que con esos materiales se puedan hacer su casa. “Dentro de poco, ni para eso vamos a necesitar a los hombres”, me dice Amanda y sonríe.

Otras cooperativistas, como Karina, participan trabajando en la guardería que funciona para que las mujeres que tienen hijos y trabajan en la construcción, puedan cumplir con su tarea laboral. Luego, tienen un día “de formación” que pueden ser talleres de salud, género o política.14 Y dos veces por semana Karina acude a clases para terminar su escolaridad, ya que el programa propone la escolarización de las receptoras. Karina estaba teniendo conflictos con la coordinadora de la cooperativa porque ella comenzó las clases en un espacio educativo que armó el “Movimiento”,15 y desde el programa no le reconocen esa certificación. Pero como después de mucho tiempo logró retomar el estudio y el espacio le gusta, Karina confrontó con la coordinadora y le dijo que no se va a cambiar a otro espacio, que va a seguir yendo ahí.

En la casa de Amanda está funcionando una copa de leche. Comenzó unos meses después de las inundaciones,16 cuando llegaron muchas donaciones, especialmente con leche. Nos cuenta que “vio que empezaban a quedar apiladas, y que si bien alguna de la mercadería se fue repartiendo familia por familia, quedaban arrumbadas cosas en el salón, y decidió armar una copa en su casa como cuando teníamos el comedor”. Así, no solo rememora su pasado de trabajo allí, sino que plantea sus ganas de recuperar el comedor para el barrio, a partir de la mercadería fresca (frutas y verduras) que podría aportar el “Movimiento”. En su planteo, piensa en incorporar a algunas mujeres del barrio a que cocinen y ella sería quien podría coordinarlo, y al llegar de trabajar por la tarde en la cooperativa también podría encargarse de la copa.

Amanda también nos cuenta que a través del “Movimiento” se hizo una movida importante que por entonces seguía en marcha para conseguir materiales para construcción y reparación de las viviendas. En el relato de Amanda, el líder del “Movimiento” presionó al Ministerio de Desarrollo Social amenazando con hacerle un piquete en las instalaciones del ministerio. Especialmente, este clima disruptivo se profundizó luego de las inundaciones de 2013, en las que el agua entró casi un metro dentro de las viviendas del barrio y de las que observamos permanecen secuelas como pisos húmedos, paredes descascaradas y muebles deshechos. En esa situación, Amanda, junto con gente del “Movimiento”, se encargaron de ir casa por casa de más de 300 familias a tomar nota de las necesidades habitacionales que las inundaciones habían visibilizado, con la expectativa de solicitar ladrillos, aberturas, y materiales para refacción. Finalmente, lograron que gente del Ministerio de Desarrollo Social de provincia apareciera en el barrio con un listado de 131 familias, para chequear las direcciones y las necesidades de cada uno.” (Notas de campo - Visita a Amanda - 31/8/2013).

En estas notas de campo se condensan varios de los sentidos que la organización construye en las redes de sociabilidad local. En el relato y las prácticas que organizan diariamente la rutina de Amanda podemos trazar elementos que actualizan las trayectorias previas de las organizaciones territoriales en la Argentina de las últimas décadas: su funcionamiento en un entramado comunitario para resolver cuestiones de alimentación (tanto comedor como copa de leche), la gestión de herramientas típicas de la administración estatal para registrar necesidades de los vecinos (el censo y el listado), la demanda al Estado de bienes y recursos básicos (ya sea alimentarios, habitacionales u otros) y la posibilidad de apelar a la amenaza de la acción colectiva (el piquete) para negociar con las autoridades. Se observa también un rol activo del MJyL en la distribución comunitaria de los bienes que llegan a la casa de la referente y en la incorporación de las mujeres a un programa social vinculado al trabajo. Asimismo, la organización asumió un rol protagónico en talleres educativos y de formación profesional y dejó en manos de sus referentes territoriales los talleres de discusión de género. También conformó espacios educativos alternativos (diplomaturas y Plan Fines), lo que habilitó a una numerosa militancia universitaria el acceso a las sedes barriales de la organización.

Un primer aspecto a destacar es que tanto la lógica e intensidad del trabajo territorial como los repertorios de acción colectiva de la organización están fuertemente vinculados a la circulación de recursos básicos: alimento, vivienda17 y planes devenidos cooperativas. Elementos que no resultan ajenos a la experiencia que acuñan las organizaciones que han participado de la gestión de políticas sociales desde hace más de una década. Un segundo aspecto es el rol central que las políticas sociales ocupan dentro de la trama local: la red de vecinas organiza el acceso a las cooperativas (y que se va entretejiendo por relaciones de vecindad, amistad y parentesco) y la cooperativa es la instancia organizadora del tiempo laboral pero también del cuidado de los hijos; y del acceso a la escolarización de las mujeres adultas. En esas redes, el rol mediador que encarna Amanda sigue siendo relevante para comprender los vínculos que transcurren en el barrio Los Álamos. A partir del conocimiento situado que tiene del barrio y las vecinas, establece mecanismos informales para vincularlas a oportunidades de acceso a recursos de diferente tipo. También tiene un rol de autoridad reconocido como coordinadora del grupo de cooperativistas. Este modo situado de funcionamiento del Argentina Trabaja que transcurre en Los Álamos permite fortalecer tanto las redes locales como inscribir esas redes en la organización territorial.

Los dilemas de la organización ante la llegada de la AUH

El diagnóstico de los referentes de la organización incorporaba una valoración política positiva del escenario en el que se implementaba la AUH. No obstante el acuerdo con las ventajas que significaba en términos de ingresos para los sectores populares, la dinámica cotidiana que adoptó la organización coincidentemente con la implementación de la AUH generó interrogantes.

Sabíamos que la AUH era una jugada importante de Cristina para recomponerse frente a las presiones de las corporaciones del campo, frente a la derecha... como dirigentes, ese esquema está todavía más claro ahora. El tema es que a nosotros, los movimientos si querés más de izquierda, nos dejaba en off side. Cualquier militante con experiencia política sabe que la organización necesita de gente, y para mover a la gente se necesitan recursos.18 La AUH venía a declarar el fin de JJH. Y esa fue la discusión que dimos con las cooperativas: poder tener recursos para que materialmente tuviese sentido estar. Y para el “Movimiento” y su historia, era poder seguir apelando al trabajo, poder seguir hablándoles a los militantes como trabajadores. Y ahí empezamos a darle vuelta a la cosa. Estaba todo bien con la asignación, ¿qué íbamos a decir nosotros si por fin era una manera de tener un ingreso para un montón de familias que nunca habían recibido nada del Estado? Pero bueno, como te digo, también nos puso a pensar […] (Entrevista a Claudio, marzo de 2014).

Entre los cambios que detectaron los referentes del MJyL, dos tuvieron visibilidad inmediata: la disminución de la cantidad de personas que acudían al espacio colectivo a buscar el alimento diario y de quienes sostenían y circulaban por las actividades territoriales (particularmente las mujeres). Una explicación construida por los propios referentes sobre este dato fue que apenas se masificó, el hecho de ocuparse de tramitar la AUH en la ANSES requería quitarle tiempo de presencia a las actividades en el barrio. En ese momento, las redes construidas dentro de la organización tuvieron un papel importante para facilitar la llegada a las oficinas, situadas en lugares céntricos de la ciudad y alejadas del barrio Los Álamos. En algunos momentos las mujeres apelaban al vínculo de cercanía, conocimiento mutuo y solidaridad (amistad, parentesco, militancia) tanto para socializar los requisitos que requería tramitar la AUH (información que se iba dando de modo concatenado entre una persona y otra) como también para dejar a sus hijos al cuidado de una persona y evitar así el dificultoso traslado en transporte público al centro de la ciudad de todo el núcleo familiar.

La organización se encontró, de pronto, en un dilema: la ayuda mutua colaboraba a profundizar las redes de reciprocidad que se habían configurado dentro de la organización, pero con el tiempo las primeras beneficiarias de la AUH fueran ocupando un rol menos activo en las tareas que tenían asignadas dentro del espacio. Por ejemplo, se redujo la cantidad de personas que estaban participando en el sostenimiento del comedor. Entonces, fomentar la tramitación la involucraba como parte activa en la tarea de efectivizar un derecho adquirido de sus integrantes, a la vez que planteaba un desafío para su continuidad, debido a la reconfiguración que dicha novedad traía para las formas de participación de las mujeres en las actividades territoriales. Concomitantemente con ese dilema, las cooperativas aparecían en el diagnóstico como posibles recursos organizacionales ligados a una figura, “el trabajador” a la vez que la ausencia de certezas del gobierno nacional respecto a su implementación en la ciudad de La Plata se avizoraba como una incertidumbre que la organización, a partir del trabajo territorial, podía colectivizar.

Las transformaciones en las prácticas locales que los referentes mencionan no pueden comprenderse ajenas a las dinámicas estructurales de la política social. Estudios recientes coinciden en afirmar que entre 2003 y 2013 el ingreso de los sectores populares creció un 77%, respecto del 37% que aumentaron los ingresos de las clases medias (Benza, 2016). Fueron las políticas laborales y previsionales las que impactaron directa y positivamente sobre los ingresos de los hogares más pobres. Hasta 2008 los ingresos mediante el empleo registrado y las jubilaciones y pensiones son los que explican mayormente la reducción de la desigualdad en Argentina (Trujillo y Villafañe, 2010: 252). La reforma del sistema previsional en 2008 incidió sobre la población de más de 60 años que pudo acceder por primera vez a una pensión graciable, eso conllevaba que numerosos adultos mayores dejaran de ser desocupados para transformarse en jubilados (Danani y Hintze, 2011). Asimismo, una masa importante de trabajadores hasta entonces desocupados había logrado incorporarse al mercado de trabajo formal e informal.19 A partir de 2009 la disminución de la desigualdad se asoció directamente a la implementación de la AUH. Esta incorporó un universo de receptores que no estaba incluido en aquellos beneficios, a la vez que modificó de modo positivo el peso que las transferencias directas del Estado tenían en los ingresos familiares de los deciles más pobres.

En el transcurrir de estos cambios, ¿quiénes eran las bases sociales a las que la organización articulaba y representaba? ¿Qué características adoptaban las dinámicas de participación en el MJyL en este nuevo contexto? Las preguntas por estas dinámicas terminan de cobrar relevancia sociológica cuando las inscribimos en una perspectiva que recupera la historicidad de los sectores populares como una sedimentación de “camadas geológicas de lo popular” (Semán y Ferraudi Curto, 2016). Esta mirada comprende al mundo popular

como resultado de un proceso temporal en el que se acumulan y conectan los resultados de períodos que han tenido efectos diferentes en la estructura social, desde el largo plazo de las pérdidas y la decadencia hasta el tiempo relativamente breve de las mejoras moderadas. Ello implica reconocer que en el tiempo y con el tiempo, se han sumado los efectos negativos de caídas en los niveles de remuneración, calidad y estabilidad del empleo así como los del deterioro y la contracción del ritmo de crecimiento de infraestructura de salud, educación y hábitat y de protecciones sociales [...] Cada uno de esos hechos que marcó una secuencia decadente no solo es pasado, sino que hoy se conectan entre sí produciendo nuevos efectos de largo plazo (2016: 150).

Por ello, afirman los autores, los sectores populares se caracterizan por ser un elenco de actores que se complejiza. Es desde estos supuestos que avanzamos hacia la comprensión de la singularidad histórica del entramado que analizamos.

El acceso a la AUH librado a los receptores

Clara vive en Los Aromos desde hace 7 años. Tiene 23 años, y es madre de una beba de 5 meses y un niño de 4 años. Vive con su madre, Isabel, y en el momento que las entrevistamos (año 2013) Clara se encontraba desempleada e Isabel realizaba tareas domésticas en tres casas radicadas fuera del barrio. Cuando su hija nació, Clara se encontró con un obstáculo para tramitarle el DNI. El problema consistía en que la partida de nacimiento de la beba estaba tachada y el médico responsable de confeccionarla no la había enmendado. Esta carencia de DNI inició una cadena de vulneraciones para la familia de Clara. La imposibilidad de acceder a la identificación estatal vulnera el derecho fundamental a la identidad de la beba, a partir del cual se construyen otros derechos. Esta vulneración a su vez le impide acceder a políticas de bienestar, ya que si bien Clara había cobrado la Asignación Universal por Embarazo y la AUH por su hijo Mateo, una vez nacida Bianca no pudo inscribirla en la AUH. Como consecuencia, menguó el ingreso con el que contaban Clara y su familia para organizar la reproducción doméstica. Isabel relata:

Ya se nos hacía justo llegar a fin de mes cuando Clara cobraba las dos asignaciones. Pero con eso llegábamos. Cuando nace Bianca y está todo este despelote con el documento, se nos juntó que teníamos menos plata en la casa y teníamos que comprar más cosas: que pañales, que remis para llevar a la beba a darle las vacunas, porque con la lluvia que hubo estos meses no podés salir a esperar el micro… Yo le dije a Clara que íbamos a tener que buscarle la vuelta… que ahora que la beba todavía está a pura teta, ella siga sin trabajar. Pero que después vamos a ver si le conseguimos alguna casa para que entre a limpiar mientras yo se la cuido a la gorda. Yo no puedo agarrar más trabajo, porque ya de la cintura no ando bien, y llego hecha papilla. Y si no arreglamos lo de la asignación de la beba, esa plata de algún lado la va a tener que sacar… si ya estábamos justas, imagínate ahora…

―¿Y cómo sigue lo del DNI?

―Yo no sé cómo se soluciona eso. Fuimos tres veces a pedir a hablar con el doctor, y nada. Hablé con Julio (referente) a ver si él conoce a alguien, pero tampoco nos pudo ayudar. Después, hace unos meses, le comenté a Amanda. Como ella anda con los del “Movimiento” y después de las inundaciones empezaron a aparecer del Ministerio por acá… A veces esas cosas de la política ayudan.

―¿Cómo te fue?

―Más o menos…bah, entre nosotras (dice y baja la voz) yo diría que mal.

―¿Por?

―Porque el Movimiento ahora se estaba encargando de las cooperativas y no tenía gente para ocuparse de esto. Y me despachó. Yo pensé que era por la bronca que siempre nos tuvimos con Amanda... viste, esas cosas de vecinas. Entonces por las dudas le avisé que no éramos solo nosotras. Que a Mariela y Darío, los chicos de acá a la vuelta, les había pasado algo parecido. Que como Mariela tiene el documento vencido no le anotaron al bebé. Y ahí anda, con el recién nacido y juntando de donde puede. Porque no lo puede anotar para la asignación hasta que no tenga documento. Igual que la Bianca. Y un día de esos que hicieron la reunión con los del Ministerio acá, me acerqué. Pero los del Movimiento que estaban ahí me dijeron que de la asignación se ocupaba nación, que pregunte en la ANSES. (Entrevista a Isabel, noviembre de 2013).

Durante esta entrevista, “El Movimiento” no aparecía mostrando incentivos que promovieran el acompañamiento ante problemas con trámites relacionados a la AUH. Si la organización definía que “de eso se ocupa nación” surgió el interrogante: ¿cómo resuelven los afectados/as los inconvenientes con los que se encuentran? En el caso de Clara, el trámite se encuentra trabado en una instancia previa a la oficina de la ANSES y expresa una falencia en los circuitos de funcionamiento estatal. Así, una política que promueve un derecho produce una doble vulneración: quien no tiene acceso a su DNI, tampoco accede a la AUH. Lo mismo sucede en los casos en que algunos de los niños abandone la escuela. El abandono escolar se traduce doblemente en la vulneración de dos derechos: el acceso a la educación y a la asignación familiar. Junto al acceso a una serie de bienes y servicios, la AUH puede hacer visibles derechos que se encuentran concretamente denegados.

Otro es el caso de quienes, ante la denegación de un derecho, se posicionan en el lugar del reclamo y son desoídos por las propias instituciones que conforman el abanico de la estatalidad. Tal es la situación que relata Karina, acerca de la dificultad para encontrar lugar para su hija en las instituciones escolares:

―Como no tenían lugar (el jardín de infantes) para mi nena de 3, primero tuve que hablar con mis compañeras de la cooperativa para que me salvaran los primeros días que no tenía con quien dejarla porque mi marido se va a las 6 a trabajar y no vuelve hasta la tarde. Vos sabés que Ana me reemplazó dos semanas para que yo no perdiera el lugar. Yo le avisé que se lo iba a devolver, de a poco, cubrir algunas horas de su turno. Después, pude arreglar con Celia (su suegra) que la venga a cuidar cuando yo voy a trabajar. Y así más o menos anda la cosa. Lo que me hizo calentar es que lo del trabajo lo arreglé pero no lo de la asignación.

―¿Cómo es eso?

―Claro, porque para que nos paguen el último “pucho”20 de la asignación hay que llevar a la oficina el certificado de que va a la escuela. ¿Y cómo lo voy a llevar si no la puedo mandar? Y me hizo calentar que yo venía teniendo mi ahorro, viste. Entre la cooperativa y la asignación, yo me hacía mi platita, eso te lo pagan a fin de año, justo que es Navidad, y que siempre algún gasto extra tenés… un pan dulce, algún regalo…

―¿Y no quisiste hablar con tus compañeros del movimiento a ver si podían ayudarte de alguna manera con este problema?

―Ellas me ayudaron cuidando a la nena. Eso es un montón. Después que volví a la cooperativa el año pasado, en una asamblea, hablamos un poco de esto. Porque con el jardín todos los años la misma historia, no me pasó a mí sola... pero no, no hicimos nada con eso. Así que ya desde el año pasado me instalé en la puerta de la escuela el primer día a ver si así me va mejor. Vamos a ver qué pasa en marzo... (Entrevista a Karina, febrero de 2014).

No contar con un lugar para su hija en el jardín de infantes le genera a Karina una situación que resuelve improvisando un acuerdo sobre el cuidado de su hija a escala doméstica (que le permite mantener su actividad laboral) y resignando (al menos por ese año) no solo el cobro del dinero sino el tipo de festejo familiar que imaginaba costear a fin de año. El caso de Karina reitera y condensa las múltiples y solapadas vulneraciones de derechos que a su vez obstaculizan el acceso a una política con horizonte universalista: se encuentra imposibilitado el acceso a la educación pública de su hija lo que a su vez le impide obtener el certificado de escolarización necesario para acceder al cobro del porcentaje de la asignación que se paga hacia el final de año a contraparte de la certificación médica y escolar y finalmente, esto también incide en sus posibilidades para organizar un proyecto de vida de mediana escala en el que, a fin de año y con motivo de las fiestas, incorporar las satisfacciones de un gasto extra en comida u obsequios.

En las situaciones analizadas, las personas han tenido que resolver por cuenta propia los inconvenientes que se presentan en su relación con la política social. En algunas de las entrevistas encontramos que las gestiones no tuvieron resultados satisfactorios, viéndose afectados niños y niñas, pero también sus padres, en el acceso a derechos reconocidos por el Estado. Estas situaciones bien podrían identificarse como instancias de potencial conflicto. Sin embargo, en las dinámicas señaladas, no se observan iniciativas que permitan a la organización apropiarse de esos reclamos. En el discurso de la organización se delimita un campo de acción sobre el que no admite tener competencias: “de la AUH se ocupa nación”. Lejos de construir allí una ventana de oportunidad que le permitiera disputar –o, en principio, colectivizar demandas– al Estado, el MJyL tomó distancia de los inconvenientes en el funcionamiento de la AUH y delegó su resolución en las personas quienes, individualmente, elaboraron estrategias –la mayoría de las veces poco exitosas– para transitar por aquel programa.

Como efecto, se produce un desacople de expectativas: los posibles receptores se ven interpelados por la campaña de difusión que realiza el propio Estado, basada en una retórica de derechos y de inclusión y que se corporiza en que la propia oficina de la ANSES se acerca al barrio e informa cara a cara sobre los trámites de inscripción y promueve un lazo de cercanía con los posibles receptores de la política.21 A su vez, la organización habilita las tramas que informan sobre la política social y facilita mecanismos para quienes quieran tramitarla. No obstante, cuando se presentan obstáculos al acceso efectivo y la organización es objeto de pedidos de resolución de problemas, estos reclamos no se logran articular como demandas ante un Estado que con una mano promete un derecho y con otra, en oportunidades niega el reconocimiento a los sujetos de la política.22 Como efecto, las personas vivencian un doble socavamiento de derechos: por un lado, en cuanto el Estado no brinda las condiciones de acceso efectivo a los derechos que otorga, es decir, por un problema de accesibilidad. Por otro, si bien en experiencias anteriores las mujeres habían apelado a reclamar recursos junto al movimiento de manera exitosa, en esta oportunidad no logran inscribir su reclamo respecto a la AUH en una demanda articulada que permita disputar colectivamente el reconocimiento negado. Queda aún pendiente de explicación por qué dichos malestares moleculares hasta el momento no han transmutado en acción colectiva.

Las vías de solución colectiva
a los problemas organizacionales vinculados a la AUH

Las evaluaciones de la situación política en la que se encontraba el movimiento, así como el hecho objetivo de que la AUH fuese compatible con el Argentina Trabaja, permitió al MJyL trazar nuevas acciones:

Estábamos en la vuelta… y fue después de mucha charla, mucho quemarnos el coco… fue ahí donde nos dimos cuenta que un tema que nosotros veníamos trabajando se podía fortalecer si dábamos a la cooperativas una vuelta de tuerca con todo el tema de género. Y sobre todo a las mujeres trabajadoras. Porque la asignación les hablaba a las madres, a las que tenían hijos. Y nosotros encontramos que ahí igual podíamos meternos: en un grupo de mujeres con las que veníamos haciendo talleres de género, reivindicando su rol, cuestionando ese lugar de amas de casa. Las cooperativas fueron la manera. Si esas eran las personas que estaban buscando trabajo, podíamos mostrarle que cobrar la AUH no les quitaba esa posibilidad, y que de lo que se trataba era de empezar a organizarnos para que las cooperativas salieran en La Plata. (Entrevista a Claudio, marzo de 2014).

A la expectativa individual de cobro de la AUH promovida por el propio anuncio estatal, el MJyL le complementaba un nuevo horizonte: ocupar un lugar en las cooperativas cuando estas “salieran”.23 A ese tiempo de espera se le comenzaron a construir, desde la organización, sentidos colectivos. Aun cuando no se podía confirmar con certeza que las cooperativas llegarían pronto, estas comenzaron a jugar como recursos organizacionales antes de hacerse efectivas, desde su mera posibilidad de existencia.

Los referentes (como en el caso de Amanda) comenzaron a tener un rol operativo tanto para comunicar y gestionar la promoción de este interés entre las vecinas como para acercar a la organización un registro personalizado sobre dichas expectativas (los ya mencionados “listados”). “No fue solo cuando las empezamos a recibir, sino toda la movida que tuvimos que hacer para antes que eso pase, lo que también nos fortaleció dentro del barrio”, reflexiona Claudio. La demora de la llegada de las cooperativas fue construida en clave de injusticia y mediante la acción colectiva contestataria se disputó primero su obtención, y luego su ampliación y las condiciones de pago. Podemos enmarcar los tiempos de las acciones del MJyL en lo que María Maneiro (2016) describe como “el primer ciclo de movilización” respecto del Argentina Trabaja, en el que predomina la disputa de las organizaciones no oficialistas en el acceso al programa, apelando a su trayectoria de gestión de programas sociales y de empleo. El segundo ciclo está más centrado, según la autora, en la disputa por el aumento del poder adquisitivo de los/as receptores, a través de la demanda de aumento del monto de dinero que la cooperativa paga. Así, las manifestaciones iniciales en 2010 tenían el objetivo de que el programa “bajara” a la ciudad.24 Esta primera oleada de movilizaciones a nivel local se prolongó hasta 2011, cuando llegaron las cooperativas. En el “mientras tanto”, se sostenía el compromiso de las mujeres con algunas tareas dentro de la organización: cocinar en el comedor, participar de las asambleas y movilizar en el espacio público. Dos años más tarde, el 27 de julio de 2012, un nuevo corte en la subida de la autopista tuvo como protagonista al MJyL. Entre sus reclamos se encontraban el achique sistemático de las políticas sociales y la postergación en el pago de los planes sociales.25

Para comprender las respuestas colectivas que finalmente adoptó la organización, resulta relevante la convergencia de procesos de mediano y corto plazo. Respecto al mediano plazo, el MJyL buscó ligar la AUH con algunas de las temáticas que venían trabajándose desde los propios talleres en la organización, particularmente los de género. Más allá de las condiciones formales que lo habilitaban, el cobro de la AUH fue resignificado en el imaginario colectivo poniendo el énfasis en su compatibilidad con la capacitación en oficios o escolar de grupos vulnerables, tal como el programa “Ellas hacen”, que para muchas mujeres devino en su primera experiencia laboral, la posibilidad de autoconstrucción de su vivienda y/o la oportunidad de finalizar y certificar su escolaridad.26 La organización advirtió una temática que le permitía interpelar subjetividades, acompañar las altas expectativas de acceso a los programas, fortalecer su presencia en el territorio y afianzar sus redes locales. La perspectiva de género permitió identificar dónde y cómo afianzar el trabajo territorial. Se conformó así una manera de pelearle al debilitamiento que la AUH traía para la organización, desde nuevas propuestas que involucraban la presencia de las mujeres del Movimiento en tareas que resultaban novedosas en sus trayectorias vitales. Asimismo, si bien era cierto que, desde 2004, los puestos disponibles en el mercado de trabajo habían aumentado, el perfil de mano de obra demandado seguía siendo mayoritariamente masculino, con un impacto desigual en las posibilidades de inserción laboral de las mujeres, particularmente las no calificadas.

En el corto plazo, los análisis coinciden en afirmar que la AUH tuvo un impacto relativamente inmediato en la vida laboral de las mujeres cónyuges: en tanto el monto que pagaba la AUH se asemejaba al que cobraban en trabajos informales y mal remunerados (muchas veces de tiempo completo) la tasa de inactividad femenina de las mujeres cónyuges aumentó. Entre las cónyuges, son las mujeres de niveles medios y bajos las que tienen mayor propensión a dejar la actividad que realizaban.27 En el barrio, esto se hacía visible en la experiencia de Ana, Celia y Lilian, quienes a partir del cobro de la AUH habían dejado de hacer trabajos como empleadas domésticas, en el que además de hacer jornadas extensas y pagadas por hora, debían trasladarse fuera del barrio, gastar en transporte y organizar el cuidado de sus hijos en el tiempo de ausencia. “El Movimiento” se encontraba con la situación de mujeres que tenían disponibilidad para sumarse a emprendimientos productivos mejor remunerados que sus experiencias laborales previas. De este modo, las reconfiguraciones en las tareas de la organización tuvieron como clivaje ordenador la temporalidad de las dinámicas laborales, educativas, organizativas y formativas de las mujeres a nivel local. En este proceso, la organización fue moldeando una perspectiva de género propia en un contexto nacional en que a su vez la temática adquirió cada vez más relevancia pública.28

Los saldos y deudas organizativos de la experiencia
de la AUH para los sectores populares

Casi como en un movimiento contractivo, los programas sociales que hasta 2009 se habían colectivizado a través de la organización territorial, experimentaron un reacomodamiento a partir de la implementación de la AUH, que inscribió una lógica de vinculación directa entre Estado y receptores. Cuando analizamos dicha novedad desde la experiencia situada del vínculo, visibilizamos las tensiones que trajo aparejadas. A partir del recorrido realizado podemos afirmar que, con la modalidad que adoptó la implementación de la AUH, las organizaciones se vieron desplazadas en el rol de intermediarias con el Estado que habían ocupado en la gestión de planes sociales masificados. Las instancias de mediación que funcionaban hasta entonces ya no tienen que informar novedades, listar a los interesados, intervenir en la realización del trámite, instalar en el espacio público la demanda de acceso para posibles beneficiarios, facilitar el trámite administrativo, conseguir papeles en oficinas públicas, coordinar actividades para el cumplimiento de las habituales contraprestaciones o demandar aumentos. Incluso los receptores adquieren certezas respecto a los tiempos y montos de cobro (que comenzaron a actualizarse regularmente hasta finalmente quedar incorporados en la Ley 26471 de Movilidad).

Estos componentes promovieron desde el gobierno nacional una relación diádica receptor-Estado en la cual lo que se transfiere es dinero (adopta un carácter impersonal) y el modo de acceso ya no requiere de los entramados locales de organización. Estas características reducen los márgenes en los que las organizaciones intervienen y moldean su presencia y su rol de mediadoras y modifican el vínculo de los sectores populares con el Estado.

Ahora bien, para comprender las características que el vínculo Estado-sectores populares adopta no alcanza con situarse en las características objetivas de la AUH. Aquellas se complementan con que el ritmo que el Estado imprimió a la gestión de las políticas sociales fue asumido por la organización socio-territorial que analizamos y se sostuvo en una división particular del trabajo entre Estado y organizaciones. De acuerdo con dicha división, la gestión vinculada a la AUH se circunscribe a la relación entre el ámbito de acción individual de la persona interesada y el Estado nacional. Las organizaciones socioterritoriales, por su parte, acentuaron su involucramiento en programas en los que podían actualizar su experiencia de gestión previa y redefinir instancias similares a la contraprestación laboral. Para el MJyL, la puesta en valor del anuncio de la implementación del programa Argentina Trabaja fue un hito a partir del cual reconfigurar el entramado organizacional.

Reconstruimos cómo el modo de sobrevivir a una dinámica política que implicó un cambio cualitativo en el modo de circulación de los recursos entre los sectores populares consistió, en este caso, en disputar nuevos programas que no se contraponían con la AUH, sino que podían complementarse con ella. El MJyL promovió la acción colectiva ante un tipo de incertidumbre que sí es considerada injusta y es inscripta en una lógica de demandas que reconoce la responsabilidad estatal por garantizar las cooperativas. En este esquema, la incertidumbre en el acceso a los recursos-cooperativas del programa Argentina Trabaja es uno de los agravios sobre el cual han concentrado sus esfuerzos organizativos y sus acciones disruptivas en la escena pública, a través del repertorio del corte de calles con quema de gomas, de la movilización en las calles de la ciudad de La Plata y cortes en calles de la ciudad y autopistas. Entre 2011 y 2013, organizados en torno a qué tipo de acceso tendrían al programa Argentina Trabaja y qué cantidad manejarían, y a partir de 2014, concentrados en la discusión por el aumento en el cobro de las cooperativas. En agosto de 2015, el MJyL realizó un nuevo corte de calle y quema de gomas frente a la municipalidad de La Plata. El contenido del reclamo se modificaba, no así su modalidad. La demanda se constituyó en torno a una deuda que la comuna mantenía con 150 cooperativistas que realizaban distintos trabajos.29 De esta manera, el MJyL recreó formas de organización que articularon sentidos y apropiaciones colectivas de otro tipo de programas y de esta manera, reinventó su rol de intermediación en la gestión de políticas estatales desde una experiencia concreta de organización.

Respecto a los aspectos conflictivos del funcionamiento cotidiano de la política ligados a la aparición del Estado como agente educativo y sanitario, estos no fueron politizados por las organizaciones. Desde una mirada retrospectiva podemos identificar que este comportamiento se diferenció completamente de lo que sucedió con el modo de apropiación del JJH, que también era un plan nacional, pero en cuya implementación las organizaciones habían disputado un rol central de visibilidad. Si bien los planes de empleo dependen en todos los casos del gobierno nacional, en el caso del JJH la gente refería a quien “le daba” el plan como aquella institución u organización en la que debían realizar la contraprestación, lo que devuelve la centralidad de la cuestión de las mediaciones aquí abordada.

Al reconocer esas experiencias previas de las organizaciones es que cabe interrogarse por qué aspectos que anteriormente fueron apropiados como demandas legítimas a partir de las cuales fortalecer la organización territorial no tuvieran ese mismo efecto respecto a la AUH. En cambio, la organización legitimó su rol de disputa y co-gestión con el Estado circunscribiéndolo al programa Argentina Trabaja y para ello apeló a repertorios de su trayectoria previa de vinculación con el Estado: piquetes, asambleas, listados de posibles receptores, pedidos de altas, negociación con funcionarios.

Para finalizar, sostenemos que esto se explica por lo que damos en llamar una división del trabajo entre Estado y organizaciones consensuada implícitamente por ambos: el primero se encarga de la AUH, las segundas del programa Argentina Trabaja. En esa división del trabajo entre programas “del Estado” y programas “de las organizaciones” operó no solo la reglamentación del programa “bajada” por el Estado –que en otros casos había sido sorteada incluso por estos mismos actores–, sino la propia mirada de las organizaciones sobre sus ámbitos de intervención político-territorial. El MJyL encontró vías alternativas para acceder a recursos, fortalecer la movilización y así contrarrestar el potencial efecto de desarticulación de la AUH sobre las redes de trabajo territorial y político. Se rearticuló a partir de orientar su trabajo desde la AUH hacia las cooperativas. No obstante, a través de esas prácticas, también contribuyó a reforzar a la AUH como derecho en un sentido individualizante de la relación directa ciudadano-Estado. Este modo de comprenderla cortó los lazos que la inscribían en una larga historia de vinculación entre políticas sociales, organizaciones sociales y Estado y desacopló a las organizaciones de una parte significativa de su base social. A través de esa delegación en el Estado, dieron por sentado que AUH y programas sociales efectivamente iban por canales diferenciados de gestión y dejaron en manos de la ANSES y su aparato administrativo el trato directo con los receptores de la AUH, para involucrarse a sí mismas en la gestión y disputa de otro tipo de recursos.

La AUH, desentramada de la política de las organizaciones socioterritoriales, produce lo que denominamos tensiones irresueltas en el vínculo entre sectores populares y Estado. Así, reconstruimos empíricamente aquella distinción analítica que Chatterjee (2008) anunciaba entre ciudadanos y poblaciones; los primeros en el ámbito de la teoría, las segundas en el objetivo de la política. La modalidad concreta que adopta a partir de la AUH la noción abstracta de “sujeto de derechos” que las políticas proclaman produce tensiones irresueltas en la vida cotidiana de las poblaciones que son objeto de la política. Por un lado, libera a las personas de las redes en las que se inscribían previamente para el acceso a las políticas de transferencia de ingresos. El acceso directo al cobro expresa una tendencia a la universalización que rompe con criterios corporativos y habilita el acceso a políticas construidas en clave de derecho. Se refuerza así una dimensión del proceso de ciudadanización entendida como el acceso universalizado no mediado entre Estado e individuos, que el kirchnerismo performó como nuevas e incipientes formas de estatalidad. Desde esta perspectiva, la relación directa entre Estado y ciudadanos evita los riesgos de clientelización de la política pública e inscribe una perspectiva de derechos sobre una política social enmarcada en la seguridad social de todos los habitantes del territorio.

Por otro, este avance general en la tendencia a la universalización de la política muestra sus límites en aquellas situaciones concretas en que las personas quedan excluidas de su acceso o imposibilitadas de su cobro. En los casos analizados, cuando la accesibilidad falla las personas apelan sin éxito a su participación en organizaciones sociales para exigir el cumplimiento de derechos formalmente reconocidos. Como resultado, las situaciones de vulnerabilidad se refuerzan. El enfoque de la accesibilidad (Jelin, 2011) revela así la brecha existente entre los derechos adquiridos y su cumplimiento, discusión vertebral tanto para la acción política como para el campo académico, ocupados en la consolidación de la ciudadanía y su vinculación con las formas novedosas que adoptan las desigualdades en contextos de ampliación de derechos. Los individuos, arrojados a nuevas condiciones de posibilidad, pueden verse desprovistos de mecanismos y estrategias de colectivización de sus demandas que habían sido exitosas en coyunturas previas cuando el Estado falla en garantizar el acceso al derecho. En esos casos, la ciudadanización bajo esta forma concreta de individualización refuerza una posición desaventajada de vulnerabilidad y desigualdad.

Otra tensión irresuelta refiere a cómo el proceso de individualización se imprime sobre las subjetividades femeninas. En continuidad con ciertas pautas de programas sociales previos, la AUH privilegió el ámbito privado de las familias como el responsable por la organización de la alimentación, la salud y la educación. Como observamos, en su dinámica se tendieron a descolectivizar los espacios comunitarios donde se brindaba la alimentación en copas y comedores, para volver a quedar en manos de las familias, y dentro de ellas, de las mujeres. A su vez, las familias deben garantizar la condicionalidad de salud y educación que la AUH tiene como requisitos administrativos tanto para su obtención como para su cobro. Algunos trabajos sostienen que lo que se dio es el pasaje de una condicionalidad a una corresponsabilidad entre familias y Estado, en tanto desde un enfoque de derechos, lo que se produce es una responsabilidad compartida con el Estado para garantizar el cumplimiento del derecho (Mazzola, [2012] 2015). No obstante, desde nuestra perspectiva, las condiciones de apropiabilidad30 de la AUH analizadas persisten en reforzar un proceso de familiarización y, retomando a Faur (2014), una consecuente feminización en el acceso al bienestar. Los requisitos se despliegan como obligación más que como derechos, y se moraliza un rol de las mujeres que las responsabiliza por los cuidados vinculados a la política social. En contraste y junto a ello, en la experiencia cotidiana se generan situaciones en las que las mujeres se encuentran y reconocen en nuevas vivencias: las cooperativas como primera experiencia laboral; la participación en programas educativos y/o de capacitación profesional; el intercambio en talleres; la construcción de una perspectiva de género; la protesta en la calle. A las mujeres entrevistadas la participación en programas sociales les permite acceder a una experiencia individual (material y simbólica) que es novedosa, valorada, significativa y por momentos, subversiva del orden de sus vínculos cotidianos; a la vez que refuerza una posición de desigualdad de género en las tareas que asumen en la reproducción doméstica, particularmente en las prácticas concretas que despliegan para su efectivización como derecho.

En resumen, la inscripción de la AUH en las redes de sociabilidad política local produjo tensiones entre procesos de individualización, acceso a derechos y desigualdad que solo se vuelven visibles cuando abordamos las instancias de implementación de la política en su escala relacional micro. La resultante de las dinámicas que promueven márgenes de libertad a la vez que profundizan relaciones de desigualdad es aún incierta y debe ser revisada en un nuevo contexto. En el año 2016, a pocos meses de asumir, la ministra de Desarrollo Social planteó los primeros reveses al programa Argentina Trabaja con el cierre a nuevas inscripciones y el cuestionamiento a nivel nacional de las cooperativas acusadas de llevar adelante prácticas de corrupción.31 Mientras escribimos este artículo, en el mes de febrero de 2018, se anunció la eliminación del Argentina Trabaja y del Ellas Hacen y su reemplazo por un nuevo programa denominado “Hacemos futuro”. El gobierno afirma que el objetivo de esta decisión es reorientar las tareas de la población beneficiaria a la Educación Obligatoria Formal y a la Formación Integral en talleres e involucra en esas tareas a ONG (beneficiarios y ONG, categorías que rememoran sentidos de la política asistencial de los noventa). Las organizaciones denuncian públicamente que este cambio implica una modificación en el rol que tenían en la gestión de fondos y que consiste en una estrategia disciplinadora por haber participado de la movilización sindical en contra del ajuste, tan solo unos días antes del anuncio.32 Este escenario en transformación abre nuevas pistas que podrán resultar significativas para comprender los condicionamientos y desafíos que el Estado y sus políticas sociales plantean hacia los próximos años para los sectores populares organizados. ◙

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1 En su sistematización de los estudios sobre clases populares, Benza, Iuliano, Leguizamón y Pinedo (2016) recuperan un reciente trabajo de Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto (2016) para construir una definición de sectores populares. Resaltan que allí se observa “un primer intento por ligar los datos arrojados por las investigaciones cuantitativas sobre morfología ocupacional, heterogeneidad estructural, oportunidades de movilidad y distribución de ingresos, con las experiencias políticas y culturales de los sectores populares en diferentes espacios territoriales del país” (2016: 189-190). Este trabajo integra los estudios sobre los cambios estructurales de las clases populares con aquellos que se especializan en el análisis de las experiencias colectivas subjetivas. Así, los sectores populares combinan características sociodemográficas con el modo en que los grupos subalternos “interiorizan su posición estructural en estrategias que intentan controlar mejor los avatares de la economía” (Semán y Ferraudi Curto, 2016: 141).

2 Virginia Manzano afirma que los planes fueron “la forma específica de intervención estatal” de mediados de los noventa, discutiendo con aquellas posturas que plantean que los arreglos a través de los planes fueron el modo de establecer un sistema informal de la política en aquellos espacios donde el Estado no llega (2007a: 193).

3 Creado mediante el Decreto 565 del 03/04/2002, el Programa Jefes y Jefas de Hogar desocupados consistió en una prestación dineraria de $150 mensuales, a cambio de la cual el beneficiario debe realizar una contraprestación laboral, sea mercantil o social, de 4 horas diarias. La novedad del plan fue su masificación: en abril de 2003, según datos del Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEYC), el programa alcanzó a 1.987.875 personas (CELS 2003). La duración del plan se prolongaba acorde a la vigencia de la declarada Emergencia Ocupacional Nacional, que se prorrogó por última vez por Ley 26.077 y le dio continuidad hasta el 31/12/2016.

4 Creados por Resolución MSD 825 y por Decreto 336/2006 respectivamente.

5 La AUH constituye un componente no contributivo del sistema de asignaciones familiares implementado el 1º de noviembre de 2009, incorporado a la Ley de Asignaciones Familiares 24.714. Otorga una prestación no contributiva similar a la que reciben los hijos de los trabajadores formales “a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal” (Decreto 1602/2009). Consistía originalmente en el cobro de $180 por cada hijo menor de 18 años.

6 Se presenta aquí parte de los resultados de la tesis doctoral titulada “Políticas sociales y prácticas ciudadanas a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo en Argentina (2009-2015)”- UNGS- (en evaluación).

7 Se puede ver que los propios integrantes refieren a esta organización como “El Movimiento” (lo destacaremos con comillas). Aclaramos que sin bien retomamos el nombre que se asignan, no corresponde pensarlo analíticamente bajo la categoría de “movimiento social”. Hemos modificado las referencias al barrio para guardar el anonimato de los entrevistados.

8 Para una breve genealogía de las organizaciones piqueteras en el Gran Buenos Aires, véase Svampa (2015).

9 El Programa de Ingreso Social con Trabajo fue creado por la Resolución 3.182 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) el 6/8/09 y ratificado por el Decreto Nº1.067 el 14/8/09. Orientado a personas sin ingresos formales en el grupo familiar, ni prestaciones, ni pensiones, jubilaciones nacionales, ni otros planes sociales, a excepción del programa de Seguridad Alimentaria, se destina a realizar obras públicas locales para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios.

10 Los movimientos más críticos al oficialismo (Frente Popular Darío Santillán, Corriente Clasista y Combativa, entre otros) mantuvieron una postura más cercana a la movilización y el acampe; otros como el Movimiento Evita, se ubicaron en una posición cercana al kirchnerismo y a la participación en los espacios estatales. Respecto a los cambios en la dinámica de relación entre Estado y clases populares diversos trabajos destacan a partir de 2003 la conformación del proyecto de la Transversalidad que buscó constituir un arco piquetero “oficialista” con quienes negociar la orientación de las políticas asistenciales. Esta operación política incluyó la incorporación de cuadros dirigentes y militantes de las organizaciones piqueteras como funcionarios estatales de segundo y tercer nivel en la administración pública y la acción política institucional e introdujo nuevos interrogantes sobre las implicancias de “militar” y “gestionar” el Estado (Gómez, 2010; Vázquez, 2014).

11 Una zona reconocida de la ciudad de La Plata es “el bosque”, situado entre calles 1, 50, 122 y 60 es un pulmón verde de la ciudad donde se encuentra el zoológico, el museo de ciencias naturales y es aledaña a las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Veterinarias, Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Museo.

12 “Operativa” es una palabra recurrente en el lenguaje de los/as cooperativistas. Es una instancia de encuentro por fuera del horario laboral, en momentos en que tienen que terminar un trabajo contrarreloj, por ejemplo, si hay algún festejo en la ciudad que requiere poner a punto un espacio público.

13 Luego elegida concejala por el FPV de la ciudad de La Plata.

14 En el programa Ellas hacen aprenden a hacer placas de cemento. El programa consiste en una nueva etapa del Programa Ingreso Social con Trabajo que comenzó a funcionar el 1/4/2013 y organiza a mujeres madres sin trabajo en cooperativas destinadas a ejecutar obras en sus comunidades, tales como instalaciones de redes y cañerías para la provisión de agua, electricidad, albañilería, acondicionamiento de lugares públicos o recuperación de espacios verdes. Además, las cooperativistas deben finalizar estudios primarios o secundarios y cursar talleres de alfabetización en caso de que no sepan leer y escribir. El requisito para acceder es que sean mujeres con hijos menores de 18 años o con discapacidad, estar a cargo del hogar, sin trabajo o vivir en una villa o barrio emergente (tienen prioridad las madres de 3 hijos y quienes hayan realizado alguna denuncia por violencia de género).También participan en capacitaciones en género, prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva. Según el cronograma que nos señala Amanda, son 2 días de trabajo, 1 día de capacitación, 2 días de formación educativa y cuentan con guardería. Las charlas de formación a veces están a cargo de los referentes del movimiento, y otras las realizan agentes del Estado.

15 El MJyL tiene una diplomatura en Economía Social y Organización Comunitaria, que en el marco de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), es dictada por diversas organizaciones. La Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP) es una iniciativa de la CTEP coordinada por su Secretaría de Formación.

16 Refiere a las inundaciones del 2 y 3 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata, que marcaron la agenda de las políticas sociales en la ciudad, ya que vía la ANSES se otorgaron subsidios especiales por 3 meses a los damnificados.

17 El conflicto en torno a la vivienda se profundizó en 2014, con una disputa en torno a un proceso de relocalización en el marco de las obras de ensanchamiento del arroyo “El Gato”, posterior a las inundaciones de abril de 2013, que analiza Balerdi (2016).

18 Habla desde una perspectiva que podemos encuadrar en la teoría de movilización de recursos (Tarrow, 1994).

19 Para el caso del FPDS Maneiro (2016) muestra que la disponibilidad de nuevos puestos de trabajo menos calificados permite a los integrantes de las organizaciones ingresar al mercado laboral y así se modifican sus bases.

20 Refiere al 20% del monto de la asignación que se paga al cumplimentar los controles.

21 Este vínculo de cercanía ya se venía produciendo en la forma de llegada del MDS a los territorios. Luisina Perelmiter analiza la conformación de la “burocracia plebeya” en el MDS de la Nación y sostiene que, a partir de 2003, el Estado comienza a buscar, en la regulación cotidiana de la distribución de la asistencia social y en sus vínculos con los sectores populares beneficiarios de dicha asistencia, salvar la “distancia” que existía anteriormente (particularmente en la década de los noventa, cuando la presencia territorial del Estado se hallaba “mediatizada” por “efectores” en territorio, como ONG, iglesias, partidos políticos, organizaciones sociales) (Perelmiter, 2012, 2015). Esta nueva intervención se caracteriza por una burocracia personalizada y territorializada .

22 Resulta interesante analizar cómo las expectativas operan de manera diferencial en el caso que analiza Nicolás Welschinger (2016) sobre el programa Conectar Igualdad, en el que las demoras en la llegada de las netbooks generaron entre los estudiantes de una escuela secundaria en La Plata múltiples acciones colectivas frente al organismo responsable.

23 De aplicación nacional, hacia 2010 el Argentina Trabaja se había implementado en 36 municipios de la provincia de Buenos Aires (Fernández, 2012: 19). Las cooperativas llegan a La Plata en el año 2011.

24 El 15 de octubre de 2010, ante la ausencia de respuesta a las demandas de acceso a las cooperativas planteadas en julio, el MJyL realiza un corte y quema de cubiertas en la autopista Buenos Aires-La Plata. “Piqueteros cortan la autopista Buenos Aires-La Plata”, Veloz, 15/10/2010).

25 “Anuncian otro corte para hoy a las 11”, El Día, 27/07/2012.

26 En los registros realizados observamos que las mujeres que participan de estas cooperativas aprenden tareas relacionadas a la construcción, tal como la fabricación de placas de cemento, actividades de electricidad y plomería. Los bloques se utilizan para la construcción de casas de las propias cooperativistas.

27 La bibliografía echa por la borda la afirmación de que el motivo del abandono en la participación en el mercado de trabajo sea estrictamente la presencia de la AUH. Las investigaciones encuentran una correspondencia en otras variables, como la calidad del puesto de trabajo previo, el muy bajo salario que recibían por la actividad y que en su mayoría se correspondía con una inserción en el servicio doméstico (Maurizio y Vázquez, 2014).

28 Si bien nuestro foco está puesto en el tipo de reclamos que se construyen en torno a planes sociales, cabe señalar que la organización ha venido construyendo asimismo una fuerte referencia en temas de género y violencia contra la mujer. Así, el MJyL viene movilizando masivamente para el Día Internacional de la Mujer, las marchas convocadas por “Ni una menos” y el Día Internacional de la no violencia contra la mujer.

29 “Cooperativas de La Plata reclaman que hace tres meses que la Municipalidad no les paga”, Todo provincial, 19/08/2015.

30 Cuando la autora habla de apropiabilidad plantea por un lado, la infraestructura de recursos materiales, institucionales y de gestión; por otro, aquellos que atañen propiamente a disposiciones del sujeto (Grassi, 2013: 281).

31 El Gobierno posterga la reapertura de los planes Argentina Trabaja”, La Nación 19/07/2016 y “Cooperativas bajo sospecha por lavado”, La Nación 06/10/2016.

32 “Planes sociales”, Página 12, 27/02/2018.

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Grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas: ejemplos de Argentina y Brasil.
Beatriz Cuenya

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO EN EL SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Hilda María Herzer

Este artículo examina la vinculación entre globalización, territorio y ciudad, focalizando el análisis en un aspecto de ese proceso que comienza a darse con cierto ímpetu en la ciudad de Buenos Aires desde fines de la década de 1990 hasta el presente. Se trata del proceso de gentrificación que en estos años se ha desarrollado en distintos barrios. Se hace hincapié en el proceso que, desde la década de 1990, tiene lugar en la zona sur de la ciudad.

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La cuestión de la vivienda en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (2003-2008).
María Cristina Cravino

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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La juventud en plural: desigualdades, temporalidades e intersecciones.
Ramiro Segura

En este texto de presentación del dosier se plantean los ejes que se desplegaron en la mesa de un seminario en la que participaron especialistas en la investigación sobre juventudes con miras a establecer y profundizar el diálogo y el intercambio a escala regional sobre la temática, no solo en lo relativo a los desarrollos estrictamente académicos, sino también en lo que respecta tanto a las formas en que la investigación sobre juventudes desde las ciencias sociales se vincula actualmente con las políticas públicas como a los desafíos que la investigación social y la política pública sobre juventudes en la región tendrán en el futuro.

Se da cuenta de las miradas convergentes sobre el campo de estudio en juventudes y de las claves de lectura de los especialistas para reconocer la juventud en plural. En esta introducción se destaca cómo la desigualdad, las temporalidades y las intersecciones se constituyen en vectores analíticos desde los cuales se desagregan las juventudes como objeto de estudio.

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Jóvenes entre el centro y la periferia de la ciudad, del Estado y de la academia.
Mariana Chaves

En este escrito se analizan someramente tres campos de producción de lo social desde la perspectiva de la dinámica centro-periferia. Estas categorías tienen cierto potencial creativo para pensar las relaciones de producción del espacio social, pero, además de la ayuda para espacializar relaciones entre diferentes potenciales de poder, estas nociones nos habilitan para estudiar el punto de vista del actor o la visión de mundo. Se trata de conocer quién o quiénes deciden nombrar y logran colocar algo como centro y otra cosa como periferia. Ofrezco como respuesta simplificada anticipada que es desde el lugar donde está posicionado el sujeto, desde donde ve y nombra el mundo. Con esta hipótesis buscaremos pistas para entender el juego de la producción social de: 1) la juventud urbana; 2) las políticas públicas y sociales, que “tocan” a los jóvenes, y fi nalmente; 3) la producción científica sobre juventudes.

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Sensibilidades, derechos y participación juvenil en el escenario político
Itinerarios de investigación y agendas de discusión.
Pedro Núñez

Este artículo aborda la discusión acerca de las formas de participación política juvenil en el periodo entre 2008 y el ciclo político que termina con las elecciones presidenciales de 2015 en la Argentina, aunque se realiza el ejercicio de pensar qué dinámicas adquirieron estos fenómenos en países vecinos. La intención es proponer algunas claves y ejes a considerar como parte de un programa de investigación en la relación entre juventud y política. Para ello se analizan diferentes aspectos de las prácticas políticas juveniles, señalando aquellas cuestiones innovadoras en las formas de militancia como las que replican modos más tradicionales de involucramiento político.

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Investigaciones sobre juventud en Brasil: género y diversidad.
Wivian Weller

El artículo recorre las formas y los momentos de la investigación sobre la juventud en Brasil desde el análisis del movimiento estudiantil durante la década de 1960 hasta los años 2000, cuando comenzaron a diversifi carse los estudios al introducir las dimensiones de género, sexualidad, raza y etnia, entre otras dimensiones de la diferencia y la desigualdad, para llegar a la inquietud en el presente sobre cómo superar cierta difi cultad de articulación de diferentes categorías de análisis en un análisis interseccional de la juventud.

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Distancias cercanas y diferencias encontradas en la Ciudad de Buenos Aires. El caso de los adultos y las adultas que viven en las calles. 1997-2011.
Martín Boy

En este artículo se trabajará sobre las limitaciones que se encuentran en el campo de la Sociología Urbana para pensar el encuentro de otredades de clase que reactualizan procesos de desigualdad social. Mucho se ha escrito sobre el proceso de segregación residencial que atravesó a la Ciudad de Buenos Aires desde la profundización del neoliberalismo en la década de 1990 pero poco se dice sobre cómo la crisis social, política y económica modificó el paisaje urbano y cómo diferentes grupos de pobres reocuparon áreas centrales de la ciudad para desarrollar en el espacio urbano estrategias de supervivencia. De esta forma, se intentará reproblematizar cómo los pobres también construyen usos y significaciones de un mismo espacio céntrico.

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Hacia un enfoque relacional del bienestar
Elementos para el diagnóstico y la orientación de políticas públicas
Rolando Cristao

En el presente trabajo se analiza críticamente el enfoque de pobreza y se propone el enfoque de los activos y estructura de oportunidades como herramienta para el diagnóstico social. A partir de este desarrollo, se discute en qué medida el concepto de desigualdad podría actuar como organizador del análisis de la situación social.

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Programas sociales y personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires
Un mapa conceptual de las intervenciones
Andrea Bascialla

El presente trabajo presenta un análisis resumido de las políticas sociales generadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para personas en situación de calle. A partir de la sistematización de la información ofi cial disponible, se confeccionó un cuadro de los programas y se señalaron los conceptos más sobresalientes en relación a: i. qué ejes de la vida en la calle se recortan como problema social a solucionar; ii. qué responsabilidades atañen a cada actor social en estas soluciones y iii. qué aspectos de los grupos poblacionales se delimitan con determinadas categorías (edad, género, etc.). Se consideró el eje temporal para contextualizar las categorizaciones y esquemas de intervención. El análisis incluyó, además, los aportes teóricos vigentes sobre el tema para entender que la focalización en la falta de vivienda y la invisibilización de las causas estructurales impiden soluciones de largo alcance.

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Entre prácticas instituidas, instituciones interpeladas y luchas distintivas:
la AUH frente a la ampliación del derecho a la educación (2009-2015).
Nora Gluz e Inés Rodríguez Moyano

El artículo propone analizar los sentidos que asumen las políticas de transferencias condicionadas de ingresos en el campo escolar, en el marco de las tendencias hacia la mayor integralidad de las intervenciones destinadas a garantizar el derecho a la educación durante el periodo 2009-2015 en Argentina. Nos interesa examinar el modo como estas son apropiadas en las escuelas a través de las mediaciones institucionales y de las tradiciones simbólicas propias del campo escolar así como de las lógicas de los actores que en ella intervienen. El trabajo toma como fuente los resultados de una investigación desarrollada entre 2013 y 2015 en la provincia de Buenos Aires sobre los procesos de implementación de la principal política de transferencias monetarias a nivel nacional: la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social.

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Las tensiones de las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo desde la perspectiva de los actores.
Laura Eugenia Garcés

Al analizar las políticas sociales, podemos posicionarnos en perspectivas teóricas que justifican el establecimiento de condicionalidades o, por el contrario, en perspectivas que se oponen a aquellas por considerar que contradicen la idea de derecho. En tanto, en el presente trabajo pretendemos problematizar esas respuestas dicotómicas y las tensiones conceptuales que están presentes en las percepciones de los actores involucrados en la Asignación Universal por Hijo de Argentina, analizando los sentidos otorgados a estos conceptos, ya no como correctos o incorrectos según una perspectiva teórica sobre las condicionalidades, sino complejizando el análisis, articulando con otros desarrollos teóricos que amplíen el horizonte explicativo de la condicionalidad y que, al mismo tiempo, den cuenta de las miradas de los sujetos involucrados en la práctica concreta de las condicionalidades.

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Las políticas de transferencias condicionadas en la Argentina posconvertibilidad:
¿una forma de mediación entre la cuestión social y el régimen social de acumulación?
Silvio Alejandro Crudo

En las últimas décadas se advierte la expansión que han tenido los programas de transferencias condicionadas (PTC) en los esquemas de protección social, así como sus mutaciones en términos de diseño. Si varios son los factores que ayudan a comprender los procesos de formulación de las políticas sociales, nos centraremos en uno: el régimen social de acumulación en el que se encuentran insertas. El interrogante que guiará este trabajo será: ¿qué relaciones se pueden establecer entre los PTCI y el régimen social de acumulación que contiene? Para responderlo, tomaremos los casos de dos programas argentinos: el Plan Familias por la Inclusión Social y la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. La hipótesis que sostendremos es que estos programas se actualizan como una forma de mediación entre la cuestión social y el incipiente régimen social de acumulación que se estaba definiendo tras la salida de la convertibilidad. Para ello, recurriremos a decretos y reglamentaciones de los programas tomados como casos, documentos institucionales y datos estadísticos.

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¿Cooperativismo como oportunidad perdida? Problemas estructurales y coyunturales del cooperativismo bajo programas
Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez

El artículo analiza el campo del cooperativismo de trabajo bajo programas a partir del caso del Programa “Ingreso Social con Trabajo” (Prist). Se abordan cuestiones estructurales y cambios de coyuntura apelando a la metáfora de bisagras de gestión. Se sostiene que las modificaciones impulsadas por el gobierno de Cambiemos se erigen y legitiman sobre un conjunto de supuestas “debilidades preexistentes” del programa, donde el esquema cooperativo comenzaba a perder centralidad. Hasta el momento, la nueva gestión brinda mayor preponderancia a las actividades de formación con una nueva versión de la teoría de capital humano y al componente de las transferencias de ingresos. Este trabajo deja abiertos interrogantes sobre las posibilidades futuras y disputas en torno al Prist y a la línea del cooperativismo de trabajo bajo programas entre posiciones más próximas al reconocimiento de nuevas formas de trabajo autogestivo-asociativo que persiguen sectores de la economía popular, por un lado, y propuestas gubernamentales de corte individual que tienden a descolectivizar el abordaje de la política pública.

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De la promoción del trabajo cooperativo al Salario Social Complementario. Transformaciones en la transferencia de ingresos por trabajo en la Argentina
Malena Victoria Hopp

A partir del trabajo de campo cualitativo y el análisis documental, el artículo reconstruye y analiza la estrategia de política social del Estado argentino ligada a las transferencias de ingresos en el marco de experiencias de trabajo cooperativo y en la economía popular, y las disputas en torno a los sentidos del trabajo y la organización colectiva que estas implican. En este recorrido, se indaga acerca de los fundamentos de la inclusión del trabajo cooperativo como marco de realización de las tareas laborales y como condición para el otorgamiento de una transferencia directa de ingresos, en el período 2003-2015, y la ruptura que plantea la nueva orientación de las políticas sociales que propone transferencias “sin cooperativas” y la creación de un Salario Social Complementario, impulsados por la nueva gestión de Gobierno, iniciada en diciembre de 2015.

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La lucha por un lugar en Buenos Aires.
Crisis de la vivienda y boom inmobiliario (1990-2010)
Marie-France Prévôt-Schapira

En el marco del programa Metraljeux de estudio sobre cuatro metrópolis de América Latina, este trabajo parte de la idea de que en Buenos Aires, como en otras ciudades de la región, los modelos de gobernanza son producto de las lógicas políticas e institucionales que caracterizaron las trayectorias de las metrópolis así como su inserción en la globalización. El análisis propuesto, elaborado como resultado de un trabajo de campo en las ciudades de México y de Buenos Aires en los años 2008-2010, permitirá entender los modos de la gobernanza de la vivienda en Buenos Aires, paradójica con respecto a las otras metrópolis de América Latina.

En primer lugar, se establecen, en una perspectiva histórica, las nuevas formas de precariedad y vulnerabilidad de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires en los años 2000. Luego se pone el foco en el desfasaje entre el derecho a la vivienda reconocido por la Constitución de la Ciudad Autónoma (CABA) y las políticas implementadas para responder a la apremiante demanda habitacional, privilegiando el análisis de las lógicas políticas e institucionales. Por último, se muestra cómo la concentración de programas de vivienda social, la mayor parte de ellos confinados en el sur de la ciudad, profundiza los procesos de segregación existentes, endurece las fronteras entre distintos barrios y exacerba las tensiones.

En fin, el artículo sostiene que la pregunta por quién se apropia del espacio es clave para hacer inteligible la dinámica y las posibilidades de la gobernanza metropolitana.

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Bienestar infantil y diversidad familiar.
Infancia, parentalidad y políticas públicas en España
Dolors Comas-d´Argemir

El reconocimiento de la diversidad familiar es un componente esencial para el bienestar de la infancia. Las familias han experimentado fuertes cambios en su composición y relaciones internas y esto es especialmente relevante en la España de los últimos cincuenta años, en que se ha pasado de un modelo familiar único (matrimonio heterosexual con hijos) a una diversidad de formas de convivencia y a una democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y entre generaciones. En este artículo presentamos las políticas públicas dirigidas a la infancia, con especial referencia a las relacionadas con el reconocimiento de las nuevas realidades familiares. Constatamos que las políticas de infancia y las políticas familiares han sido de poca entidad y de gran fragilidad en España y que los avances que se produjeron a finales del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo del Estado del bienestar, se han visto truncados con la gran depresión económica y las políticas neoliberales de austeridad, que limitan la responsabilidad del Estado y sitúan a la familia como garante del bienestar infantil, acentuando el riesgo de pobreza infantil. Es en este contexto en el que hay que interpretar la escasa sensibilidad pública hacia las nuevas necesidades de las nuevas familias.

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Los sistemas de registro de información como instrumentos para la gestión de políticas públicas para niñas, niños y adolescentes.
El caso de la Ciudad de Buenos Aires
Cristina Erbaro y Verónica Lewkowicz

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Autoritarismo, espacio urbano y sectores populares
A propósito de Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano, Oscar Oszlak (2017). Ciudad de Buenos Aires: Eduntref. Segunda edición ampliada
Fernando Ostuni

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Los desafíos de la justicia escolar.
François Dubet

El gran proyecto escolar moderno se fundó en la mayoría de los países entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando se construyeron los sistemas educativos públicos nacionales con la misión de escolarizar a todos los niños. En esos años de fuerte confianza en la educación, dos grandes proyectos se afirmaron: un proyecto de justicia social y un proyecto de emancipación. Uno se basa en la creencia en la capacidad de la escuela para promover una jerarquía social justa basada en el mérito de los individuos y no solo en los privilegios debidos a su nacimiento; el segundo postula que la escuela puede formar ciudadanos autónomos y solidarios en el marco de las sociedades nacionales democráticas. En este artículo se analizan esos dos proyectos, el de la justicia y el de la educación, para distinguir sus diversas dimensiones e intentar definir los desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Se sostiene, en líneas generales, que en tanto los sistemas educativos están insertos en las sociedades, cuanto más justa e igualitaria es una sociedad, más probabilidades tiene la escuela de ser ella misma justa e igualitaria. Porque si bien la escuela interviene sobre la sociedad, no está quizás en condiciones de “salvar el mundo”.

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Las continuas mejoras en la distribución del ingreso en Argentina entre 2003 y 2015.
Ana Laura Fernández y Mariana L. González

El período 2003-2015 puede caracterizarse en su conjunto en términos socioeconómicos por el crecimiento de la economía, la mejora en las condiciones laborales y la ampliación de las políticas sociales y de seguridad social. Entre estos años se produjo, a su vez, una mejora continua en la distribución del ingreso, que implicó una reversión respecto de la tendencia regresiva que se había verificado desde los años de la última dictadura militar. En este marco, el objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la distribución de los ingresos familiares e individuales durante esta etapa indagando en su asociación con diferentes factores tales como la dinámica del mercado de trabajo, los ingresos laborales y no laborales. El análisis se basa en una periodización fundamentada en la dinámica macroeconómica y de las variables analizadas, que distingue tres subetapas. La principal fuente de información es la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.


El estudio permite concluir que la menor desigualdad en los ingresos familiares no solo se relaciona positivamente con una mejora en la distribución de los ingresos laborales sino también con el efecto diferencial del aumento de la ocupación y las variaciones en la tasa de actividad, y la menor precariedad en el empleo. Del mismo modo, es fundamental en la explicación la ampliación del régimen previsional y el aumento real de los haberes jubilatorios, mientras que las políticas sociales de transferencias monetarias tienen un rol también positivo, pero de menor intensidad.

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La desigualdad regional de ingresos en la Argentina de las últimas décadas
Impacto redistributivo del Estado y contribución regional a la inequidad urbana
Gabriel Calvi y Elsa Cimillo

En este trabajo se aborda el fenómeno de la desigualdad de ingresos personales en los distintos agrupamientos urbanos (regiones y aglomerados) de la Argentina y su evolución en los últimos veinte años. El estudio se concentrará en dos aspectos: 1) la evolución de la desigualdad y del impacto redistributivo de las transferencias estatales (contributivas y no contributivas) a nivel regional; 2) el aporte de cada área a la desigualdad del total urbano.


Para el primer aspecto abordado se analizarán coeficientes de Gini de ingreso per cápita familiar (IPCF), antes y después de transferencias estatales. En este punto se procederá comparando ambos tipos de coeficientes, asumiendo que la diferencia es un buen indicador del efecto redistributivo de la intervención del Estado. La comparación será realizada para cada uno de los agrupamientos territoriales en los distintos años considerados.


El segundo aspecto, de mayor complejidad, es el relativo a la contribución de regiones y aglomerados a la inequidad del total urbano en el período analizado. La desigualdad de IPCF del total urbano resulta de incluir en un único ordenamiento jerárquico (distribución) los ingresos individuales (IPCF) de distintas áreas geográficas, que presentan heterogeneidades en términos de tamaño poblacional y nivel de ingresos. Esta mayor o menor heterogeneidad (entre regiones o aglomerados) origina contribuciones diferenciales a la desigualdad total. La metodología utilizada en este punto es una adaptación del procedimiento de descomposición del Gini por fuentes de ingreso elaborado por Lerman y Yitzhaki (1985) y difundido por CEPAL en 2008 (Medina y Galván, 2008). La adaptación aquí realizada consiste en considerar los ingresos de los residentes de cada región o aglomerado como fuentes distintas del ingreso total urbano.


En la definición de las áreas urbanas se sigue la clasificación de agrupamientos territoriales que emplea el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), fuente de información utilizada en este trabajo. Nos referimos a las seis regiones estadísticas definidas por el INDEC (Gran Buenos Aires, Cuyo, Noreste Argentino, Noroeste Argentino, Patagonia y Pampeana) y a los distintos aglomerados urbanos relevados por la encuesta (cuya cantidad ha variado desde los inicios de la EPH).


El estudio es precedido por una sección en la que se describe brevemente la evolución de la desigualdad de ingresos entre 1993 y 2013, y que nos permite identificar las etapas a partir de las cuales será estilizado el análisis. Un último punto queda dedicado a las conclusiones que se desprenden de las evidencias aportadas.

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Producción de bienestar y estructura social en perspectiva comparada:
Reino Unido, España y Argentina
Jésica Lorena Pla y Emilio Jorge Ayos

Este artículo analiza la composición de ingresos y su relación con la estructura social, a partir de una perspectiva comparativa, seleccionando los casos de Reino Unido, España y Argentina. Retomamos la discusión sobre las formas de articulación entre las diferentes instituciones que participan en la provisión del bienestar, Estado, Mercado y Familia, aprendiéndolas a partir de la desagregación de los ingresos por fuente (laboral, no laboral, y en este último caso, su composición), abordados comparativamente a partir de la unidad de análisis individuo y la unidad de análisis hogar.


Utilizamos los microdatos de las siguientes fuentes: la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina), la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (España - 2013 en cada caso) y su versión inglesa European Union Statistics on Income and Living Conditions (2009).


El instrumento de medición utilizado para analizar la evolución de la estructura de clases en relación al mercado de trabajo fue el esquema de clases de Erikson, Goldthorpe y Portocarero (Goldthorpe y Heath, 1992).

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Desigualdad de oportunidades de graduación universitaria en Argentina (1975-2015):
Efectos del territorio, la clase social de origen y el nivel educativo familiar
Pablo Dalle, Paula Boniolo, Bárbara Estévez Leston y Joaquín Carrascosa

El artículo analiza la incidencia del origen social familiar y el territorio en la desigualdad de oportunidades de graduación universitaria en Argentina y su evolución a través de cuatro cohortes nacidas entre 1945 y 1985. Se utiliza una metodología cuantitativa que combina el análisis de dos fuentes de datos secundarios: la Encuesta Nacional sobre Estructura Social de 2015 y el Censo Nacional de Personas, Hogares y Viviendas de 2010. Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas: tablas de contingencia, gráficos y mapas, e inferenciales: modelos log-lineales y de regresión logística multivariados. Las pautas observadas sugieren que la escasa expansión de la graduación del sistema universitario en las últimas décadas ha implicado, hasta el momento, una ampliación de la desigualdad de clase en el logro de credenciales universitarias en la cohorte más joven, esto es, mayores ventajas para quienes provienen de clases medias. El nivel educativo del hogar de origen es la variable que más influye en la graduación universitaria y su efecto sobre la desigualdad de oportunidades se mantiene constante a través de las cohortes. Asimismo, el estudio brinda evidencia en favor de que la región de nacimiento y de residencia actual contribuye a delinear la desigualdad de oportunidades educativas.

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Procesos de exclusión en las políticas sociales:
explorando los perfiles de la población no perceptora de la Asignación Universal por Hijo
Agustín Salvia, Santiago Poy y Ianina Tuñón

Está ampliamente probado que las instituciones laborales y de seguridad social asociadas a los mercados de trabajo formal constituyen el principal mecanismo de inclusión social sistémica en economías de mercado (OIT, 2017). No obstante, la reconfiguración productiva y sus efectos sobre el empleo y la exclusión a escala global condujeron a muchos gobiernos a desarrollar sistemas de protección paralelos a tales mecanismos (CEPAL, 2018). En América Latina, estos sistemas han adoptado la forma de programas de transferencias condicionadas de ingresos, orientados a la lucha contra la pobreza y concebidos como instrumentos transitorios hasta que los beneficiarios logren una mejor inserción en el mercado laboral. Si bien han tenido efectividad para paliar situaciones de pobreza extrema, en distintos países se ha constatado su insuficiencia para superar exclusiones o autoexclusiones sociales y promover formas más plenas de inclusión social sistémica.


A partir de 2009, el gobierno argentino implementó un sistema de transferencia condicionada de ingresos –la Asignación Universal por Hijo–, destinado a hogares con niños y adolescentes cuyos padres fueran trabajadores informales, desempleados o inactivos y no tuvieran acceso a otros mecanismos de protección social. La literatura ha abordado distintas aristas de esta política. Adoptando un enfoque crítico sobre el carácter universal, transitorio e inclusivo de esta iniciativa, este artículo aborda un aspecto poco explorado: el perfil socioeconómico, demográfico, laboral y residencial de aquellos potenciales beneficiarios excluidos o autoexcluidos del programa. Se parte de la hipótesis de que se trata de una población heterogénea, atravesada por diferentes clivajes y grados de marginalidad social, cuyas particulares condiciones constituyen el principal factor de exclusión.


La fuente de información son los microdatos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina correspondientes al período 2010-2015. Sobre las bases apiladas se aplican modelos de regresión, análisis factoriales y construcción de clústeres que permiten caracterizar y tipificar los diferentes procesos sociales de exclusión subyacentes a los perfiles socioeconómicos, demográficos, laborales y residenciales presentes en una población de niños y adolescentes elegibles no beneficiarios de la AUH.

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Políticas sociales y simbolismo del trabajo en Argentina
Desigualdad, apropiaciones y sentidos vividos en el espacio social de Córdoba
Gonzalo Assusa

El artículo aborda la relación entre políticas sociales y desigualdad en la Argentina contemporánea. Para ello, plantea su análisis en dos dimensiones paralelas e interconectadas. La primera refiere al lugar de las políticas sociales como instrumento de reproducción social y al modo en que se inserta en una serie de estrategias de reproducción social de las familias para sostener o mejorar su propia posición en el espacio de las clases sociales. La segunda refiere a cómo las políticas sociales (denominadas coloquialmente “planes sociales") pasan a formar parte de un acervo común de categorías simbólicas que se ponen en juego en la construcción de fronteras simbólicas que distinguen legitimidades, dignidades y prestigios diferenciales entre personas. Con este objetivo, el artículo propone una articulación de métodos, combinando procesamiento estadístico multifactorial de bases de datos como la ENES-PISAC, con un extenso trabajo de campo cualitativo que va desde entrevistas en profundidad hasta registros etnográficos.

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Las transformaciones en las prácticas de los sectores populares organizados a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo
Victoria D’Amico

En este artículo exploramos las reconfiguraciones de la relación entre sectores populares y Estado a partir del análisis del modo que adoptó la inscripción de la AUH en las redes de sociabilidad política local de una organización socioterritorial, el Movimiento Justicia y Libertad en la ciudad de La Plata, entre 2011 y 2015. Sostenemos que la implementación de la AUH conllevó dos transformaciones simultáneas en las prácticas de los sectores populares organizados. Por un lado, reprodujo el sentido oficial de que la política es gestionada directamente por el Estado nacional. Al hacerlo, las organizaciones se distanciaron del carácter disruptivo con que habían disputado previamente su papel protagónico como mediadoras en la gestión de políticas sociales y, como consecuencia, se produjeron procesos de individualización de los sectores populares.


Por otro, las organizaciones reconfiguraron su trabajo territorial a través de su participación en otros programas sociales. Las cooperativas del Programa de Ingreso Social con Trabajo, más conocido como “Argentina Trabaja”, operaron como núcleos de articulación de recursos, tareas y demandas al Estado en el entramado local. Reconstruimos empíricamente las tensiones irresueltas que ambos procesos generaron en las experiencias de ciudadanización y desigualdad, particularmente para las mujeres.

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Experiencias del bienestar
Para una comprensión de la política social desde el sentido común
Daniela Soldano

Conseguir trabajo, agua potable, una bolsa de alimentos, un turno médico, un lugar donde vivir, o un cupo en la mejor escuela pública del barrio, constituyen desafíos que enfrentan a diario los vecinos de las barriadas relegadas de las ciudades en nuestra región. Estos desafíos permiten advertir dos registros del orden socio-político: la estructura desigual que da forma a sus condiciones de vida y las prácticas efectivas de reproducción social. Entre ambos, se ubica el sentido común, un nivel de conocimiento experiencial, potente para orientar dichas rutinas cotidianas y con capacidad para “suturar” simbólicamente las fracturas de una sociedad atravesada por la desigualdad socioeconómica. Este artículo propone la comprensión de lo que se denominará “experiencias del bienestar” –del Estado y la política social–, en las que entran en escena un conjunto de razonamientos evaluativos que atañen a la calidad de los recursos públicos, a la efectividad y legitimidad de su mediación y al grado de justicia presente en su distribución en los diferentes territorios.

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Cuando la desigualdad y la pobreza pasaron a ser problemas de la gerencia social
Notas sobre el caso de los think tanks en los noventa
Adriana Clemente

Este artículo problematiza sobre la orientación y las características de las fuentes de conocimiento y el asesoramiento brindado para el diseño de los programas sociales y el tratamiento de la pobreza que se realizaron como parte de la cooperación técnica para el desarrollo en la década de los noventa. El análisis focaliza el rol de los dispositivos institucionales que actúan en torno a procesos de vinculación tecnológica y social con la vocación de incidir en la agenda pública (think tanks), particularmente los asociados al ámbito académico inscriptos en el campo de las políticas sociales y el desarrollo.

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¿Es el territorio un “accidente” para las políticas de salud? Aproximación conceptual y reflexiones desde la investigación social.
Magdalena Chiara

El trabajo se propone introducir la perspectiva territorial para pensar las políticas de salud. Sin pretender negar la complejidad inherente al sector, busca identificar otros pliegues en los que la política se de-construye y vuelve a construirse en territorios determinados. Partiendo de entender la salud como “campo abierto” y pasando revista a distintas contribuciones del enfoque territorial, el trabajo busca colocar el territorio más allá del escenario en el que las políticas se despliegan. En este movimiento, se detectan nuevas preguntas, aparecen otros problemas y se develan nuevos actores.

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El escenario participativo de base popular en el Gran Buenos Aires en tiempos neoliberales: huellas de la historia reciente y cambios emergentes.
Adriana Rofman

El artículo busca reconstruir la historia reciente de los modelos de participación de la sociedad civil de base popular en las políticas públicas, en Argentina. El objetivo es identificar las huellas de las experiencias previas y los cambios emergentes, en el escenario participativo popular actual. Esto es, rastrear las características principales de las formas históricas de organización de la sociedad civil popular, sus agendas y sus modos de relacionamiento con el Estado, con el fin de identificar persistencias y cambios a lo largo del recorrido. Para ello, se analizan tres períodos históricos: la etapa de surgimiento y desarrollo de las articulaciones entre la sociedad civil popular y el Estado durante el siglo XX; las profundas transformaciones producidas por la implantación del neoliberalismo y la consecuente crisis de fin de siglo; y el momento de recuperación del protagonismo estatal, junto con la expansión e institucionalización de estos espacios. Por último, se describe el panorama actual, de los primeros años de gobierno de Cambiemos, enfocando en los rasgos persistentes y las novedades emergentes.

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Los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia: institucionalizando la participación de la sociedad civil en la producción de la política pública de infancia a nivel local en el Conurbano Bonaerense.
Carolina Foglia

En este trabajo nos concentraremos en el abordaje de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia, dispositivos locales del sistema de promoción y protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de la participación ciudadana. Consideramos que estos dispositivos institucionalizan territorialmente la participación de las organizaciones sociales locales en la política de infancia de un modo diferente al observado durante la década de 1990, el cual se centraba en la provisión de bienes y servicios y la ejecución de tareas en el marco de programas estatales. Si bien este es un rol que las organizaciones sociales continúan desempeñando, la conformación de los Consejos Locales jerarquiza un papel ligado al diagnóstico de los problemas locales y a la planificación de iniciativas.

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¿Cómo es posible que una toma de tierras se convierta en un barrio popular planificado? Condiciones y actores intervinientes en un caso de la periferia de la ciudad de La Plata.
Florencia Musante

El presente artículo analiza las condiciones de posibilidad de una toma de tierras en la periferia de la ciudad de La Plata y se pregunta por el modo en que la intervención y articulación de distintos actores configuró en el territorio un escenario particular, que lo llevó a convertirse en un barrio popular planificado. La toma tuvo lugar en el año 2015 en Abasto, localidad del oeste de la ciudad de La Plata, y se volvió emblemática por una serie de condiciones que la particularizaron: su masividad –se trata de una toma de 56 hectáreas que nuclea a más de mil familias– y la velocidad con que se logró iniciar un proceso expropiatorio, que dio lugar a distintas intervenciones estatales. Sostenemos que existe una serie de condiciones de posibilidad –la coyuntura política, la intervención estatal y la dinámica de la organización colectiva– que permiten entender la singularidad del proceso.

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Territorios móviles, políticas sociales y prácticas de organización de trabajadores de la economía popular.
María Inés Fernández Álvarez

Este artículo sintetiza resultados de una investigación etnográfica en curso con una cooperativa de vendedores ambulantes del Ferrocarril San Martín que integran la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Aun cuando la cooperativa se conformó en el año 2015, los vendedores del tren han mantenido, a través de generaciones, “códigos de vida” que organizan su actividad, dentro de las que cobran centralidad las relaciones de parentesco, incluyendo la forma en que la idea de familia es empleada para hablar de los vínculos que se tejen en “el fierro”, tal como prefieren denominar al tren. Este proceso de formalización como cooperativa se vuelve inteligibile a la luz de un proceso más amplio de producción y disputa de formas de reconocimiento, protección, bienestares y derechos colectivos como trabajadores en el marco de la CTEP, dentro del que se destaca la implementación del Salario Social Complementario. En este artículo, me propongo analizar la dinámica de este proceso de organización y la implementación de esta política en un territorio particular marcado por la movilidad de las personas, los vínculos, las prácticas y los espacios que lo producen. Por una parte, esta condición desafía las formas modales de hacer política que caracterizan las organizaciones marco en las cuales la cooperativa se inserta. Por otro, la implementación de esta política desborda los límites del espacio del tren como territorio para proyectar y construir vínculos desde y hacia los barrios donde habitan los vendedores. Atendiendo a estas dos dimensiones, me propongo reflexionar sobre la heterogeneidad de los territorios en los que se despliegan las formas de organización de la economía popular con relación a las políticas públicas destinadas a esta población.

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El territorio, la comunidad y la autonomía: ¿discursos mitológicos en los programas sociales destinados a jóvenes “en riesgo”?
Marina Medan

Desde inicios del 2000 en la Argentina se implementan programas de inclusión social y prevención social del delito destinados a jóvenes “en riesgo”, en los cuales el abordaje territorial y comunitario es distintivo. Este artículo describe y analiza los sentidos y prácticas que tal enfoque supone, tanto desde la perspectiva de los agentes institucionales como desde la de los jóvenes. Los resultados se discuten a la luz de la literatura que aborda las relaciones entre el Estado, el territorio y la comunidad, y se resalta el potencial analítico de la noción de “margen” (Das y Poole, 2008) para problematizar el funcionamiento estatal. Finalmente, se coloca una nueva hipótesis a partir de los hallazgos: las definiciones institucionales sobre el territorio y la comunidad como epicentro de los riesgos que aquejan a los jóvenes, en articulación con la reivindicación de la autonomía juvenil para lidiar con ellos, podría generar un discurso mitológico (Haney, 2010) que provocara más desempoderamiento que emancipación. Los datos analizados provienen de investigaciones cualitativas desarrolladas entre 2008 y 2018, cuyas técnicas principales han sido la observación participante, entrevistas en profundidad y grupos focales. La referencia empírica está conformada por programas de prevención social del delito y programas de inclusión social juvenil implementados en barrios populares del AMBA.

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Educación y Territorio: una experiencia de implementación del Plan Fines en la Provincia de Buenos Aires.
Laura Beatríz Casals

A partir de un estudio de caso en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, nos proponemos comprender el modo en que las trayectorias educativas de jóvenes y adultos estudiantes del Plan Fines en territorios socialmente críticos se vinculan con el entramado de organizaciones sociales y comunitarias. Esto a partir del análisis del contexto territorial y la dinámica local de implementación del Plan; la reconstrucción de la trama de organizaciones sociales y comunitarias en que la sede del Plan está inserta y el abordaje de trayectorias educativas de estudiantes y referentes comunitarios.

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Territorio, política social e implementación. Una mirada desde los espacios locales de gestión del “Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo” en el distrito de La Matanza.
Cynthia Gisselle Ferrari Mango

El objetivo general que perseguimos a través de este artículo es caracterizar la territorialidad que adquiere el Argentina Trabaja - Programa Ingreso Social con Trabajo en los espacios locales de gestión denominados Obradores en el distrito de La Matanza (2009-2016), ubicado en la provincia de Buenos Aires. Dicho programa tiene un alto componente territorial, por lo cual una mirada a nivel local permite captar diferencias de la implementación del programa y recuperar la noción de centralidad del territorio como espacio de implementación de programas sociales.

Para abordar el objetivo planteado trabajamos en los Obradores entendidos como los espacios locales de gestión y lugares estratégicos de transformación de los programas. Se trató de una investigación cualitativa en la cual el corpus de análisis quedó conformado por la Resolución 3182/09 que le dio origen, el documento “Distribuidor Nacional Programa de Ingreso Social con Trabajo” elaborado por el MDSN, las transcripciones de las notas de campo y las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas.

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Acoples y desacoples del ´Argentina Trabaja´ con las políticas de economía social y solidaria en Argentina. Contribuciones a partir de las implementaciones locales en el Conurbano Bonaerense (2009-2018).
Ruth Muñoz

En base a un trabajo de identificación y análisis comparativo de las políticas de economía social y solidaria llevadas a cabo en los 24 partidos del Conurbano Bonaerense entre 2012-2018, el artículo plantea que el Programa Argentina Trabaja, a pesar de lo que sostiene su formulación inicial, fue identificado como una política relacionada con la ESS en solo 4 de los 22 partidos donde se implementó, siendo generalmente ubicado dentro de políticas de transferencias condicionadas por los funcionarios locales, sentido que fuera exacerbado en el actual contexto de restauración conservadora. Elaborado a partir del esfuerzo de reconstrucción de la escasa información disponible para esta escala, se presentan estadísticas del Programa desagregadas por partido, a lo que se suman testimonios de funcionarios nacionales y municipales. Se espera que el análisis constituya un aporte a la discusión sobre las políticas públicas, el territorio y sus relaciones.

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Erradicación de pobladores y recomposición identitaria: El caso de la villa Estrecho de Magallanes (Santiago de Chile).
Cristóbal Sebastián Palma Rojas

El presente artículo discute acerca de la generación de identidades colectivas surgidas en un marco de segregación espacial y homogenización intracomunal provocada a partir de las políticas de reforma urbana impulsadas por la dictadura militar chilena. La investigación realizada en la villa Estrecho de Magallanes, de la comuna de La Pintana, en Santiago, se llevó a cabo mediante técnicas de investigación cualitativas como la observación participante y la entrevista en profundidad. Se concluye que, a pesar de las políticas de erradicación y radicación de la dictadura militar y su manifiesto interés por desarticular las instancias de organización e identificación colectiva, los pobladores tienden a re-crear identidades asociadas a la simbolización del espacio habitado y las acciones conjuntas que despliegan en respuesta a la marginación social.

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Programas de transferencias monetarias condicionadas en la Argentina y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (2003 - 2009).
Vanesa P. Ciolli

El artículo analiza el principal programa de transferencias monetarias condicionadas de Argentina entre 2003 y 2009 –el Plan Familias por la Inclusión Social–, implementado mediante un ciclo de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Su propósito es comprender por qué las políticas sociales asumieron dicha modalidad en la etapa posterior a la crisis de 2001 y por qué fueron vehiculizadas mediante el financiamiento de instituciones financieras internacionales. Para alcanzar dicho objetivo, se desarrolla un análisis interpretativo basado en análisis documental. De ello se concluye que la participación de la mencionada institución propició, por un lado, la reingeniería del aparato estatal en el sector de las políticas sociales, orientada al conocimiento riguroso de la población para su focalización, y, por el otro, el cambio en el tipo de interpelación estatal hacia la población receptora, en virtud de su regulación.

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Diferenciación social y segregación educativa en el área metropolitana de Asunción.
Luis Ortiz, Kevin Goetz y Colin Gache

El artículo ofrece una propuesta analítica que considera el espacio urbano, con sus formas y estructuras, no como una simple plataforma de importancia secundaria, sino como un hecho social total. Desde la perspectiva de observación socioespacial que constituye la ciudad, se busca comprender las intensidades y los sentidos de dos fuerzas mayores que intervienen simultáneamente en el sistema educativo. La primera tiene que ver con las dinámicas sociales en curso y con la consiguiente configuración espacial que adquiere la ciudad (aumento de la clase media, trayectorias residenciales, valores asignados a las diferentes zonas y barrios de la ciudad, modificación de los modos de desplazamiento, entre otros), mientras que la segunda tiene que ver con las características y tendencias que discurren en el dispositivo educativo. Las evoluciones del conjunto dinámico que constituye el dispositivo educativo obedecen necesariamente a mecanismos colectivos e institucionales. El análisis apunta a dar cuenta de las relaciones entre los grupos sociales del territorio para moldear el sistema educativo en función de sus intereses diferentes y divergentes.

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Entre la integración subordinada y la relegación social-urbana. El caso del “Certificado de Vivienda Familiar” en la ciudad de Rosario.
Florencia Brizuela y Melisa Campana

Inspirado en el enfoque de la gubernamentalidad, el artículo analiza las racionalidades políticas que atraviesan el Certificado de Vivienda Familiar argentino. Con el objetivo de reconstruir las novedades que el Certificado supone en términos de política sociohabitacional y de estrategia de gobierno en villas y asentamientos informales de Rosario, el trabajo recorre la orientación de los programas implementados durante las últimas décadas en la ciudad, analiza los campos discursivos en que se asienta el Certificado (la lucha contra la pobreza, el combate al narcotráfico y la unión de los argentinos) y sistematiza los hallazgos parciales de la investigación. Estos señalan nuevas estrategias de gobierno que promueven la autogestión de los vecinos en la resolución de sus problemas, bajo una modalidad individual, y cuyos efectos suponen la confinación a territorios de relegación social-urbana.

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Rompiendo las barreras de la relegación: reflexiones sobre un programa de seguridad alimentaria aplicado desde INSSJP-PAMI​ en cogestión con un centro de jubilados y pensionados.
Juan Francisco Di Meglio

El presente escrito tiene la intención de componer un conjunto de reflexiones sobre la importancia que adquieren las organizaciones sociales de personas mayores, concretamente los Centros de Jubilados y Pensionados, en la implementación de políticas sociales, la aplicación efectiva de los derechos sociales en el territorio y la recreación de los lazos sociales. Para dicho objetivo se parte de la experiencia del inicio, en el año 2015, de la prestación “bolsón de alimentos”, perteneciente al Programa ProBienestar del INSSJP-PAMI, en el Centro de Jubilados y Pensionados “Mi segunda casa”, ubicado en Ciudad Oculta (Villa Lugano, CABA).