Número 2 - Primer semestre 2018

ARTÍCULOS LIBRES

La lucha por un lugar en Buenos Aires.
Crisis de la vivienda y boom inmobiliario (1990-2010)*

  • Marie-France Prévôt-Schapira

    Doctora en Geografía (Paris III-Sorbonne Nouvelle), 1981. Directora de la investigación “Espaces, pouvoirs et territoires en Amérique Latine”, Universidad de Tours 1997. Profesora emérita de la Universidad París 8 Vincennes-Saint-Denis. Investigadora del Creda-UMR 72 27 - Centro de Investigaciones y documentación sobre América Latina - IHEAL París III. Directora y codirectora de la redacción de la revista Problèmes d’Amérique Latine del 2004 al 2015.
    Correo electrónico: marie-france.schapira@cnrs.fr / mfschapira@gmail.com
Traducción: Juan Campoamor Zelich**

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  • Para citar este artículo

    Referencia electrónica
    Prévôt-Schapira, Marie-France (2018). La lucha por un lugar en Buenos Aires. Crisis de la vivienda y boom inmobiliario (1990-2010). Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas N°2. Primer semestre 2018, pp. 145-173 [En línea]. Consultada el: 14-12-2018
    URL: http://untref.edu.ar/sitios/ciudadanias/n1_artlibres_art1.php
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Resumen

En el marco del programa Metraljeux de estudio sobre cuatro metrópolis de América Latina, este trabajo parte de la idea de que en Buenos Aires, como en otras ciudades de la región, los modelos de gobernanza son producto de las lógicas políticas e institucionales que caracterizaron las trayectorias de las metrópolis así como su inserción en la globalización. El análisis propuesto, elaborado como resultado de un trabajo de campo en las ciudades de México y de Buenos Aires en los años 2008-2010, permitirá entender los modos de la gobernanza de la vivienda en Buenos Aires, paradójica con respecto a las otras metrópolis de América Latina.

En primer lugar, se establecen, en una perspectiva histórica, las nuevas formas de precariedad y vulnerabilidad de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires en los años 2000. Luego se pone el foco en el desfasaje entre el derecho a la vivienda reconocido por la Constitución de la Ciudad Autónoma (CABA) y las políticas implementadas para responder a la apremiante demanda habitacional, privilegiando el análisis de las lógicas políticas e institucionales. Por último, se muestra cómo la concentración de programas de vivienda social, la mayor parte de ellos confinados en el sur de la ciudad, profundiza los procesos de segregación existentes, endurece las fronteras entre distintos barrios y exacerba las tensiones.

En fin, el artículo sostiene que la pregunta por quién se apropia del espacio es clave para hacer inteligible la dinámica y las posibilidades de la gobernanza metropolitana.



Nuestro propósito parte de una cuestión central para el programa Metraljeux.1 ¿En qué medida los procesos de democratización y de descentralización, que llevaron a la cabeza de las grandes ciudades a gobiernos de izquierdas, han permitido implementar políticas públicas y formas de participación alternativas a las que imponen las doctrinas de la "buena gobernanza"? En otras palabras, ¿el avance de la globalización y sus efectos devastadores pueden ser contenidos y mitigados por los nuevos equipos municipales, que han otorgado preeminencia a la cuestión social y defendido el “derecho a la vivienda” y el “derecho a la ciudad” (Chavez y Goldfranck, 2004)?

En las grandes ciudades que se incluyen en nuestro análisis, las políticas de vivienda de la mayor parte representan, en distintos grados, un desafío y un aspecto crucial de su gestión. El presente trabajo se limita al caso de Buenos Aires, pero nuestra investigación se nutre de la dimensión comparativa del programa Metraljeux (Prévôt–Schapira, 2013). Nuestra hipótesis es que estamos frente a modelos de gobernanza que son producto de las lógicas políticas e institucionales que caracterizaron las trayectorias de las metrópolis así como su inserción en la globalización.

En el caso de Buenos Aires, nuestro análisis parte de la siguiente observación. En los últimos diez años, el regreso del crecimiento económico, la reevaluación de la necesidad de una mayor intervención del Estado después de la década de ortodoxia neoliberal de los noventa y el lanzamiento del Plan Federal de Vivienda se contraponen a una crisis habitacional que no ha dejado de agravarse en la capital argentina. En 2011, el informe de la delegación de la ONU-Hábitat en Argentina2 denunció la desastrosa situación del hábitat en Buenos Aires, el recrudecimiento de los desalojos forzados y la fuerte discriminación con respecto a los habitantes procedentes de países limítrofes.

Paralelamente a la denominada crisis habitacional y tras haber superado los peores momentos del desastre de 2001, asistimos al regreso del capital inmobiliario al centro de la ciudad. Buenos Aires se inserta de este modo en el fenómeno global de revalorización de los barrios centro-históricos (Smith, 1979). Es el principal nicho del boom inmobiliario argentino y se presenta como la vidriera de la recuperación nacional.

Sin embargo, las potencialidades de este espacio no solo interesan al mercado. Si bien la mayoría de los asentamientos y tomas de tierra tuvieron lugar en la periferia durante los años 1990, el espacio central metropolitano se encuentra hoy en día disputado por los sectores populares. En diciembre de 2010, en un contexto de creciente competencia por el acceso al suelo urbano, la ocupación del Parque Indoamericano por parte de alrededor de 1700 familias procedentes de los asentamientos informales del sur de la ciudad interpeló directamente a los gobiernos local y nacional y a la opinión pública acerca de la grave situación habitacional de las clases populares.

Sabatini y Brain (2008) formulan una hipótesis acerca del cambio radical en las expectativas residenciales de los sectores sociales más empobrecidos de las ciudades de América Latina. La demanda principal deja de ser la propiedad de la vivienda en sí misma y pasa a ser su localización central. Podríamos, pues, adelantar la idea de un cambio de paradigma formulándola, de un modo un tanto abrupto, de la siguiente manera: “más vale un alojamiento informal, precario e ilegal en el espacio central, que la lejanía y relegación de los lotes de viviendas de la periferia”.

El espacio en disputa corresponde a los límites político-administrativos de la capital. Constituye un espacio limitado (200 km²) en comparación con los suburbios (conurbano), que rodean la ciudad central y que no han dejado de expandirse desde 1950 hasta alcanzar en población los diez millones de habitantes en 2010,3 en contraposición a la estabilidad de la población de la capital, que se encuentra por debajo de los tres millones de habitantes desde hace más de medio siglo. No obstante, resulta significativo que el ligero crecimiento demográfico de alrededor del 4% en la última década (2001-2010) se haya concentrado esencialmente en los barrios pobres del sur castigados por la desindustrialización y el desempleo. Durante las dos últimas décadas las políticas neoliberales han incrementado violentamente la desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Por último, al igual que en la ciudad de México, la autonomía político institucional obtenida en 1996 constituyó un cambio significativo en la arquitectura política metropolitana y nacional. Desde entonces, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es electo por cuatro años a través del sufragio universal. Se convierte desde ese momento en la tercera personalidad política del país en orden de importancia, encabezando la ciudad más rica (22% del PIB con menos del 8% de la población), corazón de una metrópolis dividida política y socialmente, donde más de un tercio de los habitantes del conurbano viven por debajo del umbral de la pobreza.4 Con la elección regular de gobiernos municipales, el paisaje político de la CABA se ve marcado por las tensiones propias del sistema federal argentino y por el antagonismo entre el ejecutivo local y el nacional (Prévôt-Schapira, 2001). La cuestión de la vivienda no escapa a esta lógica multiescala. Los programas públicos de promoción de la vivienda se ven moldeados por esta tensión entre actores y sufren la asfixia producida por estos conflictos. Las autoridades públicas son, pues, un componente esencial en esta competencia por el dominio de la localización central.

¿Qué abarca el concepto crisis habitacional? ¿Acaso expresa una ruptura respecto del pasado? ¿Cómo explicar su intensidad y la fuerte conflictividad que genera? ¿Qué relación podemos trazar entre dichas tensiones y el avance del frente inmobiliario que se inmiscuye en los barrios populares? ¿Cómo se ajustan a las prácticas políticas los nuevos derechos producidos por los procesos de democratización? ¿Por qué razones se toleran formas ilegales de habitar en ciertos barrios, mientras se combaten en otros, estando todos insertos en una misma unidad política, la Ciudad Autónoma?

Abordaremos tres puntos que nos permitirán entender los modos de la gouvernance de la vivienda en Buenos Aires, paradójica con respecto a las otras metrópolis de América Latina. Se tratará en primer lugar de establecer desde una perspectiva histórica las nuevas formas de precariedad y vulnerabilidad de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires en los años 2000. En segundo lugar, pondremos el foco en el desfasaje entre el derecho a la vivienda reconocido por la Constitución de la Ciudad Autónoma (CABA) y las políticas implementadas para responder a la apremiante demanda habitacional, privilegiando el análisis de las lógicas políticas e institucionales. Por último, la dimensión espacial se encuentra en el corazón de las controversias en las que varias partes se disputan ciertos territorios y sus recursos. El análisis de conflictos nos permitirá mostrar cómo la concentración de programas de vivienda social, la mayor parte de ellos confinados en el sur de la ciudad, profundiza los procesos de segregación existentes, endurece las fronteras entre distintos barrios y exacerba las tensiones. No hablamos aquí de conflictos entre promotores inmobiliarios y clases medias por la construcción de molestas torres como en el barrio de Caballito, sino de conflictos entre vecinos pobres, en confrontación con las autoridades de la ciudad.

Los nuevos rostros de la crisis habitacional

Conviene, antes que nada, inscribir las manifestaciones contemporáneas de la crisis habitacional dentro del largo proceso de producción del espacio metropolitano. La vivienda y el hábitat precarios no son una cuestión coyuntural. Desde el inicio del siglo XX, la lucha por una vivienda digna se reflejó a través de los movimientos de inquilinos frente a los propietarios de los inquilinatos, donde vivían hacinados los trabajadores. Los primeros asentamientos informales (villas)5 aparecieron en la zona portuaria con la crisis de 1929. La llegada al poder del gobierno peronista dotó de valor constitucional el derecho a la vivienda (1949) y abrió el debate sobre la manera de abordar la cuestión de la vivienda popular, oponiendo así a los partidarios de la vivienda colectiva construida por el Estado6 a los defensores de las virtudes de la “casa propia” (Aboy, 2004). No obstante, ambos tuvieron que enfrentar una cuestión apremiante: ¿dónde alojar a los pobres? La respuesta que se dio a esta cuestión ha estructurado el área metropolitana de la ciudad. Dicha respuesta creó un foso entre Buenos Aires, capital política y cultural del país, y su periferia de loteos populares. La tentación de hacer de Buenos Aires una ciudad para “aquellos que la merecen”7 siempre estuvo presente de manera más o menos explícita (Oszlak, 1991). No pudiendo realizar dicho propósito, la pobreza fue relegada a los barrios al sur de la ciudad, hasta hacer del “Sur” el “espacio legítimo” (Lévy, 1994) para los programas de vivienda social. Este doble clivaje, centro/periferia y norte/sur, secciona el paisaje metropolitano y constituye un aspecto clave para analizar la crisis y las políticas públicas sobre vivienda que se dan en Buenos Aires.

Roles del conurbano

Durante el período de industrialización del país (1940-1970) y de fuerte migración rural hacia la capital, la periferia emergió como la solución al hacinamiento de los migrantes en conventillos y en inquilinatos de los barrios del sur. El acceso masivo por parte del “pueblo trabajador” a la “casa propia” encarnaba, junto a la educación, un ascenso social y una forma de justicia anclados en la propiedad (De Privitellio y Romero, 2005). Los trabajadores insertos en los sindicatos obtuvieron créditos mensuales para la compra de pequeños terrenos y el acceso subvencionado al transporte (Clichevsky et al., 1990). Este modelo habitacional integrador fue el motor del segundo momento expansivo que se dio en el conurbano (Gorelik, 2011).

Este círculo “virtuoso” se interrumpió en los años 70 cuando el pleno empleo llegó a su fin y se indexó el crédito (bajo la última dictadura).8 Desde entonces, las posibilidades de acceso de las clases populares a un terreno asequible se desvanecían mientras la crisis económica y social se concentraba en las zonas de loteos económicos más relegadas.9 El desempleo y la pobreza inmovilizaron a dichas poblaciones en esos espacios, bajo la asistencia de planes sociales desde la década de 1980 (Prévôt-Schapira, 1996 ).10 El déficit de servicios así como el mal estado de los medios de transporte11 reforzaron el sentimiento de aislamiento e inseguridad de los habitantes más vulnerables. Desde el año 2004, la gendarmería vigila la entrada de los lugares considerados peligrosos por el gobierno nacional,12 acentuando así la imagen estigmatizada del conurbano.

La revalorización de la localización central
en el contexto de crisis del modelo de la ciudad fordista

La periferia dejó de ser considerada la “gran frontera urbana” reservada a las clases populares. En los años 90, las empresas de promoción inmobiliaria transformaron sus reservas de suelo en barrios cerrados, inspirándose en el modelo de las gated-communities. El desarrollo vertiginoso de este tipo de urbanización encareció el precio del suelo, volviéndolo exclusivo y caro incluso en las zonas más alejadas. Este proceso agudizó la dificultad de encontrar terrenos para el desarrollo del Plan Federal de Viviendas activado en 2004 por el Estado Federal..13 En este contexto, al mismo tiempo que se sucedían las tomas de terrenos en los bordes de la ciudad y proliferaban y se densificaban las villas en todos los municipios del primer cordón,.14 el “centro” emergió como un destino buscado y codiciado. Como señala María Mercedes Di Virgilio (2007: 183): “No es lo mismo ocupar una parcela en la tercera corona del Conurbano que vivir en la Villa 31 en el barrio de Retiro o incluso en el barrio Inta de Villa Lugano”. Si bien todos estos lugares sufren severos déficits de equipamiento y comparten una misma precariedad, las posibilidades de acceso al mercado de trabajo son muy distintas.

Sin lugar a dudas, la crisis del modelo fordista ha contribuido a agudizar la crisis de la vivienda y la lucha por permanecer en la ciudad capital, convirtiéndola en un espacio de supervivencia y oportunidad tras el brutal proceso de desalarización que se dio en los años de triunfante neoliberalismo. Mientras el conurbano se sumergía en el desempleo, nuevas formas de actividad atrajeron a sus poblaciones al espacio central. La llegada masiva de cartoneros provenientes de las villas de la zona del río Reconquista se convirtió en el símbolo de la crisis anunciada del 2001. Algunos hablan del “efecto cartonero”, ya que muchos de ellos residían en los suburbios, pero su actividad los obligaba a quedarse en la ciudad (Carré, 2008). El comercio informal, casi ausente hasta el momento en Buenos Aires, apareció en las veredas de la arteria comercial de la ciudad, la calle Florida. Tras el 2001 se dio una verdadera explosión de ferias artesanales, de venta ambulante por las calles de la ciudad y las estaciones (Constitución, Once, Retiro),15 y también de las changas (manteros, cuida-coches, trapitos, puesteros). Estas actividades estaban en la mira del jefe de gobierno,16 en pos de la “limpieza” del espacio público.

La disputa por el espacio central

A partir del 2004, la fulgurante recuperación económica, estimulada por el turismo y el boom inmobiliario, reforzó el atractivo del distrito central. Se disparó así la demanda por una oferta asequible de vivienda, cuya satisfacción no fue aportada ni por el Estado ni mucho menos por el mercado. La descentralización, en 1994, del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), organismo promotor de los grandes conjuntos habitacionales desde su creación en 1972, junto con la reestructuración y la privatización del Banco Hipotecario (1997), contribuyeron decisivamente a reducir las capacidades de los organismos públicos para producir vivienda social.17

Simultáneamente, los sectores económicos más dinámicos y los grupos inmobiliarios de mayor prestigio empezaron a disputarse el acceso al suelo urbano. Sin entrar en los pormenores del funcionamiento del sector inmobiliario, cabe resaltar que el boom poscrisis encareció el precio del suelo urbano. A diferencia de México, ante la ausencia de crédito hipotecario dirigido a las capas medias-bajas, dichas promotoras inmobiliarias se concentraron en los segmentos A y B+, es decir, las clases más adineradas y de tipo residencial “suntuoso”, según la terminología de los profesionales. En un contexto de desconfianza generalizada hacia las entidades bancarias tras el episodio del corralito,18 el sector inmobiliario residencial se transformó en un valor de refugio, aún más atractivo dado que los alquileres temporarios dirigidos a turistas cotizan directamente en dólares. Los trabajos de Luis Baer (2011) analizaron la vitalidad de la actividad inmobiliaria y su concentración geográfica. El sector se reactiva después de 2003, en un contexto de bajo costo tanto del suelo como de la mano de obra. El dinero de la soja y los importantes flujos turísticos mantuvieron el boom inmobiliario y promovieron el aumento del precio de suelo disponible en todo el espacio metropolitano. Entre 2004 y 2006 se introdujeron al mercado 15 millones de m2, más de la mitad de ellos solo en la ciudad de Buenos Aires. A diferencia de los años 1990, cuando la inversión iba dirigida en gran parte hacia la promoción inmobiliaria de oficinas y centros comerciales, el 72% de las inversiones corresponden a la promoción inmobiliaria residencial (dentro de las cuales más del 40% son destinadas a alojamientos de alta gama). Ninguna política de suelo, ni tampoco fiscal, enmarca este despliegue inmobiliario, que sigue profundizando la brecha de precios del suelo por m2 entre el Norte de las altas torres –Palermo, Caballito, Belgrano, Villa Urquiza, Núñez– y el Sur, incluidos los barrios que experimentan un comienzo de gentrificación: La Boca, Barracas y Parque Patricios.

A partir de 2005, el esfuerzo soportado por los hogares no cesa de crecer.19 Tras una década de crecimiento económico y retroceso de la pobreza –no así de la desigualdad–, la vivienda sigue siendo la necesidad más acuciante de las clases populares y también de las clases medias, por la falta de créditos accesibles, lo que reduce cada vez más el acceso a la centralidad. El último censo (2010) contabilizaba en 342.842 el número de viviendas vacías (es decir, el 24% de 1.425.840 unidades habitacionales), haciendo patente la flagrante brecha entre oferta vacante –a menudo localizada en las torres premium de nueva data construidas en el este y norte de la ciudad, mayoritariamente en Puerto Madero y Palermo Viejo– y una demanda social de grupos no solventes que no dejaba de crecer.

Crisis habitacional y categorías de acción pública

El número de habitantes en situación de “hábitat precario” ascendió a casi medio millón (es decir, el 17% de la población) (Di Virgilio y Rodríguez, 2013). La noción de “hábitat precario” comprende un universo muy heterogéneo y variado de formas de vulnerabilidad. El diagnóstico de “Asentamientos precarios, Villas, NHT, Inmuebles Intrusados, Barrios municipales, Complejos habitacionales”, elaborado por la Sindicatura General de la Ciudad20 en 2007, resalta la diversidad de formas residenciales que se englobaban bajo esta etiqueta y la responsabilidad del Estado respecto a esta situación. Dicho diagnóstico identifica, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, varias tipologías, como sujetas a la acción pública (conjuntos habitacionales, NHT, villas), definiendo así las categorías que son potenciales destinatarias de políticas públicas, a diferencia de otras, calificadas de ilegales o ilegítimas, cuya gestión se hará a través de la justicia y de la policía. Este trabajo de categorización nos interesa en la medida en que la construcción de estas tipologías constituye un paso previo a la acción pública así como un factor esencial de la regulación de dichos espacios.

Más que nunca el poder público se vio confrontado a las nuevas formas de precariedad (sin techo, personas “en situación de calle”, ocupantes e inquilinos de hoteles)21 que hacen presentes a los más pobres fuera de su “espacio legítimo”, es decir, el Sur, donde las políticas de vivienda los habían confinado tradicionalmente. En paralelo a los inmuebles ocupados y a los galpones en estado de abandono, se han ido enquistando pequeñas tomas en zonas de alto valor catastral (Villa Rodrigo Bueno cerca de Puerto Madero o Playón de Chacarita), casi siempre sobre suelo público. El número de NAU (nuevos asentamientos urbanos) –término acuñado por la Defensoría del Pueblo de la CABA en 2006– fue creciendo a medida que la crisis del hábitat se intensificaba. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad publicado en 2007 señala 2.500 propiedades tomadas por familias en el sur de la ciudad, pero también en los barrios de las clases medias o en vías de gentrificación, como Palermo Viejo, Villa Crespo, Colegiales y Paternal.22

El diagnóstico de la Sindicatura ya señalado apunta a las villas “históricas” como objeto prioritario de la intervención pública. Todas ellas se encuentran al sur de la ciudad, con excepción de la Villa 31/31bis,23 y conforman un vasto cordón de pobreza en el suroeste urbano, bajo vigilancia,24 que abarca desde el barrio de Barracas hasta Villa Lugano. La crisis del hábitat se tradujo en la duplicación de la población residente entre 2001 y 2010 (163.587 habitantes) y en la densificación y la verticalización de estos barrios. Se ha desarrollado un atractivo mercado “informal” de alquiler de piezas, que ilustra a su vez la casi imposibilidad de las clases populares y los migrantes de países limítrofes de acceder a una vivienda “digna”. Esta situación se agravó al mismo tiempo de la mano de los desalojos de inmuebles ocupados y de la transformación de los hoteles y pensiones en hosteling para turistas. El 40% de los habitantes de las villas ya alquilan y no pueden aspirar a construirse la “casita in situ”. Sin lugar a dudas, la villa es, para los recién llegados, la “puerta de entrada a la ciudad”, aunque los más desfavorecidos son expulsados a causa del aumento vertiginoso de los alquileres (multiplicados por 8 entre 2007 y 2011). Estas poblaciones ocupan a su vez los espacios aledaños a la villa (creación de la Villa 31 bis, al lado de la Villa 31) o los intersticios de la ciudad (plazas, playas ferroviarias o edificios desafectados).

Resumiendo, el diagnóstico de la Sindicatura General de la Ciudad cuestiona el grado de adecuación legal de las viviendas. En este sentido, enfocar el problema desde la acción pública permite abordar la temática tanto desde sus elementos genealógicos (relación entre etapas políticas y las distintas respuestas aportadas) como desde su estado actual dentro de la gestión de la crisis del hábitat popular.

La gouvernance de la vivienda en Buenos Aires:
esquizofrenia pública y judicialización

En las conclusiones de su estudio sobre las transformaciones del barrio del Abasto, María Carman (2006) define como “esquizofrénicas” las relaciones que se establecieron desde el Gobierno de la Ciudad con las nuevas formas de precariedad residencial. En efecto, la política de la ciudad oscila entre la tolerancia y la represión en función de la movilización popular, de las presiones de las ONG y de la alternancia política, tanto a nivel local como nacional. No se trata en este caso de hacer un estudio sectorial de las políticas de vivienda, sino de entender el desfase entre las garantías constitucionales existentes y el agravamiento de la situación. De hecho, desde los años 90 la brecha existente entre el reconocimiento de derechos –generalizado en América Latina– y las respuestas aportadas por el gobierno es significativa. Por un lado, se observan avances vinculados a una acción legislativa progresista, inscrita en la ruptura con la política de erradicación anterior y en consonancia con la elección de la Asamblea Constituyente (1996) y con las luchas de los movimientos sociales. Por el otro, se consolida una gestión punitiva, pasiva o asistencialista, en el mejor de los casos, con la cual las expulsiones acompañan al boom inmobiliario. Sin lugar a dudas, la victoria de la derecha en 2007 agravó la situación, pero esta tensión y sus contradicciones han estado presentes en todo el período de redemocratización.

De la erradicación a la urbanización:
el registro de los Derechos Humanos

Al salir de la dictadura, la ciudad se encontró no solo frente a la repoblación de las villas, sino también frente a la multiplicación de ocupaciones de inmuebles (tomas de casas). Fueron promovidas por una multitud de pequeños grupos de familias en busca de vivienda, de manera invisible y dispersa, pero también participaron grupos militantes. En este contexto de efervescencia y ruptura, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) fue fundamental para la introducción en la agenda política del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad. Sus premisas “Por la construcción de una ciudad democrática”, “Tomar edificios, tomar palabra” y “Romper candados” difundieron ampliamente la idea del “derecho” a ocupar edificios ociosos. Estas ocupaciones, si bien fueron toleradas en primera instancia, se convirtieron a principios de los años 90 en blanco de persecución judicial.

La autonomía de la ciudad marcó un hito. Al reconocer el derecho a la vivienda (art. 31) la Constitución de la Ciudad (1996) desplazó la cuestión de las ocupaciones de inmuebles del registro penal hacia el de los Derechos Humanos. Los constituyentes, cercanos o procedentes de las organizaciones populares y de derechos humanos –que venían denunciando a la ciudad neoliberal y a sus artefactos (barrios cerrados dentro de las periferias pauperizadas, las torres de lujo en el norte de la ciudad y los centros comerciales)–, fueron muy activos en la nueva asamblea de la CABA.25 Su acción se inscribió en la larga historia de luchas iniciada en 1960 por el peronismo cristiano, los “curas villeros” (Prévôt-Schapira, 1999) y los movimientos de derechos humanos. En su afán de romper con el pasado, la Asamblea votó el principio de urbanización in situ de las villas (Ley 148), poniendo fin a las políticas de erradicación del pasado. La obligatoriedad de urbanización fue expandida a todos los barrios en situación crítica (caracterizados por la ausencia de infraestructura, irregularidad del terreno y precariedad de las condiciones de vida). Todo ciudadano puede, de este modo, exigir la aplicación del derecho a la vivienda frente a un juez, garante de dicho derecho y con potestad para sancionar al Gobierno de la Ciudad en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

En este nuevo escenario político, dos actores se volvieron centrales. La Defensoría del Pueblo de la CABA, creada en 1996 bajo el modelo del ombudsman, con el propósito de asegurar la defensa y la promoción de los derechos humanos garantizados por la constitución de la Ciudad, recibe las quejas de los ciudadanos e instruye sus casos. Dicha entidad tuvo un rol estratégico a la hora de hacer pública la gravedad de la situación habitacional. Por su parte, en un clima de fuerte crisis, la Comisión de la Vivienda de la Asamblea Legislativa26 logró la sanción, en 2004, de la “ley de emergencia habitacional”, suspendiendo por tres años los desalojos de edificios y terrenos pertenecientes a los gobiernos de Ciudad y Nación y participó de modo activo en el impulso al activismo judicial en la resolución de litigios y conflictos habitacionales.

Las acciones de ambas instituciones se articulan con los movimientos de derechos humanos. La confluencia entre los movimientos por el acceso a la vivienda y las asociaciones de defensa de Derechos Humanos surge bajo la dictadura y durante la transición a la democracia. Tal es el caso del influyente Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),27 que nació durante la dictadura (1979), o de la sede argentina de la organización Cohre (Center on Housing Right Evictions),28 establecida en el país en 1994. Estas ONG, organizadas en red y con un fuerte vínculo con los ámbitos académicos, militantes y políticos, producen conocimiento experto y se nutren de los documentos internacionales para la defensa de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales. Sus actuaciones generan jurisprudencia en una constante y cada vez más ardua contienda jurídica (Royo, 2011). En definitiva, estos nuevos actores son la punta de lanza de la batalla política y judicial en la pugna por el efectivo cumplimiento del artículo 31 de la Constitución, frente al Gobierno de la Ciudad y, en particular, a la institución gestora de la vivienda social, la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) /Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad:
gestionando caso por caso bajo condiciones de emergencia

La Comisión Municipal de la Vivienda es el otro actor clave para entender la acción pública en materia de vivienda en Buenos Aires.

Oficialmente, esta agencia nació en febrero de 1967, durante el gobierno militar de Carlos Onganía, con el objetivo de promover la vivienda de interés social destinada a sectores de “bajos ingresos residentes en la ciudad de Buenos Aires y en los partidos de la provincia que integran el Gran Buenos Aires”. Así lo dice el actual portal de la institución en 2008. Lo que no menciona es que la cuestión villera dominó todo su accionar en pos de una triple tarea: congelar, desalentar y erradicar las villas miseria.29 La desconfianza absoluta que reina entre los habitantes precarios y la institución se enraiza en este pasado. “La CMV es el enemigo.”30 De hecho, la política de la CMV fue enteramente dominada por el objetivo de erradicar las villas ubicadas en el corazón mismo de la ciudad y reubicar la población en grandes conjuntos y núcleos “transitorios” localizados casi exclusivamente en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Soldati, Lugano) o en el conurbano. Los resultados de esta política desembocaron en una agudización de la segregación metropolitana. Hoy en día, estos monoblocks (conjuntos habitacionales en altura) muestran un marcado deterioro habitacional y son un ingrediente más y explosivo de la crisis actual de la vivienda.31 Desde su inicio, la CMV fue un campo de batalla política e ideológica aun dentro del peronismo, entre los defensores de la urbanización in situ, que proponían la integración de las villas a la trama urbana, y los adeptos a su erradicación y al desplazamiento de sus habitantes hacia los municipios del conurbano. La última dictadura (1976-1983) concretó la deportación de los villeros al conurbano.

Tras el retorno de la democracia (1983), el déficit de legitimidad de la institución jamás fue subsanado. Su funcionamiento interno ha sido, así, objeto de numerosas críticas por su opacidad y su avanzado grado de burocratización. Pero, sobre todo, continúa siendo un campo de batalla en el que se esgrimen los intereses contradictorios de una larga gama de actores: cinco directores nombrados por el poder ejecutivo de la CABA, en función de un sistema de reparto partidario; un reducido grupo de contratistas que monopoliza en gran parte las licitaciones; el sindicato de empleados municipales, perteneciente al Sutecba (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires), que busca captar mediante presión corporativa una parte de la vivienda producida para sus agremiados32 y, por último, los referentes de las villas. Estos últimos son una pieza clave en el dispositivo, ya que juegan un verdadero rol de bróker entre la institución y la población villera. La ejecución del censo, pieza fundamental de la constitución de la lista de solicitantes, y la realización de las elecciones de representantes vecinales son dos misiones fundamentales del CMV/IVC. El poder de control de estos líderes barriales (especialmente del voto) reside en su participación en la definición de las listas de beneficiarios de los programas de vivienda social.33

Así, a su condición de gigante burocrático, atravesado por numerosos intereses corporativos y partidarios, deben agregarse las recurrentes críticas a su accionar y a su trayectoria. Se le reprochan tanto la falta de inteligibilidad de su estrategia para la reducción del déficit habitacional como la poca continuidad de los dispositivos implementados para ese fin. La subejecución de los presupuestos34

y el retraso en los programas de construcción son ya problemas crónicos. Todo ello sin contar el estado de abandono y deterioro de los conjuntos habitacionales que dependen de la CMV/IVC, cuya regularización de dominio se ve dificultada por la complejidad del estatus de los ocupantes.

Las conflictivas relaciones con las organizaciones de “Sin techo”, inquilinos precarios y villas, la preeminencia del principio de “emergencia” en sus actuaciones –debido a las dificultades para reabsorber los graves efectos de la crisis del 2001– y la rotación constante de directores generales y sus agendas de gobierno generan una acción pública totalmente fragmentada, donde cada intervención es un caso aparte. “No existe política de Estado para la vivienda; no hay ninguna visión a medio plazo, ninguna continuidad en los programas, no hay consenso ni se discute sobre lo que podría ser esa política…”35

Estas declaraciones de un exdirector del IVC ponen de manifiesto las tensiones, tergiversaciones y conflictos alrededor de la cuestión de la vivienda, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires. Las entrevistas con los sucesivos directores de la CMV/IVC confirman dicha visión.36

La particularidad de cada caso, así como las intervenciones de emergencia, parecen ser rasgos característicos de la regulación del déficit habitacional en la capital argentina. Aun sin suplir dichos déficits, estas modalidades de gestión han hecho del IVC un dispositivo esencial para el acceso a la vivienda, en constante y conflictiva relación con los movimientos urbanos, altamente divididos y fragmentados.

¿Quiénes son los beneficiarios de la política de la CMV? ¿Se debe hacer participar a los habitantes de las definiciones de las políticas? ¿Quién construye, las organizaciones o las empresas? Las divergencias entre dos modos de intervención y estilos de gestión –uno más político en proximidad a las organizaciones, el otro más técnico y despolitizado– son una constante en el período. De hecho, estos modos y estilos de gobierno en la CMV se han ido confrontando durante estos años.

El primer modo se expresa en plena crisis, en el 2000 y bajo presión de los movimientos sociales. Se votó la ley 341, con el fin de dar solución al número creciente de personas alojadas en hoteles o que vivían en la calle. Al permitir por primera vez el otorgamiento de créditos a grupos organizados para la compra de terrenos o inmuebles vacíos, el Programa de “Autogestión para la Vivienda” (PAV) fue sin duda el cambio más importante en materia de política habitacional y territorial. Permitió la institucionalización de la participación de las organizaciones sociales en la definición e implementación de las políticas de vivienda, recuperando las experiencias y saberes de los movimientos y organizaciones que defienden la idea de la “producción social del hábitat” desde hace 30 años.37

Sin embargo, una vez pasada la crisis, el jefe de gobierno tomó distancia de la gestión anterior, tildándola de “clientelista y demagógica” e ineficiente, cooptada por organizaciones militantes.38 Decidió separar de su cargo al presidente y nombrar en la presidencia del IVC a un ingeniero proveniente del mundo empresarial, hostil a las soluciones “alternativas” y partidario del modelo “viviendista” chileno. Este endureció las condiciones de acceso al PAV y paralizó muchas construcciones,39 al punto que, aun cuando algunos de los proyectos tuvieron un carácter ejemplar –como el complejo de 364 viviendas de Monteagudo construido por el Movimiento Territorial de Liberación (MTL)–, de los 13 terrenos y 110 inmuebles adquiridos por las cooperativas, solo 7 proyectos fueron finalizados entre 2002 y 2007.40

Esto va de la mano con la remodelación político-administrativa de la CMV en 2003, que tomó el nombre de IVC (Instituto de la Vivienda) y ratificó el manejo de la institución por el ejecutivo local. Esto se da contemporáneamente a la renacionalización de la política de la vivienda. A partir de 2004, la inyección de fondos en todo el país por el Plan Federal de la Vivienda (PFV) se tradujo, en la capital, en la reactivación de la construcción de vivienda social. El IVC trató de retomar la construcción de grandes complejos a través de empresas constructoras. Siguiendo la tradición de los setenta, la demanda se canalizó a través de las estructuras sindicales y mutualistas. Sin embargo, la ejecución del PFV se topó en la ciudad con barreras más fuertes que en el conurbano, en materia de normas ambientales, de rareza y alto precio del suelo urbano (ausencia de grandes parcelas) y de violencia de los conflictos (Ostuni, 2009).

De hecho, en virtud de la aplicación de la Ley 148 de mejora de las condiciones del hábitat in situ, la mayor parte del presupuesto del PFV fue dirigido al programa de urbanización de las villas,41 por medio de la técnica del esponjamiento. Dicha técnica implica disponer de parcelas próximas a la villa, para realojar a los habitantes desplazados durante las obras de remodelación. Estas operatorias, ciertamente delicadas, revelaron las dificultades de implementación del programa, causadas principalmente por las tensiones alrededor de las implicancias catastrales y de escrituración, y por la desconfianza reinante entre el IVC y los grupos de solicitantes de vivienda. El peso de las herencias pasadas y de la alta conflictividad marcaron todo el proceso.

En 2007, la victoria de la derecha liberal en las elecciones a jefe de gobierno frente a un peronismo dividido marcó un cambio de estrategia y llevó al desmantelamiento del Instituto de la Vivienda. Desde entonces, las competencias del IVC se limitaron a la gestión de algún que otro programa de vivienda (PRIT) y a la administración siempre problemática de su parque de monoblocks (Schijman, 2013). En gran parte, la urbanización de las villas fue transferida a la Corporación Sur, una agencia municipal creada en el 2000 para la dinamización de los barrios populares del sur de la Ciudad Autónoma. El nuevo ente gestor rompió con las políticas del equipo anterior, que fueron calificadas de “demagógicas, muy costosas y generadoras de múltiples conflictos”. El esponjamiento es declarado inservible para la situación actual, a raíz de la “llegada de familias paraguayas y bolivianas”, que no son contempladas en los censos y que hacen valer su “derecho a la vivienda”, basándose en la reagrupación familiar. El programa “PRO-SUR Hábitat”, que pretende inspirarse en el modelo Favela Bairro, se limita al ensanche de calles y a la regularización de dominio cuando fuere posible. Todo ello para frenar la deriva de favelización enarbolada constantemente en el relato sobre la inseguridad por las nuevas autoridades.42 El único presupuesto que aumentó fue el de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), dedicada a las políticas asistenciales. Se destinó al aumento de ayudas dirigidas a las personas en situación de calle para incentivarlas al regreso a su provincia de origen o para la adquisición de una pequeña construcción en el conurbano. Fue un regreso a la vieja práctica de “echar a los pobres fuera de la capital”.

La gouvernance desde el territorio

El conjunto de políticas mencionadas hasta ahora nos llevan hacia el sur, donde se concentran programas y conflictos debido a la fuerte territorialización de la crisis habitacional. Esta no solo confronta a inquilinos precarios y sin-techo con el Estado, sino también a distintos barrios entre sí, en una competencia de legitimidades y por el derecho a una respuesta rápida a sus demandas.

El dispositivo espacial del sur

El “uso del espacio” es un ingrediente central de la naturaleza y de las formas que tomaron los múltiples conflictos en el sur de la ciudad a lo largo de la última década. Las erráticas políticas de vivienda se inscriben así en un dispositivo espacial y político especialmente sensible y vulnerable, resultado de la cristalización de sucesivos –y a menudo contradictorios– planeamientos por las autoridades que han gobernado Nación y Ciudad. Las promesas peronistas de los años cincuenta y sesenta (Los Perales), las cicatrices dejadas por la dictadura militar (las villas y expropiaciones) y la manifestación de grandes desigualdades de la década liberal son visibles en un mismo espacio, el sur erosionado por la pobreza.

Aquí, las virtudes “igualitarias” de la “grilla” (trama) porteña se hacen a un lado, dando lugar a un mosaico de espacios vacíos o “huérfanos”: inmensos parques sin mantenimiento cuyo espacio se disputa la población en busca de un sitio en el que vivir –así nos lo recordó el episodio del Parque Indoamericano en diciembre del 2010–, almacenes e instalaciones de empresas ferroviarias o espacios residenciales degradados y vivienda precaria. Los distintos tipos de hábitat popular y su imbricación en el sur de la ciudad contribuyen a endurecer las luchas por conseguir y mantener un lugar en ella. Monoblocks, villas de emergencia y barrios obreros de pequeñas viviendas conforman territorios fuertemente organizados por potentes códigos espaciales de entrada y filtraje (Lussault, 2009).

A diferencia de los barrios cerrados, las “fronteras” no se constituyen de muros, sino de enrejados alrededor de los nuevos inmuebles, de barreras urbanas levantadas por las propias vías férreas o incluso por los parques y campos de deporte, conformando suertes de trincheras entre los distintos tipos de hábitat. En el interior de estas fronteras se inscriben formas de control social y político e identidades territoriales exacerbadas por el empobrecimiento de las clases medias de los años 90 y la inclinación hacia políticas de combate a la “inseguridad” que hicieron prevalecer las expulsiones forzosas y el alojamiento transitorio por sobre la producción de vivienda. En este contexto, cada barrio “construido” bajo estas pautas representa un objeto espacial relativamente autónomo, una comunidad social específica. En sus movilizaciones, los habitantes apelan a una legitimidad enraizada en el recuerdo de las circunstancias históricas de la creación de su barrio, en la historia de sus luchas y en las adversidades cotidianas.

El PFV vino a reforzar el histórico modelo segregador que separa el norte del sur. De las 5.000 viviendas que se construyeron en Buenos Aires entre 2004 y 2010 (de las 11.000 previstas inicialmente), tres cuartas partes se sitúan en el sureste de la ciudad (Lugano, Parque Avellaneda, Bajo Flores). Las organizaciones sociales que habían dado su apoyo al PAV propugnaban la necesidad de preservar la heterogeneidad de la población en los barrios como factor esencial de la “ciudad democrática”; sin embargo, casi todos los terrenos de las cooperativas de vivienda se concentraron en la misma área (Verger, 2012). Asimismo, las operaciones de “redinamización del sur” (reciclaje de viejos edificios industriales y desarrollo del turismo) iniciaron, a partir de los años 90, un proceso de gentrificación en los barrios de la Boca y Parque Patricios, encareciendo el precio del suelo (Herzer, 2008). Dicho proceso se ve hoy en día amplificado por el actual gobierno con los proyectos de descentralización de una parte de la administración municipal, reduciendo cada vez más “el espacio legítimo de los pobres” hacia los conflictivos barrios de Lugano y Soldati.

Vecinos, villeros, okupas

La concentración de los nuevos programas de vivienda reactiva la demanda, suscita reclamos y aviva conflictos en el Sur. Aquí, las formas de regulación pública y de defensa del derecho a la vivienda “rebotan” (Melé, 2012) contra las concepciones locales de los vecinos acerca del propio derecho y sobre lo que consideran justo y aceptable.

En Buenos Aires, el término “vecino”, entendido como el habitante de un barrio, es una categoría clasificatoria en términos cívicos y morales. Desde la aparición de las primeras villas de emergencia, la oposición entre villa y barrio estructura el imaginario político y las representaciones sociales. El “villero” es percibido como la negación misma del “vecino” en tanto propietario y ciudadano.43 Hoy en día, la categoría “vecino” es usada cotidianamente por la prensa; su uso se ha extendido a todos los habitantes. La concepción del vecino, elemento nodal de los barrios y de la urbanidad porteña, alimenta actualmente los conflictos en la medida en que refuerza la idea de la “proximidad” como fuente de derechos sobre el entorno cercano, ya sea para bloquear proyectos de vivienda social en pos de mantener una buena vecindad o para exigir, vía acción directa o judicial, ser ellos mismos los beneficiarios.

Otra categoría impuesta en los últimos años vino a complejizar la antigua oposición binaria entre “vecinos” y “villeros”, los “okupas”. Esta refleja la situación de extrema tensión alrededor de la vivienda y la aparición de nuevos repertorios de acción, así como la mayor visibilidad de la crisis. Dicho término, usado en España para designar las ocupaciones “militantes” en sus ciudades durante los años 80, es ampliamente usado por la prensa para denominar tanto a los “intrusos” en inmuebles vacíos, como a las tomas de tierra, siendo la del Parque Indoamericano en diciembre del 2010 la de mayor visibilidad. Es igualmente atribuido a los que ocupan, de manera pacífica o violenta, las viviendas sociales antes de que estas sean otorgadas a sus beneficiarios. En definitiva, okupa parece estar convirtiéndose en un término genérico para calificar las diversas formas “ilegales” por las que las clases populares pueden obtener un lugar en la ciudad.

No se pretende aquí generar un análisis exhaustivo de los conflictos que nutrieron los diez últimos años. Fueron muchos. Dentro de su diversidad distinguiremos dos tipos ideales: por un lado, los conflictos de proximidad, relacionados con la localización de los programas de vivienda del PFV como expresión de la voluntad de los vecinos de regular y delimitar las distancias entre “establecidos y outsiders” (Elias y Scottson, 1965); por otro lado, los conflictos fruto de la competencia entre grupos de vecinos por el acceso a los recursos espaciales de proximidad. En cualquier caso, dichos conflictos estuvieron fuertemente politizados, más aun si se considera el clima de efervescencia de las protestas tras 2001 y la ampliación de los derechos humanos constitucionales.

Casa Amarilla. Conflictos de uso, conflictos de vecindad

Las controversias alrededor de las doce hectáreas de terreno de la Casa Amarilla ubicadas en el barrio de La Boca, adquiridas por la municipalidad en 1981, son emblemáticas de la penetración de la magnitud de la cuestión del suelo, pero también de la exacerbación de los conflictos sobre uso, vecindad y su judicialización. Cuando el IVC anunció en 2004, y sin proceso de concertación, la construcción de 1231 viviendas en el terreno de la Casa Amarilla, los vecinos se reagruparon inmediatamente en el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, oponiéndose al proyecto en nombre de la defensa de uno de los pocos espacios verdes del barrio. Sin lugar a dudas, detrás de los “vecinos” y del argumento medioambiental se escondía un conjunto muy heterogéneo, un actor multiforme que enmascaraba intereses muy diversos y a menudo divergentes. Entre ellos estaban los pequeños agentes inmobiliarios de La Boca, que querían revalorizar su parcela, los ecologistas apoyados por Greenpeace y los partidarios del reciclado de viejos inmuebles para el desarrollo de proyectos de cooperativas autogestionadas, dentro del marco de la Ley 341.

El Movimiento presentó un recurso legal que derivó en la suspensión del proyecto en 2006 debido a que no respetaba los procedimientos de estudio de impacto medioambiental exigidos por la Constitución de 1994 (art. 41). Ese mismo año la Asamblea legislativa votó el plan de emergencia para la construcción de viviendas en las parcelas vacías de la trama urbana del barrio, tal y como pedían los “vecinos”. No obstante, la alternancia política del 2007 barajó de nuevo las cartas.

El gobierno del PRO (Propuesta Republicana) y su proyecto de venta de los terrenos de la Casa Amarilla al Club Boca Juniors (cuyo antiguo presidente no es otro que el nuevo alcalde) hacen entrar en escena a un actor hasta ahora “dormido”, la Asociación Civil de la Casa Amarilla, constituida en 2004 por un grupo de preadjudicatarios de las viviendas sociales del proyecto Casa Amarilla.44 Dicha asociación, cercana a la antigua administración kirchnerista del IVC y al sindicato de empleados municipales (principales beneficiarios de la preadjudicación), elevó el asunto a los tribunales, que intimaron al IVC y a las autoridades de la ciudad a destinar los terrenos a los usos previstos por el IVC: la construcción de vivienda social. En diciembre de 2012, tras ocho años de proceso judicial y controversias, se alcanzó un acuerdo entre ambas partes para la reformulación del proyecto, restringido a la construcción de 438 viviendas bajo el control de la Asociación.45

Estas peripecias dan cuenta del avance de la participación ciudadana, inscrita en un proceso abierto por las asambleas de barrio en el 2001 y en la capacidad de sus habitantes para organizarse e introducir en la agenda pública las controversias relacionadas al uso del suelo y al medioambiente. También muestran el poder de los jueces y de la judicialización de los conflictos e, in fine, la permanencia de los arreglos políticos. El movimiento vecinal es desestimado y deslegitimado al ser acusado por la dirección del IVC y la Asociación civil de Casa Amarilla de nymbismo46 o acaso de xenofobia. Según el IVC, los “vecinos” habrían rechazado la idea de levantar frente a sus puertas “un Fuerte Apache”, metáfora usada para designar a los monoblocks, considerados “villas en altura”47 en el imaginario porteño. Esta interpretación no deja de sorprender, ya que la institución se mostró permeable al discurso de los “vecinos” y su rechazo a formas de “mixtura”.48 Más aún, este rechazo es a menudo asumido por la institución misma tal como lo demuestran sus formas de actuación y funcionamiento pasadas y presentes.

Bajo Flores: ¿derecho a la vivienda o mercancía política?

Los conflictos también se dan entre los “vecinos” de los complejos habitacionales y los de los asentamientos y villas por la competencia en el acceso a nuevos programas de vivienda social. En gran medida, estos conflictos están ligados al propio funcionamiento del IVC o son amplificados por las prácticas de este: la permeabilidad a la presión vecinal; la ausencia de reglas claras para la atribución de viviendas nuevas, sobre todo en los procesos de urbanización de villas; el retraso en la ejecución de los programas; el peso del sindicato de empleados municipales; la corrupción, y la fragilidad institucional. Todos estos rasgos activan la conflictividad y el recurso a la violencia en un contexto de fortísima rivalidad entre potenciales beneficiarios, continuamente redirigidos a las ventanillas del IVC, engañados y suspicaces, hartos de promesas no cumplidas. La situación de crisis es tal que cada intento de arreglo pone de manifiesto un nuevo problema. Todo ello en un perímetro que es un auténtico polvorín, debido a las continuas expulsiones49 y al aumento de la población en las villas, cuyos habitantes se reivindican también como vecinos y quieren hacer valer su derecho a la vivienda y a la ciudad.

Los conflictos que estallaron en la zona de Bajo Flores, entre 2006 y 2007, alrededor de la atribución de nuevas viviendas construidas en el marco del programa de urbanización de villas, ilustra este tipo de casos. El operativo de esponjamiento de la Villa 1-11-14 se inserta en un dispositivo territorial particularmente tenso. Colindante a la Villa 1-11-14, una de las más pobladas del sur, se ubican los dúplex del barrio Rivadavia, construidos a fin de los años cincuenta para relocalizar a los villeros.50Estos dúplex se encuentran sobrepoblados y en estado de degradación avanzada desde hace “cuatro generaciones”. En 2006, las viviendas nuevas fueron asaltadas, saqueadas y destruidas. Los vecinos se acusan mutuamente de la toma. Pero un año más tarde, en período de elecciones municipales y en vísperas del cierre de listas, el edificio fue nuevamente ocupado y saqueado por los habitantes de los dúplex, reivindicando la anterioridad de su derecho por sobre los villeros. “Nosotros, los del barrio Rivadavia, fuimos los que defendimos esos terrenos para que se construyeran las viviendas y ahora nos dejaron de lado en el reparto. En principio iban a ser para todos los hijos y nietos de los antiguos ocupantes del barrio, pero al final muchas de las casas fueron a parar a manos de otras gentes que no tenían el mismo derecho”.51

Los rumores, retrasos, papeleos catastrales y también la xenofobia generaron la cólera de los ocupantes, que exigieron, como condición para evacuar el lugar, la realización de un nuevo censo que los incluyera en la lista de futuros adjudicatarios. ¿Quién se encarga del nuevo censo? ¿Quién controla las atribuciones? La violencia –como en los casos de saqueo de los departamentos del Bajo Flores– da cuenta de la ineptitud de la política de vivienda en la ciudad de Buenos Aires y pone también de manifiesto el papel central del puntero,52intermediario entre población y gobierno. Pese a la voluntad del gobierno de la ciudad de establecer en 1998 elecciones democráticas para la elección de representantes en las villas (delegados), los partidos políticos mantuvieron, en su totalidad, relaciones estrechas, casi simbióticas con los punteros. Al ser estos los que tienen potestad sobre los registros y los censos, la población ha tomado por costumbre no hacer valer sus derechos frente a las instituciones a cargo, sino frente a él, ya que lo consideran un intermediario político con acceso a recursos.53 Los episodios de violencia colectiva se vuelven un modo de acción de los líderes para conservar su poder sobre los barrios y los recursos a los que están asociados, así como para impedir la intervención de las autoridades en la villa. Como señala Javier Auyero (2007), estos “productores de violencia”, alojados en el seno de los partidos políticos, promueven las invasiones de viviendas para asentar su influencia. Este tipo de relaciones muestran la fuerza de las interacciones entre el establishment político, los activistas de base y la policía.

Conclusión

Buenos Aires es regularmente sacudida por violentos conflictos, surgidos por la defensa de un lugar en la ciudad. La gran visibilidad de lo “político” en la capital argentina hace parecer más relevantes situaciones conflictivas que son, en realidad, comunes al conjunto del continente. El análisis de conflictos alrededor de la vivienda permite esclarecer algunas de las evoluciones características de las formas contemporáneas de gouvernance de las ciudades latinoamericanas: la tensión entre legitimidad y legalidad y la porosa frontera entre lo legal y lo ilegal (Duhau y Giglia, 2008).

El recurso a los tribunales pareció emerger al principio de este período como una manera de destrabar conflictos, canalizándolos a través de procedimientos formales y pacíficos. Sin embargo, la resolución jurídica se muestra hoy como una vía especialmente cuestionada, a causa de las contradicciones existentes entre corpus normativos, producidos por actores institucionales que compiten entre sí, y por la sensibilidad de la jurisprudencia ante las intervenciones del actor popular. La tensión entre legitimidad y legalidad es pues el primer factor de evolución de las “reglas del juego urbano” (Bourdin et al., 2006). A los ojos de los movimientos urbanos, la ocupación es fuente de derechos sobre el terreno ocupado. Las movilizaciones y conflictos que le siguen tienen por objetivo la actualización de dichos derechos y su validación definitiva. Los procesos de regularización aseguran el tránsito entre lo que es legítimo (la ocupación) y lo que es legal. La radicación de villas atestigua la vigencia de este proceso en Buenos Aires. Observamos que este proceso de creación de nuevos derechos se sustenta en la afirmación de un vínculo entre la ocupación de un lugar y el derecho a incidir sobre el devenir de las parcelas contiguas. Por cierto, dicha reivindicación no es monopolizada por el movimiento de ocupantes “ilegales”; es ampliamente compartida por asociaciones de vecinos y de propietarios. Esta explica también el éxito del ecologismo político en el seno del movimiento urbano. La temática del medioambiente permite desplazar el debate del desfavorable terreno del derecho a la propiedad al todavía flexible ámbito de la nueva legislación medioambiental. Esta estrategia de evitamiento y selección de registros jurídicos es todavía más visible en los casos de movilizaciones impulsadas por asociaciones en defensa de los derechos a la vivienda. Tanto en Argentina como en el resto de América Latina, una vez concluida la transición democrática, numerosos equipos de juristas se han dedicado a extender la concepción local de los Derechos Humanos.

“En este nuevo contexto, la judicialización de los conflictos se muestra como una alternativa pertinente para los movimientos, a menudo desgastados por años de movilizaciones infructuosas. No obstante, no ha simplificado la geografía de los conflictos en la capital argentina. Por un lado, la vía judicial está también abierta al actor público y este no se priva de utilizarla en defensa del derecho a la propiedad frente a legitimidad informal de los okupas. Por el otro, la superposición entre distintos registros jurídicos plantea el problema de sus campos de aplicación y su precedencia. ¿Qué derecho prevalece en los conflictos urbanos? ¿El derecho humano a una vivienda digna de los ocupantes ilegales? ¿El derecho de propiedad del propietario original de la parcela? ¿O el derecho de los vecinos de poder velar por el uso final de sus inmediaciones? Esta situación desemboca en un tratamiento caso por caso y en una jurisprudencia contradictoria, a menudo dependiente de la personalidad de los jueces encargados de cada asunto”. (Prévôt-Schapira y Cattaneo Pineda, 2014)

Las categorías y delimitaciones que estructuran la política de vivienda en Buenos Aires son asimismo maleables, constituyendo así el núcleo de la confrontación entre actores públicos y actores sociales. La definición de la frontera entre legalidad e ilegalidad está en el centro de los conflictos sobre la vivienda. El poder de las autoridades públicas se manifiesta en una cantidad de actos aparentemente administrativos, pero que son en realidad esenciales en el tablero político local: el registro censal de eventuales beneficiarios de programas estatales, la demarcación de los perímetros de intervención de instituciones como el IVC o la Corporación Sur, o la clasificación de las formas de hábitat informal en la ciudad. Ante una situación de escasez sostenida, la integración o exclusión en estos dispositivos constituye una potente palanca de control de los movimientos urbanos a través de los distintos componentes del aparato estatal. Aun así, los grupos organizados de habitantes precarios no se conforman con ser las víctimas pasivas de estos dispositivos. Sus movilizaciones tienen por objetivo presionar al actor público para que se desplace el límite entre lo que es considerado ilegal y legal. Tienen en la mira los procedimientos de categorización del Estado: ¿según qué criterios se define la localización de las escasas ayudas a la vivienda?, ¿cómo eludir la etiqueta de nuevo asentamiento urbano para poder beneficiarse de la clasificación protectora de villa histórica? Las prácticas de tomas, invasiones y otras violencias son asimismo un intento de desatascar dicho mecanismo introduciendo la urgencia en conflictos que son ya crónicos.

Sin embargo, los márgenes de acción del movimiento urbano son cada vez más exiguos ante el avance del frente inmobiliario en los espacios antaño copados por viviendas populares. El Sur de Buenos Aires era un espacio socialmente tolerante con las modalidades informales o ilegales de hábitat popular. Estas compiten hoy en día con los usos legales del espacio, sobre todo por la extensión de la actividad inmobiliaria hacia los barrios turísticos y residenciales de San Telmo, Parque Patricios, La Boca y Barracas. Cabe recordar que los conflictos estudiados tienen lugar en una metrópolis involucrada en un proceso de globalización. El dinamismo inmobiliario responde cada vez en mayor medida a la demanda internacional. Se instalan así en la ciudad los nichos más rentables de dicho mercado: la hotelería clásica, apart-hoteles y torres premium para inversores extranjeros. Si bien la implantación de este tipo de inversiones es selectiva y se concentra en espacios específicos, sus impactos contribuyen a la revalorización del suelo, en el conjunto del territorio metropolitano. Tanto en Buenos Aires como en las demás capitales latinoamericanas, la respuesta a esta pregunta –¿quién se apropia del espacio?– es más crucial que nunca para la gobernanza metropolitana. ◙

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*Una primera versión de este trabajo, Prévôt-Schapira, Marie-France & Cattaneo Pineda, Rodrigo, “De la lutte des places à Buenos Aires. Crise du logement et boom immobilier (1990-2010)”, se publicó en Christian Azaïs et Marielle Pépin-Lehalleur (dir.), Modes de gouvernance dans quatre métropoles latino-américaines (Buenos Aires, Caracas, Mexico et São Paulo), entre logiques institutionnelles et acteurs, Bruxelles, Peter Lang, [2014], 330 p.
Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas agradece a Marie France Prévôt-Schapira, miembro de su Comité Internacional, la autorización para la traducción de este trabajo y su posterior revisión para esta publicación.
**Traducción de Juan Campoamor Zelich. Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona (2015), maestrando en Políticas Sociales Urbanas por la Universidad Nacional Tres de Febrero (2017). 1Programa de investigación “Enjeux urbains et gouvernance dans quatre métropoles d’Amérique latine” (Metraljeux), financiado por la ANR (Agence Nationale de la Recherche). En este marco, realicé un trabajo de campo en las ciudades de México D.F. y Buenos Aires, en los años 2008-2010. Este artículo corresponde al estado de la investigación en ese momento; otros trabajos fueron publicados más tarde. 2La última misión de la ONU-Hábitat tiene fecha 21 de abril de 2011 y estuvo bajo la dirección de Raquel Rolnick. 3El conurbano –es decir las 24 municipalidades que lo componen– ha visto aumentar su población en 1,3 millones de habitantes (+ 14,2%), entre 2000 y 2010, y alcanzó los 9.910.283 millones de habitantes (Censo 2010). 4Con alta y baja. En 2001, más del 50% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Indec). Después de 2003, la pobreza bajó de modo significativo; sin embargo, después de 2007, las cifras del Indec han sido poco confiables. 5El término villa miseria aparece por primera vez en la novela de Bernardo Verbitsky (1957), Villa miseria, también es América. 6En Argentina, la vivienda social, a diferencia de Francia, es en acceso a la propiedad. 7“Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca, para el que acepte pautas de una vida agradable y eficiente”, Declaración del intendente Guillermo del Cioppo, responsable de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) durante la primera dictadura (1978-1983) y responsable de la operación de erradicación de las villas-asentamientos informales en la capital. Esta frase dio lugar al título del clásico libro de Oscar Oszlak, Merecer la ciudad. (Nota de la editora: La reseña a su segunda edición –Eduntref, 2016– se incluye en este número de Ciudadanías). 8En abril de 1980, la circular 1050 del Banco Central permitió la indexación de los créditos hipotecarios en función de la tasa de interés medio usada por las entidades bancarias locales. 9Se aprobaron y aplicaron nuevos marcos normativos que excluyeron a los sectores populares del acceso a la ciudad, como el Decreto-Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la provincia de Buenos Aires y el Código de Planeamiento Urbano en la ciudad capital (ambos sancionados en 1977). 10La expresión barrios bajo planes es usada en Buenos Aires para describir este tipo de espacios. 11La catástrofe ferroviaria de la Estación Once del 22 de febrero de 2012 causó 51 muertos. Fue la más mortal dentro de una larga lista de accidentes y averías que han marcado los últimos 20 años. 12Este tipo de dispositivos fueron desplegados por el gobierno federal en 2004 en las villas de La Cava, en San Isidro; de Carlos Gardel, en Morón; en el complejo habitacional Ejército de Los Andes, más conocido como “Fuerte Apache”, en Tres de Febrero y en el barrio Mi Esperanza, en la Matanza. 13En efecto, el “descubrimiento” de la ausencia de suelo público generó la implementación de un dispositivo que delegaba en los constructores privados la compra de terrenos para construcción de vivienda social. Por razones de costo, estos últimos promovieron la construcción de viviendas sociales en zona alejadas, reforzando los procesos de exclusión de los más pobres (Del Río, 2009). 14La población de las villas y asentamientos se estimó en dos millones para el conjunto del Área Metropolitana en 2010 (Indec). 15La Nación, “La venta callejera se adueña de la ciudad”, 05/03/2004. 16Mauricio Macri, electo en 2007 y reelecto en 2012, reintrodujo la figura jurídica del “merodeo y acecho”. Las operaciones de “limpieza” fueron llevadas a cabo por la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), creada en 2008 para “mantener el espacio público libre de usurpadores” y en nombre del respeto al “buen uso del espacio público”. Fue disuelta a finales de 2009, por repetidas denuncias de violaciones a derechos humanos. 17El Estado conserva el 43% de las acciones pero la presidencia del Directorio fue sin embargo concedida a los promotores privados, encabezados por el principal accionario del BHN, IRSA, con el 29,8% de las acciones. 18Corralito es el nombre que se le puso al congelamiento de los haberes bancarios decretado por el gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, que desencadenó la crisis político-institucional. 19En la CABA, mientras que en el año 2001 eran necesarios 9,1 Años de Ingreso Promedio (AIM) para acceder a una unidad de tres ambientes a estrenar, en el año 2009 eran necesarios 13,7 AIM. Ello se tradujo en un aumento del número de inquilinos, que pasaron de representar el 22% de los hogares en 2001 al 30% en 2010. 20“Diagnóstico Institucional: Asentamientos precarios, Villas, NHT, Inmuebles Intrusados, Barrios municipales, Complejos habitacionales”. Informe Espacial, UPE Nº 3, Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, 2007. La Sindicatura General creada por la Constitución de la CABA en 1996 (art. 133) ejerce una actividad de control similar a las funciones del Tribunal de Cuentas en Francia. 21Desde 1985, el gobierno de la ciudad puso en marcha formas de alojamiento provisorio en los hoteles, pero en 2001 puso fin a esta política a través de una indemnización global para que la población se fuera de los hoteles, todo ello sin proveer una solución duradera a largo plazo. 22Entrevista con Silvia Penella, responsable del área vivienda en la Defensoría del Pueblo y autora de dos documentos importantes: Informe sobre los desalojos y la crisis de la vivienda en Buenos Aires, Buenos Aires, 24 de septiembre 2008. 23www.buenosaires.gob.ar/.../villa_31_y_31_bis.pdf. El crecimiento de la villa 31/31bis –cuya población se ha multiplicado por dos desde 2001– se vio fuertemente alimentado por la migración de las provincias del norte de la Argentina y de los países limítrofes. 24Por decreto presidencial, en julio de 2010 se activó el Plan Cinturón Sur, que se tradujo en el despliegue de gendarmería y ejército en la zona sur, desde La Boca hasta Villa Soldati, “para recuperar el espacio público y la libertad de circular sin miedo” (declaración de Nilda Garré, ministra de Seguridad de la Nación). Dicho ministerio fue creado en diciembre de 2010 tras la ocupación del Parque Indoamericano. 25El proyecto de Puerto Madero en la década menemista encarnó este modelo. 26Entrevista con Facundo Di Filippo, diputado del ARI, presidente de la comisión de vivienda de la ciudad de Buenos Aires, septiembre 2008. 27http://www.cels.org.ar/home/index.php. 28http://www.cohre.org/regions/argentina. 29Eduardo Blaustein, Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación de villas de la última dictadura, CMV de GCBA, 2001. 30Ídem. 31Durante el invierno de 2008, el barrio Luis Piedrabuena, en Villa Lugano, estuvo 6 meses sin servicio de gas. “Atención: estamos muertos. Muertos de frío sin gas. Muertos de sed sin agua. Muertos de miedo de que se nos caiga una escalera, un tanque (de agua), un ascensor o el barrio entero.” Los vecinos del barrio Luis Piedrabuena aseguran que el cartel, pegado en cada una de las torres del complejo habitacional en el que viven 2114 familias –cerca de 16 mil personas–, “no es una exageración” sino “un dato de la realidad que vivimos”. “Ni una buena en el barrio Piedrabuena”, Página 12, 9 de junio de 2008. La urgencia es la misma en los barrios municipales (Samoré, Presidente Illia). Entrevista con Facundo Di Filippo, presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, septiembre de 2008. 32Por lo general, los empleados de la CMV se niegan a ir a las villas. Entrevista con Eduardo Jozami, frepasista, director de la CMV durante el gobierno de la Alianza del 2001-2002, en el primer período del mandato de Aníbal Ibarra. 33“El presidente de la junta vecinal (el puntero) cobraba de todas las empresas de servicio que mandaba la CMV”, entrevista con J. V., responsable de la CMV por la ayuda de emergencia del 2000 al 2001, septiembre de 2009. 34Según la Asociación Argentina del Presupuesto y de la Administración Financiera Pública (ASAP), solo el 50,6% de los créditos destinados a la vivienda fueron usados en el cuarto trimestre de 2010, frente al 66% del año anterior. 35Entrevista con Ernesto Selzer, presidente del IVC de marzo de 2002 a 2006, Buenos Aires, septiembre de 2008. 36Entre 2000 y 2007, se sucedieron como presidente de la CMV:1) Eduardo Jozami, de 2000 hasta abril de 2002; 2) Ernesto Selzer, de marzo de 2002 a 2005; 3) Claudio Freidin, de 2006 a 2007. A partir de 2008, Omar Abboud (2008-2010) es nombrado director de la Corporación Sur, cuya institución fue encargada del programa de Prosur hábitat, mientras que el IVC se quedó con la gestión del PRIT, casi sin capacidad presupuestal. 37En esta experiencia ocupó un papel protagónico el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL). 38“Declararse progresista no significa gestionar bien”, declaración de A. Ibarra, en Schavelzon (2007). 39Entrevista con Ernesto Selzer, Buenos Aires, septiembre de 2008. 40Ernesto Selzer, presidente del IVC de 2003 a 2005, comentó que, como resultado de los juicios en tribunales, el IVC ha debido comprar numerosas parcelas de terreno –alrededor de una centena– pero que tan solo cinco o seis programas han llegado a buen puerto. La utilización del arbitraje jurídico no es más que una malla en la larga cadena de conflictos y negociaciones necesarios para la obtención de la vivienda, entrevista septiembre de 2008. 41PRIT: Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios implementado en 2001. 42“El eslogan una vivienda digna es hoy en día una frase tramposa”. Entrevista con Omar Abboud, presidente de la Corporación Sur (2008-2009), Buenos Aires, septiembre de 2009. 43La experiencia de la dictadura y la adopción de los derechos humanos como uno de los pilares del kirchnerismo superpuso nuevos significados sobre la imagen de los villeros, sin borrar necesariamente las representaciones anteriores. El villero es, de este modo, una figura ambigua. Por un lado, es un sujeto de derechos cada vez más ampliamente reconocido. Pero, por otro lado, el villero sigue siendo el inmigrante, peruano o boliviano, y un delincuente potencial. 44Entrevista con Diego Andrés Basualdo, presidente de la Asociación Civil Casa Amarilla y asistencia a reuniones con los preadjudicatorios, Buenos Aires, septiembre de 2008. Según ellos, la preadjudicación de las viviendas contó con más de 4.000 familias procedentes de toda la ciudad y motivó descontento en la población local, al no darle la prioridad. 45http://deportes.infonews.com/nota/79975/macri-y-su-plan-de-viviendas-para-los-barras. 46Nimby: acrónimo de la expresión inglesa not in my backyard. 47Cf. entrevista con Ernesto Selzer, Buenos Aires, septiembre de 2008. 48“Perfil de los grupos familiares: Tanto la cantidad de unidades a construir como el perfil de los grupos familiares reunidos por la Asociación se ajustan al proyecto en general que sustenta la Corporación del Sur. Organizaciones vecinales de barrios aledaños (Nágera, Samoré y otros) se reunieron con autoridades de la Corporación y están en contra de la erradicación de villas en esos terrenos. La Corporación se comprometió a que el nivel socioeconómico de los nuevos vecinos sería de nivel medio hacia arriba. Las familias que representa la Asociación Mutual mayormente son de empleados de la Legislatura de la Ciudad y empleados públicos en general, lo que no desentona con el perfil deseado”. Cf. http://www.mutual23demayo.org.ar/planvivien.htm. 49La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) procedió a 444 expulsiones de “okupas” en 2009, antes de su disolución tras múltiples denuncias por parte de organizaciones de defensa de Derechos Humanos. 50“La gente del barrio Rivadavia reclamaba un lugar para ellos, porque dicen que hay una postergación. Desde que se hizo el barrio en la década del sesenta, hay cuatro generaciones que no han sido incluidas en las políticas de vivienda”. Página 12, 5 de julio de 2006. 51Página 12, “Viviendas ocupadas y conflicto en la zona del Bajo Flores porteño”, 15 de abril de 2007. Entrevista con Claudio Freidin, presidente del IVC de 2005 a 2007, Buenos Aires, septiembre de 2009. 52Desde principios del siglo anterior, los partidos políticos cuentan con fuerte presencia en los barrios para asegurar sus votos. Con el nombre de punteros se conoce a dirigentes locales de los partidos políticos con estrechos vínculos con el gobierno municipal, que se convierten en figuras clave, tanto en el control de los conflictos cotidianos del barrio como en los momentos electorales. 53“El presidente de la junta vecinal (el puntero) le cobraba a todas las empresas de servicios los servicios sociales de la CMV que enviaban a la villa”. Entrevista con J. V., empleado de la CMV entre 2000 y 2002, Buenos Aires, septiembre de 2009.
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Grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas: ejemplos de Argentina y Brasil.
Beatriz Cuenya

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO EN EL SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Hilda María Herzer

Este artículo examina la vinculación entre globalización, territorio y ciudad, focalizando el análisis en un aspecto de ese proceso que comienza a darse con cierto ímpetu en la ciudad de Buenos Aires desde fines de la década de 1990 hasta el presente. Se trata del proceso de gentrificación que en estos años se ha desarrollado en distintos barrios. Se hace hincapié en el proceso que, desde la década de 1990, tiene lugar en la zona sur de la ciudad.

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La cuestión de la vivienda en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (2003-2008).
María Cristina Cravino

Este trabajo parte de un interrogante presente en el debate latinoamericano en torno a los grandes proyectos: ¿implican estos una subvención al capital inmobiliario, a empresas privadas y a consumidores ricos, a expensas de recursos o patrimonio públicos; o bien el sector público puede capturar las plusvalías urbanas para redistribuirlas socialmente? Para avanzar una respuesta, primero se define el alcance conceptual de los grandes proyectos como herramientas de creación y recuperación de plusvalías urbanas. Luego se presentan algunos ejemplos de Argentina y Brasil, indicativos de tres estrategias de gestión por parte de los gobiernos locales: una regresiva, según la cual los nuevos entornos se financian a costa de recursos y patrimonio públicos; otra más redistributiva, que permite subsidiar a las zonas más pobres con los recursos generados en las zonas de redesarrollo, y una tercera más bien neutra que supone que el redesarrollo se autofinancia con recursos generados por los propios inversores privados y consumidores ricos.

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La juventud en plural: desigualdades, temporalidades e intersecciones.
Ramiro Segura

En este texto de presentación del dosier se plantean los ejes que se desplegaron en la mesa de un seminario en la que participaron especialistas en la investigación sobre juventudes con miras a establecer y profundizar el diálogo y el intercambio a escala regional sobre la temática, no solo en lo relativo a los desarrollos estrictamente académicos, sino también en lo que respecta tanto a las formas en que la investigación sobre juventudes desde las ciencias sociales se vincula actualmente con las políticas públicas como a los desafíos que la investigación social y la política pública sobre juventudes en la región tendrán en el futuro.

Se da cuenta de las miradas convergentes sobre el campo de estudio en juventudes y de las claves de lectura de los especialistas para reconocer la juventud en plural. En esta introducción se destaca cómo la desigualdad, las temporalidades y las intersecciones se constituyen en vectores analíticos desde los cuales se desagregan las juventudes como objeto de estudio.

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Jóvenes entre el centro y la periferia de la ciudad, del Estado y de la academia.
Mariana Chaves

En este escrito se analizan someramente tres campos de producción de lo social desde la perspectiva de la dinámica centro-periferia. Estas categorías tienen cierto potencial creativo para pensar las relaciones de producción del espacio social, pero, además de la ayuda para espacializar relaciones entre diferentes potenciales de poder, estas nociones nos habilitan para estudiar el punto de vista del actor o la visión de mundo. Se trata de conocer quién o quiénes deciden nombrar y logran colocar algo como centro y otra cosa como periferia. Ofrezco como respuesta simplificada anticipada que es desde el lugar donde está posicionado el sujeto, desde donde ve y nombra el mundo. Con esta hipótesis buscaremos pistas para entender el juego de la producción social de: 1) la juventud urbana; 2) las políticas públicas y sociales, que “tocan” a los jóvenes, y fi nalmente; 3) la producción científica sobre juventudes.

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Sensibilidades, derechos y participación juvenil en el escenario político
Itinerarios de investigación y agendas de discusión.
Pedro Núñez

Este artículo aborda la discusión acerca de las formas de participación política juvenil en el periodo entre 2008 y el ciclo político que termina con las elecciones presidenciales de 2015 en la Argentina, aunque se realiza el ejercicio de pensar qué dinámicas adquirieron estos fenómenos en países vecinos. La intención es proponer algunas claves y ejes a considerar como parte de un programa de investigación en la relación entre juventud y política. Para ello se analizan diferentes aspectos de las prácticas políticas juveniles, señalando aquellas cuestiones innovadoras en las formas de militancia como las que replican modos más tradicionales de involucramiento político.

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Investigaciones sobre juventud en Brasil: género y diversidad.
Wivian Weller

El artículo recorre las formas y los momentos de la investigación sobre la juventud en Brasil desde el análisis del movimiento estudiantil durante la década de 1960 hasta los años 2000, cuando comenzaron a diversifi carse los estudios al introducir las dimensiones de género, sexualidad, raza y etnia, entre otras dimensiones de la diferencia y la desigualdad, para llegar a la inquietud en el presente sobre cómo superar cierta difi cultad de articulación de diferentes categorías de análisis en un análisis interseccional de la juventud.

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Distancias cercanas y diferencias encontradas en la Ciudad de Buenos Aires. El caso de los adultos y las adultas que viven en las calles. 1997-2011.
Martín Boy

En este artículo se trabajará sobre las limitaciones que se encuentran en el campo de la Sociología Urbana para pensar el encuentro de otredades de clase que reactualizan procesos de desigualdad social. Mucho se ha escrito sobre el proceso de segregación residencial que atravesó a la Ciudad de Buenos Aires desde la profundización del neoliberalismo en la década de 1990 pero poco se dice sobre cómo la crisis social, política y económica modificó el paisaje urbano y cómo diferentes grupos de pobres reocuparon áreas centrales de la ciudad para desarrollar en el espacio urbano estrategias de supervivencia. De esta forma, se intentará reproblematizar cómo los pobres también construyen usos y significaciones de un mismo espacio céntrico.

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Hacia un enfoque relacional del bienestar
Elementos para el diagnóstico y la orientación de políticas públicas
Rolando Cristao

En el presente trabajo se analiza críticamente el enfoque de pobreza y se propone el enfoque de los activos y estructura de oportunidades como herramienta para el diagnóstico social. A partir de este desarrollo, se discute en qué medida el concepto de desigualdad podría actuar como organizador del análisis de la situación social.

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Programas sociales y personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires
Un mapa conceptual de las intervenciones
Andrea Bascialla

El presente trabajo presenta un análisis resumido de las políticas sociales generadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para personas en situación de calle. A partir de la sistematización de la información ofi cial disponible, se confeccionó un cuadro de los programas y se señalaron los conceptos más sobresalientes en relación a: i. qué ejes de la vida en la calle se recortan como problema social a solucionar; ii. qué responsabilidades atañen a cada actor social en estas soluciones y iii. qué aspectos de los grupos poblacionales se delimitan con determinadas categorías (edad, género, etc.). Se consideró el eje temporal para contextualizar las categorizaciones y esquemas de intervención. El análisis incluyó, además, los aportes teóricos vigentes sobre el tema para entender que la focalización en la falta de vivienda y la invisibilización de las causas estructurales impiden soluciones de largo alcance.

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Entre prácticas instituidas, instituciones interpeladas y luchas distintivas:
la AUH frente a la ampliación del derecho a la educación (2009-2015).
Nora Gluz e Inés Rodríguez Moyano

El artículo propone analizar los sentidos que asumen las políticas de transferencias condicionadas de ingresos en el campo escolar, en el marco de las tendencias hacia la mayor integralidad de las intervenciones destinadas a garantizar el derecho a la educación durante el periodo 2009-2015 en Argentina. Nos interesa examinar el modo como estas son apropiadas en las escuelas a través de las mediaciones institucionales y de las tradiciones simbólicas propias del campo escolar así como de las lógicas de los actores que en ella intervienen. El trabajo toma como fuente los resultados de una investigación desarrollada entre 2013 y 2015 en la provincia de Buenos Aires sobre los procesos de implementación de la principal política de transferencias monetarias a nivel nacional: la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social.

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Las tensiones de las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo desde la perspectiva de los actores.
Laura Eugenia Garcés

Al analizar las políticas sociales, podemos posicionarnos en perspectivas teóricas que justifican el establecimiento de condicionalidades o, por el contrario, en perspectivas que se oponen a aquellas por considerar que contradicen la idea de derecho. En tanto, en el presente trabajo pretendemos problematizar esas respuestas dicotómicas y las tensiones conceptuales que están presentes en las percepciones de los actores involucrados en la Asignación Universal por Hijo de Argentina, analizando los sentidos otorgados a estos conceptos, ya no como correctos o incorrectos según una perspectiva teórica sobre las condicionalidades, sino complejizando el análisis, articulando con otros desarrollos teóricos que amplíen el horizonte explicativo de la condicionalidad y que, al mismo tiempo, den cuenta de las miradas de los sujetos involucrados en la práctica concreta de las condicionalidades.

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Las políticas de transferencias condicionadas en la Argentina posconvertibilidad:
¿una forma de mediación entre la cuestión social y el régimen social de acumulación?
Silvio Alejandro Crudo

En las últimas décadas se advierte la expansión que han tenido los programas de transferencias condicionadas (PTC) en los esquemas de protección social, así como sus mutaciones en términos de diseño. Si varios son los factores que ayudan a comprender los procesos de formulación de las políticas sociales, nos centraremos en uno: el régimen social de acumulación en el que se encuentran insertas. El interrogante que guiará este trabajo será: ¿qué relaciones se pueden establecer entre los PTCI y el régimen social de acumulación que contiene? Para responderlo, tomaremos los casos de dos programas argentinos: el Plan Familias por la Inclusión Social y la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. La hipótesis que sostendremos es que estos programas se actualizan como una forma de mediación entre la cuestión social y el incipiente régimen social de acumulación que se estaba definiendo tras la salida de la convertibilidad. Para ello, recurriremos a decretos y reglamentaciones de los programas tomados como casos, documentos institucionales y datos estadísticos.

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¿Cooperativismo como oportunidad perdida? Problemas estructurales y coyunturales del cooperativismo bajo programas
Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez

El artículo analiza el campo del cooperativismo de trabajo bajo programas a partir del caso del Programa “Ingreso Social con Trabajo” (Prist). Se abordan cuestiones estructurales y cambios de coyuntura apelando a la metáfora de bisagras de gestión. Se sostiene que las modificaciones impulsadas por el gobierno de Cambiemos se erigen y legitiman sobre un conjunto de supuestas “debilidades preexistentes” del programa, donde el esquema cooperativo comenzaba a perder centralidad. Hasta el momento, la nueva gestión brinda mayor preponderancia a las actividades de formación con una nueva versión de la teoría de capital humano y al componente de las transferencias de ingresos. Este trabajo deja abiertos interrogantes sobre las posibilidades futuras y disputas en torno al Prist y a la línea del cooperativismo de trabajo bajo programas entre posiciones más próximas al reconocimiento de nuevas formas de trabajo autogestivo-asociativo que persiguen sectores de la economía popular, por un lado, y propuestas gubernamentales de corte individual que tienden a descolectivizar el abordaje de la política pública.

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De la promoción del trabajo cooperativo al Salario Social Complementario. Transformaciones en la transferencia de ingresos por trabajo en la Argentina
Malena Victoria Hopp

A partir del trabajo de campo cualitativo y el análisis documental, el artículo reconstruye y analiza la estrategia de política social del Estado argentino ligada a las transferencias de ingresos en el marco de experiencias de trabajo cooperativo y en la economía popular, y las disputas en torno a los sentidos del trabajo y la organización colectiva que estas implican. En este recorrido, se indaga acerca de los fundamentos de la inclusión del trabajo cooperativo como marco de realización de las tareas laborales y como condición para el otorgamiento de una transferencia directa de ingresos, en el período 2003-2015, y la ruptura que plantea la nueva orientación de las políticas sociales que propone transferencias “sin cooperativas” y la creación de un Salario Social Complementario, impulsados por la nueva gestión de Gobierno, iniciada en diciembre de 2015.

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La lucha por un lugar en Buenos Aires.
Crisis de la vivienda y boom inmobiliario (1990-2010)
Marie-France Prévôt-Schapira

En el marco del programa Metraljeux de estudio sobre cuatro metrópolis de América Latina, este trabajo parte de la idea de que en Buenos Aires, como en otras ciudades de la región, los modelos de gobernanza son producto de las lógicas políticas e institucionales que caracterizaron las trayectorias de las metrópolis así como su inserción en la globalización. El análisis propuesto, elaborado como resultado de un trabajo de campo en las ciudades de México y de Buenos Aires en los años 2008-2010, permitirá entender los modos de la gobernanza de la vivienda en Buenos Aires, paradójica con respecto a las otras metrópolis de América Latina.

En primer lugar, se establecen, en una perspectiva histórica, las nuevas formas de precariedad y vulnerabilidad de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires en los años 2000. Luego se pone el foco en el desfasaje entre el derecho a la vivienda reconocido por la Constitución de la Ciudad Autónoma (CABA) y las políticas implementadas para responder a la apremiante demanda habitacional, privilegiando el análisis de las lógicas políticas e institucionales. Por último, se muestra cómo la concentración de programas de vivienda social, la mayor parte de ellos confinados en el sur de la ciudad, profundiza los procesos de segregación existentes, endurece las fronteras entre distintos barrios y exacerba las tensiones.

En fin, el artículo sostiene que la pregunta por quién se apropia del espacio es clave para hacer inteligible la dinámica y las posibilidades de la gobernanza metropolitana.

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Bienestar infantil y diversidad familiar.
Infancia, parentalidad y políticas públicas en España
Dolors Comas-d´Argemir

El reconocimiento de la diversidad familiar es un componente esencial para el bienestar de la infancia. Las familias han experimentado fuertes cambios en su composición y relaciones internas y esto es especialmente relevante en la España de los últimos cincuenta años, en que se ha pasado de un modelo familiar único (matrimonio heterosexual con hijos) a una diversidad de formas de convivencia y a una democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y entre generaciones. En este artículo presentamos las políticas públicas dirigidas a la infancia, con especial referencia a las relacionadas con el reconocimiento de las nuevas realidades familiares. Constatamos que las políticas de infancia y las políticas familiares han sido de poca entidad y de gran fragilidad en España y que los avances que se produjeron a finales del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo del Estado del bienestar, se han visto truncados con la gran depresión económica y las políticas neoliberales de austeridad, que limitan la responsabilidad del Estado y sitúan a la familia como garante del bienestar infantil, acentuando el riesgo de pobreza infantil. Es en este contexto en el que hay que interpretar la escasa sensibilidad pública hacia las nuevas necesidades de las nuevas familias.

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Los sistemas de registro de información como instrumentos para la gestión de políticas públicas para niñas, niños y adolescentes.
El caso de la Ciudad de Buenos Aires
Cristina Erbaro y Verónica Lewkowicz

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Autoritarismo, espacio urbano y sectores populares
A propósito de Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano, Oscar Oszlak (2017). Ciudad de Buenos Aires: Eduntref. Segunda edición ampliada
Fernando Ostuni

El compromiso asumido por la Argentina, como Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes nacionales y locales de protección integral de derechos requieren del seguimiento de su implementación en las políticas públicas. En ese marco, una de las tareas más importantes es la construcción de sistemas de registro que brinden información sobre el acceso a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el presente trabajo se reflexiona sobre el Legajo Único Electrónico, primer sistema para el registro de situaciones de amenaza o vulneración de derechos, de uso exclusivo de todos los servicios y programas de atención directa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

X*Una primera versión de este trabajo, Prévôt-Schapira, Marie-France & Cattaneo Pineda, Rodrigo, “De la lutte des places à Buenos Aires. Crise du logement et boom immobilier (1990-2010)”, se publicó en Christian Azaïs et Marielle Pépin-Lehalleur (dir.), Modes de gouvernance dans quatre métropoles latino-américaines (Buenos Aires, Caracas, (...) X**Traducción de Juan Campoamor Zelich. Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona (2015), maestrando en Políticas Sociales Urbanas por la Universidad Nacional Tres de Febrero (2017).
X1Programa de investigación “Enjeux urbains et gouvernance dans quatre métropoles d’Amérique latine” (Metraljeux), financiado por la ANR (Agence Nationale de la Recherche). En este marco, realicé un trabajo de campo en las ciudades de México D.F. y Buenos Aires, en los años 2008-2010. Este artículo corresponde al estado de la (...)
X2La última misión de la ONU-Hábitat tiene fecha 21 de abril de 2011 y estuvo bajo la dirección de Raquel Rolnick.
X3El conurbano –es decir las 24 municipalidades que lo componen– ha visto aumentar su población en 1,3 millones de habitantes (+ 14,2%), entre 2000 y 2010, y alcanzó los 9.910.283 millones de habitantes (Censo 2010).
X4Con alta y baja. En 2001, más del 50% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Indec). Después de 2003, la pobreza bajó de modo significativo; sin embargo, después de 2007, las cifras del Indec han sido poco confiables.
X5El término villa miseria aparece por primera vez en la novela de Bernardo Verbitsky (1957), Villa miseria, también es América. X6En Argentina, la vivienda social, a diferencia de Francia, es en acceso a la propiedad. X7“Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca, para el que acepte pautas de una vida agradable y eficiente”, Declaración del intendente Guillermo del Cioppo, responsable de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) durante la primera dictadura (1978-1983) y responsable de la operación de erradicación de las (...)
X8En abril de 1980, la circular 1050 del Banco Central permitió la indexación de los créditos hipotecarios en función de la tasa de interés medio usada por las entidades bancarias locales. X9Se aprobaron y aplicaron nuevos marcos normativos que excluyeron a los sectores populares del acceso a la ciudad, como el Decreto-Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la provincia de Buenos Aires y el Código de Planeamiento Urbano en la ciudad capital (ambos sancionados en 1977). X10La expresión barrios bajo planes es usada en Buenos Aires para describir este tipo de espacios. X11La catástrofe ferroviaria de la Estación Once del 22 de febrero de 2012 causó 51 muertos. Fue la más mortal dentro de una larga lista de accidentes y averías que han marcado los últimos 20 años. X12Este tipo de dispositivos fueron desplegados por el gobierno federal en 2004 en las villas de La Cava, en San Isidro; de Carlos Gardel, en Morón; en el complejo habitacional Ejército de Los Andes, más conocido como “Fuerte Apache”, en Tres de Febrero y en el barrio Mi Esperanza, en la Matanza.
X13En efecto, el “descubrimiento” de la ausencia de suelo público generó la implementación de un dispositivo que delegaba en los constructores privados la compra de terrenos para construcción de vivienda social. Por razones de costo, estos últimos promovieron la construcción de viviendas sociales en zona alejadas, reforzando los procesos (...) X14La población de las villas y asentamientos se estimó en dos millones para el conjunto del Área Metropolitana en 2010 (Indec). X15La Nación, “La venta callejera se adueña de la ciudad”, 05/03/2004. X16Mauricio Macri, electo en 2007 y reelecto en 2012, reintrodujo la figura jurídica del “merodeo y acecho”. Las operaciones de “limpieza” fueron llevadas a cabo por la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), creada en 2008 para “mantener el espacio público libre de usurpadores” y en nombre del respeto al “buen uso del espacio (...)
X17El Estado conserva el 43% de las acciones pero la presidencia del Directorio fue sin embargo concedida a los promotores privados, encabezados por el principal accionario del BHN, IRSA, con el 29,8% de las acciones. X18Corralito es el nombre que se le puso al congelamiento de los haberes bancarios decretado por el gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, que desencadenó la crisis político-institucional. X19En la CABA, mientras que en el año 2001 eran necesarios 9,1 Años de Ingreso Promedio (AIM) para acceder a una unidad de tres ambientes a estrenar, en el año 2009 eran necesarios 13,7 AIM. Ello se tradujo en un aumento del número de inquilinos, que pasaron de representar el 22% de los hogares en 2001 al 30% en 2010.
X20“Diagnóstico Institucional: Asentamientos precarios, Villas, NHT, Inmuebles Intrusados, Barrios municipales, Complejos habitacionales”. Informe Espacial, UPE Nº 3, Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, 2007. La Sindicatura General creada por la Constitución de la CABA en 1996 (art. 133) ejerce una actividad de control similar a (...) X21Desde 1985, el gobierno de la ciudad puso en marcha formas de alojamiento provisorio en los hoteles, pero en 2001 puso fin a esta política a través de una indemnización global para que la población se fuera de los hoteles, todo ello sin proveer una solución duradera a largo plazo. X22Entrevista con Silvia Penella, responsable del área vivienda en la Defensoría del Pueblo y autora de dos documentos importantes: Informe sobre los desalojos y la crisis de la vivienda en Buenos Aires, Buenos Aires, 24 de septiembre 2008. X23www.buenosaires.gob.ar/.../villa_31_y_31_bis.pdf. El crecimiento de la villa 31/31bis –cuya población se ha multiplicado por dos desde 2001– se vio fuertemente alimentado por la migración de las provincias del norte de la Argentina y de los países limítrofes. X24Por decreto presidencial, en julio de 2010 se activó el Plan Cinturón Sur, que se tradujo en el despliegue de gendarmería y ejército en la zona sur, desde La Boca hasta Villa Soldati, “para recuperar el espacio público y la libertad de circular sin miedo” (declaración de Nilda Garré, ministra de Seguridad de la Nación). Dicho ministerio (...)
X25El proyecto de Puerto Madero en la década menemista encarnó este modelo. X26Entrevista con Facundo Di Filippo, diputado del ARI, presidente de la comisión de vivienda de la ciudad de Buenos Aires, septiembre 2008. X27http://www.cels.org.ar/home/index.php. X28http://www.cohre.org/regions/argentina.
X29Eduardo Blaustein, Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación de villas de la última dictadura, CMV de GCBA, 2001. X30Ídem. X31Durante el invierno de 2008, el barrio Luis Piedrabuena, en Villa Lugano, estuvo 6 meses sin servicio de gas. “Atención: estamos muertos. Muertos de frío sin gas. Muertos de sed sin agua. Muertos de miedo de que se nos caiga una escalera, un tanque (de agua), un ascensor o el barrio entero.” Los vecinos del barrio Luis (...)
X32Por lo general, los empleados de la CMV se niegan a ir a las villas. Entrevista con Eduardo Jozami, frepasista, director de la CMV durante el gobierno de la Alianza del 2001-2002, en el primer período del mandato de Aníbal Ibarra. X33“El presidente de la junta vecinal (el puntero) cobraba de todas las empresas de servicio que mandaba la CMV”, entrevista con J. V., responsable de la CMV por la ayuda de emergencia del 2000 al 2001, septiembre de 2009. X34Según la Asociación Argentina del Presupuesto y de la Administración Financiera Pública (ASAP), solo el 50,6% de los créditos destinados a la vivienda fueron usados en el cuarto trimestre de 2010, frente al 66% del año anterior. X35Entrevista con Ernesto Selzer, presidente del IVC de marzo de 2002 a 2006, Buenos Aires, septiembre de 2008. X36Entre 2000 y 2007, se sucedieron como presidente de la CMV:1) Eduardo Jozami, de 2000 hasta abril de 2002; 2) Ernesto Selzer, de marzo de 2002 a 2005; 3) Claudio Freidin, de 2006 a 2007. A partir de 2008, Omar Abboud (2008-2010) es nombrado director de la Corporación Sur, cuya institución fue encargada del programa (...)
X37En esta experiencia ocupó un papel protagónico el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL). X38“Declararse progresista no significa gestionar bien”, declaración de A. Ibarra, en Schavelzon (2007). X39Entrevista con Ernesto Selzer, Buenos Aires, septiembre de 2008. X40Ernesto Selzer, presidente del IVC de 2003 a 2005, comentó que, como resultado de los juicios en tribunales, el IVC ha debido comprar numerosas parcelas de terreno –alrededor de una centena– pero que tan solo cinco o seis programas han llegado a buen puerto. La utilización del arbitraje jurídico no es más que una malla en la (...)/span>
X41PRIT: Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios implementado en 2001.
X42“El eslogan una vivienda digna es hoy en día una frase tramposa”. Entrevista con Omar Abboud, presidente de la Corporación Sur (2008-2009), Buenos Aires, septiembre de 2009.
X43La experiencia de la dictadura y la adopción de los derechos humanos como uno de los pilares del kirchnerismo superpuso nuevos significados sobre la imagen de los villeros, sin borrar necesariamente las representaciones anteriores. El villero es, de este modo, una figura ambigua. Por un lado, es un sujeto de derechos cada vez más (...)
X44Entrevista con Diego Andrés Basualdo, presidente de la Asociación Civil Casa Amarilla y asistencia a reuniones con los preadjudicatorios, Buenos Aires, septiembre de 2008. Según ellos, la preadjudicación de las viviendas contó con más de 4.000 familias procedentes de toda la ciudad y motivó descontento en la población local, al no darle (...) X45http://deportes.infonews.com/nota/79975/macri-y-su-plan-de-viviendas-para-los-barras. X46Nimby: acrónimo de la expresión inglesa not in my backyard. X47Cf. entrevista con Ernesto Selzer, Buenos Aires, septiembre de 2008. X48“Perfil de los grupos familiares: Tanto la cantidad de unidades a construir como el perfil de los grupos familiares reunidos por la Asociación se ajustan al proyecto en general que sustenta la Corporación del Sur. Organizaciones vecinales de barrios aledaños (Nágera, Samoré y otros) se reunieron con autoridades de la (...)
X49La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) procedió a 444 expulsiones de “okupas” en 2009, antes de su disolución tras múltiples denuncias por parte de organizaciones de defensa de Derechos Humanos.
X50“La gente del barrio Rivadavia reclamaba un lugar para ellos, porque dicen que hay una postergación. Desde que se hizo el barrio en la década del sesenta, hay cuatro generaciones que no han sido incluidas en las políticas de vivienda”. Página 12, 5 de julio de 2006.
X51Página 12, “Viviendas ocupadas y conflicto en la zona del Bajo Flores porteño”, 15 de abril de 2007. Entrevista con Claudio Freidin, presidente del IVC de 2005 a 2007, Buenos Aires, septiembre de 2009.
X52Desde principios del siglo anterior, los partidos políticos cuentan con fuerte presencia en los barrios para asegurar sus votos. Con el nombre de punteros se conoce a dirigentes locales de los partidos políticos con estrechos vínculos con el gobierno municipal, que se convierten en figuras clave, tanto en el control de los conflictos cotidianos del (...).
X53“El presidente de la junta vecinal (el puntero) le cobraba a todas las empresas de servicios los servicios sociales de la CMV que enviaban a la villa”. Entrevista con J. V., empleado de la CMV entre 2000 y 2002, Buenos Aires, septiembre de 2009.